COLOMBIA MERECE VIVIR EN PAZ

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

El tema de la Paz Total, como política pública, es profundamente delicado. Toca fibras sensibles y expone a quien opina a riesgos que no deberían existir en una democracia. Aun así, guardar silencio tampoco es una opción responsable cuando el país sigue atrapado en ciclos de violencia que se repiten y se transforman.

Escribir sobre el conflicto interno en Colombia y sobre sus posibles salidas obliga a tomar postura. No existe una neutralidad plena cuando se habla de vidas, territorios y décadas de dolor acumulado. Desde esa conciencia, sostengo que deben explorarse todas las estrategias posibles, privilegiando el diálogo sobre el uso de la fuerza para enfrentar a los grupos armados. Pero ese diálogo solo tiene sentido si apunta a resolver las causas profundas del conflicto y no se limita a  contener, de manera temporal, sus manifestaciones más visibles.

Colombia no enfrenta un único conflicto, sino varios superpuestos que atraviesan el territorio con problemas particulares. Sus orígenes no son idénticos, tampoco lo son sus actores ni sus formas de expresión. Existe una historia de exclusión política que llevó a muchos a empuñar las armas bajo banderas ideológicas. A esto se sumó una economía ilegal, liderada por el narcotráfico, que terminó por distorsionar o sustituir esos discursos. Persisten además otras prácticas ilegales que se entrelazan con la vida  cotidiana de regiones enteras. Y en medio de  todo, comunidades que han vivido durante  décadas atrapadas en una guerra que nunca eligieron. Ignorar esa complejidad conduce a soluciones superficiales que alivian  momentáneamente a algunos sectores, pero dejan intacto el fondo del problema.

Frente a esta realidad, resulta comprensible la tentación de recurrir a la fuerza. Las operaciones militares, los golpes estratégicos, las capturas y las incautaciones generan una sensación inmediata de control. Son logros reales, pero con demasiada frecuencia resultan transitorios. La experiencia del país muestra que cada estructura desmantelada suele fragmentarse en otras más  pequeñas, más difíciles de rastrear y, en muchos casos, más violentas con la población civil. La fuerza, sin una estrategia política que la complemente, termina siendo un esfuerzo que se repite sin transformar de manera duradera la realidad.

El diálogo, por su parte, exige una lógica distinta. Es incómodo, genera rechazo y plantea dilemas morales profundos. Sentarse a negociar con quienes han causado daño implica reconocerlos como interlocutores, lo que resulta doloroso, especialmente para las víctimas. Sin embargo, la alternativa de prolongar indefinidamente la guerra tampoco ofrece un horizonte aceptable. El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio difícil: avanzar en acuerdos sin caer en la impunidad total, construir paz sin sacrificar la justicia, y sostener la voluntad política incluso cuando el proceso enfrente retrocesos.

Nada de esto será suficiente si el Estado no transforma las condiciones que alimentan la violencia. Mientras un joven en regiones como el Caquetá, el Chocó o el Catatumbo no tenga acceso real a educación, a tierra productiva, a mercados legales o a instituciones confiables, los grupos armados seguirán ocupando ese vacío. Para muchos, no representan una opción ideológica, sino la única alternativa de supervivencia. Enfrentar las causas estructurales, como la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades, no es una concesión. Es una necesidad urgente si se quiere evitar que el conflicto se reproduzca indefinidamente.

A esta complejidad se suma una sociedad profundamente dividida frente al tema. No se trata solo de opiniones distintas, sino de visiones que se han convertido en trincheras. Para algunos, la única salida legítima es la derrota militar de los grupos armados, y cualquier intento de diálogo es visto como una claudicación. Para otros, la negociación es el único camino éticamente aceptable, y el uso de la fuerza estatal es percibido como una forma de violencia que perpetúa el problema. Entre estos extremos existen matices importantes, pero suelen quedar opacados por la intensidad del debate.

Esa polarización tiene efectos inmediatos. Cada palabra que se pronuncia sobre el conflicto es interpretada como una señal de pertenencia. Losargumentos dejan de evaluarse por su contenido y pasan a leerse como confirmación o amenaza según la posición del lector. En este ambiente, resulta casi imposible evitar ser encasillado. Quien opina queda ubicado en un lado u otro, no necesariamente por lo que dice, sino por lo que los demás creen que quiso decir.

Ese riesgo no es menor. En Colombia, ser percibido como cercano a uno de los bandos ha tenido consecuencias graves. La historia está marcada por voces silenciadas, por opiniones que se volvieron peligrosas simplemente porque alguien decidió clasificarlas. Escribir en este contexto exige una honestidad adicional: reconocer que apostar por el diálogo sin  renunciar a la justicia, y por atacar las causas sin ignorar la violencia, no es una posición cómoda ni segura. Es, quizás, lo más humano. Una de las pocas que intenta reducir el sufrimiento acumulado sin simplificar la realidad.

Reflexionar sobre la paz, la paz social, la real, no es un ejercicio distante ni inocuo. No puede ser una ilusión. Es, en esencia, una toma de posición frente al tipo de país que estamos dispuestos a construir o a seguir tolerando. Las palabras que elegimos importan más de lo que parece. No solo describen la realidad, también la moldean, abren o cierran caminos, legitiman decisiones y fijan los límites de lo posible.

Por eso, hablar con claridad no debería ser un riesgo para el análisis y la construcción de soluciones para vivir en paz. Compromete y nos hace más responsable. En un país donde el conflicto ha mutado sin desaparecer, la honestidad no es un lujo, es una obligación. Porque seguir nombrando el problema sin enfrentarlo de fondo es, en el mejor de los casos, una forma de evasión, y en el peor, una manera silenciosa de permitir que todo continúe igual.

Colombia merece vivir en paz, en armonía, en un país donde las diferencias no se tramiten con violencia, sino que puedan resolverse de manera democrática, con instituciones que funcionen y con una sociedad que no tenga que acostumbrarse al miedo como forma de vida.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.