La decisión de remover la observación negativa obedece al taponamiento definitivo del túnel de desviación derecho de Hidroituango, hito constructivo logrado el 19 de septiembre de 2024. “Con este riesgo eliminado, el proyecto se encuentra en una trayectoria estable hacia su finalización completa”, indicó Fitch Ratings.

 Al destacar la importancia de estas calificaciones de riesgo para la Empresa, John Maya Salazar, gerente general de EPM, dijo que “con este retiro de la observación negativa se brinda un mensaje de confianza al público inversionista y al mercado financiero en general y confirma los avances importantes llevados a cabo en el proyecto hidroeléctrico Ituango, lo que genera tranquilidad a las comunidades aguas abajo. La central Hidroituango ha aportado confiabilidad al sistema eléctrico colombiano, en una contribución al desarrollo del país y a la calidad de vida de los colombianos”.

Con las filiales

La observación negativa también le fue removida a las filiales del Grupo EPM: EPM Inversiones, EDEQ, CENS, CHEC, ESSA, Afinia y Aguas Nacionales, dado que, según Fitch Rating, considera el vínculo estrecho que existe entre la matriz y las subsidiarias.

 En la opinión que emitió la agencia Fitch Ratings, la calificación internacional de EPM presenta un perfil crediticio individual en “bbb-”. Esta calificación es grado inversión, una escala por encima de la asignada.  De acuerdo con la metodología definida por Fitch Ratings para empresas de carácter público, la calificación se iguala a la de su propietario, en este caso el Distrito de Medellín, debido al fuerte vínculo entre ambas entidades.

 Los factores claves de las calificaciones internacional “BB+” y nacional “AAA” de EPM, se soportan en sus negocios regulados en mercados maduros, con una base de activos robusta y diversificada, un apalancamiento proyectado moderado y una posición de liquidez adecuada.

 A la fecha, EPM también cuenta con la calificación “Baa3”, grado de inversión, por parte de la agencia calificadora Moody’s.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este sábado a las críticas realizadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. En su pronunciamiento, Petro enfatizó la importancia de priorizar a las personas sobre los bienes materiales, desatando un debate que ha captado la atención de diversos sectores en el país.

Las críticas de Rendón hacia el Gobierno Nacional

El gobernador Andrés Julián Rendón expresó públicamente su preocupación por las decisiones del Gobierno liderado por Petro, señalando una “falta de juicio” en la gestión de las políticas públicas. Según Rendón, esta situación ha generado incertidumbre en los gremios y empresarios de Antioquia, quienes temen por el impacto que estas medidas puedan tener en la economía regional.

A través de sus redes sociales, Rendón destacó que tanto él como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han trabajado de manera conjunta con los sectores productivos del departamento para enfrentar lo que describió como un contexto complejo.

“Las personas están por encima de las mercancías”

Nunca aprendieron que las personas están por encima de las mercancías. https://t.co/FupzKxZmld

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2025

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de un contundente mensaje, el mandatario afirmó que “nunca aprendieron que las personas están por encima de las mercancías”, subrayando así su postura frente a las prioridades del Gobierno.

Este comentario refleja la visión de Petro en la que las políticas sociales y el bienestar humano tienen mayor relevancia que los intereses económicos. Sin embargo, esta postura ha generado divisiones entre quienes apoyan sus medidas y quienes las consideran perjudiciales para la estabilidad del país.

El temor de los gremios y empresarios

Uno de los puntos más destacados en las declaraciones de Rendón fue el temor manifestado por los gremios y agricultores de la región. El gobernador aseguró que estos sectores sienten una “alerta ante la capacidad destructiva del presidente Petro”, lo que pone en evidencia la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y los líderes regionales.

Además, Rendón advirtió que la situación actual podría dejar a Antioquia “en la cuerda floja”, lo que ha sido interpretado como un llamado de atención a la administración central para reconsiderar sus políticas económicas y sociales.

Un debate que divide opiniones

Las declaraciones cruzadas entre Petro y Rendón reflejan las diferencias ideológicas que existen en Colombia sobre la relación entre desarrollo económico y bienestar social. Mientras el presidente aboga por un modelo que prioriza a las personas, algunos sectores consideran que esto se ha traducido en decisiones que afectan la productividad y la inversión.

Este debate no solo involucra a los líderes políticos, sino también a los ciudadanos, quienes observan con atención cómo las decisiones del Gobierno impactan sus vidas y el futuro del país.

El llamado de Petro a priorizar a las personas y las críticas de Rendón sobre el impacto en el sector productivo representan dos visiones que deben encontrar un punto de equilibrio para garantizar el desarrollo de las regiones y el bienestar de sus habitantes.

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Los transportadores de carga en Antioquia confirmaron que no habrá paro camionero durante el puente de Reyes, a pesar de la difícil situación que enfrenta el gremio. Aunque persisten en asamblea permanente, han garantizado que los desplazamientos y retornos de los viajeros no se verán afectados en esta temporada. Sin embargo, las tensiones en el sector aumentan por los altos costos de operación, como el alza en los peajes y el precio del combustible.

Transportadores garantizan normalidad durante el puente de Reyes

A través de un comunicado oficial, el gremio de transportadores de carga en Antioquia aseguró que los valores del transporte no presentarán alteraciones y que los viajeros podrán movilizarse sin inconvenientes durante el puente festivo. Esta decisión busca evitar mayores tensiones en un contexto en el que el malestar entre los transportadores ha ido en aumento.

Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia, explicó que aunque la situación es compleja, aún no se ha declarado una “hora cero” para iniciar un paro nacional. Sin embargo, enfatizó que el gremio sigue evaluando las acciones a tomar dependiendo de las respuestas que brinde el Gobierno Nacional.

Protestas intermitentes y demandas al Gobierno

En las últimas horas, se registró un bloqueo intermitente en la vía Medellín-El Santuario, específicamente en la entrada Zamora, como una forma de protesta. Estas acciones, aunque limitadas, buscan visibilizar las dificultades económicas que afectan al gremio, entre las cuales destacan el aumento en los costos operativos y la falta de soluciones concretas por parte del Gobierno.

Los transportadores han insistido en la necesidad de acciones inmediatas para mitigar los efectos de los altos precios de los peajes y el combustible, que están golpeando la estabilidad del sector. Según Quiceno, las reuniones que se han llevado a cabo son un primer paso, pero el comportamiento del gremio dependerá de la efectividad de las soluciones planteadas por el Ejecutivo.

La incertidumbre se extiende a otras regiones del país

Aunque en Antioquia se ha descartado un paro inmediato, algunos gremios en otras regiones del país aún consideran esta posibilidad, lo que mantiene la incertidumbre en el sector. Las decisiones que tome el Gobierno Nacional durante las próximas semanas serán determinantes para evitar un colapso en la cadena de transporte y distribución de carga.

En este sentido, el gremio transportador insiste en la importancia de que las autoridades no solo atiendan las demandas de los camioneros, sino que también establezcan políticas a largo plazo que garanticen la estabilidad del transporte en el país.

El puente de Reyes será un momento clave para medir el impacto de las decisiones tomadas hasta ahora. La disposición de los transportadores de no afectar la movilidad durante este periodo festivo refleja el compromiso del gremio con la ciudadanía, pero también evidencia la urgencia de soluciones estructurales.

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Los roces entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se intensifican debido a diferencias en la asignación de recursos públicos. Mientras Petro cuestiona el destino de 100 billones de pesos en infraestructura vial, Rendón señala incumplimientos del Gobierno Nacional en proyectos clave para la región, como el acueducto de Urabá.

Las prioridades de inversión pública: ¿Carreteras o agua potable?

Durante un evento público, el presidente Petro planteó críticas sobre las decisiones de inversión en Colombia: «¿Por qué nos gastamos 100 billones en carreteras y no nos gastamos 100 billones en agua potable?». Este comentario fue dirigido al gobernador de Antioquia en un contexto de tensiones sobre las obras de infraestructura vial y la ausencia de avances significativos en proyectos de agua potable.

Rendón respondió defendiendo que es posible desarrollar ambas iniciativas simultáneamente, pero subrayó que la administración nacional ha fallado en cumplir sus compromisos con el departamento. «El Gobierno Nacional no prioriza para Antioquia ni lo uno ni lo otro», aseguró, recordando que en marzo Petro prometió un acueducto para la región bananera, promesa que no se reflejó en el presupuesto de 2024.

La vía Medellín-Mar y su controversia

El debate también se centró en la ejecución de la vía Medellín-Mar, una doble calzada que conecta con el estratégico Puerto Antioquia. Petro criticó la rapidez de las obras 4G hacia el mar frente a los 20 años de retraso en proyectos similares en Medellín, dejando entrever una posible falta de equidad en la ejecución de obras en la región.

Por su parte, Rendón reiteró su compromiso con Antioquia al declarar: «De eso se trata gobernar», mostrando su disposición para avanzar tanto en las carreteras como en el acueducto de Urabá.

Más allá de las obras: tensiones políticas

Este intercambio de declaraciones refleja una relación tensa entre el gobierno nacional y la administración departamental, marcada por debates sobre las prioridades de inversión pública y la ejecución de proyectos clave en Antioquia. Las críticas de ambos líderes evidencian las dificultades para lograr consensos que beneficien a las comunidades más vulnerables de la región.

¿Qué opinas sobre estas tensiones entre el gobierno nacional y el departamental? Comparte tu punto de vista en los comentarios.

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Las autoridades han dado un golpe contundente al patrimonio ilícito del narcotráfico en Colombia. En el Urabá antioqueño, fueron ocupados 101 bienes que pertenecerían a alias Pelomono, señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de alias Chiquito Malo, uno de los máximos líderes de la organización criminal. Las propiedades, avaluadas en más de 2.300 millones de pesos, habrían sido adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y ocultadas bajo nombres de terceros.

Estrategia contra el narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha implementado una estrategia investigativa para rastrear y afectar los activos ilegales de estructuras criminales. Alias Pelomono, identificado como Pedro Pablo Guzmán Usma, sería responsable de cobrar a otras redes para garantizar la salida de cocaína por el Golfo de Urabá.

Los bienes, distribuidos entre los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia), incluyen:

• 7 inmuebles urbanos.
• 27 vehículos.
• 66 semovientes.
• Un establecimiento de comercio.

Estas propiedades estaban registradas a nombre de familiares y allegados del cabecilla con el objetivo de ocultar su procedencia ilícita y evadir a las autoridades.

Impacto en el patrimonio criminal

Las medidas cautelares impuestas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes. Este es un paso importante en la estrategia estatal de afectar las finanzas de las estructuras armadas ilegales y debilitar su capacidad operativa.

Alias Pelomono, capturado en enero de este año, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico y tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Su vínculo con alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas principales del ‘Clan del Golfo’, lo posiciona como una figura clave dentro de la organización.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades de combatir el narcotráfico desde su base económica y evitar que estos recursos sigan financiando actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.

¿Qué opinas de estas acciones contra el crimen organizado? Déjanos tu comentario y únete a la conversación.

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Santiago Uribe Vélez absuelto de homicidio agravado y concierto para delinquir
En un fallo emitido por el Juzgado Primero Penal de Antioquia, el juez Jaime Herrera Niño absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión ha generado una respuesta inmediata de la representación de las víctimas, quienes han anunciado su intención de apelar.

Acusaciones iniciales y contexto del caso

En el 2021, Santiago Uribe Vélez fue acusado formalmente por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus en Yarumal, Antioquia, presuntamente asesinado como parte de las actividades de “Los doce apóstoles”, un grupo paramilitar que operaba en el norte de Antioquia. Las investigaciones involucraron a Uribe en la creación y participación activa de este grupo en los años 90, en el contexto de una supuesta campaña de lucha contra el crimen y la insurgencia.

La Hacienda La Carolina como base de operaciones

Uno de los testimonios clave en el caso fue el de Jairo Rodríguez Venegas, exagente de la Policía Nacional y antiguo comandante encargado en Yarumal. Según sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe Vélez y ubicada cerca del corregimiento Llano de Cuivá, servía como base de operaciones para “Los doce apóstoles”. Entre 1993 y 1994, Rodríguez detalló cómo la hacienda era empleada para el entrenamiento y organización de las actividades del grupo paramilitar.

Revelaciones de la JEP sobre «Los doce apóstoles»

La JEP ha revelado importantes hallazgos sobre la estructura y el impacto de “Los doce apóstoles” en el norte de Antioquia. En un informe reciente, se indicó que este grupo fue responsable de al menos 525 homicidios entre los años 1992 y 1996. Entre los nombres señalados como integrantes del grupo, además de Santiago Uribe Vélez, se encuentran otros individuos como Gonzalo Palacios, Pedro Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero y Hernán Darío Zapata, quienes participaron en lo que se definió como una campaña de limpieza social.

Objetivo inicial y evolución de «Los doce apóstoles»

Los documentos de la JEP y testimonios de exintegrantes revelaron que el objetivo inicial del grupo era la lucha contra la delincuencia y la contrainsurgencia. No obstante, sus acciones derivaron en una serie de asesinatos que, según las pruebas presentadas, excedieron con creces esa misión inicial. La violencia en las zonas rurales y urbanas de Antioquia se intensificó, lo que llevó a múltiples denuncias sobre abusos y excesos cometidos en nombre de esta “limpieza social”.

Reacción de las víctimas y posible apelación

Tras la decisión judicial, la representación de las víctimas de “Los doce apóstoles” expresó su rechazo y anunció que tomarán acciones legales. Según sus abogados, la absolución de Santiago Uribe no les brinda justicia y consideran que aún existen pruebas relevantes que deberían ser examinadas en instancias superiores. La apelación se ha convertido en un proceso que no solo busca revertir la decisión, sino también garantizar que se dé un reconocimiento formal a las víctimas del grupo.

Implicaciones para el sistema judicial

El fallo en favor de Santiago Uribe Vélez ha planteado preguntas sobre el funcionamiento del sistema judicial colombiano en casos de gran envergadura y relevancia política. Algunos sectores han criticado la absolución, sugiriendo que la influencia política puede jugar un papel en decisiones judiciales de alto perfil. Este caso, al involucrar al hermano de un expresidente, también destaca la importancia de la independencia judicial y la capacidad de las instituciones para abordar temas de derechos humanos y justicia transicional.

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Más de 400 personas en El Bagre, Antioquia, han sido afectadas por el desbordamiento del río Nechí, que inundó viviendas y dejó inoperativas dos instituciones educativas. Las autoridades locales, en conjunto con organismos de socorro, avanzan en la evaluación de daños y el apoyo a las familias damnificadas. El problema, causado por intensas lluvias y una sedimentación del río incrementada por actividades mineras, ha provocado una crisis humanitaria en la región. La población enfrenta una emergencia que demanda soluciones estructurales para evitar futuras tragedias.

Desbordamiento del río Nechí deja centenares de afectados

El desbordamiento del río Nechí, tras las fuertes lluvias en el Bajo Cauca, ha dejado a cientos de personas en situación de emergencia. Más de 400 habitantes del municipio de El Bagre se vieron afectados, con varias viviendas y dos centros educativos inundados, lo que generó un complejo panorama de evacuación y asistencia humanitaria.

Afectación en instituciones educativas

La emergencia alcanzó a dos instituciones educativas en la zona urbana de El Bagre. La Institución Educativa El Bagre, con 1.080 estudiantes, sufrió severos daños que obligaron a suspender las clases y dejaron inhabilitadas sus instalaciones. Asimismo, la Institución Educativa Las Delicias, sede La Vega, con 125 estudiantes, también se vio gravemente afectada, interrumpiendo temporalmente la educación en ambos planteles. Esta situación ha generado una interrupción en el proceso educativo, lo que afecta a cientos de jóvenes en la región.

Las autoridades inician un censo para evaluar el alcance de la emergencia

Ante la magnitud de los daños, las autoridades locales, en colaboración con la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos, han desplegado un equipo de evaluación y atención para realizar un censo exhaustivo de la población afectada. Este censo permitirá identificar el número de personas damnificadas y sus necesidades inmediatas para recibir ayuda humanitaria.

Medidas preventivas y albergues temporales

La Alcaldía de El Bagre y organismos de rescate evalúan la posibilidad de evacuar a los damnificados y albergarlos en instalaciones seguras, dependiendo de la evolución de la situación. El nivel del agua ha comenzado a descender, lo cual brinda una ligera esperanza de que la normalidad pueda restablecerse en los próximos días, aunque se mantiene la alerta por lluvias.

Sedimentación del río Nechí y riesgo de futuras inundaciones

La situación en El Bagre no es nueva. La sedimentación en el río Nechí, incrementada por la minería ilegal y actividades extractivas en la región, ha elevado significativamente el nivel del río, aumentando el riesgo de inundaciones en temporadas de lluvias intensas. Según expertos, los altos niveles de sedimentos depositados en el cauce dificultan el flujo del agua y crean una acumulación que provoca desbordamientos.

Llamado a soluciones estructurales

Las autoridades de El Bagre han solicitado con urgencia la implementación de un plan de dragado del río Nechí. Este proceso ayudaría a reducir el riesgo de nuevas inundaciones y a proteger a la población. Asimismo, se está instando a la ciudadanía a mantenerse alerta y colaborar en las labores de evacuación, además de denunciar cualquier actividad ilegal que pueda agravar el problema de sedimentación en el río.

Proyección de una solución a largo plazo

La crisis actual en El Bagre pone de relieve la necesidad de adoptar medidas de prevención sostenibles que disminuyan la vulnerabilidad de la región ante inundaciones. La sedimentación del río requiere de una intervención estructural, pero también de controles que aseguren la preservación del cauce y la disminución de riesgos para la población. La minería ilegal y la falta de políticas de gestión ambiental han convertido a El Bagre en una zona de alto riesgo que necesita la atención y el respaldo de entidades regionales y nacionales.

El municipio de El Bagre enfrenta una emergencia que, de no ser atendida a nivel estructural, podría repetirse, impactando gravemente la calidad de vida de sus habitantes. La implementación de un dragado y otras medidas preventivas ayudarían a disminuir el riesgo de futuros desbordamientos y a proteger a la población ante catástrofes similares.

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Antioquia se encuentra lista para enfrentar la segunda temporada de lluvias del año, la cual será intensificada por el fenómeno climático de La Niña. Las autoridades departamentales han activado un conjunto de medidas preventivas y de respuesta ante la posibilidad de emergencias, enfocándose especialmente en las zonas más vulnerables.

Antioquia y La Niña: una combinación desafiante

Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias se incrementarán en varias subregiones de Antioquia, siendo el Valle de Aburrá, Magdalena Medio y el Norte las más afectadas. El fenómeno de La Niña, que ha influido en el aumento de las precipitaciones, es un fenómeno climático que requiere medidas coordinadas entre las instituciones y la población.

Para minimizar los riesgos, la Gobernación de Antioquia ha implementado un sistema de monitoreo hidrometeorológico compuesto por 118 sensores distribuidos en 36 municipios. Estos dispositivos permiten emitir alertas tempranas en caso de situaciones de riesgo, lo que resulta crucial para proteger a las comunidades en áreas propensas a deslizamientos y desbordamientos de ríos.

Preparativos para emergencias

La Secretaría de Infraestructura ha sido uno de los principales actores en la estrategia preventiva. Con más de 21 frentes de maquinaria amarilla distribuidos estratégicamente, se encuentran listos para intervenir en las vías afectadas por deslizamientos u obstrucciones generadas por la acumulación de agua. Estas medidas, junto con el constante monitoreo de los puntos críticos, buscan asegurar la movilidad y la atención rápida a las emergencias.

Aparte de las infraestructuras, el departamento ha invertido en un importante estudio de movimientos en masa, lo que permitirá identificar zonas críticas que presenten un alto riesgo de deslizamientos. Esta inversión no solo busca la intervención inmediata, sino que proporciona un marco para la planificación de acciones preventivas a largo plazo en estas áreas.

Asistencia humanitaria y prevención comunitaria

El apoyo a las comunidades afectadas es también una prioridad. En lo que va del año, la Gobernación ha distribuido miles de ayudas humanitarias, incluyendo alimentos, kits de higiene y materiales de construcción, en las zonas más afectadas. Este enfoque ha sido clave para mitigar el impacto social y económico de las lluvias, permitiendo que las familias más vulnerables tengan un apoyo directo.

La ciudadanía ha sido llamada a tomar medidas de precaución. Las autoridades insisten en la importancia de asegurar viviendas, evitar actividades de riesgo en cercanías a ríos y quebradas, y mantenerse atentos a las alertas emitidas por los sistemas de monitoreo. Estas recomendaciones son fundamentales para evitar tragedias y facilitar la labor de las entidades encargadas de la atención de emergencias.

Antioquia, resiliente frente a las lluvias

Con la combinación de medidas tecnológicas, infraestructurales y comunitarias, Antioquia busca minimizar los impactos de esta segunda temporada de lluvias. La Gobernación, en conjunto con otras entidades del estado, sigue reforzando sus esfuerzos de prevención, buscando proteger tanto las vidas humanas como la infraestructura del departamento.

El desafío que representa el fenómeno de La Niña demanda una respuesta coordinada entre el gobierno y la ciudadanía. Con la instalación de sensores de monitoreo, los frentes de maquinaria preparados y la entrega de ayudas humanitarias, Antioquia demuestra su capacidad para actuar con rapidez ante las amenazas naturales.

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Manos labradoras

Manos forjadoras

Manos y puño

Rabia en los dientes

Dolor y hambre

Sudor y llanto

Lucha insistente

Hay esperanza

De un mejor mañana

Sembrar los surcos

Habrá cosecha

Habrá más vida

Risas y flores

Han de nacer

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La Gobernación de Antioquia y el Banco Mundial impulsan la reducción de gases de efecto invernadero

La Gobernación de Antioquia ha dado un importante paso hacia la sostenibilidad al firmar un acuerdo de cooperación con el Grupo Banco Mundial. Este convenio busca diseñar e implementar un programa para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, un reto crucial en la lucha contra el cambio climático. La primera fase de este proyecto se desarrollará hasta diciembre de 2025, enfocándose en sectores clave como la agricultura, la ganadería y el manejo forestal.

Peter Siegenthaler, gerente de País para Colombia en el Banco Mundial, expresó su entusiasmo por esta iniciativa, destacando que Antioquia es un lugar idóneo para explorar el uso de mecanismos modernos de financiamiento climático. «Antioquia cuenta con vastos recursos naturales, lo que representa una oportunidad única para implementar proyectos que beneficien tanto a los campesinos como a la población en general», afirmó Siegenthaler.

Enfoque en la producción agrícola, pecuaria y forestal

La primera etapa del acuerdo entre la Gobernación y el Banco Mundial tiene como objetivo principal disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de producción agrícola, pecuario y forestal. Estos sectores son fundamentales para la economía del departamento, pero también generan una cantidad significativa de emisiones, por lo que es necesario optimizar sus prácticas para hacerlas más sostenibles.

Antioquia como referente de sostenibilidad

La decisión de implementar este programa en Antioquia no es casual. El departamento se caracteriza por su diversidad natural y la riqueza de sus recursos, lo que lo convierte en un escenario ideal para probar nuevas estrategias de financiamiento climático. Estas acciones no solo buscan mitigar el impacto ambiental, sino también mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, al hacer más eficientes y sostenibles sus actividades productivas.

Este proyecto refleja el compromiso del departamento con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, en línea con las metas globales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

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