Editorial octubre-El Pregonero del Darién
Es sorprendente ver como algunos políticos quienes se hacen llamar dirigentes, llegan al poder sin la más mínima idea del significado de lo público, las alcaldías por ejemplo no son de su propiedad, ni los bienes, ni mucho menos los presupuestos, son inquilinos pasajeros, elegidos para gerenciar una administración local.
Porqué es tan difícil entender algo tan elemental, se enfurecen cuando los ciudadanos les presentan un derecho de petición, justamente indagando por lo que es público, entran en cólera por que algún medio de comunicación les pisa los talones cuando sus desafueros administrativos comienzan hacer carrera ante la mirada atónita de todos.
Mucha falta hace que instituciones como la ESAP, metiera mano en estos temas, para ver si se empiezan a disminuir los reyezuelos y los emperadorcitos de esta calaña que van en vía de aumento.
Las alcaldías no son, ni almacenes de telas, ni mucho menos fritangas para manejarlas al capricho del reyezuelo de turno, no olviden que es un trono de barro que dura cuatro años y quince defendiéndose de la justicia.
Lo primero que un individuo debe saber a la saciedad cuando aspira a un cargo público es que será auscultado por la comunidad, que deberá rendir cuentas públicas de sus actuaciones, enfrentar veedurías ciudadanas, a la oposición y a los inconformes con su gobierno en general. Esto hace parte de derechos y deberes en una democracia y la misma Constitución Política establece mecanismos para que estos procesos se adelanten con todas las garantías.
Este medio de comunicación hizo públicas informaciones que incomodaron al alcalde de Carepa y de inmediato salieron algunos aspirantes a contratistas o a empleados del despacho a insultar y amenazar por redes sociales, él tan propenso a sacar la brasa con mano ajena, a utilizar firmones desde la tristemente célebre época del alcalde Claret Escalante, se apoya en ellos para generar todo tipo de desestabilización al interior de la Alcaldía Municipal y salir ileso, sin medir las consecuencias, ojalá el costoso equipo jurídico que tiene a su servicio, le haya advertido por ejemplo, que al ejecutar lo que los entendidos han llamado una “masacre laboral” hoy en marcha, ante los estrados judiciales no comparecerán los firmones sino la alcaldía con su represente legal a la cabeza, que es él por si no lo sabe y que la multimillonaria suma que tendrá que pagar el municipio como indemnizaciones a los trabajadores acorralados, se la revertirán a él, y que tendrá que responder con su patrimonio como lo dispone la Constitución y la ley.
Nosotros seguiremos cumpliendo nuestra misión, como lo dijimos públicamente, defendiendo el derecho fundamental a la libre expresión, aun conociendo el riesgo y las dificultades, seguiremos defendiendo lo público, en la lucha desigual contra la corrupción, pese a la incomprensión de quienes prefieren clavar la cabeza como el avestruz, ante la tragedia que vive hoy, no solamente Carepa, sino Colombia entera, con contadas excepciones.
La alcaldada que está ejecutando hoy el alcalde de Carepa, tendrá unos costos financieros políticos y sociales de grandes proporciones, así él se escude torpemente con el cuento peregrino que está cumpliendo el fallo de un juez, cuando el pueblo entero sabe de su afán por volver a las nefastas cooperativas y a las órdenes de servicios, que no hacen más que precarizar el trabajo por medio de la tercerización, aun en contra vía de normas legales que hablan, que el estado es justamente el responsable de velar y respetar los derechos de los trabajadores.
