Las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos presentaron sus informes al Congreso de la República en los que alertaron sobre una baja ejecución de recursos y retraso en el cumplimiento de los compromisos con la población víctima del conflicto armado.

La Comisión Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, integrada por entes de control y comisionados étnicos, señaló en su décimo tercer informe que los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom o gitano en Colombia han sido afectados de manera aguda y diferencial por las dinámicas del conflicto armado, sufriendo pérdidas de vidas, desarraigo y el deterioro de sus culturas. A pesar de contar con un marco normativo sólido, su atención ha sido insuficiente, se han destinado más de $13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, pero la falta de ejecución de los recursos, como lo demuestran los $1,5 billones que no se usaron en 2024, evidencia fallas en la gestión y retrasa el cumplimiento de los compromisos con estas comunidades.

Esto se refleja en sistemas de información deficientes que no capturan adecuadamente las realidades de cada pueblo, dificultando la planificación, ejecución y el seguimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial étnico.

Pobre resultado

Asimismo, la participación de las comunidades se ve limitada por la falta de conectividad, transporte y mecanismos de diálogo intercultural efectivo en una gestión de resultados. La reparación colectiva no ha logrado un gran alcance, solo finalizaron tres de 826 planes activos en 13 años. Además, la cifra de acciones por implementar asciende a 13.428, lo que equivale al 78,44 % del total. Esto contradice los principios de oportunidad y enfoque transformador que orientan la reparación.

La atención humanitaria, los retornos y las reubicaciones también muestran un panorama preocupante, con 240 planes existentes aprobados hace más de una década que no se han materializado, dejando en estado de vulnerabilidad, entre otros casos identificados, por ejemplo, a comunidades del pueblo indígena Emberá en desplazamiento prolongado en Bogotá. El atraso en la restitución de tierras y la limitada cobertura de vivienda con pertinencia cultural son otros desafíos importantes.

Seguimiento

Seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, 1448 de 2011 En cuanto al décimo segundo informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas resaltaron en su informe que entre las vigencias 2025 y 2031 se necesitarían alrededor de $407 billones constantes de 2025 para la implementación de la norma. Señalaron que en materia presupuestal y en inversión dirigida específicamente a víctimas, en 2024 se evidenció un rezago importante pues del presupuesto asignado, $6,5 billones, un total de $1,06 billones no fueron comprometidos, y de los comprometidos, cerca de $1,8 billones no se pagaron.

Entre las recomendaciones presentadas al Gobierno Nacional por esa situación, indicaron que se debe determinar el número de víctimas pendientes por atender en cada medida, ajustar el documento CONPES y el costeo realizado conforme a lo establecido en la Ley 2421 de 2024 (que modificó la Ley 1448 de 2011) y evalúe nuevas fuentes de financiamiento para cerrar brechas.

Restitución de tierras

La Comisión identificó una baja gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en la decisión de solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-, con solo un 36 % de cumplimiento de la meta planteada para 2024, donde se observó un descenso en las decisiones de fondo, pasando de 13.501 solicitudes en 2017 a 5.999 en 2024.

En materia de vivienda, solo el 10,7 % de los hogares víctimas de desplazamiento habita un lugar digno, y persisten más de 12.900 subsidios urbanos y 12.700 rurales sin entregar. En cuanto a generación de ingresos y empleo es necesario contar con una ruta específica para la población víctima, con el diseño de programas integrales y sostenibles.

Reparación colectiva

La Comisión señaló que el presupuesto para indemnizaciones aumentó significativamente a partir de 2022, siendo 2024 el año con mayor asignación, con un 86 % por encima de lo registrado en el 2023. Sin embargo, el número de personas indemnizadas desde la entrada en vigencia, que asciende a 1.368.269, representa solo el 19 % de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida.

Respecto a las medidas de satisfacción, la Comisión recomendó reconocer y dignificar la Fuerza Pública como víctima del conflicto, para así garantizar la reparación integral. En el modelo de intervención territorial integral, se evidenció una reducción alarmante en el número de programas para víctimas a nivel territorial, que pasaron de 22.707 en 2023 a 17.715 en 2024. En 2024 se asignaron $3,5 billones menos respecto a 2023, y la consecuencia directa es la desatención de sectores clave como generación de ingresos, vivienda, educación y medidas de protección.

Víctimas en el exterior

Finalmente, frente a la asistencia, atención y reparación a las víctimas en el exterior, de los 130 consulados de Colombia, solo 54 toman declaraciones de víctimas. Se han realizado 15.224 giros de indemnización administrativa a 14.733 víctimas en el exterior. Sin embargo, solo el 10.18 % de las víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas -RUV- han logrado retornar o reubicarse, lo que refleja una baja efectividad en los procesos de retorno. En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas y a los Decretos Ley Étnicos, vigilarán las medidas adoptadas por parte de las entidades con responsabilidad en la implementación de la política pública, especialmente para los territorios con mayor impacto del conflicto armado, con el fin de velar su implementación y propender por el goce efectivo de la población víctima del conflicto armado. (Fotos/Oficina Nacional de Víctimas)

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“Mi propia experiencia me permite hablarles desde un lugar cercano, que comprende el dolor, la pérdida y también la fuerza que emerge del desarraigo”, expresó la Canciller (e) Villavicencio, destacando el enfoque humano y empático de la política exterior en el Gobierno del Cambio.

Durante el foro, la Cancillería presentó los avances del gobierno nacional en la atención y reparación de víctimas en el exterior. En lo corrido del último año, se fortalecieron 15 consulados en países clave y se desarrollaron más de 60 actividades orientadas a la reparación simbólica y las garantías de no repetición. Estas acciones se han llevado a cabo en Ecuador, Chile y próximamente se ampliarán a Venezuela, Canadá, Panamá y España.

“Las víctimas son el centro de nuestra política exterior. Seguiremos escuchando, acompañando y construyendo respuestas reales para quienes siguen resistiendo desde fuera de Colombia. Este camino hacia la paz se recorre también desde la diáspora”, afirmó Villavicencio.

El X Foro Internacional de Víctimas también fue una oportunidad para fortalecer alianzas territoriales. En el marco del evento, la Canciller (e) se reunió con el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, para dialogar sobre los compromisos conjuntos derivados del Foro Mundial de Migración y Desarrollo. En este encuentro se abordaron iniciativas de trabajo articulado para mejorar las condiciones de los migrantes y víctimas en el contexto transfronterizo.

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Comunicado de prensa

“Estimados compañeros, medios de comunicación y comunidad en general. El Comité de Impulso para la Reparación Colectiva a Periodistas y la Corporación Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia PEVIPAZ, informan a la opinión pública:

Con profunda preocupación, queremos poner en conocimiento de la ciudadanía nacional e internacional el grave incumplimiento en la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) dirigido al gremio de periodistas víctimas del conflicto armado en Colombia, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

1. El documento firmado en la ciudad de Santa Marta el 08 de julio de 2022, que representa un compromiso solemne con un sector profundamente afectado por la violencia, presenta retrasos alarmantes en su implementación. Hacemos un llamado a la conciencia nacional, pues se trata de periodistas que han sido secuestrados, víctimas de atentados, amenazas, desplazamientos y asesinatos. Algunos ya han partido a la eternidad esperando el cumplimiento de esta reparación, lo cual constituye una revictimización institucional por parte del Gobierno Nacional.

2. Este proceso, iniciado desde el año 2012 simboliza un hecho sin precedentes en el mundo: el reconocimiento colectivo de un gremio vulnerado por el conflicto armado. Trece años después, aún no se cumple con lo pactado.

Los compromisos adquiridos por la Unidad para las Víctimas han sido postergados en repetidas ocasiones, afectando gravemente las acciones acordadas por ambas partes.

3. Frente a esta situación, el grupo de periodistas víctimas exige de manera pública una reunión directa con el Presidente de la República, con el fin de exponer de primera mano las peticiones, necesidades y proyecciones que este sector ha construido en búsqueda de una reparación real y transformadora.

4. Es importante recordar que este proceso de reparación colectiva a periodistas es único en el mundo. No existe antecedente de un proceso similar en ningún otro país, lo cual le confiere un alto valor histórico, humanístico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, hacemos un llamado urgente a los organismos de acompañamiento y control, entre ellos:

 • Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA)

• Naciones Unidas y su Sistema de Derechos Humanos

• Federación Internacional de Periodistas (FIP)

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

• Procuraduría General de la Nación

• Defensoría del Pueblo

• Contraloría General de la Nación.

Solicitamos su intervención y acompañamiento activo para garantizar que el Estado colombiano cumpla con los compromisos asumidos y no perpetúe la revictimización institucional de quienes han dedicado su vida a informar, denunciar y construir memoria desde los territorios ejerciendo el periodismo con responsabilidad y ahínco.

Reiteramos que el cumplimiento del PIRC no es un favor, sino una obligación ética y legal del Estado con quienes, ejerciendo su labor informativa, han sufrido los rigores más crudos de la guerra.

Comité Nacional de Impulso a la Reparación Colectiva a Periodistas, Corporación PEVIPAZ – Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

Rodrigo Callejas presidente PEVIPAZ

Dagoberto Muñoz Erazo

Coordinador Comité Nacional de Impulso a la Reparación Colectiva a Periodistas

Créditos foto principal: Unidad para las víctimas. Firma del PIRC en Santa Marta, el 8 de julio de 2022

Medellín 27 de junio de 2025

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Su nombramiento representa un espaldarazo del Gobierno del Cambio a las víctimas, ya que la entidad estará liderada por una víctima del conflicto armado, cuyo perfil profesional combina un enfoque técnico con la sensibilidad social. Desde sus primeros años en el mundo laboral como escolta, Romero Polanco ha construido una carrera profesional basada en el esfuerzo, la formación y el compromiso con lo público.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple a las víctimas del conflicto armado. Quiero enviar un saludo muy especial a los casi 10 millones de víctimas que tenemos en nuestro Registro Único de Víctimas (RUV), incluidas las que se encuentran en el exterior. Esta nueva Dirección va a estar de puertas abiertas, visitaremos los territorios y trabajaremos de manera articulada con todas las entidades estatales de la mano con las diferentes mesas de víctimas en todo el territorio nacional”, afirmó el nuevo director general de la Unidad para las Víctimas.

Romero Polanco también resaltó que asume el reto de dirigir la entidad con una visión centrada en dignificar a las víctimas y fortalecer su participación efectiva en diferentes escenarios sociales, y seguir avanzando en los procesos de reparación colectiva e individual.

Asi mismo, destacó que buscará consolidar una gestión cercana a las comunidades, que promueva la paz con justicia social y amplifique la voz de quienes han sufrido los impactos del conflicto, impulsando los ejercicios de verdad, memoria y no repetición.

“Es un día histórico para las víctimas.

Por primera vez, la Mesa Nacional de Participación Efectiva fue invitada a la posesión de un director general de la Unidad para las Víctimas. Queremos decirles a todas las víctimas que esto nos deja un buen mensaje, el director Adith Rafael nos ofrece trabajar de su mano para llegar al territorio, a los pueblos étnicos y para atender a las víctimas en el exterior”, aseguró Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas.

Por su parte, Yolanda Perea, integrante de la Comisión Nacional de Víctimas y de la fundación Arrópame con tu Esperanza, agregó que “celebramos la llegada de Adith Rafael Romero Polanco a la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. Vemos en él la disponibilidad de querer articular y trabajar de la mano, no solo con las mesas, sino también con las organizaciones, movimientos y federaciones de víctimas. Trabajaremos de la mano en pro de ese restablecimiento integral de derechos con nuestras voces”. (Información institucional)

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Durante el evento, la Defensora Iris Marín Ortiz cuestionó el hecho de que las estructuras armadas al margen de la ley no muestren gestos que apunten a silenciar las armas en Colombia: “Los grupos armados, fragmentados, llevados por intereses económicos, son responsables de que la paz no se consolide en nuestro país. Es hora de hacer un llamado enfático para que se comprometan”.

La Defensoría del Pueblo instó, también, a las instituciones competentes a implementar mecanismos que permitan asegurar los recursos necesarios para la ejecución de la Ley de Víctimas.

“A las víctimas quiero decirles que hoy estamos aquí para reconocer su dolor y su sufrimiento. Su valentía es una luz que ilumina el camino hacia un futuro donde la violencia no tenga cabida, donde la paz sea el territorio común de todas las personas que habitamos Colombia. A ustedes les debemos no solamente nuestra solidaridad como sociedad, sino nuestra responsabilidad como Estado, nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia integral”, expresó la Defensora del Pueblo.

La coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, Eucaris Salas, alzó su voz en nombre de los cerca de 10 millones de personas que han vivido el dolor de la guerra, desplazamientos, desapariciones, violencia sexual, pérdida del territorio y ruptura del tejido social en el país: “Este día no es solo de conmemoración, es también un día para reiterar el llamado urgente a garantizar los derechos de las víctimas, no como una dádiva, sino como una obligación del Estado, amparado en la Ley 1448 del 2011 y la Ley 2421 del 2024, la Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario”.

Para la Defensora Iris Marín, es urgente, además, “diseñar estrategias que amplíen la atención a víctimas con discapacidad, e instó a reforzar el enfoque de género y el reconocimiento de las diversidades étnicas para que las medidas de reparación, atención, asistencia tengan en cuenta las necesidades diferenciales de las víctimas, respeten sus usos y costumbres, la consulta previa, las autonomías y las autoridades territoriales”.

La Defensora del Pueblo finalizó diciendo: “A las víctimas, a las mujeres buscadoras, a los firmantes de paz, a las comunidades desplazadas y a todas aquellas personas que siguen luchando por la justicia y la memoria: ustedes no están solas ni solos. La Defensoría del Pueblo continuará siendo su aliada en la defensa de sus derechos, en la garantía de su reparación y en el compromiso de construir un futuro sin violencia”.

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Urabá, octubre 2024 – La empresa Chiquita Brands y el abogado Paul Wolf, representante de 2500 familias colombianas afectadas por el conflicto armado en la región de Urabá, lograron un acuerdo que permite la indemnización de las familias representadas por su equipo legal.
Este proceso de indemnización es una oportunidad crucial para que las víctimas sean reparadas. Los recursos ya fueron desembolsados por Chiquita Brand a través de una empresa administradora extranjera la cual será la encargada de supervisar la distribución de los fondos de manera ordenada y transparente, luego de un proceso de validación de la víctima.
Para hacer efectivo este acuerdo es necesario que todas las víctimas representadas por el abogado Wolf se comuniquen con esté a través de los canales oficiales que se han dispuesto para los interesados. «Nuestro equipo está listo para guiarlos en cada paso del proceso de indemnización, garantizando que reciban el apoyo necesario para reclamar su compensación», expresó Wolf.

Si usted o su familia hacen parte de este acuerdo y están representados por el abogado Paul Wolf, debe comunicarse directamente con él a los números de contacto mencionados a continuación para iniciar su proceso de indemnización:
Líneas de WhatsApp:

• 333 602 5272
• 311 715 3352
  La firma aclara que estos son los únicos canales oficiales para gestionar la cita e iniciar el proceso sin intermediarios, ni terceros que puedan ofrecer falsas promesas o cometer fraudes. Igualmente hay que reiterar que los recursos reposan en un administrador ubicado en el exterior y no se efectuarán pagos en efectivo.

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Wilmar Jaramillo Velásquez/El Pregonero del Darién

La muerte siempre ligada con la vida, bajo esa rígida ley natural, parecen siamesas y paradójicamente para conmemorar la primera década de retorno (forzado), porque, así como fue su desplazamiento, también fue el regreso a sus territorios, forzado, sin el acompañamiento del estado. El marco del escenario eran la muerte y sus trágicos recuerdos.

A un lado de la “Casa de la Memoria”, nombre que le han puesto a un rancho de tablas, que para ellos simboliza eso, la memoria, para que el olvido no los sepulte junto a sus muertos, esa memoria que está engavetada en los polvorientos archivos de los jueces, durmiendo el sueño de los justos y que poco o nada resuelven. Allí realizan sus actos más simbólicos.

Justamente el anterior domingo 13 de octubre se cumplieron diez años de haber vuelto a sus territorios en medio del abandono, el miedo y los recuerdos, a un costado de la “Casa de la Memoria” estaban colgados los retratos de Porfirio Jaramillo Bogallo, Jesús Alberto Sánchez Correa, Mario Castaño Bravo y Hernán Bedoya, cuatro líderes martirizados por una violencia que se había dispuesto a no dejar piedra sobre piedra, pero que la resistencia civil, no ha permitido, aún a costos tan altos como la vida misma.

Retratos ya decolorados por el paso inexorable de los tiempos, pero nítidos en los recuerdos de sus seres queridos, de sus amigos y copartidarios de lucha por la tierra.

La violencia paramilitar se ensañó con estas comunidades agrupadas en elConsejo Comunitario- de los ríos La larga y Tumaradó-Cocolatu, que abarca 107 mil hectáreas, en la cuenca baja del Atrato y que agrupa a 59 comunidades, entre ellas la Zona de Biodiversidad Madre Unión.

En medio de la misma soledad estatal que siempre los ha acompañado y con el amparo de algunas organizaciones sociales: La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación Forjando Futuros, La Asamblea de Cooperación por la Paz de España, La Comunidad de Madrid, La Rioja-País de Valencia y Sindicalistas sin Fronteras, que les han tendido un mano, esta comunidad se reunió en torno a una oración, actividades deportivas y culturales, en las que no podía faltar un almuerzo de compañeros y un emotivo brindis.

Entre otras actividades cumplidas durante esta jornada conmemorativa, hubo fútbol femenino y carreras de encostalados con participación de niños y adultos.

La vocera de la Fundación Forjando Futuros, Aleyda Gaitán dijo que han acompañado a estas familias en un amplio proyecto de soberanía alimentaria y programas de reforestación. “No los vamos a dejar solos” agregó.

El desplazamiento

Entre las diferentes intervenciones habló la señora Arelis Castaño, sobrina de Mario Castaño Bravo, uno de los líderes asesinados durante este viacrucis, dijo que ha sido víctima de tres desplazamientos desde el año 97, que le gustaría devolver el tiempo para no regresar nunca más a estas tierras, que le prometió a su padre ayudarlo a recuperar sus predios, que también vivió el dolor de perder a uno de sus hijos en un accidente de tránsito, que al comienzo cuando conoció quienes eran los victimarios de su tío se llenó de odio, que su tío sabía que lo iban a matar y como un valiente esperó la muerte de pie, pero que hoy tras encontrarse con Dios, su corazón está lleno de amor.

“Mi tío me enseñó el camino, sigamos su ejemplo, dejemos el odio, Dios me ha llenado de fortalezas” dijo mientras lamentó que la mayoría de las personas que han recuperado su tierra, las han vendido.

Mucha plaga

Doña Dormitila Mestre, otra de las desplazadas ya retornadas, dijo que llegó a esa selva en 1975, recuerda que no había sino plaga, que en las tardes era imposible estar por fuera de la protección de los toldillos, que se demoraban dos días para ir al pueblo, “en la montaña había jaguar y el miedo no nos dejaba dormir tranquilos; por los pocos caminos que había no transitaban ni los caballos” dice

Cuenta que de las cuarenta familias desplazadas primero retornaron 14, pero que en la actualidad no quedan diez, ya que se han ido.

Doña Dormitila vive en el casco urbano de Nuevo Belén de Bajirá, pero conserva su pedazo de tierra en la comunidad Unión Madre, allí tiene un pequeño cultivo de plátano, que ella misma asiste.

Una de las anécdotas que hoy recuerdan los retornados, es que prestaban turnos de guardia, algo muy simbólico, ya que no tenían armas y cuando veían algo sospechoso que se aproximaba al caserío lo que hacían era gritar para ponerse alerta.

Por su parte Javier Rosero, vocero de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con nueve años de experiencia social en el Bajo Atrato, los convocó a la reflexionar sobre la importancia del territorio y quienes lo habitan, incluyendo, la fauna y la flora a los que hay que cuidar, a pensar y actuar siempre en colectivo y no estar pendientes cuando les aprueban un proyecto para preguntar “cuánto hay para mi” le habló de la paz interior y los convocó a no vender los territorios recuperados.

Una lucha desigual

Digna Aurora Castaño Mestra, otra de las retornadas y una de las mujeres con mayor liderazgo entre la comunidad, es presidenta del Consejo Menor, recuerda lo desigual de su lucha por recuperar sus tierras despojadas: “El gobierno siempre actuaba del lado de los empresarios, no podíamos salir solos, lo hacíamos en grupo, nos dañaban los cultivos con el ganado, encontramos los predios ocupados por búfalos y vacas, fue muy difícil sacarlos”

“Nosotros hicimos el retorno sin apoyo del gobierno, llegamos sin alimentos, teníamos la presión del actor armado, la presión de los empresarios era mucha, hoy aun ellos están de un lado y nosotros de otro, ya que la decisión final para la devolución de las tierras de manera definitiva está en manos de un juez” Advirtió.

Ambientalistas a la COP16

La Zona de Biodiversidad Madre Unión no lleva el nombre de biodiversidad por capricho o simplemente un adorno para llamar la atención, es parte de la conciencia ambiental que han creado en su entorno, la naturaleza allí se confunde con la vida misma y han llegado a pedirle perdón por los daños que le han causado.

Allí habita una mujer menuda, ágil como un mono, fuerte como un Choibá, de una mirada cristalina como las aguas del Truandó en sus cabeceras antes de ser tocado por la “Civilización”, dueña de una inteligencia y un liderazgo prodigiosos. Digna Aurora Castaño Mestra.

Ella junto a otros habitantes de la zona hicieron parte de un estudio denominado: “Talando las Selva y Contaminando las Aguas: Conflictos Socio Ambientales en el Bajo Atrato Chocano” el cual ya fue presentado en varios ministerios en Bogotá y este mes de octubre será sustentado nada más y nada menos que en el encuentro ambiental más importante del mundo: La COP16, que se cumple en la ciudad de Cali.

Dicho estudió abarcó los municipios de Unguía, Carmen del Darién y Riosucio, incluyendo 20 resguardos indígenas, analizaron desvíos de ríos, tala indiscriminada, contaminación por varios factores entre otros aspectos.

Como se puede apreciar, estamos hablando de una comunidad que no se ha dejado derrotar durante décadas de muerte, despojo y persecución y que hoy salta de su tragedia, de los titulares amarillistas de la prensa, al escenario más grande del mundo en materia ambiental con sus aportes a la recuperación de la cuenta del Bajo Atrato. No todo está perdido mientras existan mujeres de la talla y el liderazgo de doña Digna Aurora. Siempre habrá esperanza.

Y al fin, como en la canción de David Sánchez Juliao, El Indio Sinuano, esta tierra es su tierra y este cielo es su cielo”.

Zona de Biodiversidad La Madre Unión/octubre 13/2024.

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Este acto se realiza en el marco del caso ‘Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’, en el que se declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de más de 6.900 simpatizantes de este movimiento político.

Este evento tiene una profunda relevancia histórica, pues simboliza el firme compromiso del país por garantizar que hechos, como los ocurridos contra la Unión Patriótica, no se repitan, reafirmando que la violencia y persecución política no tienen cabida en una sociedad democrática.

Se espera la asistencia de cerca de 1.500 víctimas, familiares y sobrevivientes de la Unión Patriótica provenientes de diversas regiones del país. Además, la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Colombia acompañarán el acto simbólico en cabeza de las víctimas, y la presencia de altos dignatarios, funcionarios del Estado y congresistas de la República.

Este acto de perdón ha sido liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad a cargo de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de las disposiciones internacionales en favor de las víctimas, y representa un hito en la historia del país y en el proceso de memoria, justicia y reconciliación en Colombia.

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 La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de dotación de mobiliario escolar en tres instituciones educativas de la subregión de Urabá y Darién por una inversión total de 115 millones de pesos para mejorar los espacios educativos.

Las instituciones beneficiadas fueron la Institución Educativa Guadual Arriba en Arboletes, la Institución Educativa José de los Santos Zúñiga en Chigorodó, ambas en el Urabá antioqueño y una escuela en la vereda Astí, de Acandí, Chocó.

Estas entregas incluyeron implementos para aulas, bibliotecas y comedores escolares, y se enmarcan en el cumplimiento de los planes de retornos y reubicaciones, elaborados con la participación de las comunidades y autoridades locales.

Leslie Paz Jaramillo, directora de la territorial Urabá-Darién de la Unidad para las Víctimas dijo: “Con las entregas de dotación para las instituciones educativas de los planes de retornos y reubicaciones de las comunidades se brindan garantías para la permanencia e integración local de las víctimas del conflicto armado en los territorios”.

 A su vez, Libardo Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Astí, Chocó, aseveró: “Estamos recibiendo algo que nos prometieron. Esto es valioso y esperamos seguir trabajando juntos para construir paz”.

Además, Luis Sánchez, director de la Institución Educativa Guadual Arriba, destacó la importancia de estas dotaciones: “Esto nos ayuda a mejorar los procesos de lectura y la calidad de vida en nuestro corregimiento. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta entrega”.

 Estas estregas garantizan condiciones dignas para los estudiantes de estas comunidades que han enfrentado el desplazamiento y buscan reconstruir sus vidas en su territorio.

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Esto, atendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el 27 de julio de 2022 emitió decisión positiva en el caso Integrantes de la Unión Patriótica VS.  Colombia. En el documento, la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político desde 1984 y por casi 20 años.

Fue justamente la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica la instancia que convocó el espacio, como encargada del proceso de revisión de quiénes deben ser reparados. Mientras, la Unidad para las Víctimas, como entidad ejecutora de los recursos, acompañó el encuentro de los militantes y sus familiares.

Las y los asistentes vieron este escenario como una oportunidad de resarcir el dolor causado y la reivindicación de sus luchas. “Todo esto es también como hacerle un homenaje a estas víctimas que entregaron sus vidas por defender unas ideas, un partido político, un pueblo, por esas razones fueron asesinados. Traigo puesta hoy la camiseta y traje mi bandera porque es en honor a ellos y por ellos que estamos reunidos hoy y seguiremos en defensa del partido donde quiera que esté y resarcir el buen nombre de nuestros compañeros”, dijo Esneda López, integrante de la UP.

Más de 6.900 víctimas fueron reconocidas en los tres anexos de la sentencia de la Corte IDH. No obstante, la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica calcula que son más de 21.000 víctimas y familiares a las que deben revisar su identidad y relación con el movimiento político. Hasta ahora, la Unidad para las Víctimas ha entregado la medida indemnizatoria a 72 personas y otras 75 ya cuentan con resolución para recibir el pago. Existen 34 casos que se encuentran en análisis preliminares y otro porcentaje en radicación y remisión dentro de los aspectos de la ruta que se articulan con la Comisión.

Según las y los asistentes al espacio, la militancia de la UP en el Urabá se dispersó por cuenta de las hostilidades vividas en la época del exterminio. Ahora, con el fallo, ven “la posibilidad de fortificar su legado”. “He hecho el ejercicio de buscar en todo el territorio y hablar de que la Unión Patriótica está vigente, que estamos vivos, que estamos reclamando ante la Corte IDH y he encontrado familias con muchos miedos, pero ya se están allegando la documentación y soltando los miedos”, concluyó López.

El procedimiento de constatación consta de los siguientes pasos:

Presentación de la solicitud que puede ser a través de la página web de la Comisión httpswww.comisionidentificacionup.conoticia-1, por correo electrónico o de manera física en la sede de la Comisión.

El aporte de los documentos las víctimas deben aportar sus documentos que establezcan la identidad y aquellos que demuestren la relación de parentesco con las victimas incluidas en los anexos I, II o III de la Sentencia. No se deben aportar pruebas del hecho violatorio.

Estándar de prueba flexible serán valorados de manera flexible los documentos aportados, sin que se requiera su autenticación o la formalidad de estos.

La Comisión puede decretar pruebas para:

Completar la documentación que hace parte del proceso y así realizar la constatación de identidad yo parentesco.

Verificar la autenticidad de la documentación aportada.

Subsanar la información suministrada por la víctima, entre otros.

Las solicitudes de constatación de los anexos II y III se trasladan al Estado el Estado tiene un plazo de 60 días para presentar prueba fehaciente con el fin de excluir víctimas de los anexos II y III.

Pago de la reparación económica Conforme la Comisión efectúe las constataciones de identidad Y/O parentesco comunicará al Estado, a la Unidad para las Víctimas, y a las víctimas Y/O beneficiarios. La Unidad deberá hacer efectivas las reparaciones económicas a favor de los solicitantes conforme a los parámetros ordenados por la sentencia de la Corte IDH.

(Fuente- Unidad para las Víctimas de Urabá)

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