Desde que se inició la pandemia del Covid, la discusión se ha centrado entre si prevalece la economía o la vida o sin ambas podían convivir en procura de no llegar al colapso por alguna de estas dos vías.
Finalmente ha venido primando la tesis de salvar la economía, por encima de la vida y medio país puede salir a trabajar bajo regímenes especiales.
Sin embargo, los gobiernos departamentales y municipales han sido facultados para flexibilizar las restricciones o en su defecto endurecerlas de acuerdo con cada caso y como el virus avanza sin control y apenas nos aproximamos al pico de la pandemia; ya con el sistema de salud colapsado, aunque colapsado estaba y valga la aclaración; en el caso de Antioquia y Bogotá por ejemplo, han declarado la alerta roja y reforzado las medidas de precaución.
Es cierto que los comerciantes han hecho esfuerzos descomunales para aplicar los llamados protocolos de bioseguridad, para mantenerse a flote en medio de la crisis, que están ahogados en deudas, con la “generosa banca”, con arriendos, servicios públicos y nómina.
Lo que tampoco hemos entendido y es por falta simple y llanamente de educación, es no saber y entender los efectos devastadores de una pandemia, porque nunca nos había tocado, la última ocurrió hace cien años.
Y si seguimos con la cantaleta que hay que abrir los negocios, vender y vender, para salvar el bolsillo, mañana no vamos a tener quien venda ni quien compre, porque a ese ritmo nos vamos a morir todos.
Cuando decimos que los comerciantes buscan el ahogado río arriba es por que le están reclamando al que no maneja la chequera del estado, esa no la manejan los alcaldes ni los gobernadores, la maneja el señor presidente de la república que se ha dedicado a gastar y a derrochar los dineros públicos a cuatro manos, abusando de los decretos de excepción, pagando millonarios contratos para mejorar una imagen que no la mejora ni un mago, pues el tema no es de forma, sino de fondo.
Es a él al que le deben reclamar los comerciantes por medio de las organizaciones que los representan con cartas masivas, con firmas masivas, buscando apoyo en la clase parlamentaria, para que las cacareadas ayudas consignadas supuestamente en esa maraña de decretos les lleguen pronto, sin más dilaciones, sin discursos chimbos, sin más intermediarios.
Es al dueño del balón al que deben presionar para que deje de girarle astronómicas sumas a los banqueros, a los grandes y poderosos empresarios, que mire la calamidad de la provincia, de nuestros campesinos, estos si héroes que han mantenido a flote la despensa de los colombianos.
Que bueno sería que los señores comerciantes le dieran una rapasadita al estudio realizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para que se enteraran de las mentiras y de la forma bochornosa como el ejecutivo nacional se viene gastando el presupuesto sin control alguno.
“No hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura. Por un lado, no hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuales han sido los gastos efectivamente realizados”, asegura el informe.
Entre los hallazgos revelados por el estudio se identifican indicios de un gasto mucho menor del anunciado por el Gobierno colombiano, pues aunque este ha manifestado que está destinando el 11% del PIB a las necesidades de la pandemia, en realidad el 6% de ese porcentaje tiene que ver con recursos reservados para garantías de créditos, no con recursos gastados en atención a la emergencia.
El estudio agrega que la principal fuente de recursos que verdaderamente pueden constituir un gasto es aquellos que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que asciende al 2,4% del PIB.
“Las magnitudes del Fome expuestas en la página web y la estimada a partir de los decretos tienen una diferencia del orden de $0,1 billones” es decir unos $100.000 millones, y de la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades es de apenas $2,7 billones o 0,25% del PIB, lo que evidencia que es distinto trasladar recursos entre entidades que realmente gastarlos.
Otro de los puntos más importantes de este estudio de la Universidad javeriana, que desde luego no es castrochavista, fue que el ministro de hacienda anunció $7,1 billones para la atención en salud, pero hoy apenas llega al $0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud.
Y para rematar miren como como sintetiza la Universidad Javeriana su informe:
“Se concluye que, en realidad, es difícil conocer la magnitud concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención, que no hay cuentas claras con respecto a cómo se han utilizado y, sobre todo, que hay una ausencia total de un plan concreto de gasto, peso por peso, de estos billonarios recursos”
En conclusión, las ayudas no están llegando a los destinatarios que realmente las necesitan, recordemos la mezquindad del bloque parlamentario afecto al gobierno, que hundió la propuesta de renta básica, que consistía en pagar un salario mínimo por tres meses a unos 10 millones de colombianos, lo que habría reactivado seriamente la economía y aliviado la dura carga de estas familias.
Desde luego que esto no exime a alcaldes y gobernadores para mediar, tender puentes con el gobierno nacional para acelerar estas ayudas, ni los exime de buscar fórmulas creativas que aporten a evitar la debacle, como lo viene haciendo alcalde de Envigado Braulio Espinosa.
Si los pequeños y medianos comerciantes no reciben un salvavidas de carácter urgente, sin tanta propaganda y tramitomanía, lo que se avecina para el empleo y la economía será peor que el Covid.
Urabá-agosto-2020.
