Luego que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro  presentara ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación que busca dejar en firme el fallo condenatorio de doce años  contra el ex presidente Álvaro Uribe, la Fiscalía  hizo lo mismo.

Como es de conocimiento público el Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de octubre del año pasado, tumbó la sentencia proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, contra el procesado.

Este hecho motivó que tanto el senador Cepeda Castro, el ex fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, admitidos en el proceso como víctimas, acudieran a la citada Corte en busca de evitar la impunidad en el sonado caso.

La acción judicial busca que el alto tribunal reevalúe la decisión que exoneró al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los firmantes argumentan que existen pruebas materiales que permiten inferir la responsabilidad penal de Uribe en los hechos investigados.

Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un término legal máximo de cinco años para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el recurso de casación interpuesto contra la absolución de Uribe. 

La Corte suprema debería dirimir la polémica decisión de los magistrados: Manuel Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez; y de la que se apartó la magistrada Leonor Oviedo Pinto.

Ahora la Fiscalía

Tal y como se había anunciado previamente la Fiscalía General  de  la Nación, presentó formalmente una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ratificar la condena original de 12 años de prisión que le fue impuesta en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El recurso fue suscrito por la fiscal delegada ante la Corte Suprema y señala que la decisión absolutoria de la sala de segunda instancia incurrió en “graves y trascendentes errores” al valorar pruebas y aplicar la ley, lo que, según el ente acusador, vulneró la legalidad del proceso.

Esta acción judicial se convierte ahora en uno de los pasos más importantes de la etapa procesal: la casación es el mecanismo extraordinario que permite a la Corte Suprema revisar fallos que, por errores de hecho o de derecho, podrían afectar la administración de justicia, sobre todo en casos de alto impacto político y jurídico.

La demanda de casación busca que la Corte Suprema restituya la sentencia original de culpabilidad y condena del exmandatario proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, en contra el procesado.

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El caso de Monsalvo Gnecco es solo uno de los muchos escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años. La condena de 21 años de prisión es una clara señal de que las autoridades están dispuestas a tomar medidas enérgicas contra aquellos que se aprovechan de su posición para enriquecerse ilícitamente.

La sentencia también envía un mensaje claro a otros funcionarios públicos y empresarios que puedan estar involucrados en actos de corrupción. Ya no podrán contar con la impunidad y deberán enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Es importante destacar que esta condena no solo busca castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje de esperanza a la sociedad colombiana. La justicia está trabajando para garantizar un futuro mejor, donde la corrupción no sea tolerada y los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y equitativa.

Además de la condena de prisión, es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas para recuperar los fondos desviados y garantizar que sean destinados a su propósito original: proporcionar una alimentación adecuada a los estudiantes más necesitados. Esto permitirá reparar en parte el daño causado y enviar un mensaje claro de que el dinero público debe ser utilizado en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre la forma en que Monsalvo Gnecco operaba. Se descubrió que utilizaba su posición de poder para exigir sobornos a las empresas que deseaban participar en el programa de alimentación escolar. Estos sobornos garantizaban contratos lucrativos y preferenciales para las empresas involucradas en la red de corrupción.

Además, se encontró evidencia de que Monsalvo Gnecco manipulaba los procesos de licitación para asegurar que solo las empresas de su elección resultaran ganadoras. Esto implicaba ignorar a aquellas compañías que ofrecían mejores precios y servicios de mayor calidad, en favor de las empresas que estaban dispuestas a pagar los sobornos exigidos.

La red de corrupción no solo involucraba a funcionarios públicos y empresarios, sino también a políticos de alto nivel. Durante el juicio, se presentaron pruebas de que Monsalvo Gnecco tenía vínculos estrechos con varios políticos influyentes, quienes recibían una parte de los sobornos a cambio de protección y apoyo en sus carreras políticas.

El impacto de este caso de corrupción en el país ha sido devastador. Miles de niños han sido privados de una alimentación adecuada debido al desvío de fondos destinados a su bienestar. Además, la confianza en las instituciones públicas ha sido seriamente erosionada, generando un sentimiento generalizado de descontento y desesperanza entre la población.

Afortunadamente, este caso no ha quedado impune. Gracias a la labor de la justicia y la perseverancia de los medios de comunicación y la sociedad civil, se logró llevar ante los tribunales a los responsables de esta red de corrupción. Monsalvo Gnecco y otros implicados fueron condenados por sus delitos y se les impuso penas ejemplares.

El caso de corrupción en el programa de alimentación escolar ha tenido un impacto negativo tanto en su funcionamiento como en la confianza de la sociedad. Sin embargo, con medidas adecuadas de control, transparencia y educación, es posible restaurar la confianza en este programa y garantizar la nutrición adecuada de los niños en edad escolar.

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