Hoy, estas 204 hectáreas que estaban a nombre de terceros fueron recuperadas por el Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y ahora representan una nueva muestra del fortalecimiento de la política de Reforma Agraria.

“Estos predios, producto del proceso de paz del 2005, jamás llegaron a las víctimas. Lo que hicimos, pese a las inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días, genera incomodidad en distintos sectores sociales y políticos del país. Vamos a insistir hasta el último día del Gobierno del presidente Gustavo Petro, seguiremos recuperando bienes fiscales para que pasen a manos de las campesinas y los campesinos», aseguró el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Los predios recuperados fueron comprados por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), como parte de un convenio marco entre las tres entidades.

De manera simultánea, la Agencia Nacional de Tierras, a través de contundentes operativos que contaron con la colaboración de la Fuerza Pública, recuperó más tierra para el campesinado en los departamentos de Antioquia, Tolima y Meta.

Otras aprehensiones materiales realizadas en Antioquia son las hechas sobre cuatro predios (216 hectáreas) en el municipio de Chigorodó (Antioquia). Uno de ellos, llamado La Playa, habría estado en manos de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien comandó el frente Arlex Hurtado de las Auc. Otro de los casos emblemáticos es el bien ‘La Finca’, adquirido por la ANT para entregárselo a una asociación campesina.

Recuperaciones en el Tolima

Asimismo, la ANT recuperó tres predios en el departamento del Tolima: uno en el municipio de San Luis, llamado ‘El Guamal’, con una extensión de 372 hectáreas, y dos más en el municipio de El Guamo: ‘El Paraíso’, de 193 hectáreas y ‘El Jardín’, de 52 hectáreas.

“Son bienes postulados por jefes paramilitares, pero, hasta hoy, estuvieron ocupadas indebidamente. Quiere ello decir que estas tierras no le han reportado ningún ingreso al Estado colombiano; por ende, no habían podido pasar a manos campesinas», afirmó el asesor delegado para la Aprehensión, de la ANT, Javier Marín.

El Bloque Tolima de las Auc fue una de las estructuras paramilitares más influyentes en el centro y sur del Tolima entre 1995 y 2005, actuando en más de 30 municipios del departamento. Su objetivo era tener el control territorial y apropiarse de bienes y tierras.

La misión se extendió al Meta

Las jornadas maratónicas lideradas por la ANT, llevadas a cabo entre el 2 y el 6 de febrero, también incluyeron tres recuperaciones en el municipio de Puerto Gaitán, Meta: la finca Palmarito, la finca Cuba Libre y el bien conocido como Lote 665, que suman 1.928 hectáreas. Estos predios pasan al Fondo Nacional de Tierras, con la finalidad de ser destinadas a comunidades campesinas y étnicas de la región.

“Desde el 2014, se desarrolló en Palmarito un proceso agrario de recuperación del baldío indebidamente ocupado. Terminó, finalmente, en el 2024. Es decir, el proceso ya está en firme, y tomamos la decisión de dejar en custodia el predio, a favor de la persona que nació en el lugar», señaló la directora de Gestión Jurídica de Tierras, de la ANT, Ana Jimena Bautista.

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Aseguran que durante tres visitas  del presidente Petro a Urabá, el mandatario ha anunciado la entrega de tierras a los campesinos y comunidades indígenas pero que el director  de al ANT, Felipe Harman hace caso omiso a las ordenes del Presidente.

También advierten que no permitirán que los politiqueros sigan manipulando a los campesinos, ente otras denuncias condensadas en el comunicado, el cual publicamos en su totalidad.

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró en 2024 un hito histórico en la distribución de tierras en Córdoba, adjudicando más de 17,000 hectáreas, superando las cifras acumuladas de administraciones anteriores en todo el país. Este esfuerzo coloca al departamento como líder en el proceso de formalización de tierras a nivel nacional, junto con Antioquia.

Más de 14,500 hectáreas adjudicadas en seis meses

En el segundo semestre de 2024, Córdoba alcanzó un pico en la adjudicación de tierras, con 14,500 hectáreas entregadas en un periodo de seis meses, según Gustavo González Geraldino, líder de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en el departamento. Estas cifras reflejan la intensificación de las estrategias de formalización implementadas por el gobierno nacional.

Buenavista: el epicentro de las entregas masivas

Una de las adjudicaciones más significativas tuvo lugar en el municipio de Buenavista, donde 8,420 hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas fueron distribuidas en solo 15 días. Este logro es un ejemplo del compromiso de las autoridades en avanzar con procesos eficientes y transparentes. Las entregas priorizaron a familias con arraigo territorial, beneficiando a habitantes de municipios y veredas cercanas.

Fuentes de tierras y colaboración institucional

Las tierras adjudicadas en Córdoba provienen de tres fuentes principales:

• Compras directas realizadas por la ANT.
• Recuperación de baldíos.
• Propiedades provenientes del Fondo de Reparación de Víctimas.

Además, la ANT trabaja de manera coordinada con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para gestionar predios que anteriormente estuvieron en manos de personas vinculadas a actividades ilícitas. Esta colaboración asegura que las tierras regresen al servicio de las comunidades más necesitadas.

Córdoba y Antioquia: líderes en la adjudicación nacional

Córdoba y Antioquia se posicionaron en 2024 como los departamentos con mayores avances en adjudicación de tierras, gracias a procesos ágiles y políticas que priorizan la justicia social y el arraigo territorial. Estos logros reflejan el impacto de las estrategias implementadas por el gobierno actual en el fortalecimiento del acceso a la tierra en Colombia.

Este año marcó un punto de inflexión en la gestión de tierras en el país, destacando el potencial de procesos inclusivos y coordinados para transformar la vida de las comunidades rurales.

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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha salido al paso para desmentir las afirmaciones recientes sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, rechazando las acusaciones de que dicha propuesta implica una «expropiación express» y un reemplazo de funciones jurisdiccionales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En un contexto donde la desinformación puede generar confusión, la CCJ subraya que el proyecto en cuestión busca fortalecer la justicia agraria en Colombia, sin afectar de manera negativa los derechos de propiedad privada.

Jurisdicción Agraria: Una necesidad histórica

La Jurisdicción Agraria, propuesta en el reciente proyecto de ley, responde a una necesidad histórica de mejorar el acceso a la justicia para los campesinos colombianos. Esta propuesta, según la CCJ, es un avance necesario para saldar las deudas históricas que el Estado tiene con el sector rural, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos agrarios.

#Desinformación Hoy la congresista Katherine Miranda denunció que la radicación del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria contemplaba “expropiación express” y el supuesto reemplazo de funciones jurisdiccionales por la @AgenciaTierras. Le explicamos por qué esto NO es cierto: pic.twitter.com/lXigImxpuy

— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) August 27, 2024

Katherine Miranda, congresista, había manifestado en redes sociales que el proyecto implicaba una «expropiación express», un argumento que la CCJ ha desmentido categóricamente. Según la CCJ, este proyecto no altera la función de la propiedad privada en Colombia, la cual sigue estando protegida por la Constitución, particularmente en su Artículo 58, que establece las condiciones bajo las cuales puede afectarse la propiedad privada.

El rol de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Contrario a lo que se ha sugerido, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no verá sus funciones reemplazadas por el nuevo proyecto de ley. La CCJ explica que la ANT ya tiene facultades para resolver, en sede administrativa, procesos agrarios especiales según la Ley 160 de 1994. Esta capacidad se refuerza con los decretos 2363 de 2015 y 902 de 2017, lo que demuestra que no hay una alteración radical de las funciones jurisdiccionales.

El proyecto de ley propone que, en lugar de ser revisadas por un juez contencioso, estas decisiones agrarias pasen a ser revisadas por un juez agrario, lo cual, según la CCJ, no representa una «expropiación express». Esta modificación, lejos de ser un debilitamiento del sistema, busca especializar la justicia en el ámbito agrario, garantizando una resolución más efectiva y acorde a las necesidades del sector rural.

Fortalecimiento de la función social y ecológica de la propiedad

Un aspecto central del debate ha sido el concepto de la función social y ecológica de la propiedad agraria. La CCJ señala que este no es un principio nuevo; ha estado presente en la legislación colombiana desde 1936 y ha sido un pilar fundamental para asegurar que la propiedad agraria cumpla con un propósito más allá del beneficio individual, contribuyendo al bienestar social y ambiental del país.

Este principio está claramente protegido por la Constitución, y el proyecto de ley no lo modifica, sino que lo reafirma. La propiedad privada, en este contexto, sigue siendo un derecho protegido, pero se reconoce que debe cumplir con una función que beneficie al conjunto de la sociedad, especialmente en un país con profundas desigualdades en la distribución de la tierra.

Un avance constitucional en favor del campesinado

Para la CCJ, quienes apoyan el proyecto de ley están defendiendo un avance constitucional que es necesario para asegurar la justicia agraria en Colombia. El campesinado ha sido históricamente uno de los sectores más vulnerables en términos de acceso a la tierra y justicia, y este proyecto busca cambiar esa realidad.

La creación de una Jurisdicción Agraria especializada es vista como un paso fundamental para garantizar que los derechos de los campesinos sean protegidos de manera efectiva y en el marco legal actual. Este avance es crucial para corregir las desigualdades históricas y asegurar que la justicia llegue a todas las regiones del país, especialmente a aquellas que han sido marginadas.

La Comisión Colombiana de Juristas insiste en que este proyecto de ley no es una amenaza para los derechos de propiedad privada, sino una oportunidad para fortalecer la justicia en un área crítica para el desarrollo social y económico de Colombia. Los argumentos de «expropiación express» carecen de fundamento, y el verdadero objetivo es asegurar que la propiedad agraria cumpla con su función social y ecológica, en beneficio de toda la sociedad.

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