Bogotá- enero de 2025 — Puerto Antioquia recibió oficialmente la certificación de la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) que lo acredita como Puerto Seguro, un hito clave dentro de su proceso de alistamiento para iniciar operaciones de comercio internacional y, sobre todo, un avance estratégico para el desarrollo del Urabá antioqueño y la región.

La certificación corresponde a la Declaración de Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP / ISPS), adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y de obligatorio cumplimiento para los puertos que atienden tráfico internacional. Como autoridad marítima nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) expide este documento a las instalaciones portuarias que acreditan la implementación efectiva de planes, protocolos, procedimientos, controles y capacitación del personal, garantizando condiciones adecuadas de protección y seguridad para las operaciones marítimas y portuarias, así como para la infraestructura, las embarcaciones, la carga y las personas que intervienen en la actividad portuaria.

Durante el acto de entrega de la certificación, el Capitán de Navío Germán Augusto Escobar, Coordinador General de la Dirección General Marítima, destacó el alcance de este logro para el país:  “Para la Dirección General Marítima, otorgar el certificado de protección a la instalación portuaria Puerto Antioquia es un logro importante que se ha venido construyendo a partir de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado, en el desarrollo de protocolos y procedimientos que nos permiten asegurar que las actividades marítimas y portuarias que se desarrollarán al interior del Golfo de Urabá se realicen de manera segura.

El mensaje que se envía es que el puerto cumple con los estándares internacionales para recibir buques de bandera extranjera de cualquier país y que se cumple con toda la normatividad vigente en seguridad portuaria, protección marítima y operación segura.”

Por su parte, Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia, subrayó que la certificación trasciende a la infraestructura portuaria y representa un hito para la región y su talento humano: “Más que para Puerto Antioquia, este es un logro para la región. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido certificados como un puerto de nivel uno, con capacidad para recibir naves de cualquier parte del mundo y garantizar una operación segura. Pero el verdadero significado está en que, con el acompañamiento de la Dimar, llevamos más de un año preparando las competencias de la región para asegurar que este sea un puerto de nivel uno manejado, operado y dirigido por personal de Urabá.

Este es un voto de confianza y una demostración de que, en Urabá, en Turbo y en Colombia se pueden lograr grandes cosas con dedicación, inversión y desarrollo del talento humano…” …”

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Mediante un comunicado público Puerto Antioquia desmintió informaciones publicadas durante las últimas horas en diferentes medios de comunicación en las cuales se anuncia la llegada de  un buque al puerto e inicio de operaciones, esto e falso manifestaron.

Comunicado a la opinión pública

Turbo, 8 de noviembre de 2025. Ante la circulación de

información sobre el primer buque de prueba en Puerto Antioquia, Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia informa que esta información no es cierta. No hay inicio de operaciones, no se están realizando pruebas ni se ha producido ningún atraque de buques en el muelle. Las imágenes que han circulado con un buque con carga en el puerto son falsas.

El Puerto recibió una visita privada organizada y coordinada por la Embajada de Francia en Colombia, la cual extendió una  invitación cerrada y cordial a algunas autoridades locales y nacionales para conocer el avance de la obra en construcción.

Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia comunicará  oportunamente el inicio oficial de sus operaciones, una vez  finalice la etapa de construcción y se cumplan los requisitos técnicos y normativos.

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El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien destacó la reducción de cerca del 50% en el reclutamiento forzado de menores de edad en esta zona del país. 

Esta cifra la contrastó con el aumentó en la neutralización de integrantes de esas estructuras criminales en al menos un 20%.

Confirmó además que cerca del 90 % de los campesinos desplazados por el accionar criminal de grupos ilegales en el norte de Antioquia ya retornaron a sus hogares, tras el esfuerzo de las autoridades para brindar las condiciones de seguridad.

Fortalecer la fuerza pública

El Gobierno ordenó el incremento del pie de fuerza con la llegada de 200 uniformados más en noviembre, que quedarán adscritos a la Cuarta Brigada del ejército.

La Armada continuará fortaleciendo su dispositivo fluvial para el control y patrullaje del río Cauca. Desde hace varias semanas se encuentran desplegados allí tres botes de bajo calado y una cuarta embarcación que llegará antes de que finalice este año. 

Este elemento fluvial llegará con su tripulación, la cual se encuentra entrenada y equipada para desarrollar operaciones militares en contra de los fenómenos de criminalidad.

Este aumento en el número de militares contribuirá a ampliar el control y la presencia territorial y así neutralizar el accionar delictivo estará acompañado con nuevas capacidades de inteligencia.

El número de integrantes de la Policía con un grupo adicional de operaciones especiales (GOES) y dos cápsulas investigativas que tendrán capacidades diferenciales, conformadas por un equipo multidisciplinar con énfasis en temas de investigación y judicialización.

Notificó que se estableció una inversión significativa en tecnología para mejorar las capacidades de la Fuerza Pública en temas de drones y antidrones, y así poder reaccionar de manera pronta y oportuna en la planeación de  operaciones ofensivas y defensivas.

Con este remozamiento del número de efectivos de la fuerza pública, dijo el ministro Sánchez, se vigorizan las labores operacionales y de control territorial para prevenir acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública.

Protección derechos humanos

El Ministerio del Interior confirmó que en noviembre estará presente en la región un subcomité de prevención enfocado a la protección de los derechos humanos, especialmente de las comunidades de Briceño, Yarumal y San Andrés de Cuerquia.

La Unidad de Víctimas estará presta para actuar en este campo atendiendo eventuales situaciones de desplazamiento forzado.

El Ministerio de Defensa dispuso durante las 24 horas del día de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, para que la población civil denuncie la presencia de miembros de grupos ilegales o la intención de estos de realizar acciones terroristas que puedan afectar la vida de la población civil y la Fuerza Pública.

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 La decisión de remover la observación negativa obedece al taponamiento definitivo del túnel de desviación derecho de Hidroituango, hito constructivo logrado el 19 de septiembre de 2024. “Con este riesgo eliminado, el proyecto se encuentra en una trayectoria estable hacia su finalización completa”, indicó Fitch Ratings.

 Al destacar la importancia de estas calificaciones de riesgo para la Empresa, John Maya Salazar, gerente general de EPM, dijo que “con este retiro de la observación negativa se brinda un mensaje de confianza al público inversionista y al mercado financiero en general y confirma los avances importantes llevados a cabo en el proyecto hidroeléctrico Ituango, lo que genera tranquilidad a las comunidades aguas abajo. La central Hidroituango ha aportado confiabilidad al sistema eléctrico colombiano, en una contribución al desarrollo del país y a la calidad de vida de los colombianos”.

Con las filiales

La observación negativa también le fue removida a las filiales del Grupo EPM: EPM Inversiones, EDEQ, CENS, CHEC, ESSA, Afinia y Aguas Nacionales, dado que, según Fitch Rating, considera el vínculo estrecho que existe entre la matriz y las subsidiarias.

 En la opinión que emitió la agencia Fitch Ratings, la calificación internacional de EPM presenta un perfil crediticio individual en “bbb-”. Esta calificación es grado inversión, una escala por encima de la asignada.  De acuerdo con la metodología definida por Fitch Ratings para empresas de carácter público, la calificación se iguala a la de su propietario, en este caso el Distrito de Medellín, debido al fuerte vínculo entre ambas entidades.

 Los factores claves de las calificaciones internacional “BB+” y nacional “AAA” de EPM, se soportan en sus negocios regulados en mercados maduros, con una base de activos robusta y diversificada, un apalancamiento proyectado moderado y una posición de liquidez adecuada.

 A la fecha, EPM también cuenta con la calificación “Baa3”, grado de inversión, por parte de la agencia calificadora Moody’s.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este sábado a las críticas realizadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. En su pronunciamiento, Petro enfatizó la importancia de priorizar a las personas sobre los bienes materiales, desatando un debate que ha captado la atención de diversos sectores en el país.

Las críticas de Rendón hacia el Gobierno Nacional

El gobernador Andrés Julián Rendón expresó públicamente su preocupación por las decisiones del Gobierno liderado por Petro, señalando una “falta de juicio” en la gestión de las políticas públicas. Según Rendón, esta situación ha generado incertidumbre en los gremios y empresarios de Antioquia, quienes temen por el impacto que estas medidas puedan tener en la economía regional.

A través de sus redes sociales, Rendón destacó que tanto él como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han trabajado de manera conjunta con los sectores productivos del departamento para enfrentar lo que describió como un contexto complejo.

“Las personas están por encima de las mercancías”

Nunca aprendieron que las personas están por encima de las mercancías. https://t.co/FupzKxZmld

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2025

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de un contundente mensaje, el mandatario afirmó que “nunca aprendieron que las personas están por encima de las mercancías”, subrayando así su postura frente a las prioridades del Gobierno.

Este comentario refleja la visión de Petro en la que las políticas sociales y el bienestar humano tienen mayor relevancia que los intereses económicos. Sin embargo, esta postura ha generado divisiones entre quienes apoyan sus medidas y quienes las consideran perjudiciales para la estabilidad del país.

El temor de los gremios y empresarios

Uno de los puntos más destacados en las declaraciones de Rendón fue el temor manifestado por los gremios y agricultores de la región. El gobernador aseguró que estos sectores sienten una “alerta ante la capacidad destructiva del presidente Petro”, lo que pone en evidencia la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y los líderes regionales.

Además, Rendón advirtió que la situación actual podría dejar a Antioquia “en la cuerda floja”, lo que ha sido interpretado como un llamado de atención a la administración central para reconsiderar sus políticas económicas y sociales.

Un debate que divide opiniones

Las declaraciones cruzadas entre Petro y Rendón reflejan las diferencias ideológicas que existen en Colombia sobre la relación entre desarrollo económico y bienestar social. Mientras el presidente aboga por un modelo que prioriza a las personas, algunos sectores consideran que esto se ha traducido en decisiones que afectan la productividad y la inversión.

Este debate no solo involucra a los líderes políticos, sino también a los ciudadanos, quienes observan con atención cómo las decisiones del Gobierno impactan sus vidas y el futuro del país.

El llamado de Petro a priorizar a las personas y las críticas de Rendón sobre el impacto en el sector productivo representan dos visiones que deben encontrar un punto de equilibrio para garantizar el desarrollo de las regiones y el bienestar de sus habitantes.

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Los transportadores de carga en Antioquia confirmaron que no habrá paro camionero durante el puente de Reyes, a pesar de la difícil situación que enfrenta el gremio. Aunque persisten en asamblea permanente, han garantizado que los desplazamientos y retornos de los viajeros no se verán afectados en esta temporada. Sin embargo, las tensiones en el sector aumentan por los altos costos de operación, como el alza en los peajes y el precio del combustible.

Transportadores garantizan normalidad durante el puente de Reyes

A través de un comunicado oficial, el gremio de transportadores de carga en Antioquia aseguró que los valores del transporte no presentarán alteraciones y que los viajeros podrán movilizarse sin inconvenientes durante el puente festivo. Esta decisión busca evitar mayores tensiones en un contexto en el que el malestar entre los transportadores ha ido en aumento.

Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia, explicó que aunque la situación es compleja, aún no se ha declarado una “hora cero” para iniciar un paro nacional. Sin embargo, enfatizó que el gremio sigue evaluando las acciones a tomar dependiendo de las respuestas que brinde el Gobierno Nacional.

Protestas intermitentes y demandas al Gobierno

En las últimas horas, se registró un bloqueo intermitente en la vía Medellín-El Santuario, específicamente en la entrada Zamora, como una forma de protesta. Estas acciones, aunque limitadas, buscan visibilizar las dificultades económicas que afectan al gremio, entre las cuales destacan el aumento en los costos operativos y la falta de soluciones concretas por parte del Gobierno.

Los transportadores han insistido en la necesidad de acciones inmediatas para mitigar los efectos de los altos precios de los peajes y el combustible, que están golpeando la estabilidad del sector. Según Quiceno, las reuniones que se han llevado a cabo son un primer paso, pero el comportamiento del gremio dependerá de la efectividad de las soluciones planteadas por el Ejecutivo.

La incertidumbre se extiende a otras regiones del país

Aunque en Antioquia se ha descartado un paro inmediato, algunos gremios en otras regiones del país aún consideran esta posibilidad, lo que mantiene la incertidumbre en el sector. Las decisiones que tome el Gobierno Nacional durante las próximas semanas serán determinantes para evitar un colapso en la cadena de transporte y distribución de carga.

En este sentido, el gremio transportador insiste en la importancia de que las autoridades no solo atiendan las demandas de los camioneros, sino que también establezcan políticas a largo plazo que garanticen la estabilidad del transporte en el país.

El puente de Reyes será un momento clave para medir el impacto de las decisiones tomadas hasta ahora. La disposición de los transportadores de no afectar la movilidad durante este periodo festivo refleja el compromiso del gremio con la ciudadanía, pero también evidencia la urgencia de soluciones estructurales.

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Los roces entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se intensifican debido a diferencias en la asignación de recursos públicos. Mientras Petro cuestiona el destino de 100 billones de pesos en infraestructura vial, Rendón señala incumplimientos del Gobierno Nacional en proyectos clave para la región, como el acueducto de Urabá.

Las prioridades de inversión pública: ¿Carreteras o agua potable?

Durante un evento público, el presidente Petro planteó críticas sobre las decisiones de inversión en Colombia: «¿Por qué nos gastamos 100 billones en carreteras y no nos gastamos 100 billones en agua potable?». Este comentario fue dirigido al gobernador de Antioquia en un contexto de tensiones sobre las obras de infraestructura vial y la ausencia de avances significativos en proyectos de agua potable.

Rendón respondió defendiendo que es posible desarrollar ambas iniciativas simultáneamente, pero subrayó que la administración nacional ha fallado en cumplir sus compromisos con el departamento. «El Gobierno Nacional no prioriza para Antioquia ni lo uno ni lo otro», aseguró, recordando que en marzo Petro prometió un acueducto para la región bananera, promesa que no se reflejó en el presupuesto de 2024.

La vía Medellín-Mar y su controversia

El debate también se centró en la ejecución de la vía Medellín-Mar, una doble calzada que conecta con el estratégico Puerto Antioquia. Petro criticó la rapidez de las obras 4G hacia el mar frente a los 20 años de retraso en proyectos similares en Medellín, dejando entrever una posible falta de equidad en la ejecución de obras en la región.

Por su parte, Rendón reiteró su compromiso con Antioquia al declarar: «De eso se trata gobernar», mostrando su disposición para avanzar tanto en las carreteras como en el acueducto de Urabá.

Más allá de las obras: tensiones políticas

Este intercambio de declaraciones refleja una relación tensa entre el gobierno nacional y la administración departamental, marcada por debates sobre las prioridades de inversión pública y la ejecución de proyectos clave en Antioquia. Las críticas de ambos líderes evidencian las dificultades para lograr consensos que beneficien a las comunidades más vulnerables de la región.

¿Qué opinas sobre estas tensiones entre el gobierno nacional y el departamental? Comparte tu punto de vista en los comentarios.

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Las autoridades han dado un golpe contundente al patrimonio ilícito del narcotráfico en Colombia. En el Urabá antioqueño, fueron ocupados 101 bienes que pertenecerían a alias Pelomono, señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de alias Chiquito Malo, uno de los máximos líderes de la organización criminal. Las propiedades, avaluadas en más de 2.300 millones de pesos, habrían sido adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y ocultadas bajo nombres de terceros.

Estrategia contra el narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha implementado una estrategia investigativa para rastrear y afectar los activos ilegales de estructuras criminales. Alias Pelomono, identificado como Pedro Pablo Guzmán Usma, sería responsable de cobrar a otras redes para garantizar la salida de cocaína por el Golfo de Urabá.

Los bienes, distribuidos entre los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia), incluyen:

• 7 inmuebles urbanos.
• 27 vehículos.
• 66 semovientes.
• Un establecimiento de comercio.

Estas propiedades estaban registradas a nombre de familiares y allegados del cabecilla con el objetivo de ocultar su procedencia ilícita y evadir a las autoridades.

Impacto en el patrimonio criminal

Las medidas cautelares impuestas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes. Este es un paso importante en la estrategia estatal de afectar las finanzas de las estructuras armadas ilegales y debilitar su capacidad operativa.

Alias Pelomono, capturado en enero de este año, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico y tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Su vínculo con alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas principales del ‘Clan del Golfo’, lo posiciona como una figura clave dentro de la organización.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades de combatir el narcotráfico desde su base económica y evitar que estos recursos sigan financiando actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.

¿Qué opinas de estas acciones contra el crimen organizado? Déjanos tu comentario y únete a la conversación.

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Santiago Uribe Vélez absuelto de homicidio agravado y concierto para delinquir
En un fallo emitido por el Juzgado Primero Penal de Antioquia, el juez Jaime Herrera Niño absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión ha generado una respuesta inmediata de la representación de las víctimas, quienes han anunciado su intención de apelar.

Acusaciones iniciales y contexto del caso

En el 2021, Santiago Uribe Vélez fue acusado formalmente por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus en Yarumal, Antioquia, presuntamente asesinado como parte de las actividades de “Los doce apóstoles”, un grupo paramilitar que operaba en el norte de Antioquia. Las investigaciones involucraron a Uribe en la creación y participación activa de este grupo en los años 90, en el contexto de una supuesta campaña de lucha contra el crimen y la insurgencia.

La Hacienda La Carolina como base de operaciones

Uno de los testimonios clave en el caso fue el de Jairo Rodríguez Venegas, exagente de la Policía Nacional y antiguo comandante encargado en Yarumal. Según sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe Vélez y ubicada cerca del corregimiento Llano de Cuivá, servía como base de operaciones para “Los doce apóstoles”. Entre 1993 y 1994, Rodríguez detalló cómo la hacienda era empleada para el entrenamiento y organización de las actividades del grupo paramilitar.

Revelaciones de la JEP sobre «Los doce apóstoles»

La JEP ha revelado importantes hallazgos sobre la estructura y el impacto de “Los doce apóstoles” en el norte de Antioquia. En un informe reciente, se indicó que este grupo fue responsable de al menos 525 homicidios entre los años 1992 y 1996. Entre los nombres señalados como integrantes del grupo, además de Santiago Uribe Vélez, se encuentran otros individuos como Gonzalo Palacios, Pedro Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero y Hernán Darío Zapata, quienes participaron en lo que se definió como una campaña de limpieza social.

Objetivo inicial y evolución de «Los doce apóstoles»

Los documentos de la JEP y testimonios de exintegrantes revelaron que el objetivo inicial del grupo era la lucha contra la delincuencia y la contrainsurgencia. No obstante, sus acciones derivaron en una serie de asesinatos que, según las pruebas presentadas, excedieron con creces esa misión inicial. La violencia en las zonas rurales y urbanas de Antioquia se intensificó, lo que llevó a múltiples denuncias sobre abusos y excesos cometidos en nombre de esta “limpieza social”.

Reacción de las víctimas y posible apelación

Tras la decisión judicial, la representación de las víctimas de “Los doce apóstoles” expresó su rechazo y anunció que tomarán acciones legales. Según sus abogados, la absolución de Santiago Uribe no les brinda justicia y consideran que aún existen pruebas relevantes que deberían ser examinadas en instancias superiores. La apelación se ha convertido en un proceso que no solo busca revertir la decisión, sino también garantizar que se dé un reconocimiento formal a las víctimas del grupo.

Implicaciones para el sistema judicial

El fallo en favor de Santiago Uribe Vélez ha planteado preguntas sobre el funcionamiento del sistema judicial colombiano en casos de gran envergadura y relevancia política. Algunos sectores han criticado la absolución, sugiriendo que la influencia política puede jugar un papel en decisiones judiciales de alto perfil. Este caso, al involucrar al hermano de un expresidente, también destaca la importancia de la independencia judicial y la capacidad de las instituciones para abordar temas de derechos humanos y justicia transicional.

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Más de 400 personas en El Bagre, Antioquia, han sido afectadas por el desbordamiento del río Nechí, que inundó viviendas y dejó inoperativas dos instituciones educativas. Las autoridades locales, en conjunto con organismos de socorro, avanzan en la evaluación de daños y el apoyo a las familias damnificadas. El problema, causado por intensas lluvias y una sedimentación del río incrementada por actividades mineras, ha provocado una crisis humanitaria en la región. La población enfrenta una emergencia que demanda soluciones estructurales para evitar futuras tragedias.

Desbordamiento del río Nechí deja centenares de afectados

El desbordamiento del río Nechí, tras las fuertes lluvias en el Bajo Cauca, ha dejado a cientos de personas en situación de emergencia. Más de 400 habitantes del municipio de El Bagre se vieron afectados, con varias viviendas y dos centros educativos inundados, lo que generó un complejo panorama de evacuación y asistencia humanitaria.

Afectación en instituciones educativas

La emergencia alcanzó a dos instituciones educativas en la zona urbana de El Bagre. La Institución Educativa El Bagre, con 1.080 estudiantes, sufrió severos daños que obligaron a suspender las clases y dejaron inhabilitadas sus instalaciones. Asimismo, la Institución Educativa Las Delicias, sede La Vega, con 125 estudiantes, también se vio gravemente afectada, interrumpiendo temporalmente la educación en ambos planteles. Esta situación ha generado una interrupción en el proceso educativo, lo que afecta a cientos de jóvenes en la región.

Las autoridades inician un censo para evaluar el alcance de la emergencia

Ante la magnitud de los daños, las autoridades locales, en colaboración con la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos, han desplegado un equipo de evaluación y atención para realizar un censo exhaustivo de la población afectada. Este censo permitirá identificar el número de personas damnificadas y sus necesidades inmediatas para recibir ayuda humanitaria.

Medidas preventivas y albergues temporales

La Alcaldía de El Bagre y organismos de rescate evalúan la posibilidad de evacuar a los damnificados y albergarlos en instalaciones seguras, dependiendo de la evolución de la situación. El nivel del agua ha comenzado a descender, lo cual brinda una ligera esperanza de que la normalidad pueda restablecerse en los próximos días, aunque se mantiene la alerta por lluvias.

Sedimentación del río Nechí y riesgo de futuras inundaciones

La situación en El Bagre no es nueva. La sedimentación en el río Nechí, incrementada por la minería ilegal y actividades extractivas en la región, ha elevado significativamente el nivel del río, aumentando el riesgo de inundaciones en temporadas de lluvias intensas. Según expertos, los altos niveles de sedimentos depositados en el cauce dificultan el flujo del agua y crean una acumulación que provoca desbordamientos.

Llamado a soluciones estructurales

Las autoridades de El Bagre han solicitado con urgencia la implementación de un plan de dragado del río Nechí. Este proceso ayudaría a reducir el riesgo de nuevas inundaciones y a proteger a la población. Asimismo, se está instando a la ciudadanía a mantenerse alerta y colaborar en las labores de evacuación, además de denunciar cualquier actividad ilegal que pueda agravar el problema de sedimentación en el río.

Proyección de una solución a largo plazo

La crisis actual en El Bagre pone de relieve la necesidad de adoptar medidas de prevención sostenibles que disminuyan la vulnerabilidad de la región ante inundaciones. La sedimentación del río requiere de una intervención estructural, pero también de controles que aseguren la preservación del cauce y la disminución de riesgos para la población. La minería ilegal y la falta de políticas de gestión ambiental han convertido a El Bagre en una zona de alto riesgo que necesita la atención y el respaldo de entidades regionales y nacionales.

El municipio de El Bagre enfrenta una emergencia que, de no ser atendida a nivel estructural, podría repetirse, impactando gravemente la calidad de vida de sus habitantes. La implementación de un dragado y otras medidas preventivas ayudarían a disminuir el riesgo de futuros desbordamientos y a proteger a la población ante catástrofes similares.

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