Durante su visita al nuevo hospital de Timbío, Cauca, y el inicio protocolario del proyecto Estanquillo – Popayán, el mandatario hizo referencia a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente, mientras falla de fondo, el Decreto 0415 de 2026 para que los fondos privados trasladen a Colpensiones más de $25 billones de unos 130 mil trabajadores que se trasladaron a régimen público.

“Por eso hay una reunión con César Ferrari (superintendente Financiero) y la Superintendencia asume su función: una delegación de funciones constitucionales del presidente, porque la Constitución de 1991 dice explícitamente que el presidente debe cuidar el ahorro de todas y todos los colombianos’, aseguró.

Se refiere el Jefe del Estado a los numerales 24, 25 y 26 del artículo 188 constitucional en los que se definen cuáles son las funciones del Presidente de la República.

Al respecto, aseguró: “Lo repito aquí, no me asusta decirlo como Jefe del Estado de Colombia elegido por voto popular: el magistrado (se refiere al consejero de Estado Juan Enrique Bedoya, ponente de la suspensión del Decreto 0415 de 2026) y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito, y he ordenado su denuncia como me corresponde por la ley; y si los banqueros no trasladan los ahorros que no le pertenecen a los trabajadores que se han pensionado, ya dijo el director de Asofondos (Andrés Velasco) que no que es una acción de trasladarse a Colpensiones, es una renuncia del ahorro, y también se denuncia penalmente’, enfatizó el mandatario.

Agregó que el deber de un banquero, como lo ratificó Colombia con la Convención de Basilea, es que “el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro, punto. Lo demás se llama robo y aquí no tenemos ni queremos tener banqueros bandidos’, insistió.

Los Acuerdos de Basilea son tres, suscritos entre los años 1988 y 2004, suscritos por Colombia, y que establecen normas internacionales de supervisión de las operaciones bancarias.

El mandatario recalcó que su misión es hacer cumplir el Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991, en este caso frente al derecho pensional de los trabajadores colombianos.

“Entonces, ningún magistrado me puede demostrar con los libros del Derecho y con la Constitución y las leyes de Colombia que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores de toda la vida para gozárselos en utilidades, que les quiten el dinero de la pensión ganada legítimamente cuando ya tienen el derecho y disfrutar algo su vida, con sus hijos, y no hay nada que decir. Este presidente no echa un pie atrás ante la justicia no me confundan la palabra justicia con injusticia’, concluyó el presidente Petro.

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La discusión sobre la nueva reforma tributaria no solo gira en torno a las medidas fiscales del gobierno. Detrás de las cifras y las proyecciones de recaudo aparece un actor silencioso pero decisivo: el lobby de los sectores empresariales, capaz de inclinar la balanza en el Congreso.

El proyecto, que pretende recaudar 26 billones de pesos, toca a sectores estratégicos como las apuestas en línea, las iglesias, los bancos, los fondos de inversión, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Si bien estas medidas podrían fortalecer las finanzas públicas, también despiertan la resistencia de grupos con amplia capacidad económica y política.

El papel del lobby en el Congreso

El lobby no es nuevo en la política colombiana, pero adquiere mayor protagonismo cuando el gobierno busca aprobar una reforma con amplio impacto económico. Empresas como Bavaria, que en 2023 destinó 5.600 millones de pesos a seis partidos políticos, y el Grupo Aval, que en 2022 invirtió 11.000 millones de pesos en campañas al Congreso, representan solo dos ejemplos de cómo el sector privado garantiza canales de influencia directa.

Estas contribuciones no solo abren puertas en los pasillos legislativos, sino que también generan compromisos políticos. Muchos congresistas, en busca de reelección, dependen del respaldo financiero de los mismos sectores que ahora serían afectados por la reforma.

Sectores estratégicos en juego

La reforma pone en la mira negocios que durante años estuvieron blindados de mayores cargas tributarias. Las casas de apuestas en línea, la industria cervecera, los bancos y las iglesias aparecen como los principales objetivos del gobierno. No obstante, la capacidad de presión de estos sectores anticipa una batalla legislativa intensa.

El caso de los bancos y aseguradoras es particularmente sensible: han registrado utilidades históricas en los últimos años y serían gravados con un impuesto de renta del 50%. En paralelo, la tributación a las iglesias se convierte en un tema políticamente explosivo, dado su peso electoral y su capacidad de movilización en el Congreso.

El incentivo político y las negociaciones

Más allá del rechazo público a los impuestos, los congresistas ven la tributaria como una moneda de cambio. El presupuesto nacional de 2026, ligado directamente a la aprobación de la reforma, se convierte en el incentivo clave. Quienes respalden el proyecto tendrían mayor margen para gestionar recursos en sus regiones.

En este escenario, el lobby empresarial se entrelaza con las necesidades políticas de los legisladores. El resultado no dependerá únicamente de la solidez técnica de la reforma, sino de las negociaciones entre intereses económicos y aspiraciones electorales.

El debate que inicia en las comisiones económicas no solo definirá el futuro fiscal del país, sino que también revelará hasta qué punto los sectores empresariales logran mantener sus privilegios frente a una de las reformas más ambiciosas en la historia reciente.

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