La senadora Paloma Valencia oficializó este miércoles su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, en un evento realizado en el norte de Bogotá. Con este anuncio, la congresista puso fin a su trayectoria legislativa y confirmó que no buscará un nuevo escaño en el Congreso, concentrando todos sus esfuerzos en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Paloma Valencia se despide del Congreso

Fin de una etapa política

Valencia, quien ha sido una de las voces más visibles de su partido, aseguró que su tiempo en el Legislativo ha concluido. “Esa es una etapa que ha terminado. Mi propósito es ser la próxima presidenta de Colombia”, afirmó durante su intervención. Con ello, descartó las versiones que la ubicaban como candidata al Senado en las elecciones parlamentarias de 2026.

Una apuesta por el Ejecutivo

La dirigente del Centro Democrático señaló que su objetivo está puesto en llegar al poder ejecutivo, con la intención de liderar una propuesta de cambio desde la Presidencia. Su aspiración marca un giro en su carrera política y se suma a la lista de figuras que buscan revitalizar al uribismo frente a los comicios de 2026.

Ejes principales de su campaña

Seguridad como prioridad nacional

En su discurso, Valencia dejó claro que la seguridad será la base de cualquier proyecto político. Prometió que no habrá territorios en manos de violentos y pidió fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen sin titubeos. “No habrá un centímetro de Colombia que quede en manos de los violentos”, sentenció.

Salud y economía en el centro de la agenda

La precandidata también destacó la necesidad de dignificar el sector salud, denunciando la escasez de medicamentos y la falta de recursos. “Nuestros médicos siguen adelante porque los médicos de Colombia también tienen power”, expresó en tono enfático. En lo económico, propuso fomentar el empleo, apoyar el emprendimiento y garantizar la estabilidad fiscal, además de impulsar una “revolución de las energías” para promover el crecimiento sostenible.

La contienda interna en el Centro Democrático

Precandidatos en competencia

Valencia competirá en la encuesta interna del Centro Democrático contra María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. El ganador de este proceso será el representante del uribismo en la consulta interpartidista de las fuerzas de derecha, programada para marzo de 2026.

Tensiones y nuevos liderazgos

El lanzamiento de su campaña ocurre en un momento de recomposición para el partido, marcado por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hecho que sacudió al uribismo. La postulación de su padre, Miguel Uribe Londoño, añade simbolismo y tensión a la competencia interna. El Centro Democrático busca recuperar protagonismo en la política nacional y consolidar una opción presidencial competitiva.

Un propósito histórico y críticas al gobierno actual

La primera mujer en la Presidencia

Paloma Valencia manifestó su aspiración de convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Colombia. “Mi propósito es ser la primera mujer presidente de Colombia, una presidente para todos los colombianos”, recalcó, presentándose como una alternativa capaz de unir al país.

Contraste con el gobierno de Petro

La congresista también aprovechó su discurso para lanzar críticas al presidente Gustavo Petro, asegurando que el país atraviesa un ambiente de desesperanza. En contraste, afirmó que busca construir “una Colombia grande, parecida a la que los colombianos nos merecemos”.

Con este lanzamiento bajo el lema “Colombia Power”, Paloma Valencia inicia una carrera marcada por los retos internos de su partido, la polarización política y el desafío de conquistar el respaldo ciudadano en un escenario electoral altamente competitivo.

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Un mes para decidir el rumbo progresista

A un mes de la consulta interna del Pacto Histórico, Daniel Quintero confirmó que competirá por el aval presidencial dentro de la coalición. Su anuncio se enmarca en un contexto de profundas tensiones internas entre quienes cuestionan su participación.

La postura de Quintero ante la coalición

Afirmación de continuidad y unidad

“La unidad es la victoria”, declaró Quintero, advirtiendo que no caerá en el juego de quienes han “traicionado al presidente” y dividido al progresismo. Por ello, anunció que inscribirá su nombre en la consulta del 26 de octubre, y subrayó que “que sea la gente la que decida” su destino como candidato.

Condiciones claras según el escenario

Quintero precisó que, si no resulta vencedor, apoyará “sin titubeos” al ganador. En caso contrario, exigirá respaldo para sus propuestas, que incluyen una campaña austera, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la construcción de un frente amplio en defensa del progresismo.

Divisiones en el Petrismo

Críticas desde las bases petristas

Varios precandidatos consideran que Quintero no debería participar, debido a estar imputado por presunta corrupción. Sin embargo, Gustavo Petro ha expresado interés en sumar fuerzas a su proyecto político, lo que evidencia una tensión entre apertura y purismo dentro de la coalición.

Nuevas candidaturas que reconfiguran el panorama

La apuesta de Iván Cepeda por la consulta interna aviva el debate electoral. Su candidatura ha sido recibida con entusiasmo como una propuesta de integridad y experiencia progresista, compitiendo junto a figuras como Carolina Corcho, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar. Esta diversidad amplía el tarjetón electoral.

El contexto político del Pacto Histórico

Consulta interna y consolidación partidaria

El Pacto Histórico define una consulta el 26 de octubre de 2025 para elegir a su candidato presidencial. El ganador avanzará a una consulta ampliada en marzo de 2026, donde se definirá el aspirante del frente amplio progresista. Desde julio, seis precandidatos ya habían sido oficializados.

El peso de las controversias

Procesos judiciales como sombra política

La Fiscalía imputó a Daniel Quintero por peculado por apropiación, interés indebido en contratos y prevaricato, en relación a un polémico caso inmobiliario zanjado en su gestión como alcalde. Este proceso representa un factor de fricción en su participación.

El anuncio de Daniel Quintero reconfigura el escenario progresista de cara a las elecciones de 2026. Entre acusaciones éticas, debates internos y nuevas candidaturas, el Pacto Histórico transita un momento decisivo que definirá no solo su aspirante presidencial, sino también la estrategia del progresismo en Colombia para la próxima década.

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Miles de israelíes salieron a las calles este lunes en una jornada de movilización nacional denominada Día de la Interrupción. Las protestas incluyeron bloqueos de carreteras, quema de neumáticos y concentraciones masivas en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, con un mensaje central: exigir al gobierno un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes en Gaza y un alto al fuego inmediato.

Un país paralizado por la movilización ciudadana

Exigencia central: liberar a los rehenes

El Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos fue el principal impulsor de las manifestaciones. Decenas de miles de ciudadanos participaron en bloqueos frente a residencias ministeriales y en importantes carreteras, reclamando que el primer ministro Benjamín Netanyahu dé prioridad al retorno de los cautivos. La presión se intensifica tras el reciente ataque aéreo israelí contra el hospital Nasser en Gaza, donde murieron al menos 20 civiles, entre ellos periodistas y rescatistas.

Críticas al liderazgo de Netanyahu

Muchos manifestantes consideran que el gobierno ha ignorado las propuestas de mediadores internacionales para un cese al fuego. Netanyahu es acusado de prolongar la guerra con fines políticos, sacrificando la seguridad de civiles y soldados. Pese al clamor social, el gabinete de seguridad israelí se reunió sin discutir el plan de alto el fuego de 60 días aceptado por Hamás, lo que incrementó la frustración en las calles.

El costo humano del conflicto

Víctimas civiles y ruina en Gaza

La ofensiva israelí en Gaza continúa dejando consecuencias devastadoras. Más de mil edificios fueron destruidos en menos de veinte días en Ciudad de Gaza, mientras miles de familias sobreviven en condiciones precarias, con escaso acceso a alimentos y sin certeza de dónde caerán los próximos bombardeos. El ataque al hospital Nasser simboliza la magnitud de la tragedia, convirtiéndose en un punto de indignación tanto dentro como fuera de Israel.

Periodistas entre las víctimas

La muerte de la reportera Mariam Daga, de 33 años, marcó a la opinión pública. Su familia relató que era consciente del riesgo, pero decidió informar desde Gaza. Su fallecimiento refleja el alto costo que pagan los comunicadores en medio del conflicto y pone en evidencia los riesgos que enfrenta la prensa en contextos de guerra.

Sociedad civil frente a la inacción política

Un movimiento ciudadano diverso

Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, la sociedad civil israelí ha desempeñado un papel protagónico. Organizaciones comunitarias han apoyado a desplazados y familias de rehenes, consolidando un movimiento amplio que representa, según encuestas, a cerca del 80 % de la población que exige un alto el fuego. Aunque existen distintas posturas —algunos buscan únicamente el regreso de los cautivos y otros el fin total de la guerra—, la demanda común es clara: detener la violencia.

Respuesta del gobierno y división interna

La respuesta oficial ha sido limitada. Mientras Netanyahu evita pronunciarse directamente sobre las manifestaciones, algunos ministros las califican de “herramientas al servicio de Hamás”, argumentando que muestran división interna. Sin embargo, para muchos de los rehenes liberados, las protestas representaron un aliento durante su cautiverio, al saber que existía un sector de la población movilizado por su regreso.

La jornada del Día de la Interrupción evidencia que la presión social sobre el gobierno israelí se encuentra en uno de sus puntos más altos. La demanda de un acuerdo humanitario y del fin de la guerra se ha convertido en un clamor ciudadano difícil de ignorar. El futuro inmediato dependerá de si Netanyahu y su gabinete deciden atender este llamado o continúan con una estrategia de confrontación que ha profundizado la división interna y la crisis humanitaria en Gaza.

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Durante la sesión se analizaron las medidas implementadas hasta el momento, frente a las cuales el jefe de la cartera política destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día hay 194 personas bajo protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes’, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar el proceso democrático.

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, en coordinación con la UNP incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, hemos articulado la seguridad en las regiones, para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad’, dijo.

Según se indicó, en 24 departamentos se adelantan jornadas de precampaña sin contratiempos. Para ello se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.

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La pregunta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

Por novena vez en seis años, el Congreso de la República discute si Colombia debe regular el uso adulto del cannabis en Colombia. La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, vuelve a intentar abrir un camino que ha estado bloqueado durante años por prejuicios, desinformación, temores sociales y cálculos políticos. Pero la pregunta de fondo no es solo si se debe eliminar la prohibición constitucional y avanzar hacia un mercado regulado, sino si el país está listo para superar el estigma, reconocer que el consumo existe y, al mismo tiempo, convertir un mercado ilegal en una oportunidad de desarrollo, empleo y alternativas para las comunidades cultivadoras.

En Colombia, hablar de cannabis no es una novedad. Desde hace décadas, la Corte Constitucional ha reconocido el uso personal de drogas como un derecho y desde 2016 el país cuenta con una ley que regula los usos medicinales y científicos del cannabis. Sin embargo, el uso adulto sigue siendo un tema incómodo y de difícil avance en la arena política: mientras la sociedad global ha cambiado sus percepciones, el Congreso de la República ha hundido una y otra vez los intentos por abrir la puerta a la regulación. 

El noveno intento de Losada llega en una coyuntura particular. El gobierno nacional se ha declarado abiertamente a favor de una reforma profunda de la política de drogas; aunque esto no se haya materializado en grandes avances en el plano nacional, en la opinión pública hay un apoyo creciente a alternativas a la prohibición, y se acercan las elecciones presidenciales, por lo que las y los congresistas se alistan para hacer campaña en regiones a favor de sus candidatos, lo que hace que el Congreso de la República opere mucho más lentamente de lo que suele operar. Este panorama nos plantea las dificultades para que el proyecto de Losada avance y supere los ocho debates de ley necesarios en pleno año electoral.

¿Qué propone el nuevo proyecto?

El proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 49 de la Constitución, para exceptuar de la prohibición de porte y consumo de sustancias psicoactivas al cannabis y habilitar su producción, distribución, venta y comercialización con fines de uso adultos. En la práctica, no significa que desde el día de su aprobación cualquier persona mayor de edad pueda ir a comprar cannabis en un establecimiento comercial. Lo que haría es abrir la posibilidad para que, posteriormente, se diseñe un mercado legal, con reglas, controles y responsabilidades. 

Sin embargo, la propuesta establece límites claros. Prohíbe la publicidad y la promoción del cannabis —con la excepción de campañas educativas o de prevención— y restringe el consumo en espacios sensibles como colegios, parques, escenarios deportivos y centros de primera infancia. Además, obliga al Estado a implementar políticas de salud pública: prevención, tratamientos voluntarios, reducción de riesgos y daños, así como atención especial a niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el proyecto busca un equilibrio: abre la puerta a un mercado regulado, pero lo enmarca en un modelo que combina derechos y libertades individuales con deberes estatales de protección a la salud y de control de riesgos sociales. No se trata de una “legalización sin reglas”, sino de reconocer que el consumo existe y que regularlo bajo parámetros de salud pública y derechos humanos puede ser más efectivo que mantenerlo en la ilegalidad.

Aunque esta iniciativa conserva la misma esencia de los proyectos presentados en legislaturas anteriores —modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir la regulación del cannabis de uso adulto—, el texto más reciente muestra algunos ajustes que reflejan tanto aprendizajes políticos como una intención de blindarlo frente a críticas recurrentes.

Por un lado, mantiene la prohibición de la publicidad, pero abre la puerta a campañas educativas e informativas dirigidas exclusivamente a personas mayores de edad. Con ello busca responder a quienes advertían que la falta de información clara podía dejar a las y los consumidores en la desprotección. También refuerza las restricciones de consumo en espacios sensibles: además de colegios y centros de primera infancia, ahora incluye parques y escenarios deportivos, lo que envía un mensaje más firme de protección de entornos frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

El proyecto conserva el enfoque de salud pública y reducción de riesgos y daños, pero lo formula con mayor énfasis en derechos humanos y en la atención integral de la comunidad. A su vez, eleva a un parágrafo específico la participación de comunidades étnicas y campesinas, lo que subraya que la regulación no debería quedar exclusivamente en manos de grandes empresas, sino que debe garantizar acceso a quienes históricamente han estado vinculados al cultivo de cannabis.

En suma, aunque el proyecto sigue la misma ruta de reforma constitucional que los intentos previos, esta versión delimita más los espacios de consumo, refuerza el carácter preventivo de la política pública, reconoce a las comunidades campesinas y étnicas y organiza de manera más clara la dimensión tributaria. Todo esto orientado a superar las barreras políticas que han frenado la iniciativa en el pasado y a responder a los pedidos de quienes han querido apoyar el proyecto, con la solicitud de incluir algunos elementos adicionales que permitan fortalecer la protección a menores de edad.

¿La novena será la vencida?

La regulación del cannabis de uso adulto sigue dividiendo opiniones. Quienes apoyan el proyecto en el Congreso sostienen que abrir un mercado legal puede reducir el poder de las economías criminales, generar ingresos fiscales y crear oportunidades para las comunidades cultivadoras que hoy dependen de la economía ilícita. También insisten en que regular es más honesto y responsable que seguir negando un consumo que ya existe y que, bajo la ilegalidad, queda sin controles de calidad ni políticas de salud pública adecuadas. A esto se suma un argumento de derechos, pues en una democracia moderna, las personas adultas deberían poder decidir sobre su propio consumo, siempre que se establezcan reglas claras para prevenir el uso en menores de edad.

Los opositores, en cambio, advierten sobre los riesgos de “normalizar” la marihuana, sobre todo entre jóvenes, y cuestionan la capacidad del Estado colombiano para implementar una regulación estricta. Pero muchos de estos reparos se nutren de desinformación: se sobredimensiona el impacto del cannabis frente a otras sustancias legales como el alcohol, se asocian los mercados regulados con aumentos automáticos en el consumo juvenil (cuando la evidencia muestra lo contrario), y se reduce la discusión a una amenaza moral en lugar de un debate de salud pública. Este tipo de discursos tienden a calar en un ambiente político marcado por el temor y la polarización.

Mayor respaldo

En este contexto, la cuestión es si el proyecto tiene viabilidad política, sobre todo a meses de las elecciones presidenciales. Intentos anteriores se hundieron en el Senado, a pesar de haber logrado avances inéditos en la Cámara. Hoy, el panorama parece ligeramente distinto, ya que el tema cuenta con mayor respaldo en sectores del Gobierno, la opinión pública se ha vuelto más receptiva a salidas distintas al prohibicionismo, y la redacción más cuidadosa del articulado busca disipar temores. Sin embargo, las resistencias culturales siguen siendo fuertes y, en un escenario electoral, muchos congresistas pueden optar por el cálculo político y alinearse con discursos conservadores para no arriesgar votos, incluso si la evidencia favorece la regulación.

Así, el proyecto se mueve en un terreno incierto: con más apoyos que en el pasado, pero todavía con el riesgo de naufragar en la recta final. La pregunta que queda abierta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

En últimas, el debate sobre el cannabis de uso adulto no es solo jurídico o económico, es una conversación sobre qué país queremos ser. Colombia puede optar por mantener una prohibición que no resuelve nada, o por ensayar una regulación responsable que ponga la salud pública y los derechos en el centro. Lo que definirá el rumbo, más que los argumentos técnicos, será la voluntad política en medio de un año electoral. Y ahí está la paradoja, puede que tengamos más evidencia y consensos que nunca, pero quizás aún no la disposición de las y los congresistas para dar el salto.

*Abogada con más de diez años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional y política de drogas con enfoque de derechos. Directora de la oficina de Elementa DD. HH. en Colombia.

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El programa busca llevar formación en música, danza, teatro, escritura creativa y producción audiovisual a niñas, niños y jóvenes en todo el territorio, reconociendo la cultura como un motor de transformación social.

La ministra Yannai Kadamani destacó que el desarrollo de Colombia no se limita a lo material y estructural, sino que exige una apuesta social y cultural que permita consolidar la paz.

“Este programa es la apuesta más grande que ha tenido la historia de Colombia en materia de cultura. Su importancia radica en el despliegue territorial y regional, porque no estamos contratando formadores desde las ciudades o desde el centro, sino llevando los sabedores de la región a los espacios educativos’, señaló.

En 2025 el programa llegará a 400 mil estudiantes entre 6 y 17 años DE 2.616 colegios públicos, con la meta de alcanzar 1 millón de beneficiarios en 5 mil instituciones educativas durante el cuatrienio.

La inversión prevista es de 184 mil millones de pesos en 2025, la cifra más alta en la historia cultural del país. Además, generará empleo cultural con la contratación de 4.000 artistas formadores y sabedores este año, y un total de 8.000 al cierre de 2026.

La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Lucy Maritza Molina, resaltó que gracias al programa se han hecho viables más de 1.700 cargos docentes en colegios públicos, llegando a territorios históricamente excluidos como Catatumbo, Timbiquí y el Chocó.

De igual manera, el viceministro (e) de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Fabián Sánchez, enfatizó que esta iniciativa es más que un programa sectorial:
“Estamos hablando de una apuesta de país. Las artes permiten reconocer los procesos históricos de las regiones, integran a las secretarías de cultura y a los establecimientos educativos, y también valoran la educación informal. La cultura tiene mucho que aportar a los procesos formativos en Colombia’.

Con “Artes para la Paz’ el Gobierno del Cambio ratifica que la cultura y la educación artística son pilares para la construcción de paz, la equidad territorial y la transformación social de Colombia.

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El despliegue militar estadounidense en el Caribe plantea dudas sobre la estrategia de Donald Trump: ¿presión máxima contra Maduro, ataques selectivos al narcotráfico, o un eventual cambio de régimen en Venezuela? Estas han sido sus acciones.

El despliegue militar y su contexto

Este 15 de agosto, la Marina de Estados Unidos confirmó el envío del Grupo Anfibio Iwo Jima —integrado por el buque de asalto USS Iwo Jima, los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, y la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina—. 

Tres días después se sumaron los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. En total, cerca de 4.000 marinos e infantes de marina, varios aviones de patrulla P-8 y al menos un submarino nuclear de ataque.

Washington presentó la operación como un refuerzo prolongado hacia el sur del mar Caribe, desarrollado en aguas y espacio aéreo internacionales, cuyo objetivo declarado es “frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos”. 

Pero la magnitud del despliegue abrió el debate: ¿se trata de una campaña de presión máxima contra el régimen de Nicolás Maduro, de una intervención para forzar su salida o de operaciones puntuales contra nodos estratégicos del narcotráfico?

Desde enero, el Departamento de Estado (DoS) no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela tras el fraude de 2024, y en su lugar reconoce a Edmundo González.

Doctrina Trump: uso calibrado de la fuerza

Aunque Trump ha sido reacio a intervenciones militares masivas por sus costos económicos, riesgos diplomáticos y divisiones internas, no renuncia al uso de la fuerza. 

Bajo su gobierno, Estados Unidos ha realizado ataques puntuales de alta intensidad, como:

Los bombardeos contra el Estado Islámico en Somalia (febrero de 2025).

Las operaciones aéreas contra los hutíes en Yemen (marzo-mayo de 2025).

Los ataques a infraestructura nuclear y militar en Irán (junio de 2025), en coordinación con Israel.

Estos ejemplos muestran un patrón: operaciones focalizadas sobre nodos estratégicos, que buscan una afectación duradera sin comprometer grandes contingentes, aprovechando el poder aéreo, la logística y la superioridad tecnológica. El objetivo es maximizar el impacto y minimizar las bajas y los escenarios de guerra asimétrica.

Trump combina el poder militar con otras herramientas: sanciones económicas, medidas legales y presión diplomática. A diferencia de otras intervenciones clásicas, su enfoque apunta a crear incertidumbre estratégica, alternando posturas duras y negociadoras para influir en el adversario.

Arsenales legales y económicos

El día mismo de su posesión (20 de enero de 2025), Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que ordena etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) por amenazar la seguridad estadounidense y la estabilidad hemisférica.

El DoS ha designado como FTO y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a las siguientes organizaciones: Tren de Aragua, MS-13, cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Nueva Familia Michoacana, Golfo y Cárteles Unidos. 

El 25 de julio incluyó al Cártel de los Soles, asegurando que opera vinculado con el régimen venezolano y coopera con el Tren de Aragua y Sinaloa.

La designación como FTO permite poner en marcha una amplia batería de medidas: congelamiento de activos, sanciones a colaboradores y, eventualmente, el uso de capacidades militares. 

Recompensas, sanciones y presión

El Programa de Recompensas por Narcóticos del DoS vincula a Maduro con una conspiración narcoterrorista, y lo acusa de coordinación con las FARC, entrega de armas, tráfico de cocaína a gran escala y entrenamiento de milicias para el Cártel de los Soles.

El 7 de agosto pasado, el gobierno de Trump aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares (15 millones en 2020, 25 millones en enero de 2025). 

El día 8, el New York Times reveló una directiva presidencial que autoriza al Pentágono a usar las Fuerzas Armadas contra los cárteles latinoamericanos designados como terroristas.

 El 13 de agosto, la fiscal Pam Bondi anunció la confiscación de más de 700 millones de dólares en activos de Maduro.

Estos hechos dejan claro que la meta de Washington es sacar a Maduro del poder, pero sin una invasión clásica, como la de 1989, para derrocar a Noriega en Panamá, cuando Estados Unidos desplegó 27.000 soldados frente a 12.000 panameños. 

Hoy Trump prefiere escenarios de máxima presión político-militar, combinando sanciones, ataques puntuales, presión internacional y recompensas millonarias.

¿Hacia dónde va la estrategia?

La presión incluye la posibilidad de atacar infraestructura y rutas del narcotráfico en Venezuela, junto con una mediación discreta de potencias regionales. La recompensa y el descontento interno podrían convertirse en catalizadores para la salida de Maduro.

El trasfondo es un régimen señalado por corrupción, colapso económico, violencia y una diáspora de 7,9 millones de venezolanos. 

En ese contexto, el despliegue militar en el Caribe debe verse como parte de una estrategia de Trump para coercionar sin invadir, aprovechando su legado empresarial: generar presión, incertidumbre y costos altos para el adversario hasta forzar concesiones o una transición.

*Magíster en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Javeriana.

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La decisión del senador Iván Cepeda de participar en la consulta presidencial interna del Pacto Histórico ha dado un nuevo aire a la campaña de la izquierda colombiana. Su anuncio fue recibido con entusiasmo por sectores progresistas, liberales y de izquierda radical, que ven en él una figura de consenso capaz de elevar el debate político y superar divisiones internas.

La irrupción de un candidato con trayectoria

Cepeda, un defensor de derechos humanos

En su primer discurso como precandidato, realizado en Pasto, Nariño, Cepeda se presentó como “un defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político e hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado”. Con 62 años, su vida ha estado marcada por la defensa de la paz y el compromiso con las víctimas, elementos que ahora trasladará a la contienda electoral.

Un escenario de competencia múltiple

El senador competirá con figuras destacadas de la izquierda como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez, Carolina Corcho y Gloria Flórez. Aunque aún se desconoce la participación del exalcalde Daniel Quintero, la presencia de Cepeda ha cambiado el panorama de la consulta que se celebrará el 26 de octubre.

Reacciones al anuncio de Cepeda

Elogios desde el progresismo

La exministra Muhamad destacó que su llegada “le da altura al debate y reafirma la unidad”, mientras que Gustavo Bolívar lo calificó como un “auténtico luchador de la causa progresista”. Otros líderes, como Roy Barreras y Guillermo Rivera, resaltaron su ética, sencillez y compromiso con la paz, reconociendo que su candidatura fortalece la democracia interna del Pacto Histórico.

El respaldo de víctimas y movimientos sociales

Diversas organizaciones sociales y colectivos de víctimas celebraron la decisión de Cepeda, agradeciendo su apoyo constante en procesos de justicia y memoria histórica. Las madres de Soacha lo acompañaron con un mensaje: “Unidos vamos a traer paz y justicia. Estamos listas para caminar a tu lado”.

La reacción de la oposición

Críticas desde la derecha

Sectores de la derecha reaccionaron con dureza, acusándolo de cercanía con las FARC, un discurso que ha acompañado a Cepeda desde hace años, especialmente tras su papel en los procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, el senador ha optado por no responder con ataques.

Una campaña basada en el respeto

Cepeda ha reiterado que su campaña se desarrollará en un tono de diálogo y respeto, sin insultos ni campañas difamatorias. Su apuesta por un debate de ideas lo diferencia en un escenario político cada vez más polarizado. Escritores, intelectuales y figuras públicas como Laura Restrepo y Margarita Rosa de Francisco celebraron esta postura, destacando la necesidad de elevar el nivel del debate nacional.

Al final, la precandidatura de Iván Cepeda no solo revitaliza la campaña del Pacto Histórico, sino que también plantea una oportunidad para que la izquierda colombiana se presente unida y con un mensaje de reconciliación frente a los comicios presidenciales de 2026. Su discurso prudente, su historia de vida y su compromiso con la paz lo posicionan como un referente en la contienda electoral.

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La entidad lidera este proceso de actualización del mecanismo que establece condiciones de precios, calidad y entrega en el mercado de medicamentos, que ayude al país a eliminar las barreras de acceso a tratamientos médicos.

El Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos establecerá reglas de juego para la contratación, adquisición y dispensación de este tipo de productos por parte de los futuros proveedores a entidades estatales.

Para este propósito, Colombia Compra Eficiente convoca a laboratorios, gestores farmacéuticos, distribuidores mayoristas de medicamentos y demás interesados a participar activamente en la estructuración de este acuerdo.

“Buscamos movilizar a toda la industria farmacéutica nacional, pero también a los laboratorios internacionales presentes en Colombia, lo cual implica abrir la participación en un sector en el que hasta ahora han mostrado interés unos 1.500 proveedores», aseguró Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente.

Explicó el directivo que con este proceso se garantiza la eficiencia, transparencia y mejores condiciones para la cadena farmacéutica del país. “Esto también va a impactar los precios y la calidad de los medicamentos que van a usar soldados y policías de Colombia, así como la activación de las economías territoriales», agregó.

Como parte de la elaboración del Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos, Colombia Compra Eficiente realizará varias jornadas informativas con expertos en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali para entregar más información y despejar dudas de los interesados. Para estas jornadas la entidad habilitará el acceso por canales virtuales.

Los interesados en este proceso podrán conocer mayor información a través de las redes sociales oficiales de Colombia Compra Eficiente, donde se publican las actualizaciones del proceso de estructuración del Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos.

La participación de numerosos actores de la cadena farmacéutica refleja el interés y compromiso del sector farmacéutico para construir un acuerdo marco robusto y representativo que beneficie a todo el sistema de salud colombiano.

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En el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha logrado la mayor inversión en educación en la historia del país, llegando a 79,2 billones en 2025; más oportunidades para la primera infancia, básica y media, con un aumento de $17,8 billones en el Sistema General de Participaciones.

Formación integral para más de 700 mil niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo sus trayectorias de vida a través del arte, cultura, el deporte, la ciencia, tecnología e innovación, lectura, escritura y oralidad, educación ambiental y la educación socioemocional, entre otros.

La política de gratuidad Puedo Estudiar permitió que la cobertura de matrícula gratuita llegara al 97%, pasando de 597.000 estudiantes en 2022 a 902.000 en el primer semestre de 2025.

Mayor acceso a la educación superior con estrategias como ‘Educación Superior en tu Colegio’, en 500 establecimientos educativos de 200 municipios, donde se construyen hoy los sueños de miles de jóvenes colombianos.

Infraestructura

Colombia avanza en un programa histórico de infraestructura educativa superior, con una inversión de $1,47 billones entre 2023 y 2025. Es la primera vez que se destina un presupuesto específico para fortalecer instituciones de educación superior, con prioridad en los territorios más olvidados.

Infraestructura para la paz y la vida, con más de 8.755 ambientes educativos construidos o mejorados en los 32 departamentos del país en zonas urbanas y rurales, beneficiando a 435.171 beneficiarios.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha tenido un incremento de presupuesto a $2,47 billones en 2025. Reducción de comida industrializada y aumento de alimentos preparados en sitio. Por primera vez en la historia se entregaron 2,5 millones de canastas alimentarias en recesos escolares y se abrió la operación del PAE a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Reconocimiento a la labor docente, con una evaluación justa que permitió el ascenso de más de 80 mil maestras y maestros.

Ampliación de grados en escuelas rurales: con la estrategia SIMES (Sistemas Integrados de Educación Media y Superior), más de 5.400 jóvenes de 20 territorios ya cursan grados de media en sus propias veredas, gracias a la ampliación de la oferta educativa, la creación de 545 nuevos cargos docentes y una inversión superior a $41.000 millones que fortalece tanto a los colegios como a los maestros.

Un Sistema Educativo Indígena Propio que salda una deuda histórica con los pueblos indígenas de Colombia y reafirma su compromiso con un Estado pluriétnico y multicultural.

Una historia de logros

En los139 años de existencia del ministerio se han escrito capítulos que marcaron la vida del país: la Ley 39 de 1903 que incrementó significativamente el presupuesto educativo; la creación del ICFES en 1968; la consolidación de las Pruebas Saber en 2009 para diferentes niveles educativos; la ley que promueve la enseñanza obligatoria de la Historia en los colegios desde 2017; y más recientemente, la gratuidad en la educación superior pública que hoy abre las puertas de las universidades a más del 97% de estudiantes.

Un hito clave se dio en 1933, cuando, por primera vez, las mujeres colombianas pudieron ingresar a la universidad gracias a un decreto que abrió las puertas de la educación superior en igualdad de condiciones.

En 1935, se graduaron las primeras profesionales, entre ellas Gabriela Peláez, la primera abogada del país. Este paso no solo transformó la vida de miles de mujeres, sino que abrió el camino hacia una educación más justa e inclusiva.

Otro de los símbolos de transformación en la educación ha sido el uniforme escolar, que en el siglo XIX representaba identidad, disciplina e igualdad. Hoy ese símbolo se ha resignificado, ya que la normativa actual garantiza que ningún niño o niña pueda ser excluido de la escuela por falta de uniforme, reafirmando que el acceso a la educación es un derecho y no una condición.

Hoy, al cumplir 139 años, el Ministerio de Educación Nacional no solo mira con orgullo su historia, sino que también abre las puertas al futuro. Con la construcción actual colectiva del IV Plan Decenal de Educación 2026-2035, el país se prepara para trazar la ruta de los próximos diez años, escuchando las voces de los estudiantes, de los docentes y de las comunidades en cada territorio de Colombia.

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