Un aporte del profesional Fernando Sánchez Prada*/Solidaridad/El Pregonero del Darién

Por considerar de interés general hacemos pública la siguiente información, para que las víctimas del terremoto registrado en el país el pasado lunes, conozcan de primera mano sus derechos de ley:

Si alguien que usted conoce perdió a un familiar en el terremoto, dígale esto. Hay una indemnización del Estado que casi nadie reclama. Existe desde 1993. Y no cubre solo la muerte: también la atención de los heridos.

La base es el artículo 167 de la Ley 100 de 1993. En «catástrofes naturales» hay derecho a «indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial».

Quien paga es la ADRES, con cargo a la subcuenta de riesgos catastróficos. El 10 de agosto anunció que reconocerá estos pagos a las víctimas de este sismo.

Los montos que informó la propia ADRES para 2026: Muerte y gastos funerarios: hasta $43.773.000.

Atención médica del lesionado: hasta $46.690.800.

Quién puede pedirla, en su orden: cónyuge o compañero permanente, hijos, padres, hermanos. Y hay plazo: 18 meses desde el hecho. No es cosa de esta semana, pero tampoco conviene dejarlo.

Los documentos: certificado de defunción, registros civiles que prueben el parentesco, cédulas, la epicrisis si hubo atención médica, y el formulario FURPEN, que desde abril de 2026 se radica en línea.

Hay un papel que traba todo, por eso va aparte. El certificado del consejo municipal o distrital de gestión del riesgo, donde conste que la persona fue víctima de este evento. Sin él, la reclamación no avanza.

Ese certificado se pide por derecho de petición a la alcaldía. Es gratis y no necesita abogado. La entidad tiene 15 días hábiles para responder, y esos términos no están suspendidos por el sismo.

Una aclaración, para no crear falsas expectativas. Esto cubre muerte, lesiones y atención en salud. No cubre la casa, ni los muebles, ni el carro. Para eso están los seguros, que van en otro hilo.

Si conoce a una familia que perdió a alguien, hágale llegar esto. Son más de cuarenta millones de pesos que se dejan de reclamar, casi siempre por no saber que existen.

Sí, es cierto. La información que compartió es precisa y se basa en la normativa vigente y en anuncios oficiales de la ADRES relacionados con el sismo del 10 de agosto de 2026.

Base legal y cobertura:

El artículo 167 de la Ley 100 de 1993 establece que, en casos de catástrofes naturales (entre otros eventos), los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen derecho al cubrimiento de servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. Estos se pagan con cargo a la subcuenta de riesgos catastróficos que administra la ADRES.

La ADRES lo confirmó públicamente el 10 de agosto de 2026: realiza dos tipos de reconocimientos para víctimas de este tipo de eventos (indemnizaciones/gastos funerarios por muerte o incapacidad permanente, y pagos de servicios de salud a lesionados). No cubre daños materiales (vivienda, muebles, vehículos, etc.).

Montos (valores 2026)

• Indemnización por muerte y gastos funerarios: hasta 750 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), equivalentes a aproximadamente $43.773.000.

• Atención médica/servicios de salud para lesionados: hasta 800 SMLDV (alrededor de $46.690.800).

• Incapacidad permanente: hasta 180 SMLDV (según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral calificado).

Quiénes pueden reclamar y plazo

Orden de prelación: cónyuge o compañero(a) permanente, hijos, padres y, en su defecto, hermanos. El plazo es de 18 meses contados desde el hecho (o desde el dictamen de incapacidad definitiva).

Documentos y trámite clave

Se requiere, entre otros: certificado de defunción, registros civiles que acrediten parentesco, cédulas, epicrisis (si hubo atención médica), el formulario FURPEN (radicable en línea desde abril de 2026 a través del portal de la ADRES) y, de manera indispensable, el certificado del Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (o equivalente de la UNGRD) que conste que la persona fue víctima del evento. Sin este último, la reclamación no avanza. Ese certificado se solicita por derecho de petición a la alcaldía (es gratuito y no requiere abogado; el término de respuesta de 15 días hábiles no se suspende).

En resumen: la información es correcta, existe desde 1993, la ADRES la activó expresamente para este sismo y muchas familias no la reclaman por desconocimiento. Recomiendo verificar los detalles actualizados y el procedimiento exacto en el sitio oficial de la ADRES (sección de reconocimiento y pago de indemnizaciones a víctimas – persona natural) o en sus canales de atención, ya que los requisitos documentales y la radicación en línea pueden tener particularidades operativas. (Interesados pueden consultar en la página de ADRES)

https://www.adres.gov.co/noticias/comunicado-para-las-victimas-del-terremoto

*Fernando Sánchez Prada es un experto colombiano en comunicación estratégica, desarrollo social y políticas públicas, con más de tres décadas de experiencia trabajando con gobiernos, organismos multilaterales e instituciones de protección social en América Latina.

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“En Colombia el 83 % de los casos de cáncer se diagnostica en etapa tardía, cuando el diagnóstico debería ser oportuno. No es posible que el país lleve 14 años bloqueando la atención primaria en salud. El sistema actual no es eficiente, y con la reforma dejaremos de tener un sistema de salud de silla Rimax», afirmó Martínez durante el encuentro de la ADRES en Barranquilla, en referencia a los servicios de urgencias colapsados que reflejan la falta de atención básica.

Durante el encuentro, al que asistieron cerca de 200 representantes de secretarías de salud, EPS e IPS del Caribe, el director resaltó el crecimiento de los recursos administrados por la ADRES: pasaron de $73 billones en 2022 a $100 billones en 2025.

De igual modo, subrayó que el giro directo a la red prestadora aumentó de $2 billones a $6 billones mensuales, lo que ha permitido mayor liquidez y estabilidad financiera para clínicas y hospitales.

Martínez también hizo un llamado a las EPS que aún no realizan los giros correspondientes, para que regularicen sus pagos y fortalezcan la sostenibilidad del sistema, en beneficio de los pacientes y del talento humano en salud.

En materia de innovación, el funcionario anunció la alianza de la ADRES con Amazon Web Services, que permitirá automatizar el proceso de auditoría de cuentas médicas, especialmente las relacionadas con accidentes de tránsito.

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Para agosto, según la Adres, del total de $7,6 billones reconoció para los afiliados del régimen subsidiado $3,7 billones, mientras que para el régimen contributivo la cifra fue de $3,8 billones.

Además, para el caso de las incapacidades por enfermedad general, la entidad destinó cerca de $158 mil millones, así como más de $45 mil millones para la financiación de actividades de promoción y prevención de enfermedades (PyP).

Para la atención de licencias de maternidad (10.657), licencias de paternidad (6.149) y para fallos de acción de tutela reportados por EPS (65), la entidad giró en junio cerca de $108 mil millones.

Giro directo

Con corte al mes de agosto, del total de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) reconocida, la Adres distribuyó, a través del mecanismo de giro directo, la suma de $5,92 billones a 3.741 clínicas, hospitales y otros proveedores de servicios y tecnologías en salud de todo el país, según postulación de las EPS para sus respectivas redes.

De estos recursos, más de $3 billones (78,53 % de la UPC) correspondieron al régimen contributivo y $2,8 billones (76,7 % de la UPC) al régimen subsidiado.?

Los recursos de giro directo entre enero y agosto totalizaron $44,7 billones, esto es 54,3 % más que en el mismo periodo de 2024 ($28,9 billones).

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La reforma a la salud, aprobada en primer debate, preserva dos pilares fundamentales del proyecto inicial: el manejo público de los recursos y el énfasis en la prevención sanitaria, según destacó Carolina Corcho, exministra de Salud. Esta iniciativa busca transformar el sistema con medidas que promueven la transparencia y el control social, en un esfuerzo por resolver problemas estructurales del sector.

Cinco medidas para combatir la corrupción

La propuesta introduce un esquema de supervisión a través del ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), implementando un sistema de información público que permitirá a los ciudadanos monitorear el destino de cada peso. Además, contempla:

• Pagos directos desde el ADRES a clínicas y hospitales bajo reglas claras.
• Auditoría a las gestoras de salud y vida, encargadas de coordinar los servicios.
• Supervisión estricta por parte del ADRES sobre las gestoras.
• Un manual tarifario obligatorio para regular los costos en servicios de salud.
• Creación de consejos de control social a nivel nacional, departamental y municipal.

Corcho enfatizó que este modelo garantiza transparencia al limitar la contratación sin regulación y al permitir la vigilancia ciudadana.

Énfasis en la prevención: clave para la sostenibilidad

La prevención es otro pilar del nuevo modelo. Según Corcho, un sistema de salud sostenible debe enfocarse en detectar enfermedades a tiempo. “Es inviable esperar que el cáncer avance o que se ignore la salud mental de los jóvenes. La prevención es el eje central del sistema”, afirmó.

Este enfoque busca reducir los costos a largo plazo, al tiempo que mejora la calidad de vida de la población.

Gestoras de salud y vida: un nuevo rol

El texto actual modifica la estructura de las EPS, que serán reemplazadas por gestoras de salud y vida. Estas entidades no manejarán directamente los recursos públicos, sino que se enfocarán en auditoría, coordinación y supervisión, asegurando un uso más eficiente y transparente de los fondos.

El proyecto también aborda problemas como la integración vertical, donde las EPS contrataban sus propias clínicas sin regulación, lo que generaba sobrecostos al sistema. El nuevo modelo promete corregir estas fallas, con un énfasis en la transparencia financiera y la regulación tarifaria.

La reforma, aunque ajustada respecto al texto original de más de 150 artículos, mantiene su esencia y los acuerdos logrados en el Congreso, siendo vista como una oportunidad para solucionar los problemas históricos del sector salud.

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La ADRES tomó medidas contundentes contra la corrupción en el sistema de salud, denunciando a 10 IPS ante la Fiscalía General de la Nación por reclamar pagos de 25.000 millones de pesos sin operar físicamente. Estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la atención médica de los colombianos.

Instituciones bajo investigación

Las 10 IPS denunciadas forman parte de un grupo de 52 auditadas, mayoritariamente en el Atlántico, tras detectarse irregularidades en sus operaciones. Las entidades señaladas son:

• Mediclinic Mi Ser IPS S.A.S.
• IPS Biotech de Colombia S.A.S.
• Confiansalud IPS L&M S.A.S.
• N&L Servicios de Salud S.A.S.
• IPS Premium Salud M&A S.A.S.
• Previmed Clinic S.A.S.
• Unidad de Cuidados Intensivos Milenium S.A.S.
• IPS Saddai Salud 7 S.A.S.
• VTS Servicios Integrales de Salud S.A.S.
• Suites Medical IPS S.A.S.

Las visitas de verificación evidenciaron la inexistencia de las instalaciones físicas declaradas, un requisito fundamental para operar como prestadoras de servicios médicos.

Proceso de auditoría y seguimiento

Félix Martínez, director general de la ADRES, destacó que, de las 52 instituciones auditadas, nueve lograron demostrar su existencia física, lo que permitió el descongelamiento de sus recursos. Sin embargo, estas continuarán bajo supervisión estricta y auditorías regulares para prevenir futuros riesgos.

Adicionalmente, la entidad tiene abiertos 33 procesos de investigación: cuatro en estudio de recursos de reposición y 29 en fase de notificación. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos destinados al sistema de salud colombiano.

La ADRES reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo las medidas de control para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación al bienestar de los usuarios.

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