La afirmación la hizo António Guterres en su reciente informe (periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025) sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país, en el cual insistió en la necesidad de garantizar que el país no retroceda en los avances logrados en su camino hacia una nación más pacífica y segura. 

“El camino hacia la paz en Colombia ha sido moldeado no solo por la determinación de su pueblo, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional”, recordó el Secretario General, quien agregó que el mundo se beneficiará directamente de las experiencias de Colombia en construcción de paz. 

Asimismo, reafirmó que “la Misión de Verificación continuará su importante labor para garantizar que las aspiraciones de paz se traduzcan en realidades duraderas sobre el terreno”.

El informe fue presentado este viernes en sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York por Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas designado en Colombia.

 Con el progreso en la adjudicación y formalización de tierras durante el periodo evaluado, se alcanza un porcentaje cercano al 9% del objetivo de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas fijada en el Acuerdo de Paz y casi la mitad de la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas.

“La ampliación del acceso a la tierra y a oportunidades de subsistencia ofrecen alternativas viables a las economías ilegales y la violencia conexa. Las disposiciones del Acuerdo de Paz relativas a la reforma rural integral pueden reforzar considerablemente la productividad del sector agrícola y contribuir a reducir la pobreza rural, contribuyendo así al desarrollo nacional”, dijo Guterres. 

Además, hizo un llamado a acelerar la implementación de los proyectos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), diseñados en consulta con las comunidades rurales.

Avances en reincorporación

Respecto a la reincorporación, el informe resalta que se ha logrado un avance significativo en la consolidación de un marco normativo e institucional integral para el proceso de reincorporación de la población excombatiente —que agrupa a más de 11.000 personas.

“Al proporcionar oportunidades para lograr medios de vida dignos, los esfuerzos de reincorporación liderados por el Estado desempeñan un papel fundamental para romper el círculo vicioso del conflicto armado en el país. Son un imperativo de seguridad y de inversión social y política en la estabilidad a largo plazo”, agregó.

De otro lado, António Guterres reconoció la emisión de las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un momento crucial en la implementación del Acuerdo. 

Para el secretario General, es esencial que las personas condenadas de todas las partes en el conflicto sigan demostrando su compromiso con la paz, cumpliendo plenamente sus sanciones, y que el Estado colombiano no escatime esfuerzos con el fin de garantizar que se den las condiciones necesarias, incluidos los recursos financieros y las garantías de seguridad requeridos. 

“Ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos al traducir las sanciones propias en acciones restaurativas en beneficio de las víctimas”, puntualizó.

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Con el asesinato de Daniel Niño Niño, líder social y político de Casanare, la cifra de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025 se eleva a 111 casos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la persistente violencia que afecta a quienes trabajan por la defensa de los derechos y las comunidades en el país.

El crimen en Casanare

Hallazgo del cuerpo

El asesinato ocurrió el pasado 3 de septiembre en el municipio de Sácama, Casanare, en la zona conocida como la quebrada Agua Blanca, vereda Colorada. Según las autoridades, Niño Niño fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaba entre los municipios de Socotá (Boyacá) y Hato Corozal (Casanare). Su cuerpo fue hallado hacia las 10:00 de la mañana, lo que generó un fuerte rechazo en la región.

Trayectoria de Daniel Niño Niño

Un líder comunitario con amplia experiencia

Niño Niño contaba con una destacada trayectoria en la vida pública y comunitaria. Fue exconcejal municipal y secretario de la Alcaldía de Socotá (Boyacá), además de integrar la Asociación Campesina del Río Pauto. Su trabajo estuvo enfocado principalmente en la vereda El Oso, en Socotá, donde desarrolló acciones en defensa del campesinado y los recursos naturales.

Alertas de la Defensoría del Pueblo

Riesgo latente para defensores de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el alto riesgo que enfrentan los líderes sociales en esta región. A través de las alertas tempranas AT 008/21 y AT 019/23, la entidad señaló la vulnerabilidad de municipios como Sácama y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.

El caso de Daniel Niño Niño no solo representa una pérdida para su comunidad, sino que evidencia la insuficiente respuesta estatal frente a la violencia contra líderes sociales en Colombia. Mientras Indepaz alerta sobre el incremento de los asesinatos en lo corrido del año, organismos nacionales e internacionales insisten en que la protección de estas personas debe convertirse en una prioridad para el gobierno.

La muerte de este dirigente campesino se suma a una larga lista de víctimas que han pagado con su vida el compromiso con sus comunidades, lo que genera una profunda preocupación por el futuro de la participación social y la defensa de los derechos humanos en Colombia.

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En medio de un intenso debate político en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha centrado la discusión en la continuidad de su proyecto de gobierno, más que en la posibilidad de una reelección personal. «El tema no es si me reeligen o no, el tema es que hay que reelegir el proyecto», afirmó el mandatario, generando un nuevo enfoque en la conversación nacional sobre el futuro del país.

El proyecto político como eje central

Petro redefine el debate sobre la reelección
En declaraciones recientes, el presidente Gustavo Petro ha dejado claro que su prioridad no es perpetuarse en el poder, sino asegurar la continuidad de las reformas y políticas que su administración ha impulsado. «No se trata de una persona, sino de un proyecto que busca transformar el país», señaló. Esta postura busca desviar la atención de las críticas que lo acusan de buscar la reelección por intereses personales, enfocándose en los logros y metas de su gobierno.

Petro ha insistido en que su administración ha trabajado en la implementación de políticas sociales, económicas y ambientales que, según él, son fundamentales para el futuro de Colombia. «Este proyecto no puede quedar a medias; es necesario que continúe más allá de quien esté en la presidencia», agregó.

Reacciones y controversias

Apoyos y críticas a la propuesta de Petro
La postura de Petro ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sus seguidores y aliados políticos han respaldado la idea de mantener el rumbo del actual gobierno, argumentando que las reformas impulsadas son necesarias para enfrentar los desafíos históricos del país. «Este proyecto representa una oportunidad única para cambiar las estructuras que han perpetuado la desigualdad», afirmó un congresista del Pacto Histórico.

Por otro lado, los opositores han criticado la estrategia, acusando a Petro de utilizar el discurso del «proyecto» como un mecanismo para justificar una eventual reelección. «Es una forma de evadir el debate sobre la concentración de poder», señaló un líder de la oposición. Además, algunos analistas han cuestionado la viabilidad de mantener un proyecto político sin la figura de Petro al frente, dada su influencia y carisma dentro del movimiento.

El futuro del proyecto político

¿Qué sigue para el gobierno de Petro?
El debate sobre la reelección del proyecto político de Petro abre una serie de interrogantes sobre el futuro del país. ¿Podrá este proyecto mantenerse sin la figura de Petro? ¿Qué mecanismos se implementarán para garantizar su continuidad? Estas son algunas de las preguntas que dominan la conversación política en Colombia.

Petro ha mencionado la posibilidad de impulsar reformas constitucionales que permitan consolidar su proyecto, aunque ha evitado entrar en detalles específicos. «Lo importante es que el pueblo decida qué camino quiere seguir», afirmó. Sin embargo, este enfoque ha generado preocupación en algunos sectores, que ven en estas propuestas un riesgo para la estabilidad institucional.

El presidente Gustavo Petro ha logrado reorientar el debate político en Colombia, centrando la atención en la continuidad de su proyecto de gobierno más que en su posible reelección. Aunque esta estrategia ha generado tanto apoyos como críticas, lo cierto es que ha abierto una discusión necesaria sobre el futuro del país. En un contexto de polarización y desafíos sociales, la pregunta que queda en el aire es si este proyecto podrá trascender a su figura y consolidarse como un legado duradero para Colombia.

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La controversia en torno a la reforma pensional en Colombia ha alcanzado un punto crítico. Tras la presentación de una ponencia desfavorable en la Corte Constitucional, el senador Gustavo Bolívar ha hecho un llamado urgente a la movilización ciudadana. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro del sistema de pensiones y la estabilidad social del país.

¿Qué está pasando con la reforma pensional?

La reforma pensional, una de las iniciativas clave del gobierno actual, busca transformar el sistema de pensiones colombiano. El objetivo principal es crear un sistema más inclusivo y equitativo, garantizando una vejez digna para todos los ciudadanos. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado una fuerte oposición desde diversos sectores políticos y económicos.

La ponencia desfavorable en la Corte Constitucional

Recientemente, se presentó una ponencia en la Corte Constitucional que cuestiona la viabilidad y constitucionalidad de algunos aspectos fundamentales de la reforma. Aunque el contenido específico de la ponencia no se ha divulgado completamente, ha generado alarma entre los defensores de la reforma y ha sido interpretada como un posible revés para el proyecto.

El llamado a la movilización de Gustavo Bolívar

Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, una figura destacada del oficialismo, ha convocado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la reforma pensional. Bolívar argumenta que la reforma es esencial para corregir las desigualdades del sistema actual y proteger los derechos de los trabajadores. Su llamado a la movilización busca presionar a la Corte Constitucional y a otros actores políticos para que apoyen la reforma.

Reacciones y posibles escenarios

El llamado a la movilización ha generado diversas reacciones en la opinión pública y en el ámbito político.

Apoyo y críticas

Mientras que algunos sectores respaldan la iniciativa de Bolívar y consideran que es necesario defender la reforma en las calles, otros critican la convocatoria y la ven como una forma de presión indebida sobre la Corte Constitucional. La polarización en torno a la reforma pensional es evidente y refleja las profundas divisiones que existen en la sociedad colombiana.

Posibles escenarios futuros

El futuro de la reforma pensional es incierto. Si la Corte Constitucional decide declarar inconstitucionales algunos de sus aspectos clave, el gobierno tendría que replantear la estrategia y buscar nuevas alternativas para reformar el sistema de pensiones. En el peor de los casos, la reforma podría quedar archivada, perpetuando las desigualdades y la falta de cobertura del sistema actual.

Implicaciones para los ciudadanos

La reforma pensional tiene implicaciones directas para todos los ciudadanos colombianos, especialmente para aquellos que están próximos a la edad de jubilación y para las generaciones futuras.

Beneficios potenciales

Si la reforma se aprueba y se implementa de manera efectiva, podría traer consigo importantes beneficios, como una mayor cobertura del sistema, pensiones más justas y equitativas, y una mejor protección para los trabajadores informales. Estos beneficios podrían contribuir a reducir la pobreza en la vejez y a mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.

Riesgos y desafíos

Sin embargo, también existen riesgos y desafíos asociados con la reforma. Algunos expertos advierten que la reforma podría generar un aumento en el gasto público y poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Además, la implementación de la reforma podría ser compleja y requerir una gestión eficiente y transparente para evitar la corrupción y el despilfarro de recursos.

La situación actual en torno a la reforma pensional es delicada y requiere un análisis profundo y una discusión abierta y constructiva. Es fundamental que todos los actores involucrados, incluyendo el gobierno, la Corte Constitucional, los partidos políticos, los gremios económicos y la sociedad civil, trabajen juntos para encontrar una solución que beneficie a todos los colombianos. El futuro del sistema de pensiones y el bienestar de las generaciones futuras están en juego.

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Colombia ha dado un paso trascendental en su estrategia comercial al confirmar la firma de un acuerdo con China en el marco de la iniciativa «La Franja y la Ruta». Este pacto busca fortalecer la cooperación económica, mejorar infraestructuras y abrir nuevas rutas comerciales, posicionando al país en un escenario global más diversificado.

Un acuerdo clave para el crecimiento económico

Oportunidades para las exportaciones colombianas

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, anunció que las negociaciones con el embajador de China, Zhinan, han avanzado significativamente, y la firma del acuerdo está prevista para el primer semestre del año. Según el funcionario, este pacto permitirá dinamizar sectores estratégicos como la tecnología, la infraestructura y la exportación de productos icónicos colombianos, tales como el café, los minerales y las flores.

El acceso al mercado chino representa una gran oportunidad para diversificar las exportaciones colombianas y reducir la dependencia de mercados tradicionales como Estados Unidos. Con una población superior a los 1.400 millones de habitantes, China es un destino clave para potenciar la competitividad de los productos nacionales.

Implicaciones en infraestructura y desarrollo

Inversiones chinas en Colombia

Uno de los aspectos más relevantes de este acuerdo es la posibilidad de recibir inversiones de gran magnitud en infraestructura, lo que podría traducirse en la modernización de puertos, carreteras y redes tecnológicas. Estas mejoras no solo fortalecerán el comercio exterior, sino que también podrían convertirse en catalizadores para el desarrollo económico de regiones históricamente rezagadas.

Los expertos destacan que mejorar la conectividad y la logística interna aumentará la competitividad del país y atraerá nuevas oportunidades para sectores productivos. Este tipo de proyectos podrían ser clave para la reactivación económica y la generación de empleo.

Controversia política y perspectivas futuras

Críticas y respaldo al acuerdo

A pesar de las expectativas positivas, el acuerdo también ha generado debate en el ámbito político. Algunas voces conservadoras han expresado preocupación por una mayor influencia de China en la política nacional, argumentando que alejarse de los tratados tradicionales con economías occidentales podría representar un riesgo.

Sin embargo, el gobierno ha desmentido estas afirmaciones, asegurando que la cooperación con diferentes actores globales es una necesidad en un mundo interconectado. El presidente Gustavo Petro ha enfatizado en múltiples ocasiones la importancia de abrir nuevos caminos para el desarrollo sostenible, considerando este acuerdo como una pieza clave en su estrategia económica.

Un paso estratégico para la economía colombiana

El pacto con China no solo representa una expansión comercial, sino también una apuesta por fortalecer la infraestructura y diversificar las relaciones internacionales de Colombia. Empresarios y trabajadores del sector exportador ven en esta alianza una oportunidad de crecimiento y generación de empleo, lo que podría traducirse en un impacto positivo para la economía nacional.

En un escenario global complejo, donde solo los países con visión logran prosperar, Colombia parece decidida a ocupar un papel protagónico en el comercio internacional. La firma de este acuerdo podría marcar el inicio de una nueva etapa para la economía del país, consolidando su posición en el mercado asiático y ampliando sus oportunidades de crecimiento.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los colombianos indocumentados en Estados Unidos para que regresen al país, instándolos a abandonar sus empleos y acogerse a los incentivos del Gobierno. En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario destacó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ofrecerá créditos productivos a quienes decidan retornar e inscribirse en los programas oficiales. La declaración surge en medio de un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., donde se han intensificado las redadas y deportaciones.

Gobierno colombiano busca incentivar el retorno de migrantes

Petro pide a los indocumentados regresar al país

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje contundente: «Le solicito a las colombianas y colombianos sin documentos en EE.UU. dejar sus trabajos de inmediato y retornar a Colombia lo más pronto posible. La riqueza la produce solo el pueblo trabajador. Construyamos riqueza social en Colombia».

El mandatario reiteró su interés en que los ciudadanos que viven en condición de irregularidad retornen al país y aporten al desarrollo económico. Para ello, el Gobierno ofrecerá apoyo a los retornados a través del DPS, con la entrega de créditos productivos y otros beneficios para facilitar su reincorporación al mercado laboral colombiano.

Créditos y oportunidades para quienes regresen

El Departamento de Prosperidad Social será el encargado de canalizar los apoyos económicos a los migrantes que retornen e ingresen a los programas oficiales. Aunque aún no se han detallado los montos ni las condiciones específicas de estos créditos, la iniciativa busca garantizar que los colombianos que decidan volver cuenten con oportunidades productivas que les permitan generar ingresos de manera sostenible.

Aumento de redadas y condiciones inhumanas en las deportaciones

Endurecimiento de la política migratoria en EE.UU.

Las declaraciones del presidente Petro llegan en un momento crítico para los migrantes en Estados Unidos. Según informes de medios estadounidenses, el Gobierno de Donald Trump ha intensificado las redadas migratorias, con operativos en al menos tres ciudades por semana y con un objetivo de 1.200 a 1.500 detenciones diarias.

Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, ya que las deportaciones se han llevado a cabo bajo condiciones consideradas inhumanas, donde los migrantes son sometidos a esposas y grilletes, en un trato equiparado al de criminales.

Denuncias sobre tratos degradantes

Diversas organizaciones han documentado casos de migrantes colombianos deportados en condiciones indignas. Testimonios han revelado que los detenidos son esposados durante largos periodos de tiempo, trasladados en condiciones precarias y tratados como delincuentes, pese a que la irregularidad migratoria no constituye un delito penal, sino una infracción administrativa.

Diferencia entre una infracción migratoria y un delito penal

Migración irregular no es un crimen

Expertos en derecho internacional han enfatizado que la migración irregular no es equiparable a la comisión de un delito. En la mayoría de los países, incluyendo EE.UU., ingresar o permanecer sin documentos es una falta administrativa, lo que implica sanciones como multas, deportaciones o restricciones de reingreso, pero no penas de cárcel.

No obstante, en algunos discursos políticos y narrativas oficiales, se ha promovido la idea de que la migración irregular debe ser tratada como un crimen, lo que ha sido fuertemente criticado por organismos de derechos humanos.

Criminalización de los migrantes

Diversos analistas advierten que la criminalización de los migrantes contribuye a una percepción negativa de la población indocumentada y puede derivar en un trato discriminatorio. Comparar la migración irregular con delitos penales es una práctica cuestionada por organizaciones internacionales, que insisten en la necesidad de abordar el fenómeno migratorio con un enfoque de derechos humanos y políticas integrales de apoyo.

El llamado del presidente Petro ha generado diversas reacciones, tanto en el ámbito político como en la comunidad migrante. Mientras algunos ven en los incentivos una oportunidad para regresar al país, otros consideran que las condiciones económicas en Colombia no ofrecen garantías suficientes para abandonar sus empleos en EE.UU.

La discusión sobre la migración y las políticas de retorno sigue abierta, en un contexto global donde la movilidad humana se ha convertido en un desafío para los gobiernos. La implementación de medidas que respalden a los retornados será clave para el éxito de esta iniciativa.

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El Gobierno de Colombia ha anunciado que se ha logrado superar el reciente impasse diplomático con los Estados Unidos relacionado con los ciudadanos colombianos en proceso de deportación. El consenso se alcanzó mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambas naciones, estableciendo acuerdos para garantizar un retorno digno de los connacionales.

Acuerdos para el retorno de ciudadanos deportados

La Cancillería de Colombia informó que, tras el entendimiento con Estados Unidos, el país seguirá recibiendo a los ciudadanos retornados bajo la condición de deportados. El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar condiciones dignas y el pleno respeto de los derechos de las personas durante su retorno.

El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán en las próximas horas a Washington, D.C., donde se reunirán con altos funcionarios estadounidenses para afianzar los acuerdos alcanzados y definir estrategias de cooperación bilateral en el manejo de las deportaciones.

Uso de medidas excepcionales para los retornos

Como parte de los esfuerzos para garantizar un retorno adecuado, el presidente Gustavo Petro autorizó el uso del avión presidencial para facilitar la llegada de los colombianos afectados. Esta medida se implementó de manera inmediata para recibir a aquellos ciudadanos que estaban programados para regresar en vuelos de deportación en las últimas horas.

El comunicado oficial destacó que estas acciones buscan no solo atender la situación actual, sino también establecer un precedente que refuerce el respeto por los derechos humanos en procesos de deportación.

La posición de Colombia ante los deportados

El Gobierno colombiano ha enfatizado que el manejo de los deportados debe realizarse con dignidad y respeto. Las autoridades han manifestado que continuarán trabajando para garantizar la reintegración social y económica de los retornados al país.

En este contexto, se espera que las reuniones en Washington permitan avanzar en un diálogo constructivo que aborde no solo los aspectos operativos de las deportaciones, sino también temas relacionados con las políticas migratorias entre ambos países.

El compromiso de Colombia es claro: garantizar que ningún ciudadano sea sometido a condiciones indignas durante su retorno y promover acciones que fortalezcan los lazos bilaterales con Estados Unidos.

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El presidente de Colombia anunció nuevos contratos y vigencias futuras para la red férrea del país, marcando un paso significativo hacia la recuperación de este importante sistema de transporte. En un mensaje a la nación, el mandatario criticó la situación actual de las infraestructuras ferroviarias, atribuyéndola a decisiones políticas equivocadas de gobiernos anteriores.

El Legado del Neoliberalismo en el Sistema Ferroviario

El presidente argumentó que las políticas neoliberales de las últimas décadas, enfocadas en la privatización y la desregulación, llevaron al abandono y la negligencia de la red ferroviaria. Este enfoque, según el mandatario, debilitó uno de los pilares del sistema de transporte nacional, resultando en un modelo ineficiente con altos costos logísticos y un impacto ambiental negativo.

El Transporte por Carretera: Ineficiente y Contaminante

La dependencia del transporte por carretera, consecuencia del debilitamiento del sistema ferroviario, ha generado un aumento en las emisiones de CO2 y ha afectado negativamente la competitividad del país. El presidente enfatizó la necesidad de un cambio de paradigma en el modelo de transporte, con el objetivo de reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia.

Una Oportunidad Histórica para la Recuperación del Tren

El presidente ve en la situación actual una oportunidad histórica para revertir el abandono del sistema ferroviario y construir un modelo de transporte más sostenible. Su administración se ha comprometido con la reactivación de las líneas ferroviarias, apostando por un modelo más eficiente y menos dependiente de los combustibles fósiles.

El Tren Eléctrico: Clave para un Futuro Sostenible

La apuesta por el tren eléctrico se perfila como un elemento central en la estrategia de recuperación del sistema ferroviario. El presidente destacó los beneficios del tren eléctrico, incluyendo la reducción de la huella de carbono, la mejora de la competitividad y un transporte de carga más económico y eficaz.

Un llamado a la Reflexión y a la Acción

El presidente hizo un llamado a la reflexión sobre el modelo económico que ha prevalecido en las últimas décadas, un modelo que, según él, no ha tenido en cuenta las necesidades reales del país ni el futuro de las generaciones venideras. Con una visión renovada y un enfoque integral, el gobierno actual busca recuperar el tren como un motor de desarrollo, mejorando la conectividad, la competitividad y la sostenibilidad del país.

La recuperación del sistema ferroviario se presenta como una prioridad para el gobierno, con el objetivo de optimizar los recursos destinados al transporte y beneficiar tanto a los sectores productivos como a los ciudadanos. Un sistema ferroviario moderno y eficiente promete una opción de transporte más rápida, económica y ecológica para todos los colombianos.

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En un comienzo de año turbulento, el gremio de transportadores de carga en Colombia ha anunciado un paro nacional a partir del 6 de enero a las 12:00 de la medianoche. Esta medida, que amenaza con afectar el flujo de mercancías y la movilidad en todo el país, se debe al presunto incumplimiento de un acuerdo nacional por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: La manzana de la discordia

El alza en el precio del diésel (ACPM) es el principal detonante del paro.

El gremio de transportadores argumenta que el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de revisar la fórmula para determinar el precio del diésel, la cual, según ellos, no refleja los costos reales de operación. Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), denuncia que «nos quieren cobrar en dólares cuando ganamos en pesos», haciendo referencia a la intención del Gobierno de equiparar el precio del combustible al valor internacional.

Un historial de tensiones y acuerdos incumplidos

Las negociaciones entre el Gobierno y los transportadores se han caracterizado por la falta de consenso.

Durante 2024, se llevaron a cabo más de 10 mesas de negociación sin llegar a un acuerdo definitivo. En agosto del mismo año, un paro camionero obligó al Ejecutivo a retroceder en un aumento de $1.900 en el precio del galón de ACPM. El acuerdo firmado en ese momento incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que entró en vigor en diciembre de 2024. Sin embargo, los transportadores alegan que el Gobierno no ha cumplido con otros puntos del acuerdo, como la revisión del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-tac).

Incertidumbre ante nuevos incrementos

A pesar de las tensiones, el 1 de enero de 2025 el precio del ACPM subió $169 por galón, mientras que la gasolina aumentó $91 por galón.

Aunque el Gobierno ha justificado estas alzas como «indexaciones reglamentadas», los transportadores las consideran un agravio a su situación económica. La posibilidad de un nuevo paro camionero se mantiene latente, lo que genera incertidumbre en un país que aún se recupera de las consecuencias del paro de 2024. La falta de diálogo efectivo ha erosionado la confianza del gremio transportador. Es fundamental que se retomen las negociaciones y se busquen soluciones que atiendan las demandas de los transportadores sin afectar la economía nacional.

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En una ceremonia realizada en Riohacha, La Guajira, el presidente Gustavo Petro tomó juramento anticipado a Gregorio Eljach como nuevo Procurador General de la Nación. Aunque el periodo de la actual procuradora, Margarita Cabello Blanco, finaliza el 15 de enero de 2025, Eljach asumirá formalmente sus funciones en esa fecha, con un mandato de cuatro años.

Trayectoria de Gregorio Eljach

Gregorio Eljach, oriundo de Fusagasugá, Cundinamarca, y criado en el departamento del Cesar, es abogado egresado de la Universidad del Cauca. Con una destacada carrera en el Congreso de la República, se desempeñó durante 12 años como secretario general del Senado, cargo que le permitió establecer relaciones cercanas con diversos sectores políticos.

Elección como Procurador General

El 2 de octubre de 2024, el Senado de la República eligió a Eljach como Procurador General con una abrumadora mayoría de 95 votos, superando a los candidatos Germán Varón Cotrino y Luis Felipe Henao. Su elección fue respaldada por partidos de diferentes tendencias, incluyendo el Pacto Histórico, los partidos Conservador, Liberal y de la U, así como el Centro Democrático.

Ceremonia de juramento en La Guajira

La ceremonia de juramento se llevó a cabo en la Casa de la Ciudadanía de Riohacha y contó con la presencia de altos funcionarios del Estado, entre ellos el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez; la fiscal General, Luz Adriana Camargo; la defensora del Pueblo, Iris Marín; y miembros de la bancada Caribe en el Congreso. Durante el evento, el presidente Petro destacó la trayectoria de Eljach, refiriéndose a él como «un jurista» y resaltando su experiencia en el Senado.

Desafíos y expectativas

Eljach asumirá la dirección de la Procuraduría General de la Nación en un contexto de grandes retos, entre los que se destacan la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos en Colombia. Su elección ha sido interpretada como un movimiento estratégico del presidente Petro relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, buscando una mayor armonía y colaboración en la implementación de políticas públicas.

Reacciones políticas

La designación de Eljach ha generado diversas opiniones en el ámbito político. Mientras algunos senadores destacan su imparcialidad y capacidad para desempeñar el cargo, otros expresan reservas sobre su independencia, dado su estrecho vínculo con el Congreso. No obstante, la amplia mayoría obtenida en su elección refleja un consenso significativo en torno a su nombramiento.

Con la posesión anticipada de Gregorio Eljach como Procurador General, se espera que la Procuraduría inicie una nueva etapa enfocada en fortalecer la institucionalidad y enfrentar los desafíos que aquejan al país, en estrecha colaboración con las demás ramas del poder público.

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