Algunos dirigentes como el presidente del Senado, Lidio García Turbay, dijo que era una telaliación del gobierno por el hundimiento de varias leyes, pero otros incluso opositores al ejecutivo, aplaudieron la medida que no fue posible tramitar mediante proyecto de ley.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0030 d​el 19 de enero de 2026 mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013 que estableció la prima especial de servicios para los congresistas (senadores y representantes a la Cámara) equivalente a $16’914.540 mensuales.

Esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, que se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año. La prima especial de servicios derogada es uno de los tres componentes que conforman la remuneración mensual de los congresistas.

En su cuenta de la red social X, el mandatario escribió: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas».

La derogatoria de la prima especial de servicios no es retroactiva, es decir, ese beneficio se mantiene para los actuales legisladores, pero entrará a regir a partir del próximo 20 de julio cuando asuman los nuevos senadores y representantes que serán elegidos el 8 de marzo entrante.

La prima especial de servicios para los congresistas fue establecida mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuando el Gobierno nacional de entonces la incorporó al régimen salarial y prestacional de los legisladores previsto en la Ley 4 de 1992.

Dicho decreto, sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una ‘prima especial de servicios’, que constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de Navidad.

Pero agrega: “No obstante, la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad».

En este sentido, el Decreto 0030 de 2026 advierte que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país», lo cual “hace imposible el cierre de brechas» propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.

Y señala: “Se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos en este caso en particular de los congresistas».

El anuncio de la derogatoria de esta prima especial de servicios fue uno de los objetivos vinculados a los cerca de 20 proyectos de ley que se hundieron en el Congreso de República y que buscaban reducir el salario de los congresistas colombianos, uno de los más altos de la región.

El Decreto 0030 de 2026 lleva las firmas del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y de Mariela Barragán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública “órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia», señala.

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Desde Compartir se postula y se impulsa una amplia iniciativa en busca de la curul número 16  de  paz, en las elecciones de  marzo próximo para elegir  Congreso de la República.

Compartitr  avaló los  nombres del médico, Luis Eduardo Álvarez Villegas y la psicóloga, María Emma Carvajal Urrego,vinculada a dicha organización social desde hace una década. respectivamente,

“Soy candidato a la curul de paz de Urabá, fui postulado por la Fundación Diocesana Compartir en cabeza de la hermana Carolina María Agudelo. Apóyame para seguir cuidando a Urabá desde el Congreso de la República, este 8 de marzo solicita tu tarjetón de la curul de paz, busca el logo de compartir y el número 501” dijo el médico Álvarez Villegas, al extender invitación a la comunidad  regional apta para votar esta circunscripción especial, para que apoyen su aspiración.

El médico Luis Eduardo Álvarez Villegas, es cirujano de la Universidad de Antioquia, especializado en administración de servicios de la salud, con cuarenta años de ejercicio profesional en Urabá.

Su compañara de fórmula, la psicóloga María Emma Carvajal Urrego, es una víctima del conflicto armado y se desempeña  desde hace diez años en Compartir  justamente prestando apoyo a las víctimas.

El Médico Luis Eduardo fue el fundador  de la Unidad Médica de Chigorodó, además de la Unidad Materno Infantil de Urabá, el Instituto Neurológico de Apartadó y es el impulsor de la construcción del Hospital Universitario del Urabá Darién, obra  que aspira seguir  impulsando de su curul en el Congreso.

El invitar a  los electores  para  que voten bien, por el bienestar de Urabá, anuncia que apoyará  proyectos  como: Unas olimpiadas  para Urabá Darién, educación rural con calidad, agua potable, el Museo Itinerante de la Memoria, un hogar de paso departamental y nacional, así  como la formalización de la tenencia de la tierra, entre otras propuestas.

Por su parte,  la hermana Carolina María Agudelo, hace un llamado a la comunidad  en general para  que apoyen esta aspiración y así poner la curul de  paz al servicio de las verdaderas víctimas de Urabá, que no son pocas.

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Con este paso del Comité Promotor se consolidó el llamado que, desde hace meses, ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuando invitó a los colombianos a ejercer su poder constitucional para acabar con el bloqueo institucional que padece el país.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, a nombre del Gobierno, acompañó la radicación del Comité Promotor la para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que “a partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia».

La propuesta de convocatoria abre el proceso de recolección de firmas para radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República que sea elegido en marzo de 2026.

El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

En este sentido, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del Comité Promotor, aseguró que llegaron a la Registraduría a radicar “el primer proceso de Asamblea Constituyente para convocar a más de 3 millones de personas que firmen el proyecto de ley que va a ser radicado el 20 de julio de 2026, para iniciar una etapa contemporánea de la República y contribuir a la paz y al restablecimiento de una economía en el proceso de descentralización de los territorios».

El líder indígena dijo además que es necesario reconocer los derechos de “15 millones de personas campesinas, de millones de obreros, de cinco millones de personas negras, de dos millones y medio de indígenas de 15 pueblos, de un millón de personas en el exilio. Somos 9 millones de personas víctimas y es necesario iniciar este proceso de constituyente primario y establecer un avance significativo que no se ha logrado superar con las Constitución del 91″.

Comentó que hay que “avanzar y consolidar las leyes, avanzar en estos procesos que obstaculizan, como ha sucedido en el momento actual con el parlamento. Necesitamos rebasar eso, legitimar más al pueblo y hacer mucho más presencia, porque haya una economía que salga de esa minoría».  

Se indicó además que “la tarea de un estado de bienestar está inconclusa, porque el Estado ha sido permeado por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, ante el incumplimiento sistemático del Estado Social de Derecho y la violación constante de los Derechos Humanos», por lo que consideraron: “Se hace imprescindible un nuevo proceso constituyente».

“Esta iniciativa busca reparar los vacíos en el desarrollo rural y social, garantizando finalmente los derechos fundamentales que la estructura actual no ha logrado proteger», anotó la sustentación.

Luego de acompañar la radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, cuando asume el nuevo Congreso de la República que será elegido el 8 de marzo del año entrante.

“Con este Congreso no, porque se ha caracterizado por oponerse a las iniciativas de reformas sociales y ha generado una suerte de bloqueo institucional que ha impedido que las principales reformas que el pueblo colombiano votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, pudiesen tramitarse», explicó el funcionario.

“Desde el Gobierno estaremos acompañando este proceso y desde luego estimulándolo, porque nos parece que las reformas sociales no pueden quedarse a mitad de camino, y otras que son necesarias sean realidad. Si el Congreso se muestra incapaz para hacerlo, como ha quedado nuevamente en evidencia, pues le corresponde al pueblo y al poder constituyente garantizar esos cambios y esas reformas que, además, fueron prometidas en la Constitución de 1991 que no se han hecho realidad. Esta constituyente es para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91″, afirmó.

En el temario que se radicará el 20 de julio se incluirán las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, como la reforma a la salud, a la justicia, política y otras que serán definidas próximamente.

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En ese relato, el presidente es señalado como un gobernante autoritario que pretende resolver sus problemas “metiéndole la mano al bolsillo a los pobres”. Sin embargo, esa narrativa omite de manera sistemática el contexto político y fiscal que causó la decisión, así como los verdaderos motivos que se esconden detrás de la furia mediática.

La emergencia económica no es un invento repentino, ni una ocurrencia improvisada. Es una respuesta a un problema de financiación severo, resultado del hundimiento por la oposición en el Congreso de una iniciativa clave para asegurar los fondos del presupuesto nacional.

El gobierno alertó muy claro que esa movida política ponía en peligro la financiación de programas esenciales de salud, educación y asistencia social, particularmente para la gente más vulnerable.

Ante ese escenario, la oposición optó por el bloqueo sin proponer una alternativa viable, para luego trasladar al Ejecutivo el costo político de esa irresponsabilidad. Convertir esta secuencia de acontecimientos en un relato de autoritarismo no constituye un ejercicio de crítica democrática ni de control político, sino una operación de encubrimiento con fines electorales.

Buena parte de la discusión pública se ha reducido a lemas vacíos, sobre supuestos “impuestazos” que golpearían la clase trabajadora. Se usa a los obreros y a los hogares humildes como escudos retóricos, mientras se evita explicar que el esfuerzo fiscal estará dirigido hacia sectores con alta capacidad de pago y hacia ingresos históricamente favorecidos por el sistema de impuestos. Esa omisión, por supuesto, no es un accidente. Aceptarlo implicaría reconocer, que lo que importa no es defender a los necesitados, sino la resistencia de los poderosos frente a todo intento de modificar una estructura fiscal profundamente desigual.

La emergencia económica es un mecanismo constitucional excepcional previsto para situaciones extraordinarias que, por su gravedad e imprevisibilidad, requieren medidas urgentes que no pueden esperar los plazos de los procedimientos legislativos ordinarios sin causar un daño grave e irreparable al orden económico y social. No suspende derechos, no, ni elimina controles o cierra el debate democrático… para nada. Los actos bajo su protección estarán sujetos al control de la Corte Constitucional y al escrutinio político. Lo excepcional en esta situación no es usarla, sino la estrategia de la oposición de provocar una crisis fiscal y después escandalizarse porque el Estado actúa para evitar que esa crisis se traduzca en desprotección social.

Es complicado, no señalar el cinismo de quienes durante décadas defendieron un sistema regresivo, toleraron exenciones no justificadas, y callaron frente a la concentración de riqueza, y ahora se presentan como paladines del interés popular. Ese humanismo repentino, es más bien una coartada discursiva. Por eso el debate se desplaza hacia un formalismo jurídico extremo, usado de manera selectiva y oportunista. No es una fidelidad genuina a la Constitución, sino una instrumentalización para bloquear transformaciones y preservar privilegios. Son purismos disfrazados de rigor técnico.

La Constitución no es simplemente un montón de rituales huecos, ni tampoco una guia para la inercia. Es un mandato de construcción de un Estado social de derecho. Interpretarla únicamente desde el procedimiento, desconectada de sus fines materiales, es vaciarla de sentido. Cuando la legalidad se utiliza para impedir que el Estado garantice derechos básicos, deja de ser una herramienta democrática y se convierte en una barrera contra el bienestar colectivo.

No hacer nada frente al vacío de financiación habría supuesto consentir que millones de personas pagaran el precio de una disputa política ajena. Esa sería una decisión injustificable. Gobernar implica asumir costos, no administrar el miedo a los titulares, ni ceder ante la presión de quienes confunden el interés general con la defensa de beneficios particulares.

Más allá de tanto ruido en los medios, lo que se debate es una pregunta simple, pero profundamente política: ¿debería el Estado proteger los derechos sociales, o continuar resguardando los privilegios de unos cuantos?

Defender la emergencia económica en este contexto no es avalar un exceso de poder, sino afirmar que la dignidad de la mayoría no puede seguir subordinada a un modelo fiscal diseñado para la comodidad de los mismos de siempre.

*Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia. 

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La votación a favor de la iniciativa que no alcanzó fue realizada por: Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva (Pacto Histórico), Omar Restrepo (Comunes) y Fabián Díaz (Alianza Verde).

Benedetti enojado

Al conocer la noticia, el ministro del interior, Armando Benedetti reaccionó airado: “Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, dijo.

Armando Benedetti, había alertado previamente de supuestas maniobras para negar la iniciativa justo el último día de sesiones.

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“Los que se enriquecen son los megarricos, porque los dueños de la deuda pública de Colombia no son usted, ni nadie aquí, ni el señor que está caminando en la calle; son los más ricos de Colombia’, dijo.

La decisión adoptada por las comisiones, según el mandatario, “fue no permitir que se les cobrara impuestos cuando están engordándose de la deuda interna, Banco de la República y su tasa de interés, y ahora les van a dar más dinero. Es una Comisión Tercera hecha para los megarricos y en contra del pueblo de Colombia. Hay consecuencias imprevistas’.

Informó que esta votación negativa a la propuesta redundó en un crecimiento de 40 puntos el costo de la deuda, que “venía bajando 40 puntos, venía bajando, y apenas tomaron la decisión ayer ha subido 25 o algo así, 40 puntos ha subido, mañana ya veremos’.

Reflexionó sobre “si el pueblo va a votar por ese tipo de congresistas (que hundieron el proyecto), pero hacerlo es un suicidio, porque lo que hicieron fue agravar, porque la deuda pública es deuda que pagamos todos, vía impuestos, por eso se llama pública’.

“Entonces, se encarece una deuda pública para pagarles a los megarricos a partir de la tasa de interés más costosa de los TES, pues es todo el pueblo colombiano pagándoles a los megarricos. Y mira, imagínese esa justicia, eso es inconstitucional, pero es un subsidio a los ricos en Colombia, que viene sucediendo desde el gobierno pasado’, anotó.

Recordó que en el anterior gobierno se registró el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se destinó al “subsidio a la gasolina per cápita; entre más rico más usa la gasolina, para ello fue el subsidio de nómina, y todas esas deudas las terminamos pagando nosotros, pero todo el pueblo colombiano a través de nosotros’.

Con base en lo anterior, el presidente Petro dijo que “la imprevisibilidad de hechos sobrevinientes la vamos a medir, ya veremos eso más adelante, pero cuando tocó recortar presupuesto este año, el año pasado, la cultura no bajó un peso, y no va a bajar, no va a bajar salud, no va a bajar educación, no va a bajar cultura, no va a bajar la transferencia a los viejos’. (Foto/Colprensa)

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De nuevo y  como  siempre lo han hecho a través de los años, comenzaron a llegar los oportunistas cuatrienales, políticos  de profesión y embaucadores  consuetudinarios que precisamente solo aparecen  cada cuatro años cuando se acercan la elecciones y con sus mentiras renovadas convocan a los esperanzados urabaenses para reiterarles de manera actualizada el engaño que les renueva la esperanza de que ahora si le harán la carretera comunal tantos años prometida, el acueducto soñado , la escuela tan anhelada, en fin, de nuevo vienen a decirles a sus incautos seguidores que esta será  la vencida!!

Cómo, con ese sano orgullo regional que nos caracteriza a los urabaenses , no paramos un instante para pensar  que si la Urabá  tiene   curules de paz asignadas en los acuerdos de La Habana, las mismas que podemos entregarle a nuestros propios dirigentes votando por ellos, por qué entonces dilapidamos ese poder popular  entregando nuestros votos  a advenedizos oportunistas que poco les importa la región y solo vienen cada cuatro años a engañarnos?

La consigna cívica de todos los urabaenses debe ser salir a respaldar nuestros candidatos a dichas tres curules de paz.

Ni un voto para el oportunismo electoral de sujetos que posan de  humildes para la foto de cada cuatro años compartiendo el sancocho veredal , el mismo que olvidarán por completo cuando salgan electos.

A reivindicar el orgullo territorial en cabeza de nuestros candidatos regionales votando por ellos para las curules de paz.

Ni un voto por extraños que al ser electos vuelven a su condición de indolentes por un territorio que no  sienten como lo sentimos los urabaenses.

Covocatoria

Por considerarlo de utilidad pública, transcribimos la convocatoria  en este sentido:

“Documento  convocando el respaldo  de las gentes de Urabá  al  DR. Luis Eduardo Álvarez Villegas  y la Dra. María Emma Carvajal Urrego postulados por la Fundacion Diocesana Compartir  para ocupar la curul de Paz  No. 16 por Urabá.

La Grandeza del Urabá Darién está determinada más que por su riqueza natural y posición geográfica privilegiada, por la calidez, la pluralidad étnica, la tenacidad y la resiliencia de sus habitantes, en una frase, por su gente.

En consecuencia, el modelo de desarrollo a implementarse en la región tendrá como prerrequisito para su sostenibilidad que sea planificado teniendo como foco de atención al ser humano.

Para lograrlo, se requiere de líderes sociales comprometidos con las causas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población y que ésta aproveche los espacios de participación ciudadana y en forma consciente, ilustrada y acertada designe su representación en las instancias de planificación y decisión del gobierno.

El Acuerdo de Paz de la Habana le dio al Urabá Darién la posibilidad de tener representantes en el Congreso de la República, en dos períodos legislativos  y se esperaba que realizaran un trabajo conjunto en torno a proyectos debidamente legitimados y de impacto sobre el deteriorado estado de salud pública regional, de las fuentes hídricas, de las zonas costeras y sobre todo la carencia de agua potable, trabajo conjunto que desafortunadamente no se presentó durante el primer período de la legislatura de curules de paz.

Los habitantes del Urabá Darién no merecen ni pueden permitir el desperdicio de esa oportunidad en su segundo período y deben acudir para evitarlo a la Iglesia y a la Academia, faros morales e intelectuales que deben fortalecer su acompañamiento comunitario en un momento trascendental como lo es la elección de las curules de paz de la región.

Por lo expuesto y dado que las curules de paz son una oportunidad comunitaria, proponemos a la Iglesia y a Redsaludpaz que inviten a las Organizaciones postulantes de candidatos a las curules de paz del Urabá Darién a someter a sus candidatos a un proceso de selección ética y académica para elegir las personas más idóneas para ejercer esa representación; proceso que bien puede coordinar Cordupaz y al que nos acogeremos plenamente.

Esta propuesta se hace como Reconocimiento y Honra a la grandeza del Urabá Darién y busca custodiar que su desarrollo sea armónico, como región rica en oportunidades, social y ambientalmente atractiva, verdaderamente, “La Mejor Esquina de América”.”

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El senador liberal Lidio García fue elegido este domingo como presidente del Senado de la República durante la instalación de la cuarta legislatura del Congreso, en un año crucial para las reformas del gobierno de Gustavo Petro. García, reconocido por su trayectoria política y su postura crítica frente al Ejecutivo, reemplaza a Efraín Cepeda en este cargo clave del poder legislativo.

Trayectoria política de Lidio García

De concejal a senador más votado

Lidio García, del Partido Liberal, inició su carrera como concejal en su natal El Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Su proyección política lo llevó a convertirse en el senador más votado de su colectividad, consolidando una base electoral sólida en la región Caribe. Su liderazgo ha estado marcado por la capacidad de articular alianzas y por su influencia en el partido, especialmente en momentos de tensión interna.

Experiencia en diferentes administraciones

Un político con capacidad de concertación

A lo largo de su trayectoria, García ha demostrado su habilidad para trabajar con gobiernos de diversas corrientes ideológicas. Participó en la gestión de proyectos durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ocupó cargos relevantes en la administración de Iván Duque, evidenciando su carácter pragmático. Esta experiencia es vista como una ventaja para lograr consensos en un Congreso fragmentado.

Controversias y señalamientos

Procesos judiciales y acusaciones sin pruebas

El nuevo presidente del Senado ha enfrentado acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, entre ellas, señalamientos sobre la elección de una contralora y supuestos recursos de un proyecto de alcantarillado que habrían financiado su campaña al Senado en 2018. No obstante, la justicia no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones, lo que le ha permitido mantener su carrera política en ascenso.

Relación con el gobierno Petro

Una oposición con posible giro conciliador

García ha mantenido una postura crítica frente a las principales reformas de Gustavo Petro, votando en contra de proyectos emblemáticos de la actual administración. Sin embargo, desde el Ejecutivo hay expectativas de que adopte un rol más conciliador que su antecesor, Efraín Cepeda. Este cambio podría ser determinante para las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el último año del mandato.

El liderazgo de García en el Senado podría ser clave para definir el rumbo de las reformas estructurales que el gobierno busca aprobar antes de concluir su periodo. Su capacidad para negociar será puesta a prueba en medio de un ambiente político polarizado y con un Congreso que enfrenta retos significativos.

Proyección y retos inmediatos

Año decisivo para las reformas

La presidencia de García coincide con el último año de gobierno de Petro, un momento en el que se definirán las reformas sociales y económicas más importantes. El manejo que dé a las tensiones políticas será crucial para el éxito o fracaso de la agenda gubernamental. Su experiencia en alianzas y negociaciones podría abrir nuevos canales de diálogo entre las diferentes bancadas.

La llegada de García al Senado no solo representa un cambio en la dirección legislativa, sino también una oportunidad para recomponer las relaciones políticas en el país. Su capacidad de liderazgo será determinante para evitar bloqueos y avanzar en una agenda que impactará el futuro inmediato de Colombia.

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán para rendir declaración en el marco del expediente 6934, que investiga al presidente Gustavo Petro. La diligencia se realizará el lunes 21 de julio a las 11:00 a.m. mediante audiencia virtual.

Citación oficial del Congreso

La Comisión notificó que la comparecencia de Leyva se enmarca en el cumplimiento del auto de sustanciación emitido el 10 de junio de 2025, mediante el cual se ordenó la práctica de pruebas y, entre ellas, la recepción del testimonio del exfuncionario.

Contexto de la investigación

El expediente 6934 se originó tras una denuncia interpuesta por Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Petro. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades que involucran directamente al mandatario, motivo por el cual el testimonio de Leyva es considerado clave para el avance del proceso.

Modalidad y acompañamiento de la diligencia

La Comisión indicó que la audiencia se llevará a cabo de manera virtual, garantizando así la participación remota del exministro. Para la coordinación técnica, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la Comisión será el encargado de remitir el enlace de conexión y velar por la correcta realización del procedimiento.

Responsables del proceso

El desarrollo del caso está a cargo de los representantes Olga Lucía Velázquez Nieto y Wadith Alberto Manzur Imbett, quienes desempeñan funciones de investigación en este expediente. La citación refleja la intención del órgano legislativo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y cumplir con el debido proceso.

Próximos pasos en la investigación

Una vez Leyva rinda su declaración, la Comisión procederá con la evaluación del material probatorio y definirá si se convoca a nuevas audiencias o se emiten decisiones de fondo. Esta actuación constituye un paso crucial dentro del trámite legislativo de investigación contra el presidente Petro.

Relevancia política y jurídica

El testimonio del exministro Leyva podría aportar elementos determinantes para la investigación en curso, dado que el exfuncionario ha hecho públicas acusaciones que comprometen la actuación del presidente. El Congreso insiste en que todas las etapas del procedimiento se desarrollarán bajo los principios de transparencia y legalidad.

Una audiencia clave para el futuro del proceso

Con esta diligencia, la Comisión reafirma su compromiso con la independencia de las investigaciones y la garantía de los derechos de todas las partes involucradas. El desarrollo de esta audiencia virtual será seguido de cerca por la opinión pública y sectores políticos, debido a las implicaciones que podría tener en la estabilidad gubernamental y el panorama institucional del país.

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El Gobierno Nacional avanza en la organización de una consulta popular con preguntas de respuesta «sí» o «no» sobre temas laborales y sociales. Entre los puntos a debatir, se analiza la posibilidad de incluir una pregunta sobre la reducción del salario de los congresistas.

Consulta popular y sus objetivos

Reformas laborales en discusión

El ministro de Trabajo confirmó que la consulta incluirá preguntas sobre la jornada laboral, recargos por horas extras, licencias de paternidad y protección de derechos laborales. Asimismo, se contemplan medidas para garantizar mejores condiciones para el primer empleo y la contratación de aprendices del SENA.

Posible reducción del salario de congresistas

Aunque aún no es oficial, el Gobierno no descarta incluir una pregunta para consultar a los colombianos si están de acuerdo con reducir el salario de los congresistas. Esta propuesta ha generado expectativa, ya que sería la primera vez que se somete a consideración de la ciudadanía a través de un mecanismo de participación.

Proceso de aprobación y requisitos

Revisión y aval del Gobierno

El documento con las preguntas definitivas será revisado por el presidente Gustavo Petro y su equipo de ministros antes de su presentación oficial. El cuestionario incluirá menos de 10 preguntas y su contenido será evaluado para garantizar claridad y objetividad.

Reglas para su implementación

Para que la consulta tenga validez, al menos 13 millones de ciudadanos deberán participar en las urnas y la mayoría de ellos deberá votar por el «sí» en cada pregunta. Además, el Senado tendrá un mes para pronunciarse sobre la conveniencia de la consulta.

Restricciones legales y reacciones políticas

Límites de la consulta popular

De acuerdo con expertos en derecho electoral, la consulta popular no puede modificar la Constitución, aprobar ni derogar normas. Aunque se ha sugerido incluir una pregunta sobre la reelección presidencial, esta propuesta no sería viable, ya que solo podría realizarse mediante un referendo o una Asamblea Constituyente.

Posturas a favor y en contra

El anuncio de la consulta ha generado diversas reacciones en el Congreso, especialmente después de que ocho senadores de la Comisión Séptima bloquearan la reforma laboral. A pesar de esta oposición, el Gobierno insiste en que la consulta seguirá adelante como un mecanismo de participación ciudadana.

La consulta popular representará un reto político y organizativo para el Gobierno, que busca respaldo ciudadano en temas de interés nacional. Su aprobación y ejecución podrían marcar un precedente en la participación democrática del país.

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