Los Países Mediadores, el Reino de España, el Reino de Noruega, el Estado de Qatar y la Confederación Suiza, así como la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia valoraron los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En un comunicado conjunto, las delegaciones señalaron que en la reunión del 9 de febrero de 2026 las partes acordaron pasos importantes que permiten consolidar los compromisos asumidos en Doha y avanzar en el proceso en beneficio de las comunidades.

“Desde los Países Mediadores, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal valoramos los pasos acordados recientemente en el Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el (a) EGC para avanzar en la construcción de paz en los territorios ”, dice el comunicado.

El Espacio de Conversación Sociojurídico es el mecanismo en el que el Gobierno Nacional y el (a)EGC sostienen diálogos orientados a la desmovilización de esa estructura y a la construcción de paz en los territorios.

El Grupo de Países Mediadores, junto con la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró su apoyo al proceso y subrayó la importancia de que ambas partes continúen avanzando con determinación en los compromisos acordados.

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El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, informó que “el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC” se encuentra en un momento clave dentro de la política de paz del país.

Según el comunicado oficial?, este espacio “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”. 

El proceso cuenta con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, además del apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El documento señala que se trata de “un proceso que, desde el primer acuerdo, se enfoca en la desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros del (a) EGC”.

Este compromiso, de acuerdo con la Consejería, se da “de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización”.

En desarrollo de lo acordado, el Gobierno nacional indicó que “los líderes del (a) EGC, Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (QEPD), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”.

El comunicado también precisa que “desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”.

Asimismo, se indicó que “tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”.

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La estrategia está focalizada en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y Sur de Bolívar, para someter a los Grupos Armados Organizados (GAO) y a las economías ilícitas que se lucran del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, destacó el alto oficial.

El Ministerio informó a su vez que gracias al trabajo conjunto de la Armada y la Fuerza Aérea, se han fortalecido las capacidades de articulación interinstitucional. Además, se ha logrado contribuir con el control del territorio mediante una respuesta rápida, que ha permitido proteger a la población civil y neutralizar las estrategias de la amenaza permanente.

Según MinDefensa, este trabajo articulado logró la incautación de dos toneladas de clorhidrato de cocaína a bordo de un buque mercante de la naviera CMA-CGM, a más de 60 millas náuticas de Santa Marta. Agregó el citado despacho que la activación oportuna de los protocolos permitió interceptar el cargamento ilícito sin afectar la continuidad de la operación comercial del buque. En la operación, que duró 18 horas y con base en el trabajo de inteligencia naval que detectó la contaminación del buque que cubría la ruta Cartagena – España, se hallaron 81 bultos en un contenedor, cargamento avaluado en más de 200 millones de dólares.

Los recientes resultados contra el narcotráfico evidencian un aumento en la contaminación de buques mercantes en altamar. La Armada colombiana ha fortalecido su relacionamiento con otros actores del sector marítimo para optimizar los protocolos de seguridad y proteger la actividad lícita en el mar. La Fuerza Naval del Caribe mantiene un esfuerzo sostenido por la seguridad marítima y fluvial, en coordinación con las navieras internacionales que sostienen el comercio mundial a través del uso seguro de las líneas de comunicación marítimas, destacó el Ministerio. 

En el desarrollo del Plan Estratégico, en lo corrido del mes de enero se produjo también la desarticulación de estructuras peligrosas, como la ‘Comisión 34’ y la ‘Jhonier Arenas’. Con un saldo de 543 capturas y la incautación de miles de municiones y explosivos, destacó el general López Barreto, comandante general de la Fuerzas Militares de Colombia.

En esta dinámica “hemos neutralizado objetivos de alto valor y capturas clave. Destacamos la detención de alias ‘Santiago’, cabecilla principal del ELN en el occidente del país. Asimismo, se logró la caída de alias ‘Polo’, responsable de la logística de las disidencias de ‘Mordisco’ en el departamento de Amazonas, y hombre de confianza de su seguridad”.

En cada operación y resultado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. las Fuerzas Armadas de Colombia afectan las finanzas de los criminales que usan ese dinero para afectar la seguridad del país, concluyo el Comandante General de la Fuerzas Militares de Colombia.

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En la Resolución se estableció que la “delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal» se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las autoridades competentes.

En la norma se dejó claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades de las zonas definidas para la ubicación.

Así mismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar “las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las zonas de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil».

Para poder avanzar en los procesos, la Resolución determinó que dentro de cada una de las zonas quedan “suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, de los integrantes» de este grupo, que fueron “incluidos en los listados recibidos y aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz».

Otro elemento que tuvo en cuenta la Resolución es el relacionado con las víctimas, para lo cual indicó que se realizarán “las condiciones progresivas para para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos» de la población afectada por este grupo armado.

En la norma se decidió que el Gobierno nacional “establece que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargue del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes».

Sin embargo, no descarta la vinculación de otras organizaciones nacionales e internacionales que participen en el proceso de “dejación de armas y tránsito a la legalidad de los combatientes» de este grupo armado.

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En Doha se reunieron los representantes de la delegación del Gobierno y del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia –EGC), con el acompañamiento del grupo de países mediadores, integrado por Catar, España, Noruega y Suiza.

En el documento suscrito por las partes se establece la ampliación del área de implementación de acciones piloto. En septiembre se habían definido a Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Ahora se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba), Cáceres, El Bagre, Nechí (Antioquia), El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Por otra parte, se determinó el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos, que estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

El documento señala que se impulsarán las gestiones “de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios, en los aspectos definidos en el ‘Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha'».

Uno de los aspectos más significativos del acuerdo alcanzado en Doha tiene que ver con la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Se trata de una ubicación progresiva de combatiente del EGC a partir del próximo primero de marzo.

Para lograrlo, dice el documento firmado por las partes, se requiere expedir un acto administrativo, en el cual se constituyan las ZUT, la localización de los sitios rurales y el listado de miembros del EGC, que se irá complementando.

La ubicación de los miembros del EGC (o Clan del Golfo) implicará la “suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición».​

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El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, confirmó la muerte de alias “Frank”, uno de los principales cabecillas urbanos del Clan del Golfo en Bolívar. La operación, desarrollada en el sur del departamento, también dejó como resultado la muerte de su compañera sentimental, conocida como ‘La Veneca’, además de la incautación de material de guerra.

Operativo en Bolívar contra el Clan del Golfo

Abatimiento de alias “Frank”

Alias “Frank” figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y era señalado de coordinar homicidios contra líderes sociales, firmantes de paz y ataques dirigidos contra la fuerza pública. Las autoridades informaron que se trataba de un objetivo de alto valor en la estructura urbana del grupo delincuencial.

Incautación de material de guerra

En el operativo fueron decomisados dos fusiles, munición de varios calibres, equipos de comunicación y material propagandístico utilizado por la organización criminal. Según la Policía, este arsenal estaba destinado a fortalecer las acciones ilegales del Clan del Golfo en la región.

Perfil criminal de alias “Frank”

Vínculos con homicidios

Las investigaciones adelantadas lo relacionan con al menos tres homicidios, entre ellos el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortés, ocurrido en marzo de 2018. Su historial criminal reflejaba una trayectoria marcada por hechos violentos contra miembros de la fuerza pública y la población civil.

Control territorial en Bolívar

Alias “Frank” mantenía dominio sobre el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en municipios como San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba. Estas actividades lo consolidaban como uno de los cabecillas con mayor poder de influencia en el sur de Bolívar.

Impacto en la estructura criminal

Golpe a la organización

La muerte de alias “Frank” representa un golpe significativo para las estructuras del Clan del Golfo en Bolívar, organización que ha mantenido presencia criminal en diferentes departamentos del país a través del narcotráfico, la extorsión y homicidios selectivos.

Próximas acciones de las autoridades

La Policía Nacional confirmó que se adelantan investigaciones para desarticular por completo las redes delictivas que operaban bajo el mando de este cabecilla, con el objetivo de reducir la capacidad criminal del grupo en la región y garantizar mayor seguridad a la población.

La neutralización de alias “Frank” refleja la determinación del Estado en la lucha contra el crimen organizado. El operativo marca un precedente en los esfuerzos por restablecer la seguridad en el sur de Bolívar, una zona que ha sufrido el accionar violento del Clan del Golfo durante años.

¿Y tú qué opinas sobre este operativo de la Policía Nacional en Bolívar? Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tu punto de vista.

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Una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía desmanteló un importante arsenal del Clan del Golfo, frustrando un ataque terrorista planeado para Tierralta, Córdoba. La acción, liderada por tropas de la Décima Séptima Brigada en el marco del Plan Ayacucho, representa un nuevo golpe contra este grupo armado en la región.

Operativo coordinado frustra ataque en Tierralta

El operativo se desarrolló en la vereda La Estrella, donde, tras labores de inteligencia militar, se detectó la presencia de integrantes del Clan del Golfo. La operación permitió incautar 141 kilogramos de explosivos y capturar a un presunto miembro de la Subestructura Carlos Vásquez. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos en el que uno de los agresores resultó herido. Este fue atendido de inmediato por un enfermero militar, garantizando el respeto por los derechos humanos incluso en situaciones de combate.

Hallazgo de explosivos y material bélico

Además de los explosivos, las autoridades localizaron un depósito ilegal que contenía material de guerra, equipos de comunicaciones y elementos de intendencia. Según las fuerzas militares, este arsenal estaba destinado a ejecutar ataques terroristas en la región, afectando tanto a las autoridades como a la población civil.

Destrucción controlada de los explosivos

Los explosivos incautados fueron destruidos por expertos militares siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Esta acción no solo garantizó la protección de las tropas y la comunidad, sino que también minimizó el impacto ambiental, demostrando el compromiso de las fuerzas armadas con la preservación del entorno.

Impacto del Plan Ayacucho en la región

Este exitoso operativo forma parte del Plan Ayacucho, una estrategia integral enfocada en neutralizar las acciones del Clan del Golfo y otros grupos armados en Colombia. Con este golpe, se refuerza la seguridad en el departamento de Córdoba, debilitando las estructuras criminales que operan en la zona.

Compromiso de las autoridades con la seguridad

Las fuerzas militares, en colaboración con la Policía y la Fiscalía, han reiterado su compromiso de proteger a las comunidades más vulnerables frente a las amenazas de los grupos ilegales. Este tipo de operativos no solo representan avances en materia de seguridad, sino que también envían un mensaje claro a los actores armados sobre la determinación del Estado para combatir el crimen organizado.

Este operativo refleja el resultado de un trabajo articulado entre las instituciones de seguridad del país y su capacidad para prevenir acciones que amenacen la tranquilidad de los colombianos.

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En una operación estratégica de las fuerzas militares, se descubrió un importante arsenal de guerra perteneciente al Clan del Golfo en el municipio de Carepa, Antioquia. Este hallazgo pone en evidencia los peligros persistentes que enfrenta la región de Urabá debido a la actividad de este grupo armado ilegal.

Hallazgo de un arsenal de guerra en Carepa

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Cerro, donde las tropas encontraron una caleta con un arsenal de guerra. Entre los elementos incautados se destacan fusiles, pistolas, revólveres, municiones y material explosivo. Según las autoridades, este equipo estaba destinado a fortalecer las actividades del Clan del Golfo y a perpetrar atentados contra la fuerza pública y la población civil.

La operación subraya el impacto negativo de estos grupos armados en la seguridad regional. El uso de estas armas y explosivos tiene el potencial de incrementar los niveles de violencia en Urabá, una región históricamente golpeada por el conflicto armad

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Minas antipersonales: una amenaza latente

Además del arsenal de guerra, la presencia de minas antipersonales en el área de la caleta evidencia el nivel de peligrosidad de las operaciones del Clan del Golfo. Este año, ya se han neutralizado 11 artefactos explosivos en la región, lo que refuerza la necesidad de intensificar las acciones de inteligencia para prevenir ataques que pongan en riesgo tanto a la fuerza pública como a la población civil.

Las minas antipersonales no solo son una herramienta de guerra, sino también un medio de intimidación y control territorial. Este tipo de armamento representa un peligro constante para los habitantes, quienes enfrentan riesgos diarios al transitar por las zonas rurales de Urabá.

Respuesta de las autoridades y medidas preventivas

Frente a estos hechos, las autoridades han intensificado las operaciones para desarticular las redes criminales responsables. La estrategia incluye acciones conjuntas de inteligencia, contrainteligencia y cooperación comunitaria.

Asimismo, las fuerzas militares han enfatizado la importancia de la denuncia ciudadana como un elemento clave para prevenir actividades ilegales. El apoyo de la comunidad es fundamental para identificar movimientos sospechosos y ubicar posibles escondites de armamento y explosivos.

El impacto en la seguridad regional

El descubrimiento de este arsenal no solo es un golpe al Clan del Golfo, sino que también genera un mensaje de alerta para las autoridades locales y nacionales. La continua presencia de grupos armados en Antioquia y sus actividades ilegales amenazan la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la región.

Fortalecer la seguridad en zonas críticas como Urabá requiere una intervención integral que combine esfuerzos militares con iniciativas sociales. Esto incluye la generación de oportunidades económicas, programas de desminado y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El hallazgo en Carepa es un recordatorio de los desafíos persistentes en materia de seguridad en Colombia. Es crucial mantener la vigilancia y reforzar las estrategias de lucha contra estos grupos armados para garantizar la protección de las comunidades más vulnerables.

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En un operativo considerado histórico, la Armada Nacional de Colombia incautó 14 toneladas de cocaína en tres semisumergibles que pretendían transportar la droga desde Colombia hasta Australia. Este es el mayor decomiso de este tipo en la historia del país, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico.

El golpe más fuerte al narcotráfico en la historia del país

El presidente Gustavo Petro felicitó a la Armada Nacional a través de sus redes sociales, resaltando el impacto de esta acción: “Quizás esta sea la mayor incautación de cocaína en tránsito hecha por Colombia en la historia. ¡14 toneladas de cocaína! Felicitaciones a la Armada”. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó que este logro se suma a los avances significativos en las políticas de incautación de drogas ilícitas.

De acuerdo con las cifras presentadas por Velásquez, en el periodo de enero a agosto de 2024, las incautaciones de cocaína en Colombia aumentaron un 20% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este resultado evidencia los esfuerzos de las autoridades por debilitar las operaciones de grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las Farc.

Quizás este sea la mayor incautación de cocaína en tránsito hecha por Colombia en la historia.

¡14 toneladas de cocaína!

Felicitaciones a la Armada. https://t.co/8iR4TurfrI

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2024

Redes organizadas en constante evolución

El vicealmirante Orlando Enrique Grisales, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada Nacional, explicó que las organizaciones narcotraficantes han adoptado nuevas estrategias, dejando atrás las estructuras jerárquicas tradicionales: “Hoy son redes organizadas que se asocian, no una estructura piramidal como los antiguos carteles”.

Este operativo no solo representa un duro golpe a estas redes, sino que también subraya el papel estratégico de Colombia en la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, especialmente en rutas que conectan con mercados tan lejanos como Australia.

La incautación coincide con la rendición de cuentas del ministro Velásquez, quien reiteró que la seguridad integral y el combate al narcotráfico son prioridades del Gobierno Nacional en la búsqueda de paz y justicia en los territorios más afectados por la violencia asociada a este delito.

El decomiso de estas 14 toneladas de cocaína es una victoria significativa en un país que continúa enfrentando retos complejos frente al crimen organizado y la producción de drogas ilícitas.

¿Qué opinas sobre este histórico golpe al narcotráfico en Colombia? Tu voz es importante. Déjanos tus comentarios y comparte tus reflexiones sobre el impacto de este operativo en la lucha contra el crimen organizado. ¡Queremos saber tu perspectiva!

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Las autoridades han dado un golpe contundente al patrimonio ilícito del narcotráfico en Colombia. En el Urabá antioqueño, fueron ocupados 101 bienes que pertenecerían a alias Pelomono, señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de alias Chiquito Malo, uno de los máximos líderes de la organización criminal. Las propiedades, avaluadas en más de 2.300 millones de pesos, habrían sido adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y ocultadas bajo nombres de terceros.

Estrategia contra el narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha implementado una estrategia investigativa para rastrear y afectar los activos ilegales de estructuras criminales. Alias Pelomono, identificado como Pedro Pablo Guzmán Usma, sería responsable de cobrar a otras redes para garantizar la salida de cocaína por el Golfo de Urabá.

Los bienes, distribuidos entre los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia), incluyen:

• 7 inmuebles urbanos.
• 27 vehículos.
• 66 semovientes.
• Un establecimiento de comercio.

Estas propiedades estaban registradas a nombre de familiares y allegados del cabecilla con el objetivo de ocultar su procedencia ilícita y evadir a las autoridades.

Impacto en el patrimonio criminal

Las medidas cautelares impuestas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes. Este es un paso importante en la estrategia estatal de afectar las finanzas de las estructuras armadas ilegales y debilitar su capacidad operativa.

Alias Pelomono, capturado en enero de este año, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico y tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Su vínculo con alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas principales del ‘Clan del Golfo’, lo posiciona como una figura clave dentro de la organización.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades de combatir el narcotráfico desde su base económica y evitar que estos recursos sigan financiando actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.

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