Los proyectos carreteros Pamplona-Cúcuta con $1,28 billones; Rumichaca-Pasto con $1,3 billones; Pacífico 1 con $1,3 billones; Río Magdalena 2 con una inversión de $1,2 billones, y Autopistas al Mar 1, $1,6 billones, son los que han tenido la mayor inversión durante el Gobierno en el campo de las iniciativas de Asociación Público-Privadas (APP).

Esto significa que el actual Gobierno es el que más ha invertido en infraestructura de transporte, tomando en cuenta que en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es decir, entre 2015 y 2018, las inversiones en proyectos APP carreteros alcanzó los $2,7 billones, y en el cuatrienio del presidente Iván Duque, entre 2019 y 2022, llegaron a $13,8 billones.

“Contrario a lo que se ha dicho durante los últimos años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro es el que más ha invertido en el desarrollo de los proyectos carreteros de infraestructura de transporte del país. Desde la ANI hemos cumplido los contratos, muchas obras avanzan y otros proyectos ya entraron en la etapa de operación y mantenimiento», destacó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

El funcionario indicó que el estudio de la ANI revela que la entidad les ha dado impulso a los proyectos que adjudicó el Gobierno anterior como Pamplona-Cúcuta ($1,28 billones), Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso ($266.580 millones), Villavicencio-Yopal ($1,13 billones), Santana-Mocoa-Neiva ($884.442 millones) y Popayán-Santander de Quilichao ($957.460 millones).

En total, en estos cinco proyectos la nación ha invertido $2,1 billones beneficiando a los habitantes de los departamentos de Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Meta, Casanare, Putumayo, Huila y Cauca.

Proyectos con mayores inversiones

Además de Pamplona-Cúcuta, proyectos como Rumichaca-Pasto con $1,34 billones; Pacífico 1 (conecta Medellín con el suroeste antioqueño y el Eje Cafetero) con $1,3 billones; Río Magdalena 2 (vía 4G de 153,3 km que conecta Remedios con Cimitarra, uniendo el nordeste antioqueño con la Ruta del Sol en el Magdalena Medio), con una inversión de $1,24 billones, y Autopistas al Mar 1 (vía 4G de 181 km que conecta Medellín en doble calzada con Santa Fe de Antioquia y la construcción del segundo tubo del Túnel de Occidente) con $1.6 billones, son los que han tenido la mayor inversión durante el Gobierno del Cambio.

También han recibido recursos del Gobierno nacional proyectos viales como Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad con $859.148 millones; Honda-Puerto Salgar-Girardot con $547.990 millones; Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY) con $898.502 millones; Armenia-Pereira-Manizales con $13.397 millones.

Asimismo, recibieron apoyo financiero del Gobierno del presidente Petro iniciativas como Pacífico 2 (vía en Antioquia que conecta Bolombolo con La Pintada, mejorando el tránsito hacia el Eje Cafetero y el Pacífico) con $700.892 millones y Conexión Norte con $1 billón (con 145 km, conecta el nordeste antioqueño con la Costa Caribe, y los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia).

Otro proyecto que ha recibido importantes inversiones por parte del Gobierno del Cambio es Pacífico 3 (con una extensión de 146 km conecta el Eje Cafetero y el puerto de Buenaventura) y recursos por $1,1 billones, y Mulaló-Loboguerrero, cuya vía no se ha comenzado a construir, pero la ANI ha destinado $964.862 millones.

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El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por el bombardeo ocurrido en zona rural de Guaviare, en el que murieron menores de edad. El mandatario aseguró que la operación buscaba proteger la vida de soldados que enfrentaban un riesgo inminente, y reiteró que en la selva las posibilidades de reacción son limitadas.

Responsabilidad presidencial en la operación

Protección prioritaria a los soldados

Petro afirmó que tomó personalmente la decisión para evitar una ofensiva letal contra el grupo militar, al señalar que 150 hombres armados podían atacar a la tropa desplegada en la zona. El jefe de Estado insistió en que la determinación se basó en criterios operacionales y en la necesidad de salvaguardar vidas en un entorno de alta amenaza.

Señalamientos y contexto operativo

Limitaciones en inteligencia en zonas remotas

El presidente rechazó las acusaciones de crimen de guerra y enfatizó que su administración no oculta información. Explicó que las operaciones en la selva se realizan con inteligencia limitada, debido a la complejidad del terreno y la lejanía respecto a áreas pobladas. Según Petro, la Fuerza Pública actúa con los datos disponibles, aun cuando estos no siempre permiten diferenciar con precisión a menores reclutados.

Menores en conflicto y política de paz

Liberaciones y medidas preventivas

El mandatario reconoció que cuando existe un alto porcentaje de menores reclutados por grupos armados, el riesgo de muertes en combate aumenta. Sin embargo, subrayó que en las 12 operaciones aéreas ejecutadas durante su gobierno ha exigido el máximo nivel de verificación para evitar estas tragedias. Además, recordó que su apuesta por la paz busca reducir la presencia de niños en el conflicto y destacó que 2.411 menores han sido liberados durante su administración.

El debate por el bombardeo abre nuevamente la discusión sobre las responsabilidades del Estado en operaciones de alto riesgo y el reto permanente de proteger simultáneamente a la Fuerza Pública y a la población vulnerable involucrada en el conflicto armado.

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Las principales causas de las afectaciones son los movimientos en masa (683 casos), la caída de material vegetal (115), la pérdida de banca (32), las inundaciones (16) y las novedades en puentes (12). Ante esta situación el Invías ha desplegado maquinaria, equipos técnicos y personal especializado, para garantizar la seguridad y transitabilidad en las vías a su cargo.

Actualmente la entidad atiende 15 emergencias viales en diferentes regiones del país. Entre ellas se destacan eventos en Norte de Santander, en la vía Aguaclara – Río de Oro, donde se registran movimientos en masa en los kilómetros 29 y 31; y en Santander, donde se reportan pérdidas totales de la calzada en los kilómetros 27, 28 y 29 de la vía Landázuri – Barbosa, además de cierres parciales y totales por deslizamientos en varios puntos del corredor.

El balance también incluye siete cierres vigentes, cuatro totales (en Antioquia, Chocó, Cauca y Huila) y tres parciales (Cundinamarca, Casanare y Norte de Santander). En esos tramos se adelantan labores de recuperación de banca, nivelación de taludes, instalación de puentes metálicos, remoción de material y manejo de aguas para mitigar nuevos deslizamientos.

En lo que va del año los departamentos con mayor número de emergencias viales son Boyacá (113), Nariño (109), Santander (96), Caquetá (90), Chocó (61), y Cauca y Huila (49).

El Invías informó que estas acciones hacen parte de la estrategia del Gobierno del Cambio para mantener la conectividad regional. En cada emergencia, se ejecutan estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales que permiten la recuperación y mitigación de daños en la infraestructura vial, en coordinación con las gobernaciones y gobiernos locales.

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El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, confirmó la muerte de alias “Frank”, uno de los principales cabecillas urbanos del Clan del Golfo en Bolívar. La operación, desarrollada en el sur del departamento, también dejó como resultado la muerte de su compañera sentimental, conocida como ‘La Veneca’, además de la incautación de material de guerra.

Operativo en Bolívar contra el Clan del Golfo

Abatimiento de alias “Frank”

Alias “Frank” figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y era señalado de coordinar homicidios contra líderes sociales, firmantes de paz y ataques dirigidos contra la fuerza pública. Las autoridades informaron que se trataba de un objetivo de alto valor en la estructura urbana del grupo delincuencial.

Incautación de material de guerra

En el operativo fueron decomisados dos fusiles, munición de varios calibres, equipos de comunicación y material propagandístico utilizado por la organización criminal. Según la Policía, este arsenal estaba destinado a fortalecer las acciones ilegales del Clan del Golfo en la región.

Perfil criminal de alias “Frank”

Vínculos con homicidios

Las investigaciones adelantadas lo relacionan con al menos tres homicidios, entre ellos el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortés, ocurrido en marzo de 2018. Su historial criminal reflejaba una trayectoria marcada por hechos violentos contra miembros de la fuerza pública y la población civil.

Control territorial en Bolívar

Alias “Frank” mantenía dominio sobre el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en municipios como San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba. Estas actividades lo consolidaban como uno de los cabecillas con mayor poder de influencia en el sur de Bolívar.

Impacto en la estructura criminal

Golpe a la organización

La muerte de alias “Frank” representa un golpe significativo para las estructuras del Clan del Golfo en Bolívar, organización que ha mantenido presencia criminal en diferentes departamentos del país a través del narcotráfico, la extorsión y homicidios selectivos.

Próximas acciones de las autoridades

La Policía Nacional confirmó que se adelantan investigaciones para desarticular por completo las redes delictivas que operaban bajo el mando de este cabecilla, con el objetivo de reducir la capacidad criminal del grupo en la región y garantizar mayor seguridad a la población.

La neutralización de alias “Frank” refleja la determinación del Estado en la lucha contra el crimen organizado. El operativo marca un precedente en los esfuerzos por restablecer la seguridad en el sur de Bolívar, una zona que ha sufrido el accionar violento del Clan del Golfo durante años.

¿Y tú qué opinas sobre este operativo de la Policía Nacional en Bolívar? Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tu punto de vista.

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Durante la sesión se analizaron las medidas implementadas hasta el momento, frente a las cuales el jefe de la cartera política destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día hay 194 personas bajo protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes’, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar el proceso democrático.

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, en coordinación con la UNP incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, hemos articulado la seguridad en las regiones, para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad’, dijo.

Según se indicó, en 24 departamentos se adelantan jornadas de precampaña sin contratiempos. Para ello se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.

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​Con un batallón de fuerzas especiales urbanas que entró a Pereira y Dosquebradas, un destacamento de 190 nuevos policías, 20 investigadores judiciales, un cartel de los más buscados y hasta 3.200 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas del ELN, el Gobierno nacional reforzó la seguridad en esa zona del Eje Cafetero.

El microtráfico y la minería ilegal, que afecta a comunidades indígenas, donde se han identificado casos de desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de menores, fueron los fundamentos que llevaron a la administración del presidente Gustavo Petro a desplegar la capacidad de la fuerza pública en esa zona, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al anunciar las medidas.

El funcionario indicó que el 69 % de los asesinados en Risaralda son consumidores de estupefacientes y el 81% mueren por sicariato. Esto evidencia un enfrentamiento entre jóvenes víctimas de ese mercado criminal como uno de los principales factores que inciden en los homicidios en la región.

Reveló que, para enfrentar el fenómeno, en el tercer trimestre de 2025 se convocará una reunión regional entre Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío para abordar de manera conjunta las amenazas que trascienden las fronteras departamentales.

En el caso de las comunidades étnicas, se han recibido denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos y manifestó que en los próximos 20 días “vamos a ir en operaciones quirúrgicas contra los grupos criminales. No podemos permitir que sigan reclutando a nuestros indígenas para llevarlos a la violencia, para llevarlos a la |muerte”.

Recompensas

El ministro Sánchez confirmó un aumento de las recompensas por información sobre caletas de dinero. “Cualquier ciudadano que informe sobre depósitos ilegales puede recibir hasta el 20% del valor incautado, con un tope de $7.300 millones. Esta medida busca debilitar las finanzas de las estructuras narcoterroristas y fomentar la colaboración ciudadana en todo el país”.

Dijo que los 3.200 millones de pesos ofrecidos por información del ELN está dirigida a cabecillas como alias ‘Santiago’, de la estructura occidental de ese grupo. A esta oferta se une el cartel de los más buscados en la región por homicidio. Esta campaña es reforzada por el fortalecimiento de estrategias preventivas, en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia y las patrullas Púrpura.

Destacamento militar

El ministro destacó la entrada en operaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas 9, unidad que calificó de fundamental para enfrentar delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y atender las alertas tempranas 001 de 2023 en Dosquebradas y la 041 de 2020 en Pereira, emitidas por la Defensoría del Pueblo 

Los miembros del Ejército entrarán a reforzar la seguridad en áreas focalizadas, ejerciendo operaciones coordinadas con la Policía y la Fiscalía en defensa de la población.

La unidad especial está compuesta por tropas entrenadas y equipos de última tecnología para desarrollar operaciones especiales de despeje de recintos confinados, combate cercano, ejecutar acciones helicoportadas y de asalto, reconocimiento en el espacio y seguridad en el área.

El titular de la cartera de Defensa señaló que el refuerzo militar lo complementa la llegada de 190 nuevos policías y 20 investigadores judiciales, quienes entrarán a operar de manera progresiva a lo largo del segundo semestre de 2025 en las áreas donde se han registrado el incremento de homicidios en Risaralda.

Enfatizó que, de manera adicional, “la fuerza de tarea contra las armas ilegales, que creamos desde el Ministerio de Defensa, va a tener una lupa muy especial en el tráfico de armas” señaló el alto funcionario.

Resultados 

“En estos diez días ya llevan ocho capturas, gracias a entrada en operación de los hombres del Ejército más especializados, dijo Sánchez.

Una de estas operaciones se dio en el barrio El Rosal de Pereira, donde en una operación conjunta del Ejército y la Policía permitió la captura de siete personas. Al parecer, miembros de la estructura delincuencial ‘Los rebeldes’, entre ellos, el presunto cabecilla de esta facción, conocido con el alias de ‘Kevin’

Tras cinco meses de investigaciones conjuntas, los investigadores reunieron evidencia para establecer que alias ‘Kevin’ sería el encargado de coordinar y dirigir a los demás integrantes del grupo en la distribución y comercialización de estupefacientes en el barrio El Rosal y sectores aledaños, luego de que se separaran del grupo delincuencial ‘Cordillera’ que tiene presencia en la ciudad.

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La justicia portuguesa ha concedido la libertad condicional a Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, quien es investigado por su presunto liderazgo en una red internacional de contrabando y corrupción aduanera. La decisión ha causado controversia y rechazo por parte de las autoridades colombianas, que consideran que el fallo representa un revés en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Una decisión judicial que genera alarma en Colombia

Alias ‘Papá Pitufo’ y su historial criminal

Diego Marín Buitrago ha sido señalado por las autoridades colombianas como el cabecilla de una red que habría facilitado el ingreso irregular de mercancía al país, eludiendo controles aduaneros y afectando gravemente la economía nacional. Su captura, efectuada en Portugal, fue considerada un golpe estratégico contra las estructuras de contrabando que operan entre Europa y América Latina.

El modus operandi de la organización que lideraría Marín Buitrago incluía el uso de empresas fachada, sobornos a funcionarios aduaneros y la manipulación de documentos de embarque, lo que dificultó durante años el rastreo de sus operaciones. Sin embargo, su captura en territorio europeo se logró gracias a una cooperación internacional que involucró a agencias de inteligencia de varios países.

Portugal concede la libertad condicional

Argumentos del tribunal y reacción colombiana

El Tribunal de Apelación de Lisboa decidió conceder la libertad condicional a Marín Buitrago mientras avanza el proceso judicial en su contra, argumentando que no existe riesgo de fuga ni evidencia suficiente que justifique su detención preventiva. La decisión ha sido interpretada por las autoridades colombianas como un acto de impunidad frente a delitos que afectan la seguridad económica del país.

El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su rechazo, señalando que la medida pone en entredicho los compromisos internacionales de lucha contra el crimen organizado. La Cancillería colombiana, por su parte, anunció que insistirá en los mecanismos de cooperación jurídica para que alias ‘Papá Pitufo’ responda ante los tribunales colombianos por los delitos que se le imputan.

Implicaciones para la cooperación judicial internacional

Desafíos para Colombia en el combate al contrabando

El caso de alias ‘Papá Pitufo’ pone de relieve las dificultades que enfrenta Colombia en la persecución judicial de sus ciudadanos implicados en delitos transnacionales cuando estos se encuentran en países con legislaciones distintas. Si bien existen tratados de extradición, su aplicación depende del criterio de los tribunales locales, que pueden determinar medidas distintas a las esperadas por las autoridades colombianas.

Expertos en derecho internacional han advertido sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos de cooperación bilateral y multilateral, y de reforzar la capacidad investigativa de las entidades judiciales para sustentar con pruebas sólidas los procesos de extradición y judicialización en el exterior.

Además, el caso evidencia cómo las redes criminales aprovechan vacíos legales y jurisdiccionales para operar con mayor libertad en distintos territorios, lo que exige una respuesta articulada desde los organismos de seguridad y justicia del país.

¿Qué sigue para ‘Papá Pitufo’?

Expectativas y próximos pasos en el proceso

Aunque ha sido dejado en libertad condicional, Diego Marín Buitrago no ha sido exonerado de los cargos. El proceso judicial en su contra continuará en Portugal, mientras Colombia insiste en su extradición. El caso se convierte así en un símbolo de los retos estructurales que enfrenta el país en la lucha contra las mafias transnacionales que desangran las finanzas públicas y socavan la institucionalidad.

El gobierno colombiano ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y ha hecho un llamado a los organismos internacionales para que este tipo de decisiones no debiliten la confianza entre Estados en materia de lucha contra el crimen organizado.

La ciudadanía, por su parte, ha expresado su desconcierto frente a lo que perciben como un acto de indulgencia judicial que podría alentar la impunidad de otros actores criminales.

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Según se indicó, la empresa contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma, cuenta con 2.911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores.

Esta decisión, adoptada en primera instancia a través de la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surgió como resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacaron:

Presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública.

Prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia.

Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.

Operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación.

Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema Renova.

Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

Una vez en firme la decisión, corresponderá al representante legal de la empresa, en su calidad de titular de los permisos concedidos, adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas, así como adoptar las medidas que correspondan frente a las situaciones verificadas en la investigación.

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«Nosotros no vamos a retroceder. Arreciamos la ofensiva contra el clan. No tienen escapatoria: o abandonan la actividad ilícita y se reciclan en el proceso de prosperidad de las regiones bajo la ley y la democracia, o se construye la alianza mundial para destruir el clan del golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái’, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X, al condenar los 27 asesinatos de policías atribuidos a sicarios de ese grupo delincuencial.

Los resultados operacionales se dieron en el marco de la Operación Agamenón, confirmaron el informe policial presentado este lunes, y permitieron establecer que al menos diez de los capturados son presuntos cabecillas de zona, y 113, supuestos sicarios y puntos o campaneros. En 28 casos, las autoridades actuaron en cumplimiento de una orden judicial, y otros 95 fueron detenidos en flagrancia.

Los delitos por los que estas personas son requeridos por la justicia son: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico y fabricación de estupefacientes.

Entre los supuestos cabecillas capturados figuran alias ‘Pipa’, quien controlaba una subestructura conocida con el nombre de ‘Nicolás Urango’; y alias ‘Toyota’, un cargo de la subestructura ‘Carlos Vásquez’.

Los sospechosos delinquían en 14 departamentos: Antioquia, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Atlántico, La Guajira, Santander, Risaralda, Meta, Valle del Cauca, Chocó, y en las regiones del Magdalena Medio y de Urabá.

La mayoría de los capturados han ejecutado homicidios contra funcionarios de las fuerzas armadas, mantenían el control y la expansión territorial enfrentando a otros Grupos Armados Organizados (GAO), ejercían la extorsión, el tráfico ilegal de armas, la fabricación y transporte de estupefacientes, y planeaban y ejecutaban homicidios selectivos, así como amenazas permanentes a la comunidad.

Casos esclarecidos

Las acciones de la Policía permitieron esclarecer los homicidios del patrullero Jorge García Mesa, con la captura de alias ‘Canoso’ en el municipio de Chigorodó (Antioquia); y del subintendente Nelson Cárdenas, con el abatimiento de alias ‘Barranquilla’ y alias ‘Mayinbu’ en el municipio de Andes (Antioquia).

En las 74 diligencias de registro y allanamiento se incautaron 58 armas de fuego. En ese arsenal había 30 fusiles, 28 armas cortas, 6.989 cartuchos de diferente calibre, 10 proveedores de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación, tres automóviles, dos motocicletas, 42 equipos de comunicación y más de 30 millones de pesos en efectivo.

Las personas capturadas fueron presentadas ante jueces de control de garantías, quienes legalizaron las aprehensiones, los allanamientos y las incautaciones.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a cada uno de los capturados, de acuerdo con su grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; homicidio; y tráfico, fabricación o puerta de estupefacientes.

Las operaciones, indicó la Policía, continúan cumpliendo los lineamientos estratégicos del Gobierno nacional y la lucha frontal contra el clan del golfo, organización delincuencial dedicada al narcotráfico y diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana.

En la gigantesca operación policial fueron desplegados 109 funcionarios especializados del Servicio de Investigación Criminal, Inteligencia y Antisecuestro (Gaula), en coordinación con la fiscalía general de la Nación, que dispusieron de cuatro fiscales, quienes ejecutaron, durante los últimos 18 días, más de 600 actuaciones investigativas a nivel nacional.

Capturas relevantes:

Eugenes de Jesús García Elguedo, alias ‘Pipa’, de 36 años de edad, era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado. Tiene una trayectoria criminal de más de tres años y está señalada de hacer panfletos circulares en el norte del departamento de Bolívar, generando temor y zozobra entre la población civil.

Juan Guillermo Quintero Olaya, alias ‘Toyota’, fue capturado por el delito de concierto para delinquir agravado. Era el encargado de coordinar labores de inteligencia delictiva, abastecimiento y alertar a la red en ese sector para llevar a cabo actividades criminales.

Alias ‘Mojón’ en Sincelejo (Sucre), capturado en flagrancia mientras fabricaba, traficaba, portaba y almacenaba armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Era cabecilla urbana de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ y encargado de coordinar homicidios selectivos contra población civil y funcionarios de la Fuerza Pública.

Alias ‘Paul’ y ‘Ronald’, capturados en zona rural del municipio de Bolívar (Valle del Cauca) en flagrancia, por el delito de tráfico, fabricación o porte de municiones y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ‘Paul’ es cabecilla en esa zona y ‘Ronald’ controlaba la vereda Naranjal. Ambos son hombres de confianza de alias ‘Dmax’, encargado de la expansión del clan del golfo en el Valle del Cauca.

En el corregimiento La Danta, municipio de Sonsón (Antioquia), fue capturado Ever de Jesús Quintero Giraldo, alias ‘Chaco’, presunto cabecilla de la subestructura ‘Gener Morales’. Esta persona cuenta con una trayectoria criminal de más de 20 años y era desmovilizado de las extintas autodefensas.

Estos contundentes golpes investigativos y operacionales, articulados con la Fiscalía, se convierten en un aporte sustancial para recuperar la seguridad humana y debilitar el dominio del flagelo criminal en Colombia.

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El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 0448 de 2025, mediante el cual se suspende temporalmente las operaciones militares ofensivas y especiales de la Policía Nacional contra las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Calarcá’. Esta medida estará vigente desde el 18 de abril hasta el 18 de mayo de 2025 y tiene como objetivo facilitar el avance en los diálogos de paz y la concentración de este grupo armado.

Alcance del Decreto 0448

Suspensión limitada de operaciones militares

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que el Decreto 0448 solo suspende las operaciones ofensivas contra las disidencias de alias ‘Calarcá’, las cuales representan aproximadamente el 11% de los grupos armados organizados en el país. Las operaciones contra otros grupos ilegales, como el ELN, las disidencias de Iván Mordisco y el Clan del Golfo, continuarán con normalidad.​

Objetivos del cese al fuego

El cese al fuego tiene como propósito principal facilitar la concentración de las disidencias de ‘Calarcá’ para avanzar en los diálogos de paz, transformar los territorios y revitalizar regiones como el Amazonas. Durante este período, se mantendrán las mesas de diálogo y compromisos en este propósito.​

Contexto y antecedentes

División en las disidencias de las FARC

Las disidencias de las FARC se han fragmentado en diferentes grupos. Alias ‘Calarcá’ lidera una facción que ha mostrado disposición para dialogar con el Gobierno, mientras que otras, como la encabezada por alias ‘Iván Mordisco’, han continuado con actividades delictivas y enfrentamientos con la Fuerza Pública.​

Medidas anteriores

En octubre de 2024, el Gobierno había prorrogado por seis meses el cese al fuego bilateral con las disidencias de alias ‘Calarcá’, mediante el Decreto 1280 de 2024. Esta medida estuvo vigente hasta abril de 2025 y buscaba establecer condiciones para avanzar en los diálogos de paz.

Reacciones y perspectivas

Compromiso con la seguridad

El ministro de Defensa enfatizó que la Fuerza Pública no está maniatada y que la ofensiva continúa con toda contundencia para neutralizar a quienes afectan la seguridad de las comunidades. La suspensión de operaciones ofensivas es una medida focalizada y no implica una reducción en la capacidad operativa del Estado frente a otros grupos armados ilegales.

Expectativas en los diálogos de paz

El Gobierno espera que este período de cese al fuego permita avances significativos en los diálogos de paz con las disidencias de alias ‘Calarcá’. Sin embargo, se ha advertido que si no se logran los avances esperados, se podrían implementar cambios significativos en la estrategia.

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