El Senado de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, por un monto de 546,9 billones de pesos, consolidando el marco financiero con el que el Gobierno nacional ejecutará sus principales políticas públicas el próximo año. Con 50 votos a favor y 27 en contra, la plenaria acogió el texto avalado por la Cámara de Representantes, culminando el trámite legislativo que ahora pasa a sanción presidencial por parte de Gustavo Petro, quien deberá promulgarlo oficialmente en los próximos días.

Un presupuesto con enfoque en inversión y sostenibilidad fiscal

El nuevo presupuesto aprobado establece los recursos destinados a funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, los tres ejes sobre los que se sostiene la ejecución del gasto público nacional. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, una porción significativa del presupuesto se orientará a programas sociales, infraestructura y transición energética, prioridades estratégicas del actual gobierno.

Distribución de los recursos

De los 546,9 billones de pesos aprobados, se estima que una parte importante se destinará al financiamiento de políticas sociales en materia de educación, salud y vivienda. Además, el Ejecutivo ha manifestado su compromiso con fortalecer la inversión en proyectos de desarrollo regional, buscando equilibrar las brechas históricas entre territorios urbanos y rurales.

El presupuesto también contempla recursos para garantizar el servicio de la deuda pública, un componente esencial para mantener la estabilidad fiscal del país. Este equilibrio, según el Ministerio de Hacienda, es fundamental para preservar la confianza de los mercados internacionales y garantizar la sostenibilidad del gasto a largo plazo.

Debate político en el Congreso

La aprobación del presupuesto no estuvo exenta de controversias. Mientras la coalición de gobierno respaldó la iniciativa, varios sectores de la oposición expresaron preocupaciones sobre la viabilidad de algunas proyecciones económicas y el nivel de endeudamiento que podría implicar el plan financiero.

Posiciones encontradas en el Senado

Durante la plenaria, representantes de los partidos opositores cuestionaron la priorización del gasto público, argumentando que ciertos sectores estratégicos, como la seguridad y la justicia, recibirían incrementos limitados frente a otros rubros. En contraste, los defensores del proyecto resaltaron que el nuevo presupuesto fortalece la inversión social y promueve la equidad económica, pilares del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro.

A pesar de las diferencias, la aprobación final contó con una mayoría clara en el Senado, consolidando el respaldo político necesario para avanzar hacia la ejecución de las metas gubernamentales.

Implicaciones y próximos pasos

Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, el Gobierno nacional contará con la hoja de ruta financiera para el próximo año fiscal. La sanción presidencial, que se espera en los próximos días, formalizará su entrada en vigor.

Impacto en la política pública

La aprobación de este presupuesto permitirá al Ejecutivo impulsar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, transición energética y desarrollo rural. Asimismo, marca un paso clave en la consolidación de un modelo económico orientado a reducir la desigualdad y fortalecer el crecimiento sostenible.

El reto para el Gobierno será garantizar la correcta ejecución de los recursos y mantener la confianza de los organismos internacionales y del sector privado, en un contexto económico que exige responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa.

En suma, el Presupuesto General de la Nación 2026 no solo define la distribución de los recursos públicos, sino que traza el rumbo de las prioridades del Estado colombiano para los próximos años, consolidando la visión política y económica del actual gobierno.

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El Pacto Histórico ratificó la realización de su consulta presidencial y legislativa para el próximo 26 de octubre de 2025, pese a la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El movimiento, que agrupa a las principales fuerzas progresistas del país, continuará su proceso interno con los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la solicitud de garantías ante las autoridades electorales.

Pacto Histórico mantiene su hoja de ruta electoral

Continuidad tras la salida de Daniel Quintero

A través de un comunicado oficial, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico confirmó que la jornada de consulta se realizará en la fecha prevista, con el acompañamiento institucional y dentro del marco legal. La decisión reafirma la voluntad del movimiento de consolidar su participación dentro del proyecto del Frente Amplio, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó riesgos jurídicos en la naturaleza interpartidista del proceso, no modificó la agenda interna del movimiento. El Pacto Histórico sostuvo que la consulta tendrá un carácter estrictamente partidista, lo cual permitirá que sus precandidatos continúen en la carrera electoral sin restricciones futuras.

El exalcalde de Medellín expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había “matado la consulta” al declararla interpartidista, una decisión que, según él, vulneraba los derechos políticos del movimiento. Sin embargo, tanto Cepeda como Corcho manifestaron su firme decisión de continuar en la contienda y de exigir claridad jurídica sobre el proceso.

Exigencias de garantías y acompañamiento institucional

Solicitud de una mesa de garantías electorales

El movimiento político informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales, con el fin de asegurar condiciones equitativas y transparentes en la jornada del 26 de octubre. Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional la certificación formal del acuerdo de consulta y la definición de sus efectos jurídicos.

Estas solicitudes buscan disipar las dudas en torno al tipo de consulta que se realizará y evitar futuras inhabilidades. Según la legislación electoral, una consulta interpartidista impide a los participantes competir en otra consulta de coalición, como la del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Iván Cepeda, senador y precandidato, reiteró su compromiso con la jornada del 26 de octubre, al tiempo que solicitó al CNE “una certificación por escrito sobre el carácter partidista de la consulta, en cumplimiento de la ley y de los acuerdos políticos”.

Participación ciudadana y perspectivas hacia 2026

Llamado a las bases del movimiento

En su comunicado, el Pacto Histórico invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, resaltando que será el espacio para definir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al movimiento en las elecciones del próximo año.

Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles dentro del movimiento, reafirmó su compromiso con el proceso interno y expresó en su cuenta en la red social X: “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

El movimiento destacó que la jornada del 26 de octubre constituye un paso decisivo en la consolidación de su proyecto político, enfocado en mantener la unidad del progresismo colombiano y fortalecer su representación en el Congreso.

Una cita clave para el progresismo colombiano

La decisión del Pacto Histórico de mantener su consulta pese a las dificultades demuestra una estrategia de cohesión interna frente a los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta la coalición. El 26 de octubre será una fecha clave para medir la capacidad organizativa y el respaldo ciudadano del movimiento, en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre la transparencia electoral.

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El próximo martes 21 de octubre, el país estará atento a una decisión judicial sin precedentes. A las 8:00 a.m., el Tribunal Superior de Bogotá dará lectura al fallo de segunda instancia sobre la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta determinación podría marcar un hito en la historia judicial de Colombia, pues definirá si el exmandatario es absuelto o si se ratifica su condena.

El fallo que mantiene en expectativa al país

La condena de primera instancia

En abril de 2024, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Uribe, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria. La decisión se sustentó en pruebas que, según la magistrada, demostraron que el exmandatario concibió un “plan criminal” para manipular testigos con el fin de afectar al senador Iván Cepeda.

De acuerdo con la sentencia, Uribe habría promovido una estrategia para que exparamilitares declararan falsamente que Cepeda ofrecía beneficios judiciales a cambio de testificar en su contra. La jueza consideró que estas actuaciones constituyeron un intento por engañar a la justicia y alterar el curso de una investigación penal.

Lo que se espera del fallo de segunda instancia

El fallo que será leído por el Tribunal Superior de Bogotá podría modificar sustancialmente el rumbo del caso. Existen tres posibles escenarios: la ratificación total de la condena, una absolución, o una modificación parcial de la decisión inicial.
De confirmarse la condena, Uribe Vélez se convertiría en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, un hecho que tendría profundas implicaciones políticas y jurídicas. Sin embargo, si se revoca, el fallo representaría una victoria para la defensa del exmandatario, que ha insistido en su inocencia y en la existencia de una supuesta persecución judicial en su contra.

Los orígenes del proceso judicial

De acusador a acusado

El caso tiene su raíz en un episodio ocurrido hace más de una década. En 2012, el senador Iván Cepeda presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes vincularon a Uribe y a su hermano Santiago Uribe con la presunta fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. No obstante, la investigación tomó un giro inesperado en 2018, cuando la Corte determinó que no existían méritos para investigar a Cepeda. Por el contrario, el alto tribunal halló indicios de que el propio Uribe habría promovido un esquema de manipulación de testigos con la ayuda de su entonces abogado, Diego Cadena.

La actuación de la Fiscalía y las pruebas en el proceso

De acuerdo con los fiscales que han asumido el caso, Uribe habría impulsado una estrategia para cambiar los testimonios de exparamilitares, buscando que estos declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo. Este comportamiento, según la acusación, configura un intento deliberado de alterar la verdad procesal.
Entre las pruebas presentadas se incluyen grabaciones, interceptaciones telefónicas y declaraciones de varios testigos que habrían sido contactados por intermediarios cercanos al expresidente.

Implicaciones políticas y sociales del fallo

Repercusiones en la opinión pública

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez divide profundamente a la opinión pública. Para algunos sectores, el juicio representa una victoria del Estado de derecho y una muestra de que en Colombia nadie está por encima de la ley. Para otros, se trata de una persecución política impulsada por sectores que buscan afectar la imagen de uno de los líderes más influyentes del país.

La expectativa es alta, y tanto seguidores como detractores aguardan la lectura del fallo como un momento decisivo para la justicia colombiana. Las reacciones de partidos políticos, organizaciones sociales y juristas serán determinantes para medir el impacto social y mediático de la decisión.

Lo que viene para el expresidente

Dependiendo de la decisión del Tribunal, el expresidente Uribe podría enfrentar una condena definitiva o, por el contrario, recuperar su libertad plena. En caso de ratificación, la defensa tendría la posibilidad de acudir a instancias internacionales, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso.
Cualquiera que sea el resultado, este fallo marcará una etapa crucial en la relación entre la política y la justicia en Colombia, dejando una huella profunda en la historia institucional del país.

El caso contra Álvaro Uribe Vélez, más allá de su desenlace judicial, refleja los desafíos que enfrenta la justicia colombiana para garantizar independencia, transparencia y confianza ciudadana en los procesos que involucran a figuras de alto poder.

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Otorgarle el premio Nobel de la Paz a un personaje como Maria Corina Machado -que le pide a Trump que libere a su país a punta de atropellos militares-, es como otorgar el Nobel de Medicina a alguien que acaba de inventar una pastilla para envenenar a toda la humanidad. Si bien Venezuela puede estar tomada por un grupo de corruptos y narcotraficantes, instigar un bloqueo y propiciar una invasión violenta a expensas del dolor de los más pobres, no es un acto de liberación, ni mucho menos un acto de paz. Llamar al emperador que urde guerras y supuestos tratados de paz luego del genocidio, y cuando ya las ruinas y los restos humeantes de la destrucción han llevado a la rendición de los oprimidos, es más que un claro gesto de vasallaje clasista, una actitud de desprecio por el, que quiérase o no, pasó de habitar un tugurio a tener un plato de comida, un aula para educarse y una esperanza. Bien dice Pérez Esquivel que ya en Caracas las antiguas barriadas de chabolas – tugurios- ahora son barrios bien diseñados con todos los servicios públicos y sus habitantes siguen manteniendo la esperanza en una vida mejor con dignidad, salud y educación, a pesar del bloqueo que personajes como Trump han querido perpetuar con más de 900 sanciones y amenazas de todo tipo, como aquel infringido a Cuba que hizo que la dignidad de un pueblo superara la pobreza y la postración de ser el burdel y el casino de la mafia y los millonarios gringos a costa de las dádivas y los sobornos para una élite blanca dependiente y arrodillada. Llamar progreso a las falsas mieles, o a las fachadas de los oropeles turísticos, es el engaño mediático de aquellos que disfrazan la tragedia social de los pueblos de este llamado Sur Global que se acostumbró a la pobreza y a mirar a Miami como su mundo añorado.
Maria Corina es una fiel representante de esa clase de personajes públicos avasallados, lambones, y con argumentos políticos basados en un sentimiento de clase tendientes a perpetuar, como es el caso Venezolano – un pueblo con tradición dictatorial- un estado de economía basada en el extractivismo rentista del petróleo que siempre alimentó a una pequeña franja de la población clásicamente segregacionista y dependiente de las multinacionales petroleras. Bien decía Bolívar que algún día los “Pardos” – el pueblo- se levantará contra la tiranía y a decir de Fernado González, aparecerá el “Gran Mulato” aquel, que como Chávez, dio un grito de libertad, si bien con el acoso de las fuerzas del narcotráfico y toda el caos social de las neocolonias modernas, con el ánimo y el coraje por conseguir algún grado de dignidad y autonomía. Cada país debe ser dueño de su proceso de liberación democrática, y el chavismo parece haber enterrado la tiranía oligárquica que siempre mantuvo a los venezolanos como un país a merced de las rentas del petróleo sin construir un sistema productivo de tipo industrial, mucho menos agropecuario.

Al igual que la tregua conseguida en el conflicto judío palestino, la esperanza de Maria Corina Machado y muchos líderes como ella, es volver al estado de postración social donde las bondades de unos son la condena de miles a la pobreza y el atraso.

Esa súplica, igual que la que grita Vicky Dávila – otra corista como Corina- “ !Házlo ya Donald!”, es un claro signo de lo que los mueve: regresar a lo mismo, a la venta y destrucción del país, a la rifa de sus recursos y a la intromisión salvaje de las corporaciones desesperadas por obtener ganancias a expensas de una mano de obra abundante, barata y mal educada.

La paz de Maria Corina es la paz obtenida en Gaza, es la paz que representa toda la tropilla de buques cargados de misiles y muerte en las aguas internacionales cercanas a Venezuela, es la paz de las tropas que arrasaron a Bagdad, que nos robaron a Panamá y que convierten en delincuentes a los migrantes que
anhelan una vida mejor. La paz de las “mariacorinas” es la paz de la invasión, la paz del soborno, la paz de la treta corrupta, la paz para unos pocos que perdieron sus prebendas y que siempre han despreciado al pueblo.

Muchos me dirán: ¿Pero si Maduro es un mafioso y el Cartel de los Soles se apoderó de Venezuela e hizo que ocho millones de ciudadanos se regaran por el mundo en busca de trabajo y comida? Puede ser verdad, pero las causas luego del desplome de los precios del petróleo se debieron a esos mismos cientos de bloqueos comerciales impuestos por Estados Unidos como castigo por no poder seguir succionando el petróleo a medida que acababa con el país convirtiéndolo en un pueblo consumidor de chucherías, carros último modelo y créditos para viajar a Miami.

En el caso colombiano, los gringos (Greens go!!) además del petróleo, el carbón, el oro y las tierras raras, están listos para dar el zarpazo y apoderarse del oxígeno y el agua de la selva amazónica.
Cuidado con las Maria Corinas, la paz que traen, es una guerra perdida.

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Buscando nuevos caminos de intercambio comercial entre Europa y Asia, España, potencia en esa época, patrocina y promueve la opción de navegar por el Atlántico para llegar al oriente asiático; accidentalmente esos primeros navegantes llegan a tierras americanas sin saber que estaban en un nuevo continente.

Violencia y enfermedades nos trajeron, diezmando en su gran mayoría a la población nativa.
Es así como se inicia el saqueo, la invasión y el sometimiento de nuestros pueblos por parte de España, luego por Portugal y posteriormente por Inglaterra .
Descubrimiento, conquista y colonia, acciones de sometimiento ejercidas por imperios extranjeros que ven en América, la nueva Tierra Prometida convertida en la despensa de minerales, de alimentos y de mano de obra que los salvaría de las crisis económicas por las que estaban pasando.

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“Colombia no puede volver a las sombras del paramilitarismo”

Hagamos el ejercicio de mirar con lupa estas aterradoras imágenes de represión brutal producidas hoy cuando hay un gobierno progresista rigiendo los destinos de la nación, pero también hay algunos mandatarios regionales de extrema derecha que actuando como monarquías terminan cometiendo los desafueros que están haciendo alcaldes como los de Medellín y Manizales acá denunciados. Imaginemos entonces lo que podría suceder con la libertades democráticas si el próximo gobierno  llegase a ser dirigido por un candidato de derecha  a quien acciones desmadradas como las permitidas  por los alcaldes  contra el derecho a protestar de los ciudadanos de Medellín y Manizales, las cuales seguramente no solo serian aceptadas sino estimuladas desde el alto gobierno !!!Creemos que lo sucedido en ambas ciudades tendrá que ser judicializado  porque dejar pasar estos atropellos  a las libertades ciudadana , en medio de un gobierno progresista como el del Pacto Histórico, sería  una absoluta claudicación del principio fundamental del derecho de los ciudadanos  a la protesta y la obligación  que tienen  los gobernantes  de respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Convocamos a los dirigentes del Pacto Histórico a que se pongan al mando de las respectivas denuncias penales contra ambos alcaldes porque en ambas ciudades hubo francos atropellos a la integridad física de los marchantes cometidos por civiles contratados por los alcaldes, que bajo ninguna circunstancia tienen la autoridad constitucional de otorgar a terceros la potestad indelegable que tiene la policía para recuperar el orden público. En Medellín entonces, esos señores que agredieron de hecho a los ciudadanos durante las protestas y supuestamente amparados por la alcaldía de Fico al haber sido nombrados por él, ¡¡traspasaron la línea roja del código penal y eso no puede pasar impunemente!! ¡¡¡Con mayores veraz cuando hay gobernantes implicados en las supuestas violaciones!!!

EPM en riesgo

“Creación de la filial Global Business Services podría ser el principio del fin del carácter público de EPM”: (Sinergia Informativo)

Así es, sin ser para nada un experto en este asunto, ¡¡creo que intentan abrir una puerta que pondría en el despeñadero EPM como empresa pública!! Por supuesto que la avidez capitalista de los amigos del Alcalde empieza a cobrar por ventanilla lo que le invirtieron a su campaña!!

Por fortuna quedan todavía medios manejados por periodistas independientes y críticos que tienen un muy firme criterio para defender la bondad que para los ciudadanos ostenta la condición de empresa pública que tiene EPM, la misma que debe seguir teniendo y para ello debemos aglutinar la fuerza de todos los ciudadanos para defender nuestra EP cono empresa pública. ¡¡En hora buena por la alarma que usted prende hoy Roger y a la que debemos unirnos todos!!

Maquiavélica confabulación

Insisto en que entre El Tribunal Superior de Bogotá y el Concejo Nacional Electoral han conducido al Pacto Histórico a un galimatías jurídico de padre y señor mío, que terminará por producir una inmensa desazón en las bases del Pacto Histórico, ¡¡el que a su vez podría desencadenar   un desconcierto tal que podría terminar dando al traste con la construcción de esa   unidad que buscamos al convocar esa   consulta que hoy esa medida jurídica ha puesto en vilo!!

¡¡Esto no puede ser una ingenua decisión técnica!! ¡¡Es la materialización de una maquiavelista   confabulación contra El Pacto Histórico!! ¡Ya veremos!

¿Entonces si va a resultar siendo no una decisión jurídica sino una confabulación de la torpe y temeraria derecha colombiana que teme de nuevo volver a perder por la vía de las urnas con el Pacto Histórico? Les dije que esperáramos que la reacción de petro sería fuerte y veamos:

Horas antes, tras conocerse la decisión, el presidente Petro dijo que “el Tribunal Superior de Bogotá, dio un golpe político contra la democracia premeditado. No quieren competir por el voto sino por la trampa.

La Constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos. Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombiana sino, también, en la Convención Americana de los derechos humanos”.

Defensor de Uribe impedido

¿Estaba impedido el congresista Hernán Cadavid para investigar al expresidente Uribe?

Este Sr. Hernán Cadavid cree que los colombianos somos bobos!!!!!   No me cabe la menor duda que este señor se debió haber declarado impedido para juzgar a su jefe político Álvaro Uribe. Por fortuna quien puso los puntos sobre las IES fue Ana Cristina Restrepo, brillante y muy respetada periodista de quien no va a ser fácil desprenderse de la muy segura acusación que se le viene por perdida de investidura como deberá ser por la clara conducta prevaricadora del representante investigador y subalterno político del sujeto investigado Álvaro Uribe Vélez

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Apartadó, 9 de octubre de 2025- Tras dos días de diálogo y  concertación, y con la asistencia de más de 2.000 personas, pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Urabá, cerró la  quinta Asamblea Regional ‘Tejiendo la Restitución’, realizada en Apartadó. Allí se  abordaron estrategias conjuntas para garantizar la reparación integral y la  construcción de paz en la región.

Como hecho destacado, en el espacio se formalizó la entrega de $1.737 millones  de pesos en compensaciones y compra de vivienda para víctimas y segundos  ocupantes, por parte del director general de la URT, Giovani Yule, el coordinador  del Grupo Fondo de la entidad, Antonio Martínez y el director territorial de la  Unidad en Apartadó, José Alberto Kunzell.

El mayor Yule manifestó la importancia de este encuentro: “nos reunimos más  de 2.000 personas en una conversa que nos permitió juntar la fuerza institucional  del Gobierno y el Estado con la fuerza organizativa de las comunidades, para  sacar adelante nuestra misión, que es restituir los derechos de quienes han sido despojados en el marco del conflicto y la violencia”.

Como hecho destacado, en el espacio se formalizó la entrega de $1.737 millones  de pesos en compensaciones y compra de vivienda para víctimas y segundos  ocupantes, por parte del director general de la URTComo hecho destacado, en el espacio se formalizó la entrega de $1.737 millones  de pesos en compensaciones y compra de vivienda para víctimas y segundos  ocupantes, por parte del director general de la URT.

Por su parte, Antonio Martínez se refirió a la entrega de compensaciones, vivienda y proyectos productivos a víctimas y segundos ocupantes: “a esta materialización de sentencias, se le suma la cadena de inicio de producción agrícola en los proyectos productivos, que ascienden a $4.000 millones de pesos en 2025. Esto es una noticia positiva, que reactiva el agro y va con relación al proyecto del presidente Petro de ubicar a Colombia como potencia agropecuaria; terminar el conflicto con generación de empleo y mover la economía campesina como la que tiene Urabá”.

Por último, el director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, manifestó: “estamos con la población víctima, con la población campesina del Urabá, para manifestarle a las comunidades los avances logrados, en los tres años del Gobierno del Cambio, frente a la política pública de la restitución de tierras en la región. Les mostramos los resultados de los proyectos productivos y el pago de compensaciones a beneficiarios”.

Encuentros como la Asamblea Regional ‘Tejiendo la Restitución’, y acciones como el cumplimiento de los desembolsos en favor de las familias que sufrieron el conflicto armado en la región, demuestran el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro con las víctimas, a las que ha puesto en el centro de las políticas públicas. Por ello podemos recalcar: ¡con dignidad, estamos cumpliendo!

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Esta autorización le permite a EPM iniciar la primera etapa dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, entre quienes se encuentran: trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros, de acuerdo con el listado que contiene el artículo 3 de la Ley 226 de 1995 y la Ley 798 de 2002.

 En cumplimiento de los mecanismos de amplia publicidad y libre concurrencia que establece esta Ley, y para el entendimiento de la oferta pública de venta en la primera etapa, desde hoy se encuentra disponible en dos diarios de circulación nacional el aviso de oferta de la primera etapa.  Así mismo, en la página web: www.epm.com.co/institucional/enajenacion-de-acciones-de-epm-en-une/ los interesados en adquirir estas acciones podrán encontrar la información de la Compañía y todos los documentos del proceso, como el programa y el reglamento de enajenación de la primera etapa, el prospecto de información de UNE y el aviso de oferta de la primera etapa, con el fin de que puedan realizar sus propios análisis y presentar aceptaciones para comprar acciones de la compañía.

 Es importante recordar que, en caso de que EPM no logre enajenar todas sus acciones durante la primera etapa, las acciones remanentes serán ofrecidas en la segunda etapa del proceso, la cual estará dirigida al público en general, es decir, que cualquier persona natural o jurídica podrá participar y presentar ofertas, según lo que se establezca en el reglamento que se emita para dicha etapa.

Ahora bien, si luego de agotarse la segunda etapa, EPM sigue siendo propietario de acciones de UNE, estas se deberán ofrecer a Millicom en virtud de su derecho de preferencia establecido en los estatutos y en el Acuerdo de Accionistas de UNE. Si Millicom no ejerce dicho derecho, EPM podrá posteriormente vincularlo al proceso de enajenación mediante el cual se ofrecerían al público en general la totalidad de las acciones propiedad de ambos accionistas.

EPM es y seguirá siendo una empresa 100 % pública al servicio de la gente y continuará con su propósito superior de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, a través de la transformación de los territorios en los que tiene presencia, aportando a la calidad de vida de millones de personas y al desarrollo humano sostenible.

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El reconocimiento, entregado por la Universidad de Columbia, destaca su liderazgo en la promoción de la ética, la formación y la excelencia periodística al frente de la Fundación que creó junto a Gabriel García Márquez hace 30 años

En una ceremonia celebrada  en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, el director general y cofundador de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, recibió una Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot por su aporte a la libertad de prensa y su liderazgo en la promoción de la ética, la formación y la excelencia periodística en Iberoamérica.

Este importante reconocimiento es recibido en un año significativo para la Fundación Gabo, que celebra sus 30años de existencia dedicados al fortalecimiento del periodismo en la región.  Fundada en 1994 por Gabriel García Márquez y Abello Banfi, la organización nació de la motivación del nobel colombiano por crear un espacio donde los periodistas pudieran perfeccionar su oficio, compartir experiencias y reafirmar su compromiso con la sociedad. 

Tras la invitación de García Márquez, Abello convirtió aquella visión en una institución viva que -desde su sede en Cartagena- hoy no solo trabaja para fortalecer y promover la labor de miles de periodistas en Iberoamérica, sino que también ha ampliado  su horizonte hacia la educación mediática, para estimular la creatividad entre niños y jóvenes como apuesta de presente y futuro, así como a la creación de espacios de conexión con audiencias más amplias a través de la cultura. 

Bajo el  liderazgo de Abello Banfi, la Fundación ha impulsado talleres, festivales, conferencias, premios, becas, publicaciones y programas de formación que promueven la ética, la excelencia periodística, la innovación narrativa y la apertura de espacios de debate sobre los retos actuales del oficio.

Durante el anuncio del conocimiento, la Escuela de Periodismo de Columbia destacó “las contribuciones de Abello al entendimiento interamericano y su papel en la creación de una comunidad periodística que ha sabido mantener la independencia y el rigor incluso en contextos adversos”. Además, el jurado subrayó que su trayectoria constituye una contribución extraordinaria al periodismo en América Latina y a los valores democráticos que lo sustentan.

“Es un honor para mí recibir esta Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot, no solo a título personal, sino en nombre de una comunidad vibrante de periodistas de habla hispana y portuguesa que, contra todo pronóstico, ya sea en sus países o en el exilio, continúan resistiendo en la primera línea, innovando desde los márgenes y creyendo en el poder transformador de las historias”, señaló Abello Banfi al recibir la distinción.

La Mención Especial no sólo reconoce su trayectoria personal, sino que reafirma la relevancia internacional de la Fundación Gabo como referente en la formación, la reflexión y la defensa del periodismo iberoamericano. En un contexto regional marcado por tensiones políticas, crisis de confianza y amenazas a la libertad de expresión, este reconocimiento destaca el papel de las instituciones que promueven un periodismo libre, plural y responsable.

Periodismo en las Américas

Creado en 1938 por Godfrey Lowell Cabot en memoria de su esposa, el Premio Maria Moors Cabot es el galardón internacional más antiguo en periodismo y distingue a quienes contribuyen al entendimiento entre las Américas. En su edición 2025, el premio otorgó Medallas de Oro a Natalia Viana (Brasil), miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo; a Omaya Sosa Pascual (Puerto Rico), quien este año fue jurado del 13 Premio Gabo en la categoría Texto; a Nora Gámez Torres (EE. UU.) e Isabella Cota (México), además de una segunda Mención Especial a Paola Margot Ugaz Cruz (Perú).

La distinción a Jaime Abello demuestra el interés del jurado en reconocer a figuras iberoamericanas que, desde sus contextos locales, han tenido impacto internacional. En el caso de Abello Banfi, su liderazgo al frente de la Fundación Gabo ha proyectado desde Colombia una visión de periodismo como bien público y como herramienta de transformación social, fiel al legado de su fundador. 

Durante su discurso de aceptación, Abello agregó que desde la institución que dirige, su compromiso hacia el futuro es precisamente “mantener al periodismo como un bastión de la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el humanismo, en un momento en que el autoritarismo vuelve a crecer, los liderazgos corruptos y criminales ganan terreno, y el avance descontrolado de la inteligencia artificial amenaza con imponer una hegemonía del conocimiento sin supervisión sobre sus enormes riesgos”.

Treinta años después de su creación, y gracias a reconocimientos como este, la Fundación Gabo continúa apoyando a contadores de historias de toda Iberoamérica para alcanzar una sociedad mejor informada, participativa y libre, y para mantener vivo el mejor oficio del mundo.

Sobre Jaime Abello Banfi

Jaime Abello Banfi (Barranquilla, Colombia, 1958) es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, periodista, gestor cultural y director general y cofundador de la Fundación Gabo, organización creada en 1994 en Cartagena por Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, con la misión de promover un mejor periodismo y estimular la creatividad narrativa. Bajo el liderazgo de Abello, la Fundación se ha convertido en una institución internacional influyente en Iberoamérica, enfocada en la formación, la ética y la innovación periodística.

A lo largo de su carrera, Jaime Abello ha sido reconocido con numerosas distinciones, entre ellas la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica (España, 2020), la Medalla al Mérito de las Comunicaciones Manuel Murillo Toro (Colombia, 2010), la Medalla Roble Amarillo (Universidad del Norte, 2024), y fue seleccionado por El País de Madrid como una de las 100 personalidades más influyentes de Iberoamérica en 2009. Antes de la Fundación Gabo, fue director-gerente de Telecaribe, y a lo largo de su carrera ha promovido diversos proyectos culturales, educativos y editoriales.

Abello también ha sido miembro y fundador de importantes iniciativas como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Proyecto Antonio Nariño para la promoción de la libertad de expresión, la Cinemateca del Caribe, y el Observatorio del Caribe Colombiano. Ha sido parte de foros internacionales como el GFMD y el Foro Económico Mundial (WEF) y ha formado parte de la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y del comité cultural del Carnaval de Barranquilla.

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Con esta convocatoria, liderada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), se garantizan inversiones en infraestructura, desarrollo productivo, servicios básicos y proyectos de fortalecimiento institucional. 

El subdirector general de Regalías, Rubin Ariel Huffington, destacó la importancia de esta apertura para los territorios: “con la segunda convocatoria del OCAD Paz reafirmamos que los recursos de regalías son una herramienta al servicio de la paz y la equidad territorial. Invitamos a los municipios PDET a presentar proyectos sólidos, con alto impacto social y económico, que transformen la vida de sus comunidades”. 

Plazo hasta el 15 de octubre

La Subdirección del Sistema General de Regalías indicó que las entidades territoriales y los grupos étnicos podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de octubre, con acompañamiento técnico para garantizar la calidad y sostenibilidad de los proyectos estratégicos sobre sectores estratégicos como transporte, agricultura, vivienda, tecnologías de la información, turismo, energía, ambiente y salud. 

El OCAD Paz acaba de aprobar 100 proyectos por un valor total de 1,76 billones de pesos, en beneficio de más de 100 territorios PDET de las 16 subregiones del país.

Se trata de la asignación más alta en la historia del OCAD Paz, lo cual marca un hito en la implementación de los acuerdos y en el compromiso del Gobierno del presidente Petro con la ejecución de las regalías para la construcción de paz total.

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