La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán para rendir declaración en el marco del expediente 6934, que investiga al presidente Gustavo Petro. La diligencia se realizará el lunes 21 de julio a las 11:00 a.m. mediante audiencia virtual.

Citación oficial del Congreso

La Comisión notificó que la comparecencia de Leyva se enmarca en el cumplimiento del auto de sustanciación emitido el 10 de junio de 2025, mediante el cual se ordenó la práctica de pruebas y, entre ellas, la recepción del testimonio del exfuncionario.

Contexto de la investigación

El expediente 6934 se originó tras una denuncia interpuesta por Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Petro. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades que involucran directamente al mandatario, motivo por el cual el testimonio de Leyva es considerado clave para el avance del proceso.

Modalidad y acompañamiento de la diligencia

La Comisión indicó que la audiencia se llevará a cabo de manera virtual, garantizando así la participación remota del exministro. Para la coordinación técnica, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la Comisión será el encargado de remitir el enlace de conexión y velar por la correcta realización del procedimiento.

Responsables del proceso

El desarrollo del caso está a cargo de los representantes Olga Lucía Velázquez Nieto y Wadith Alberto Manzur Imbett, quienes desempeñan funciones de investigación en este expediente. La citación refleja la intención del órgano legislativo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y cumplir con el debido proceso.

Próximos pasos en la investigación

Una vez Leyva rinda su declaración, la Comisión procederá con la evaluación del material probatorio y definirá si se convoca a nuevas audiencias o se emiten decisiones de fondo. Esta actuación constituye un paso crucial dentro del trámite legislativo de investigación contra el presidente Petro.

Relevancia política y jurídica

El testimonio del exministro Leyva podría aportar elementos determinantes para la investigación en curso, dado que el exfuncionario ha hecho públicas acusaciones que comprometen la actuación del presidente. El Congreso insiste en que todas las etapas del procedimiento se desarrollarán bajo los principios de transparencia y legalidad.

Una audiencia clave para el futuro del proceso

Con esta diligencia, la Comisión reafirma su compromiso con la independencia de las investigaciones y la garantía de los derechos de todas las partes involucradas. El desarrollo de esta audiencia virtual será seguido de cerca por la opinión pública y sectores políticos, debido a las implicaciones que podría tener en la estabilidad gubernamental y el panorama institucional del país.

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El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció públicamente tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión, que se fundamenta en supuestas irregularidades durante el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, ha generado una fuerte respuesta por parte de Leyva, quien acusa a la procuradora Margarita Cabello Blanco de falta de imparcialidad y denuncia un proceso disciplinario viciado. En sus declaraciones, Leyva cuestiona la autonomía de la Procuraduría, asegurando que sus acciones responden a intereses ajenos y presiones políticas.

Sanción y Acusaciones de Falta de Autonomía

Álvaro Leyva fue sancionado tras una investigación de la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, en la que se le acusa de haber violado los principios de la contratación estatal. La decisión de declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes habría perjudicado, según la Procuraduría, el interés público. La sanción, impuesta por el procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Jesús Espinosa, incluye inhabilitación por 10 años, acusando a Leyva de actuar con dolo.

En respuesta, Leyva cuestionó abiertamente la independencia de la procuradora Cabello, afirmando que “no es autónoma” y actúa en beneficio de quienes están detrás de ella. Este señalamiento se centra en una supuesta falta de imparcialidad en el proceso disciplinario, que, según el excanciller, estaría influenciado por intereses externos.

Denuncia de Irregularidades en el Proceso

Leyva denuncia que el fallo de la Procuraduría era “previsible”, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en su defensa. Según él, la procuradora Cabello habría incurrido en prejuzgamiento, ya que, de manera anticipada, declaró públicamente que el caso tendría un desenlace antes de enero de 2023, un acto que Leyva considera como una prueba de la parcialidad en su contra.

Además, argumenta que la Procuraduría habría excedido sus funciones al pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos, una competencia que corresponde a los jueces contenciosos. Para Leyva, este tipo de actuaciones representan un “precedente peligroso” que afecta la legitimidad de la Procuraduría.

Procedimientos sin Transparencia

El excanciller también señaló que las audiencias de su caso se llevaron a cabo sin acceso al público ni posibilidad de seguimiento en modalidad virtual. Según Leyva, esta falta de acceso vulnera el derecho a la transparencia, recordando la prohibición de la “justicia sin rostro” establecida por la ONU y la Corte Constitucional de Colombia. Esta restricción en la visibilidad de las audiencias es, a su juicio, una señal de irregularidades y una limitación a los derechos fundamentales de los acusados.

Crítica al Proceso de Licitación de Pasaportes

Uno de los puntos más controversiales en la sanción es la licitación para la emisión de pasaportes, proceso que Leyva asegura fue manipulado para beneficiar a un único contratista. El excanciller señala que el diseño de los pliegos de condiciones favorecía a un proveedor específico, eliminando la competencia. Este aspecto del proceso ha sido una de las principales justificaciones de Leyva para declarar desierta la licitación, argumentando que su actuación buscaba asegurar transparencia y adherirse a los principios constitucionales.

Además, menciona que durante el proceso recibió advertencias por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en un intento de frenar las irregularidades detectadas. Estos señalamientos, según Leyva, demuestran que su decisión de cancelar la licitación se fundamentó en la legalidad.

La Respuesta de Leyva ante la Sanción

Leyva, en su comunicado, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría y, en caso necesario, acudirá a los jueces de la República, a quienes considera como “autónomos e independientes”, en contraste con el proceder de la Procuraduría. Además, subrayó la necesidad de que este organismo retome un rol verdaderamente independiente, alejado de intereses políticos y enfocado en la moralidad pública en Colombia.

Leyva también reiteró su compromiso con las iniciativas de paz en el país, citando su papel en los acuerdos de La Habana y abogando por reformas políticas y sociales que promuevan un “gran acuerdo político nacional”.

Reflexión Final y Futuro del Caso

El caso de Álvaro Leyva plantea una profunda reflexión sobre la independencia y transparencia en los organismos de control en Colombia. Las declaraciones del excanciller, así como sus acusaciones contra la procuradora Cabello, han puesto en el centro del debate la imparcialidad de la Procuraduría y el impacto de posibles intereses políticos en sus decisiones.

Leyva ha sido una figura destacada en el ámbito político y de paz en Colombia, y su sanción, acompañada de las críticas al sistema de licitaciones y la falta de transparencia, podría repercutir en futuros procesos de contratación pública y en la evaluación de la gestión de la Procuraduría.

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