La información sobre biodiversidad que EPM ha recopilado durante años, en los territorios donde desarrolla sus proyectos y programas ambientales, hoy se está convirtiendo en conocimiento abierto para la investigación científica, la conservación de ecosistemas y la toma de decisiones ambientales.

 Un nuevo hito en este camino es la publicación, junto con Cuenca Verde, de un conjunto de datos sobre fauna silvestre en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), que también puede consultarse a través de la plataforma mundial Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

 La publicación reúne 17.344 registros biológicos y 25.402 individuos de fauna silvestre monitoreados en cuencas abastecedoras de embalses de EPM. Sin embargo, más allá de las cifras, el valor de este avance está en que la información generada a partir de los monitoreos de ecosistémicos y de biodiversidad adelantados dentro de los convenios entre EPM y Cuenca Verde, ahora puede ser consultada y utilizada por investigadores, universidades, autoridades ambientales y organizaciones de todo el mundo.

Registros de gran valor

Entre los registros se encuentran cerca de 245 especies, principalmente aves y mamíferos, incluyendo especies de especial interés para la conservación como el gorrión montés paisa, el atlapetes de anteojos, el cacique candela, el tigrillo lanudo, el olinguito y el coatí de montaña.

 Este es el resultado del trabajo articulado entre EPM, Cuenca Verde y SiB Colombia para organizar, estandarizar y poner a disposición pública información de biodiversidad generada en los convenios asociados a la protección de cuencas abastecedoras y a la gestión ambiental del territorio.

Conocimiento sobre biodiversidad

La publicación también ratifica el liderazgo de EPM en la generación y divulgación de conocimiento sobre biodiversidad. Actualmente, la Empresa cuenta con más de 2,4 millones de registros biológicos publicados, 68 conjuntos de datos disponibles para consulta abierta y más de 500 citas científicas asociadas al uso de esta información.

“En EPM trabajamos por la protección del agua y la biodiversidad porque entendemos que ambos elementos están profundamente conectados. Los monitoreos que hacemos en cuencas abastecedoras, embalses y ecosistemas estratégicos nos permiten conocer mejor la riqueza natural de los territorios y orientar acciones para su conservación.

Hoy, gracias al trabajo conjunto con Cuenca Verde y SiB Colombia, ese conocimiento trasciende nuestra gestión ambiental y se pone al servicio de investigadores, autoridades y organizaciones de conservación en Colombia y el mundo. Este es un ejemplo de cómo los esfuerzos por cuidar las fuentes hídricas y la biodiversidad también generan información valiosa para la ciencia, la toma de decisiones basadas en evidencia y la protección del patrimonio natural del país”, indicó Sandra Vélez, jefe Sostenibilidad, Planeación y Desempeño EPM.

Estos resultados evidencian que los datos producidos por EPM no solo respaldan la gestión ambiental de la Empresa, sino que también contribuyen al conocimiento científico del país y fortalecen la comprensión de la biodiversidad presente en ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y otros servicios ecosistémicos.

 Más que una base de datos, este hito representa una oportunidad para que el conocimiento construido junto a aliados como Cuenca Verde siga generando valor más allá de los territorios, impulsando la investigación, la conservación y la toma de decisiones basadas en evidencia.

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La cartera de Salud explicó que este medicamento fue desarrollado con recursos del Fondo de Investigación en Salud, cuenta con registro sanitario del Invima y es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la academia y la industria farmacéutica nacional.

La adquisición hace parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de producción farmacéutica en Colombia, en el marco del CONPES 4170 de 2025 y del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Antioquia para ampliar la infraestructura destinada a la fabricación de medicamentos.

Asimismo, indicó que la compra se realizó a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del cual la Universidad de Antioquia es proveedor para la región, lo que evidencia, según la entidad, el potencial científico y productivo del país.

El Ministerio señaló que esta iniciativa contribuye a consolidar la industria farmacéutica nacional y a garantizar un acceso más oportuno a medicamentos esenciales para la población.

La cloroquina es un medicamento utilizado principalmente para la prevención y el tratamiento de la malaria o paludismo, enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos del género Anopheles.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia se registran entre 50.000 y 100.000 casos de malaria cada año. Las zonas con mayor incidencia se concentran en la costa Pacífica, los valles de los ríos Cauca y Sinú, así como en la Amazonía y la Orinoquia, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan áreas rurales dispersas.

«Este es el resultado de confiar en los 30 años de experiencia de una planta de producción de medicamentos pública y en los más de 220 años de historia de una universidad con una sólida vocación investigativa, que cuenta con más de 200 grupos de investigación. De estos, cerca de 11 pertenecen a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y algunos se especializan en formulación farmacéutica», afirmó Weber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia.

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La Facultad de Inteligencia Artificial de Zipaquirá será un espacio físico y virtual creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con actores estratégicos y que estará bajo la administración de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle, con el propósito de liderar el desarrollo, uso y apropiación de la inteligencia artificial en Colombia, con proyección regional hacia América Latina y el Caribe.

En lo social, la Facultad busca democratizar el acceso al conocimiento en inteligencia artificial, de manera que jóvenes, investigadores, emprendedores y ciudadanos puedan participar activamente en la construcción de soluciones a problemas reales. Esto se traducirá en mayor inclusión digital, formación en competencias de alta demanda y reducción de brechas de acceso a las tecnologías emergentes.

La inversión en el proyecto asciende a 131 mil millones de pesos por parte de MinTIC y 12 mil millones de pesos más entregados por el ministerio de Educación. Recursos destinados a la construcción de la obra y posterior dotación de los espacios educativos.

Los contratos de construcción de obra y de interventoría iniciaron formalmente el 5 de septiembre de 2025 y se estima que la entrega del moderno edificio se de en diciembre de 2026, convirtiéndose en un espacio que no solo concentra infraestructura de última generación, sino que también impulsa procesos de innovación y transformación en los ámbitos social, económico y educativo.

Con este proyecto, se generan condiciones para que la inteligencia artificial sea un motor del progreso regional y nacional, acercando a las comunidades a las oportunidades de la cuarta revolución industrial, y en lo educativo garantizar que la Facultad sea un referente en formación especializada, con programas diseñados para responder a las necesidades del país y

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En un giro inesperado que ha alarmado a la comunidad científica y a legisladores, la administración Trump ha despedido abruptamente a los 400 científicos encargados de la Sexta Evaluación Nacional del Clima, un informe clave para la política ambiental de Estados Unidos. Esta decisión, sumada a la cancelación del contrato con la consultora ICF International, pone en entredicho el cumplimiento de un mandato legal y deja al país sin una guía fundamental para enfrentar los retos del cambio climático.

Evaluación Nacional del Clima: Un pilar bajo amenaza

El valor estratégico del informe

La Evaluación Nacional del Clima es un informe cuatrienal, requerido por el Congreso desde 1990, que analiza los impactos del cambio climático en Estados Unidos. Sus hallazgos son cruciales para que gobiernos locales, empresas y ciudadanos tomen decisiones informadas sobre adaptación y resiliencia ante fenómenos como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de precipitación y la gestión de incendios forestales.

La abrupta destitución de los científicos y la suspensión del soporte técnico comprometen la continuidad y la calidad del informe, cuyo objetivo es ofrecer una visión integral y actualizada sobre los riesgos y oportunidades que enfrenta el país en materia climática.

Implicaciones para la política y la sociedad

El informe ha servido históricamente como herramienta fundamental para la formulación de políticas públicas y estrategias empresariales. Sin este insumo, expertos advierten que Estados Unidos podría «volar a ciegas» en un contexto global cada vez más afectado por el calentamiento global. La falta de información confiable debilita la capacidad de respuesta ante desastres naturales y dificulta la planificación a largo plazo.

El impacto de la cancelación del contrato de la USGCRP

Desmantelamiento de la infraestructura científica

La decisión de cancelar el contrato de la NASA con ICF International, valorado en 34 millones de dólares, ha dejado sin recursos a la Oficina del Programa de Investigación del Cambio Global de EE. UU. (USGCRP), responsable de coordinar la evaluación entre 13 agencias federales. Esta medida no solo afecta la elaboración del informe, sino que también rompe la coordinación científica entre agencias como NASA, NOAA y el Departamento de Energía.

Con la pérdida de financiamiento, al menos dos docenas de empleados de la USGCRP quedarán sin apoyo, y la oficina podría quedar prácticamente desmantelada. Según Donald Wuebbles, líder de la evaluación anterior, esta situación es «perjudicial para el país», ya que elimina un espacio de coordinación clave para evitar duplicidades y lagunas en la investigación climática.

Consecuencias para la investigación y la toma de decisiones

La falta de una evaluación nacional actualizada afecta directamente a sectores que dependen de información científica para planificar inversiones y estrategias de mitigación. Empresas, gobiernos estatales y locales, y organizaciones de la sociedad civil pierden así una fuente confiable para anticipar riesgos y oportunidades asociados al cambio climático.

Mandato legal en entredicho

Riesgo de incumplimiento del Congreso

La Global Change Research Act de 1990 establece que el gobierno federal debe entregar la Evaluación Nacional del Clima al Congreso y al presidente cada cuatro años. La actual crisis pone en duda el cumplimiento de este mandato legal, lo que podría derivar en acciones legislativas para exigir responsabilidades o restaurar el proceso.

El informe no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental. La interrupción de su elaboración representa un retroceso significativo en la gestión del cambio climático a nivel federal.

Contexto de recortes y desmantelamiento institucional

Esta decisión se suma a una serie de acciones previas de la administración Trump, como la reducción del 30% del presupuesto de la NOAA, el cierre de la Oficina para el Cambio Global del Departamento de Estado y la eliminación de referencias al cambio climático en portales oficiales. Para expertos como la Dra. Rachel Cleetus, «intentar enterrar este informe no alterará los hechos científicos, pero sin esta información el país corre un riesgo mayor».

La situación actual responde también a recomendaciones de grupos de presión como la Heritage Foundation, que han propuesto incluir «puntos de vista más diversos» y revisar la estructura del USGCRP, lo que podría debilitar aún más la integridad científica del proceso.

Una encrucijada para la ciencia y la política climática

El despido masivo de científicos y la cancelación de contratos esenciales ponen en riesgo la capacidad de Estados Unidos para liderar y adaptarse frente al cambio climático. Sin una evaluación nacional rigurosa y coordinada, el país pierde una brújula indispensable para navegar los desafíos ambientales del siglo XXI.

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El Gobierno Nacional ha anunciado una inversión de 2.9 billones de pesos destinados a fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el país. Estos recursos, que provienen de las regalías, serán distribuidos entre diversos proyectos de investigación en tecnología. El Valle del Cauca será una de las regiones beneficiadas, junto con otras áreas de Colombia. La convocatoria, liderada por el Ministerio de Ciencias, busca financiar iniciativas en seis modalidades de investigación.

Inversión para el desarrollo tecnológico

El Ministerio de Ciencias ha sido el encargado de lanzar esta convocatoria, que permitirá a académicos, investigadores, universidades, empresarios y organizaciones sociales participar en la postulación de proyectos. La finalidad de esta inversión es potenciar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país, promoviendo así la competitividad y el crecimiento económico en diversas regiones.

Modalidades de investigación

Los proyectos seleccionados recibirán financiación en seis áreas específicas de investigación. Estas incluyen el fortalecimiento de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, la agroecología, la salud pública, y la capacidad de los territorios para producir conocimiento. Esta iniciativa busca responder a las necesidades locales y potenciar los recursos y talentos existentes en cada región.

Expectativas y opiniones de los funcionarios locales

Durante un evento de socialización en Cali, organizado por el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), varios funcionarios expresaron su optimismo ante esta convocatoria. Diego Fernando Carrillo, funcionario de la Alcaldía de Buga, señaló: “Estas convocatorias llegan en un momento crucial para impulsar el desarrollo de la innovación y tecnología en nuestros territorios”. Por su parte, Ana María Pérez, funcionaria de la Alcaldía de Zarzal, destacó los avances que el gobierno ha logrado en estas áreas y cómo esto ha facilitado el acercamiento y progreso de los municipios en términos de ciencia y tecnología.

Plazo para la postulación

La convocatoria estará abierta hasta el 9 de septiembre de 2024. Aquellos interesados en participar pueden encontrar más información y los requisitos de postulación en la página web oficial del Ministerio de Ciencias: www.minciencias.gov.co.

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