La decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos en su última reunión, a pesar de que tanto la inflación como el desempleo venían en descenso, no puede entenderse como un simple acto técnico. Todo indica que se trata de una jugada política deliberada, diseñada para deteriorar el clima económico justo antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y favorecer así a los candidatos de oposición, que hoy parten con baja favorabilidad pero con una poderosa palanca en sus manos.

Para los economistas expertos, cuando una economía muestra señales de mejora, subir agresivamente las tasas de interés no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del manejo macroeconómico. Afirman que encarecer el crédito en ese momento frena la inversión, reduce el consumo y, a mediano plazo, destruye empleo.

Algunos economistas y exministros de Hacienda han recurrido al principio de autoridad para pretender blindar esa decisión frente a cualquier crítica sobre su pertinencia o validez, elevando a la condición de incuestionable la supuesta autonomía de la Junta frente a cualquier interés distinto al de preservar un desempeño eficiente de la economía.

Sin embargo, la autoridad académica y la autonomía  institucional no pueden asumirse como dogma. Lo que está en duda y en discusión es precisamente si subir la tasa es la decisión conveniente, sustentada apenas en la presunción teórica de un incremento de la inflación cuando no existe ningún dato que confirme su aumento en los dos meses siguientes al alza del salario mínimo en el 23%. La autonomía no otorga inmunidad frente al escrutinio público ni frente al cuestionamiento sobre la pertinencia de decisiones que se maquillan de independencia y autoridad técnica. 

La única explicación coherente para esa decisión «técnica» de la Junta del Banco no es un objetivo económico, sino uno político: crear las condiciones para que el gobierno actual cargue con el costo electoral de una recesión que otros provocaron.

Para ubicar en un contexto interpretativo más amplio, la pretensión de esa decisión, basta comparar lo que hicieron en el mismo período los dos bancos centrales más influyentes del mundo. En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia sin  cambios en el rango de 3,5 a 3,75 % en su reunión de marzo de 2026, luego de haber realizado tres recortes consecutivos a lo largo de 2025. Esa decisión de bajar tasas respondió a señales de debilitamiento del mercado laboral, aun cuando la inflación seguía por encima de la meta del 2%. Con una inflación proyectada del 2,7 % y un desempleo del 4,4% para 2026, la Fed eligió proteger el empleo y esperar.

En la zona euro, el contraste es aún más revelador. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa principal en el 2,15 %, en una pausa que acumulaba ya cinco reuniones consecutivas sin cambios, tras un ciclo de ocho recortes previos. La inflación en Europa cayó al 1,7 % en enero de 2026, prácticamente en la meta, y el desempleo se ubicó en el 6,2% con  tendencia estable. Ante ese panorama, el BCE no movió las tasas ni hacia arriba ni hacia abajo.

Colombia, en ese mismo momento, vivía sus mejores cifras laborales en lo que va del siglo. El desempleo cerró 2025 en el 8,9% promedio anual, el nivel más bajo registrado desde 2001, y en febrero de 2026 cayó  al 9,2%, con una reducción de 1,1 puntos  porcentuales frente al mismo mes del año anterior. La inflación, aunque todavía por encima de la meta del 3%, venía descendiendo desde su pico de 2023 y cerró 2025 en el 5,1%. El cuadro era, en términos relativos, el más alentador que había tenido Colombia en años.  Y fue precisamente en ese contexto macroeconómico cuando la Junta del Banco de la República decidió subir las tasas de forma agresiva, acumulando 200 puntos básicos en menos de dos meses.

La diferencia no es solo de magnitud sino de dirección y de criterio. La Fed y el BCE actúan con cautela en entornos de incertidumbre, priorizando el empleo cuando la inflación ya está bajo control o en descenso. El Banco de la República, en cambio, apretó el acelerador justo cuando los datos domésticos mostraban la mejor combinación de empleo e inflación a la baja que Colombia había visto en décadas.

Un banco central que sube tasas mientras los demás las mantienen o las bajan, y que lo hace cuando su propia economía muestra señales históricamente positivas, no está siguiendo la ciencia económica: está persiguiendo otro objetivo. Usando la economía como arma política para enfrentar decisiones del gobierno del cambio.

¿El aumento del salario mínimo del 23 %, un logro bandera del gobierno, le sirvió a la oposición dentro de la Junta del Banco como pretexto para justificar la de tasas? El argumento implícito fue que el gobierno era irresponsable y que ellos venían a poner orden. Pero ese orden no favorece a las familias ni a las pequeñas empresas, sino a los sectores financieros y rentistas.

Lo cierto es que el aumento de la tasa de interés golpea de manera directa y comprobada al empleo real, a la clase media, al obrero y a las pequeñas empresas, para quienes se encarece tanto el crédito así como el precio de algunos productos y servicios.

Con esta maniobra, la oposición busca movilizar a empresarios, ahorradores y clases medias a quienes  afecta el encarecimiento del crédito, que temen el desborde inflacionario, aunque el propio desborde que invocan no existía antes de su intervención.

Una economía artificialmente enfriada genera desempleo, caída de ingresos y descontento en la gente. El gobierno llegará entonces a las urnas cargando el peso de una recesión técnica inducida por quienes, desde el Banco de la República, son sus propios adversarios. En ese escenario, la oposición no necesita ganar por sus propios méritos. Le basta con desprestigiar al gobierno del cambio por asfixia económica y capitalizar después el voto de protesta.

Los elementos que apuntan a esta estrategia son difíciles de ignorar. El alza de 200 puntos se concentró en un período brevísimo, justo a dos meses de la primera vuelta de la elección presidencial. Los miembros de la Junta del Banco de la República, con afinidades opositoras, votaron en bloque a favor de la medida. La autonomía formal del Banco no borra el  hecho de que sus integrantes tienen posiciones políticas conocidas. Cuando esas posiciones coinciden exactamente con una decisión que daña al gobierno y beneficia a sus contendientes, la supuesta neutralidad de la institución se vuelve insostenible.

El resultado más grave de todo esto no es electoral sino humano. Los trabajadores formales pueden perder sus empleos, los pequeños empresarios no pueden acceder al crédito y los hogares endeudados ven sus cuotas volverse impagables. Mientras tanto, la oposición, con baja popularidad y todo, gana un argumento de campaña listo para usar: la economía está mal y la culpa es del gobierno. Lo que nunca dicen es que ellos mismos, desde el Banco de la República, contribuyeron a hacerla añicos.

La tasa de interés ha dejado de ser una herramienta al servicio del bienestar general para convertirse en un arma de guerra política. El objetivo es deteriorar las condiciones económicas, erosionar el apoyo popular al gobierno, posicionar a la oposición como una alternativa de orden y, en el mejor de los casos para ellos, llegar a una segunda vuelta con posibilidades reales de remontada.

Mientras la Reserva Federal y el Banco Central  Europeo (BCE) calibran sus decisiones mirando los datos, protegiéndose de la incertidumbre y evitando hacerle daño innecesario a sus economías, la Junta del Banco de la República subió las tasas en contravía de la evidencia, en contravía del ciclo global y en contravía de sus propias cifras de empleo. La ciudadanía, una vez más, termina pagando los platos  rotos de una disputa en la que la economía es el  campo de batalla y las personas corrientes son el daño colateral.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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“El Gobierno está estudiando una serie de medidas para sectores como la producción de vivienda, la producción agropecuaria, la producción manufacturera, de la pequeña y mediana industria, etc. Son medidas compensatorias que alivien el efecto de esta decisión del Banco de la República y que, en general, van a presionar el incremento de las tasas de interés de colocación del crédito productivo”, aseguró el funcionario en declaraciones al Sistema de Medios Púbicos.

“Esperamos –dijo el ministro- que en los próximos días se conozcan varias de las medidas que vamos a adoptar y que pretenden equilibrar la situación que se está presentando como resultado de esta decisión” del Emisor, agregó.

Explicó el jefe de la cartera de finanzas que cuando suben las tasas de interés de inmediato suben los costos de los créditos hipotecarios, los costos de los créditos para la industria manufacturera, suben los costos para todos los sectores que están buscando ampliar su producción.

“Es decir, se transmite ese mayor costo de la tasa de referencia del Banco de la República en los precios del consumo de todas las familias que quieren comprar vivienda, o comprar un producto manufacturado o un producto agrícola. Y ese mayor costo también va a desestimular la inversión de los sectores productivos, y eso hace generar lo que se lama la contracción de la economía, o también lo que se llamaría de enfriamiento de la economía”, sostuvo el ministro.

Foro académico sobre tasas de interés

Tal como advirtió el ministro de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de marzo, cuando anunció su retiro de la Junta Directiva del Emisor, el Gobierno de las Oportunidades realizará un foro académico con la participación de expertos sobre la política monetaria del Bando de la República.

El propósito de este evento, añadió es que “el país conozca diferentes visiones sobre el maneo de la economía, el manejo de la política monetaria, y eso también conduzca a ampliar la visión que hoy en día tiene la Junta Directiva del Banco de la República”.

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Según el mandatario, esta determinación de una “mayoría duquista» en el emisor ignora la reducción real de la inflación y prioriza un modelo neoliberal que beneficia a sectores rentistas y acreedores, castigando la producción nacional y el bolsillo de las familias trabajadoras colombianas.

Esta postura presidencial coincide con una carta de respaldo de cerca de 30 páginas de diversos sectores, que incluyen al gabinete ministerial, sindicatos, organizaciones sociales y reconocidos economistas y académicos de universidades.

En la misiva los firmantes argumentan que, con su decisión de subir la tasa de interés, el “Banco de la República opera como un representante político de los rentistas».

Asimismo, denuncian que la subida acumulada de tasas –que alcanzó 11,25 % entre enero y marzo– es una “reacción directa al aumento del salario mínimo» que golpea injustamente a hogares y pequeñas empresas, mientras favorece a los tenedores de títulos financieros.

El jefe de Estado alertó que este “monetarismo alucinado» provoca una revaluación del peso que afecta la producción local, vinculando estas acciones con un intento de la derecha por recuperar el poder frenando el mandato popular de 2022.

Igualmente, la misiva critica que el Banco de la República no transparente los costos distributivos de sus decisiones, señalando que la independencia constitucional de la entidad no es una “autorización para actuar de espaldas a la sociedad» ni para desvincularse de los objetivos generales de la política económica del país.

Para el mandatario, la actual Junta Directiva ha “avasallado» la Constitución de 1991 al no coordinar con el Ejecutivo, imponiendo una estrategia que protege a los sectores más acaudalados.

Por su parte, el frente amplio de firmantes, que agrupa desde víctimas campesinas y comerciantes hasta representantes de dispensarios cannábicos, exige que se abra una discusión pública sobre la política monetaria para ampliar el horizonte técnico con el que se define el rumbo financiero de la nación.

Finalmente, el presidente Petro reiteró que su gobierno no se dejará “extorsionar» por las mayorías políticas del pasado que permanecen en órganos de dirección económica, haciendo un llamado a que este debate culmine en una expresión del poder constituyente.​

Según las publicaciones del mandatario sobre el tema, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la construcción de una “economía de la vida», impulsando un diálogo democrático que permita superar las desigualdades históricas y garantizar que las instituciones financieras respondan a las necesidades reales de la gente.

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La decisión del Banco de la República de sostener la tasa de interés en niveles d el 11,5% no puede seguir siendo presentada como un asunto meramente técnico. No lo es. Es una decisión que define ganadores y perdedores, que ordena prioridades y que, en la práctica, está incidiendo sobre quién puede crecer y quién queda rezagado en la economía.

Hoy, esa decisión está golpeando con mayor fuerza a la clase trabajadora, a los pequeños y medianos empresarios y a los sectores productivos que sostienen la economía real. Porque cuando sube la tasa de interés, no solo se encarece el crédito: se restringe la posibilidad de emprender, de sostener un negocio, de acceder a vivienda, de invertir. Se limita, en últimas, la vida digna.

Como lo ha planteado el economista Jorge Coronel, hay una pregunta que no se está haciendo con suficiente fuerza: ¿a quién escucha realmente el Banco de la República cuando toma estas decisiones? Durante años, el diálogo ha estado concentrado en el sector financiero y en centros de pensamiento cercanos a esa lógica. Mientras tanto, las organizaciones sociales, los sindicatos, el campesinado, las economías populares y los pequeños empresarios han sido históricamente excluidos de estos espacios.

Esta ausencia no es anecdótica. Tiene consecuencias concretas. Porque cuando no se escuchan las voces de quienes viven la economía desde abajo, se terminan tomando decisiones que profundizan las desigualdades.

Subir la tasa de interés produce una clara asimetría distributiva: eleva los costos para quienes dependen del crédito —hogares y sectores productivos—, mientras el sistema financiero mantiene su rentabilidad sin importar el ciclo económico. Es decir, incluso en momentos de desaceleración, los bancos siguen ganando, mientras la mayoría de la población ajusta su consumo, sus ingresos y sus posibilidades de futuro.

Y esto ocurre en un momento en el que el país empieza a mostrar señales de recuperación en sectores clave como el agro, la industria, el comercio y la cultura. Sectores que requieren financiamiento para consolidarse, generar empleo y sostener el crecimiento. Sin embargo, la política monetaria actual parece operar en contravía de esa realidad.

Se insiste en la “independencia” del Banco de la República como argumento para justificar estas decisiones. Pero esa independencia no puede convertirse en aislamiento. Un banco central no puede ser independiente de la sociedad. No puede escuchar solo a unos sectores y cerrar la puerta a otros. No puede priorizar un objetivo abstracto como la inflación mientras desconoce sus impactos sociales.

Aquí hay, además, una ruptura preocupante: la falta de coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Mientras desde distintos frentes se intenta impulsar la reactivación económica, la tasa de interés actúa como un freno que encarece el crédito y limita la inversión.

Por eso, más que un debate técnico, lo que está en juego es un debate político y ético: ¿cuál es el centro de la política económica?

No se trata de desconocer la importancia de la estabilidad macroeconómica, sino de cuestionar una visión que la pone por encima de la vida misma. Una economía que no mejora las condiciones de la gente no puede considerarse exitosa.

Hoy el llamado es claro: abrir el debate, democratizar las decisiones económicas y reconocer que la política monetaria también debe responder a las necesidades de las mayorías. Escuchar a quienes históricamente han sido excluidos no es un gesto simbólico, es una condición para construir un modelo económico más justo.

Porque si la economía no está al servicio de las bases populares, entonces ¿al servicio de quién está?

*Senadora electa por el Pacto Histórico

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decidió retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República, organismo que preside, debido a las “errática política monetaria” que ha venido implementando esa instancia.

El anuncio lo hizo este martes el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, quien se retiró de la sesión de hoy, ya que cuatro de los otros seis miembros propusieron aumentar en otros 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia que estaba en 10,25%.

“En la reunión de hoy sustentamos la inconveniencia de la propuesta de cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar de manera desproporcionada la tasa de interés de referencia en otros 100 puntos básicos, después de haberla subido 100 puntos básicos en enero”, aseguró el ministro Ávila Plazas.

De hecho, la nueva tasa de interés fue aprobada en la sesión de hoy en 11,25%, según el comunicado del Emisor.

Las razones del Gobierno

El ministro de Hacienda ofreció una rueda de prensa en la sede de la cartera, en la que explicó las otras razones de la decisión del Gobierno. Entre otros argumentos, consideró:

– “Consideramos que esta propuesta afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económico que ha tenido el país”.

– “Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República”.

– “Consideramos que es un despropósito, en el actual contexto internacional y nacional, plantear medidas de política monetaria que van a incidir a una contracción de la economía en un momento decisorio de sostenibilidad económica del país”.

– “La decisión de estos cuatro miembros de la Junta Directiva van en clara contravía de una dinámica económica que estamos viviendo y que afectan de manera importante los objetivos que hemos planteado desde el Gobierno nacional”.

– “Las decisiones del Banco de la República están supeditadas a las encuestas de opinión y analistas de 25 entidades financieras y centros de pensamiento, que el equipo económico del Banco de la República consulta, y con base en ellas decide el futuro de la política monetaria del país, sin tener en cuenta que allí hay intereses cruzados del mercado financiero en la búsqueda de rentabilidad con la deuda pública”.

– “Creemos que existe un claro conflicto de intereses entre la economía rentista y la economía productiva. Cuatro miembros de la Junta Directiva se han alineado claramente con la economía rentista, obedeciendo a los intereses de rentabilidad financiera a través de las medidas que se adoptan en esta Junta Directiva”.

– “Se argumenta la independencia, que nosotros defendemos, pero no se puede defender unos intereses particulares, haciendo abstracción de la sociedad colombiana”.

– “El Gobierno considera que son inocuas las medidas que ha adoptado la mayoría de miembros de la Junta Directiva para controlar la inflación, creemos que hay que seguir con el esfuerzo de apoyar a los sectores de la producción real de la economía”.

Con estos argumentos, el ministro Germán Ávila aseguró: “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha decidido retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República, y el gobierno establece una distancia clara y determinante con esta junta que está tomando decisiones irresponsables con el país, y absolutamente incoherentes con la realidad mundial y el momento económico que está viviendo el país”.

El jefe de la cartera concluyó que la decisión de aumentar otros 100 puntos básicos “es desproporcionada”, y aseguró que “no existe un banco central en el mundo que se atreva a tomar, en semejante coyuntura, las decisiones que se están tomando en esta Junta Directiva del Banco de la República de Colombia”.

Por último, Ávila Plazas propuso convocar a la sociedad a un gran debate público sobre la política monetaria y el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. “Creemos que es necesario abrir este debate en donde se conozcan las diferentes visiones y concepciones de la economía, y no solamente una visión excluyente de los analistas que representan al sector financiero”, concluyó.

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