Piden condena contra exgobernador Gaviria
La Fiscalía le endilga los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, ambos en calidad de coautor.
El proceso judicial contra el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, uno de los casos de más alto perfil en la política regional de los últimos años, ha entrado en su etapa definitiva. Este martes 22 de julio, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia adelantó la audiencia virtual de alegatos de conclusión, un paso crucial en el que las partes presentaron sus argumentos finales antes de que el alto tribunal emita un veredicto.
La jornada estuvo marcada por la contundente petición de la Fiscalía General de la Nación, que reiteró su solicitud de un fallo condenatorio contra el exmandatario por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz.
Con firmeza, la fiscal del caso tomó la palabra para recapitular y sostener la acusación contra Gaviria, insistiendo en que durante su primera gobernación (2004-2007) se transgredieron gravemente los principios de la contratación pública. La Fiscalía le endilga los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, ambos en calidad de coautor.
El ente acusador argumenta que las decisiones tomadas bajo su administración permitieron la apropiación de recursos públicos por parte de terceros y se saltaron los controles y la planificación que exige la ley, viciando un contrato de vital importancia para la conectividad del departamento.
El origen de este complejo caso se remonta al 22 de diciembre de 2005, cuando la Gobernación de Antioquia, bajo la administración de Gaviria, suscribió un contrato por $41.663 millones con el Consorcio Troncal de la Paz, integrado por los contratistas Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte.
El objeto era la construcción de un tramo vial entre La Cruzada (Remedios) y Caucasia. Sin embargo, el foco de la acusación no está en el contrato inicial, sino en dos adiciones posteriores que, según la Fiscalía, se firmaron sin el debido sustento técnico y legal.
La primera de estas adiciones, por un valor de $3.995 millones, se destinó a la pavimentación de 1,6 kilómetros de vías.
La segunda, un otrosí mucho más cuantioso de $16.334 millones, se firmó para la construcción de un puente sobre el río Nechí en el sector de Palizadas, en El Bagre. Para la Fiscalía, estos dos contratos adicionales, que juntos suman más de $20.300 millones y elevaron el costo total a casi $62.000 millones, se habrían adjudicado de manera irregular.
El argumento central es que se tramitaron sin los estudios previos necesarios, vulnerando el principio de planeación y eludiendo la licitación pública que exigía la Ley 600 de 2000, aplicable en ese entonces.
Además de la falta de estudios en las adiciones, la Fiscalía puso sobre la mesa otra presunta irregularidad: la modificación del anticipo pactado. En el contrato original se estipuló un anticipo del 25%, pero este porcentaje fue posteriormente ampliado al 29%, lo que significó la entrega de $1.500 millones adicionales al contratista.
En sus alegatos, la fiscal fue enfática: «Es claro que entre el 29 de diciembre de 2005 y el 10 de febrero de 2006, esos recursos del anticipo estuvieron en poder del contratista sin ningún tipo de control. Esas sumas, una vez salieron del ámbito de custodia de la administración, se incorporaron indudablemente en el patrimonio del contratista, lo que per se constituye un acto de apropiación en favor de terceros». (Fuente/vía/Minuto 30/
