En un vídeo divulgado en las redes sociales de la entidad, la funcionaria advierte que puso en conocimiento de la opinión pública “el desarrollo de un conjunto de acciones deliberadas, coordinadas, orientadas a intimidarme e incidir en las decisiones pendientes en las distintas investigaciones que están en curso en la entidad con relación a presuntas conductas de colusión del Servicio de Prestación de Vehículos Blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el presunto incumplimiento de instrucciones en las visitas adelantadas en el marco de esta actuación».

Rusinque explicó que tuvo conocimiento de la información desde el pasado 13 de noviembre, en presencia de uno de sus asesores, por “un reconocido abogado penalista del país» quien le advirtió “sobre la existencia de una estrategia encaminada a manipular mi capacidad de decisión sobre los pronunciamientos de fondo que están por venir en esa investigación».

La estrategia en su contra, dijo la funcionaria “hasta ahora se ha ejecutado con notable precisión, y que consistiría en desplegar una serie de ataques coordinados, destinados a proyectar la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal y arbitraria a través de un asedio jurídico y mediático que incluiría acciones disciplinarias y penales».

Dijo que con dichas acciones pretenden instrumentalizar el aparato judicial del país para desviar la atención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a las investigaciones en curso “sugiriendo que la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para requerir información que reposa en teléfonos móviles, computadores u otros dispositivos que guardan relación con la actividad empresarial de los agentes del mercado que son sujetos a inspección».

La superintendente asegura frente a una publicación de prensa que “se enfoca de manera malintencionada y exclusiva en exponer la posición de los investigados, así como en resaltar la supuesta ausencia de facultades legales de la SIC para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control a través de visitas administrativas».

Incluso, destaca que el artículo de prensa recoge la opinión del exjefe de la SIC, Pablo Felipe Robledo, “que siendo una persona que discrepa profundamente de nuestro proyecto político, haya recordado con contundencia que este asunto fue resuelto hace varios años por la Corte Constitucional, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado y por los tribunales que han examinado la legalidad de las actuaciones de la SIC en esta materia».

La superintendente añadió que, de fondo, lo que se pretende es “viciar la capacidad institucional de la SIC, reduciéndola a una entidad de papel carente de eficacia real en la regulación de los mercados».

Agrega que se trata de un asunto “de la mayor gravedad» teniendo en cuenta que hace unos meses su esquema de seguridad fue objeto de seguimiento e intento de ataque armado por motocicletas de alto cilindraje con parrillero cerca de su domicilio, situación que fue advertida en dos ocasiones a la UNP.

Y concluyó: “Quiero invitar a la ciudadanía a mantenerse alerta, a respaldar a las instituciones, a ejercer un juicio crítico, informado, y a no dejarse confundir por la desinformación» para evitar que la corrupción no tenga cabida, y los mercados estén al servicio de interés general».

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El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), emitió un comunicado condenando las recientes amenazas de muerte dirigidas al Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Estas amenazas se producen en un contexto donde la lucha contra la corrupción es una de las prioridades fundamentales del presidente Gustavo Petro.

El compromiso del Gobierno en la lucha anticorrupción

El presidente Gustavo Petro ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera clave de su gobierno, y las recientes amenazas no cambiarán su postura firme en este aspecto. En el comunicado oficial emitido el 17 de septiembre de 2024, el Gobierno condenó enérgicamente las intimidaciones contra el doctor Andrés Idárraga, quien lidera la Secretaría de Transparencia, creada con el objetivo de erradicar la corrupción en todas sus formas.

Estas amenazas no solo ponen en riesgo la vida de un funcionario clave, sino que también subrayan los riesgos que enfrentan quienes lideran los esfuerzos anticorrupción en Colombia. A pesar de estas intimidaciones, el Gobierno ha dejado claro que su misión de combatir la corrupción se mantendrá sin tregua ni descanso.

????ATENCIÓN: Mediante un comunicado el @ContactoDapre condenó enérgicamente las amenazas de muerte recientes dirigidas al @STransparencia, @Aidarragaf. El Gobierno @petrogustavo reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción.

????Conéctate ahora:????????https://t.co/oeZQpX1NJ1 pic.twitter.com/2hy4MR5UPU

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 17, 2024

Investigación en curso para hallar a los responsables

El comunicado emitido por DAPRE también resaltó que las autoridades competentes ya han sido informadas de las amenazas y se han iniciado investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. El Gobierno reafirma su confianza en las instituciones encargadas de la justicia y asegura que no se permitirá que estos actos queden impunes.

De igual manera, el presidente Petro instó a la ciudadanía a colaborar en esta lucha, subrayando la importancia de que cualquier persona con información relevante la presente ante las autoridades competentes. La participación ciudadana es crucial para avanzar en la construcción de un país libre de corrupción y violencia.

La Secretaría de Transparencia: una institución firme en sus propósitos

A pesar de las amenazas, la Secretaría de Transparencia ha reafirmado su compromiso de continuar su trabajo sin descanso. Esta entidad, creada específicamente para enfrentar la corrupción, no se dejará intimidar por actos de violencia o intimidación, y seguirá adelante con su misión de descubrir y exponer cualquier acto ilícito que afecte al país.

En el comunicado oficial, se destacó que el compromiso de la Secretaría de Transparencia se mantiene firme: «Seguiremos persiguiendo la corrupción de manera implacable, sin tregua ni descanso». Esta declaración demuestra la determinación del Gobierno en continuar su esfuerzo por un país más transparente y justo.

Un llamado a la ciudadanía para reforzar la lucha

Además de condenar las amenazas y reafirmar su compromiso, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a esta lucha contra la corrupción. Se destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este proceso, y se instó a los colombianos a reportar cualquier acto o información que pueda ser relevante para combatir la corrupción.

La corrupción ha sido un problema estructural en Colombia por décadas, pero el actual gobierno ha puesto en marcha diversas estrategias para reducir su impacto y garantizar una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. El apoyo de la ciudadanía en la denuncia y vigilancia es esencial para el éxito de estas medidas, y el Gobierno espera que más personas se sumen a este esfuerzo conjunto.

Un desafío que no detendrá la misión anticorrupción

Las amenazas contra Andrés Idárraga representan un desafío para quienes lideran los esfuerzos anticorrupción, pero el Gobierno ha dejado claro que estos ataques no detendrán su trabajo. La lucha contra la corrupción es una prioridad y continuará con mayor fuerza.

La Secretaría de Transparencia, con el respaldo del presidente Petro, seguirá adelante con su misión. A pesar de los riesgos, el compromiso del Gobierno de garantizar un manejo transparente de los recursos públicos se mantiene inquebrantable, y las amenazas solo refuerzan su determinación de erradicar este mal que afecta al país.

La corrupción será perseguida con determinación, y el Gobierno espera que la ciudadanía y las instituciones trabajen de la mano para construir un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.

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Ya fue aceptada en un programa de docentes amenazados que lidera la Secretaría Departamental de Educación y en la actualidad despacha desde su casa mientras es reubicada en otro plantel.

La información sobre estas amenazas es muy fragmentaria, la única pista que tienen las autoridades, es que se trataría de represalias por acciones de protección a sus estudiantes que la directiva educativa adelantaba conjuntamente con la Comisaria de Familia de Carepa, como ella mismo lo reconoce en misiva enviada a sus docentes.

“Les informo que continuaré trabajando desde casa hasta tanto me reubiquen en otra institución educativa. Como ya les mencioné en un correo anterior, la Secretaría de Educación de Antioquia determinó que debía trabajar de forma virtual por razones de seguridad.

Esta situación desembocó en que me acogiera al Comité de Docentes Amenazados, pues recibí un mensaje de intimidación para dejar la zona, al parecer debido a los procesos de activación de rutas de restablecimiento de derechos a menores que he llevado a cabo con la Comisaría de Familia de Carepa” dice la docente en comunicación con los profesores de su plantel.

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