Colombia enfrentará el próximo año unas elecciones que podrían marcar su rumbo por largo tiempo. A primera vista, puede parecer una jornada electoral más para elegir presidente y congresistas. Sin embargo, en el fondo se trata de una contienda trascendental que definirá el destino del país. Lo que está en juego es un pulso entre la voluntad popular y la presión de poderes internos y externos que buscan imponer su propia visión sobre el futuro de Colombia.

El contexto internacional envía señales que no podemos ignorar. En Estados Unidos, políticos como Donald Trump han abandonado cualquier apariencia de neutralidad. Sus declaraciones públicas revelan una clara intención de intervenir en los asuntos internos de Colombia, utilizando la lucha contra las drogas como pretexto para avanzar en sus objetivos geopolíticos de control regional.

Esta amenaza no es solo retórica. Se expresa en hechos concretos, como presiones económicas, discursos intimidantes y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Esta medida, lejos de ser un trámite administrativo, constituye una calumnia y una agresión política con graves repercusiones para la imagen y la estabilidad del país.

Pero esta injerencia no actúa sola. Encuentra aliados dentro de Colombia. Sectores del gran capital y representantes de la vieja política han decidido alinearse con esta ofensiva externa para proteger sus privilegios. No defienden la democracia ni el bienestar nacional. Defienden sus intereses particulares aunque ello implique socavar la soberanía y perpetuar la desigualdad que ha golpeado por décadas a la mayoría de los colombianos.

Para estas élites, el proyecto progresista representa una amenaza existencial, no porque gestione mal, sino porque se atreve a cuestionar y transformar un orden económico construido para beneficio de pocos. Por eso recurren a una estrategia de sabotaje constante: bloqueo de reformas en el Congreso, judicialización selectiva y campañas de desprestigio que se multiplican en los grandes medios.

La oposición ha sustituido el debate de ideas por una guerra emocional. En lugar de proponer alternativas, promueve el miedo y alimenta la rabia social con narrativas fabricadas. Moldean emociones, crean enemigos imaginarios y buscan que la desconfianza se instale como un estado permanente. Así intentan despojar a la democracia de su sentido deliberativo y convertirla en un espectáculo de manipulación emocional.

Colombia se encuentra en una encrucijada histórica donde se enfrentan dos visiones incompatibles: una restauración conservadora que alimenta los fantasmas del pasado y una propuesta de transformación democrática que lucha por sobrevivir en un terreno lleno de obstáculos y sabotajes.

Las elecciones de 2026 no serán un simple trámite institucional. Serán una prueba de nuestra madurez como sociedad ante la manipulación digital, la presión extranjera y la violencia política. En este ambiente hostil, el progresismo tiene el enorme reto de demostrar que la política puede ser honesta, transparente y conectada con las aspiraciones populares sin recurrir a engaños ni simulaciones.

La batalla decisiva será defender el proyecto de transformación frente a quienes buscan imponer retrocesos que ya superamos como sociedad. Defender el cambio significa reafirmar que la dignidad humana y la justicia social no se negocian. Implica disputar la verdad frente a la mentira organizada e impedir que la resignación vuelva a ser la norma. Y reafirmar que la soberanía no se mendiga ni se delega, sino que se ejerce con decisión política y con la fuerza activa del pueblo.

El cambio no puede reducirse a un simple relevo de nombres en el Congreso o la Presidencia. Requiere consolidar un pacto ético y cultural —un verdadero pacto histórico— que transforme la manera en que concebimos el Estado, la economía y la vida en comunidad. Con la convicción de que la política debe recuperar su sentido de servicio público, y de que el Estado ha de reafirmar su papel como garante del bien común, de los derechos colectivos y de la justicia social, no como una empresa subordinada a intereses privados. La transformación auténtica comienza cuando la ciudadanía asume una participación consciente y activa, deja de ser espectadora de las decisiones y se reconoce como sujeto político capaz de construir, junto con otros, el destino común de la nación.

La lucha por la soberanía también es una lucha por la independencia del pensamiento. Colombia necesita liberarse del tutelaje ideológico que impone la dependencia económica y mediática. No habrá soberanía mientras los grandes medios corporativos de información determinen qué es verdad, qué es progreso y qué debe pensar la gente. Por eso, defender el cambio implica también democratizar la información, fortalecer la educación pública y promover una ciudadanía crítica capaz de resistir la manipulación masiva.

El 2026 será más que una fecha electoral. Será una oportunidad histórica para decidir si seguimos atrapados en los círculos del miedo o si nos atrevemos a construir un país más digno, más justo y más libre. La historia no está escrita. Cada voto para preservar lo que hemos logrado, cada conciencia despierta, puede ser la semilla del comienzo de una nueva etapa en la larga búsqueda de justicia y soberanía que Colombia merece.

La soberanía se ejerce cuando la memoria histórica nos protege del olvido, cuando la ciudadanía se une para decidir su destino sin tutelas externas ni élites que pretendan monopolizar el futuro. En un país donde se intenta gobernar desde el miedo, imaginar un porvenir más justo es un gesto de valentía.

El futuro de Colombia no lo escribirán quienes buscan controlarla. Lo escribirán las y los colombianos que se niegan a renunciar a la esperanza. Soñar, pensar críticamente y votar con conciencia son hoy los actos más profundos de resistencia.

El país que queremos aún está en nuestras manos… y estamos a tiempo de defenderlo.

*Ingeniero Químico- Profesor de la Universidad de Antioquia

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Las largas filas exigiendo ante las pocas urnas dispuestas para la votación, dan buena cuenta del deseo y la necesidad de consolidar una expresión electoral de tipo verdaderamente popular. Ya no es la clase media de las grandes ciudades la que definirá la conformación de las corporaciones legislativas, ahora será el verdadero pueblo clásicamente abstencionista el que exigirá resultados y madrugará a votar.

En esas filas después de las cuatro de la tarde vimos adultos mayores trabajadores informales, obreros y ancianos, también a las madres comunitarias y  las negritudes de la tercera edad, a los maestros, a los funcionarios de la salud, a los pensionados y a algunos indígenas que no encontraron las mesas de votación cercanas a sus resguardos, o dispuestas en las poblaciones de las cuencas de los grandes ríos.

Esa nueva cauda electoral estimulada por las reformas y los grandes logros del gobierno, alimenta una esperanza y protege al electorado de un posible fraude elaborado con las sutilezas de una informática mal intencionada, o una actitud inescrupulosa en el conteo, o en la de aposta fallida disposición geográfica de las mesas de votación.

El pueblo colombiano ese que siempre estuvo oculto esperando las dádivas de quienes dilapidan y administran para sí el erario público, ya dejó la indiferencia y un espíritu de combativa dignidad los alienta. Los votos obtenidos por Carolina Corcho nos hablan de la expresión femenina en las urnas, y el compromiso del trabajador de la salud por mejorar sus condiciones laborales para así brindar una mejor atención a los usuarios y lograr una cobertura mayor, no sólo expresada en un carnet o en una escarapela.

Los nueve millones de víctimas del despojo, el  asesinato y el desplazamiento, verán en Iván Cepeda a su  ángel redentor, que como ellos, sufrió el dolor de perder a un ser querido y esperan que se haga justicia castigando a  quienes utilizando la fuerza del Estado, los masacró y les quitó su parcela.

Ya no serán, como decíamos, las clases medias acostumbradas a vivir de la burocracia o las sobras de la rapiña de las élites quienes elegirán  a nuestros gobernantes.

El estudiante pobre que ya goza de los beneficios de la educación pública gratuita y de buena calidad, y los millones de hijos de los desplazados del genocidio paramilitar, serán quienes engrosarán la cauda electoral.

Con Iván Cepeda se reforzarán los diálogos con las disidencias narcotraficantes buscando consolidar una Ley de Sometimiento sabiendo que el negocio del narcotráfico dejó de ser colombiano para convertirse en una empresa transnacional en donde los carteles regionales ya prácticamente quedaron relegados al cultivo y la producción. La política de sustitución de cultivos empieza a ser exitosa, y llegará un día en que las zonas del Catatumbo y el Cañón del Micay estarán ausentes de guerrilla y con una política de legalización que por más que se deseche en la actualidad, se impone.

El progreso debe ser imparable y con él, la disposición histórica de un cambio de paradigma hacia un transformación social inclusiva y sostenida en Colombia, aceptando nuestros errores, nuestras heridas y el daño aún reparable que se le ha hecho a millones de compatriotas.

Si bien la votación en las grandes ciudades se contrajo un poco, en la periferia aumentó y fue arrolladora. Zonas como la costa Caribe, el Chocó, el Cauca, Nariño, el Putumayo y los otrora territorios nacionales, dan buena cuenta del apoyo al gobierno y esperan que el próximo año se consolide con la presidencia de Iván Cepeda y un Congreso renovado y progresista.

El objetivo ahora es el de trabajar pedagógicamente las comunidades menos favorecidas de las capitales en especial el Área Metropolitana del Valle del Aburrá, donde el abstencionismo es norma, y en donde el uribismo asienta con especial predilección sus garras seductoras visitando centros comerciales, plazas y concentraciones educativas. Con el resultado reciente de la convocatoria electoral a los jóvenes, el riesgo de perder esta franja sigue siendo alto.

Colombia va mucho más allá de quienes manipulan los medios hablando pestes del presidente y su gobierno, más allá de los favorecidos por una herencia de bondades y que están dispuestos a entregar la dignidad nacional a los dictados de un megalómano genocida como Donald Trump.

Los más de treinta millones de compatriotas que esperan tener oportunidades y ser redimidos por las reformas; esos mismos quienes después de cerrar las mesas de votación, no quisieron regresar a su casa, o a su rancho, ya están seguros de dar su voto por la esperanza en un mejor país..

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