Bogotá / Nueva York- julio de 2026. Más de 200 organizaciones sociales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, campesinas, eclesiales, académicas y de derechos humanos, junto con líderes y lideresas de Colombia y de la comunidad internacional, dirigieron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con motivo de la sesión sobre Colombia prevista para el próximo 15 de julio. La comunicación está dirigida al Embajador Zénon Mukongo Ngay, Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de julio, y solicita que sea distribuida como documento oficial del Consejo.

La carta expresa una profunda preocupación por el aumento de la polarización política, los ataques al Acuerdo Final de Paz de 2016 y a sus instituciones, así como por el deterioro de la situación humanitaria en numerosos territorios del país. Las organizaciones advierten que las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas continúan siendo las más afectadas por la violencia, la expansión de los grupos armados, las economías ilícitas, la minería ilegal, el desplazamiento, las restricciones a la movilidad y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

En la comunicación, los firmantes recuerdan que, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, las poblaciones que más sufrieron el conflicto deben ser las principales beneficiarias de su implementación efectiva. Asimismo, hacen un llamado para que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas fortalezca su diálogo permanente con las organizaciones sociales y las autoridades étnicas y campesinas, e incorpore de manera más decidida sus preocupaciones y propuestas en el cumplimiento de su mandato.

Entre las solicitudes presentadas al Consejo de Seguridad destacan el fortalecimiento del acompañamiento internacional a la implementación integral del Acuerdo de Paz, una mayor atención a los obstáculos que enfrentan las reformas contempladas en el Acuerdo —como la Jurisdicción Agraria— y el respaldo continuo al Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y las garantías de no repetición.

La iniciativa reúne a organizaciones de Colombia, América, Europa y otros países, entre ellas la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), el Equipo Claretiano ante la ONU, la Washington Office on Latin America (WOLA), Defendamos la Paz Internacional, la Mesa Ecuménica por la Paz, la Fundación para la Protección Socioambiental SOLUNA, organizaciones de víctimas, universidades, iglesias, movimientos sociales y numerosas plataformas de derechos humanos y construcción de paz.

Los firmantes concluyen que el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la escucha activa de las víctimas constituyen la base indispensable para consolidar una paz con justicia, reconciliación y garantías de no repetición, e instan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a mantener y reforzar su compromiso con la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

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Desde esta presidencia, según se indicó, el país orientará la agenda del Consejo, dirigirá los debates y dará visibilidad a temas clave para la paz y la seguridad internacionales, en un escenario central para la toma de decisiones multilaterales en materia de seguridad global.

El liderazgo de Colombia durante ese mes implica la coordinación de las sesiones del Consejo, así como la conducción de las discusiones entre los Estados miembros, en un contexto internacional marcado por múltiples desafíos en materia de paz y seguridad.

La Cancillería destacó que la presidencia del Consejo de Seguridad permitirá a Colombia dar mayor visibilidad a asuntos prioritarios para la paz y la seguridad internacionales, reforzando su papel activo dentro del sistema de las Naciones Unidas y su participación en los principales espacios de deliberación global.

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