Durante la sesión se analizaron las medidas implementadas hasta el momento, frente a las cuales el jefe de la cartera política destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día hay 194 personas bajo protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes’, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar el proceso democrático.

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, en coordinación con la UNP incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, hemos articulado la seguridad en las regiones, para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad’, dijo.

Según se indicó, en 24 departamentos se adelantan jornadas de precampaña sin contratiempos. Para ello se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.

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​Con un batallón de fuerzas especiales urbanas que entró a Pereira y Dosquebradas, un destacamento de 190 nuevos policías, 20 investigadores judiciales, un cartel de los más buscados y hasta 3.200 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas del ELN, el Gobierno nacional reforzó la seguridad en esa zona del Eje Cafetero.

El microtráfico y la minería ilegal, que afecta a comunidades indígenas, donde se han identificado casos de desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de menores, fueron los fundamentos que llevaron a la administración del presidente Gustavo Petro a desplegar la capacidad de la fuerza pública en esa zona, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al anunciar las medidas.

El funcionario indicó que el 69 % de los asesinados en Risaralda son consumidores de estupefacientes y el 81% mueren por sicariato. Esto evidencia un enfrentamiento entre jóvenes víctimas de ese mercado criminal como uno de los principales factores que inciden en los homicidios en la región.

Reveló que, para enfrentar el fenómeno, en el tercer trimestre de 2025 se convocará una reunión regional entre Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío para abordar de manera conjunta las amenazas que trascienden las fronteras departamentales.

En el caso de las comunidades étnicas, se han recibido denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos y manifestó que en los próximos 20 días “vamos a ir en operaciones quirúrgicas contra los grupos criminales. No podemos permitir que sigan reclutando a nuestros indígenas para llevarlos a la violencia, para llevarlos a la |muerte”.

Recompensas

El ministro Sánchez confirmó un aumento de las recompensas por información sobre caletas de dinero. “Cualquier ciudadano que informe sobre depósitos ilegales puede recibir hasta el 20% del valor incautado, con un tope de $7.300 millones. Esta medida busca debilitar las finanzas de las estructuras narcoterroristas y fomentar la colaboración ciudadana en todo el país”.

Dijo que los 3.200 millones de pesos ofrecidos por información del ELN está dirigida a cabecillas como alias ‘Santiago’, de la estructura occidental de ese grupo. A esta oferta se une el cartel de los más buscados en la región por homicidio. Esta campaña es reforzada por el fortalecimiento de estrategias preventivas, en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia y las patrullas Púrpura.

Destacamento militar

El ministro destacó la entrada en operaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas 9, unidad que calificó de fundamental para enfrentar delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y atender las alertas tempranas 001 de 2023 en Dosquebradas y la 041 de 2020 en Pereira, emitidas por la Defensoría del Pueblo 

Los miembros del Ejército entrarán a reforzar la seguridad en áreas focalizadas, ejerciendo operaciones coordinadas con la Policía y la Fiscalía en defensa de la población.

La unidad especial está compuesta por tropas entrenadas y equipos de última tecnología para desarrollar operaciones especiales de despeje de recintos confinados, combate cercano, ejecutar acciones helicoportadas y de asalto, reconocimiento en el espacio y seguridad en el área.

El titular de la cartera de Defensa señaló que el refuerzo militar lo complementa la llegada de 190 nuevos policías y 20 investigadores judiciales, quienes entrarán a operar de manera progresiva a lo largo del segundo semestre de 2025 en las áreas donde se han registrado el incremento de homicidios en Risaralda.

Enfatizó que, de manera adicional, “la fuerza de tarea contra las armas ilegales, que creamos desde el Ministerio de Defensa, va a tener una lupa muy especial en el tráfico de armas” señaló el alto funcionario.

Resultados 

“En estos diez días ya llevan ocho capturas, gracias a entrada en operación de los hombres del Ejército más especializados, dijo Sánchez.

Una de estas operaciones se dio en el barrio El Rosal de Pereira, donde en una operación conjunta del Ejército y la Policía permitió la captura de siete personas. Al parecer, miembros de la estructura delincuencial ‘Los rebeldes’, entre ellos, el presunto cabecilla de esta facción, conocido con el alias de ‘Kevin’

Tras cinco meses de investigaciones conjuntas, los investigadores reunieron evidencia para establecer que alias ‘Kevin’ sería el encargado de coordinar y dirigir a los demás integrantes del grupo en la distribución y comercialización de estupefacientes en el barrio El Rosal y sectores aledaños, luego de que se separaran del grupo delincuencial ‘Cordillera’ que tiene presencia en la ciudad.

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La justicia portuguesa ha concedido la libertad condicional a Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, quien es investigado por su presunto liderazgo en una red internacional de contrabando y corrupción aduanera. La decisión ha causado controversia y rechazo por parte de las autoridades colombianas, que consideran que el fallo representa un revés en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Una decisión judicial que genera alarma en Colombia

Alias ‘Papá Pitufo’ y su historial criminal

Diego Marín Buitrago ha sido señalado por las autoridades colombianas como el cabecilla de una red que habría facilitado el ingreso irregular de mercancía al país, eludiendo controles aduaneros y afectando gravemente la economía nacional. Su captura, efectuada en Portugal, fue considerada un golpe estratégico contra las estructuras de contrabando que operan entre Europa y América Latina.

El modus operandi de la organización que lideraría Marín Buitrago incluía el uso de empresas fachada, sobornos a funcionarios aduaneros y la manipulación de documentos de embarque, lo que dificultó durante años el rastreo de sus operaciones. Sin embargo, su captura en territorio europeo se logró gracias a una cooperación internacional que involucró a agencias de inteligencia de varios países.

Portugal concede la libertad condicional

Argumentos del tribunal y reacción colombiana

El Tribunal de Apelación de Lisboa decidió conceder la libertad condicional a Marín Buitrago mientras avanza el proceso judicial en su contra, argumentando que no existe riesgo de fuga ni evidencia suficiente que justifique su detención preventiva. La decisión ha sido interpretada por las autoridades colombianas como un acto de impunidad frente a delitos que afectan la seguridad económica del país.

El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su rechazo, señalando que la medida pone en entredicho los compromisos internacionales de lucha contra el crimen organizado. La Cancillería colombiana, por su parte, anunció que insistirá en los mecanismos de cooperación jurídica para que alias ‘Papá Pitufo’ responda ante los tribunales colombianos por los delitos que se le imputan.

Implicaciones para la cooperación judicial internacional

Desafíos para Colombia en el combate al contrabando

El caso de alias ‘Papá Pitufo’ pone de relieve las dificultades que enfrenta Colombia en la persecución judicial de sus ciudadanos implicados en delitos transnacionales cuando estos se encuentran en países con legislaciones distintas. Si bien existen tratados de extradición, su aplicación depende del criterio de los tribunales locales, que pueden determinar medidas distintas a las esperadas por las autoridades colombianas.

Expertos en derecho internacional han advertido sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos de cooperación bilateral y multilateral, y de reforzar la capacidad investigativa de las entidades judiciales para sustentar con pruebas sólidas los procesos de extradición y judicialización en el exterior.

Además, el caso evidencia cómo las redes criminales aprovechan vacíos legales y jurisdiccionales para operar con mayor libertad en distintos territorios, lo que exige una respuesta articulada desde los organismos de seguridad y justicia del país.

¿Qué sigue para ‘Papá Pitufo’?

Expectativas y próximos pasos en el proceso

Aunque ha sido dejado en libertad condicional, Diego Marín Buitrago no ha sido exonerado de los cargos. El proceso judicial en su contra continuará en Portugal, mientras Colombia insiste en su extradición. El caso se convierte así en un símbolo de los retos estructurales que enfrenta el país en la lucha contra las mafias transnacionales que desangran las finanzas públicas y socavan la institucionalidad.

El gobierno colombiano ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y ha hecho un llamado a los organismos internacionales para que este tipo de decisiones no debiliten la confianza entre Estados en materia de lucha contra el crimen organizado.

La ciudadanía, por su parte, ha expresado su desconcierto frente a lo que perciben como un acto de indulgencia judicial que podría alentar la impunidad de otros actores criminales.

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Según se indicó, la empresa contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma, cuenta con 2.911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores.

Esta decisión, adoptada en primera instancia a través de la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surgió como resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacaron:

Presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública.

Prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia.

Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.

Operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación.

Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema Renova.

Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

Una vez en firme la decisión, corresponderá al representante legal de la empresa, en su calidad de titular de los permisos concedidos, adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas, así como adoptar las medidas que correspondan frente a las situaciones verificadas en la investigación.

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«Nosotros no vamos a retroceder. Arreciamos la ofensiva contra el clan. No tienen escapatoria: o abandonan la actividad ilícita y se reciclan en el proceso de prosperidad de las regiones bajo la ley y la democracia, o se construye la alianza mundial para destruir el clan del golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái’, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X, al condenar los 27 asesinatos de policías atribuidos a sicarios de ese grupo delincuencial.

Los resultados operacionales se dieron en el marco de la Operación Agamenón, confirmaron el informe policial presentado este lunes, y permitieron establecer que al menos diez de los capturados son presuntos cabecillas de zona, y 113, supuestos sicarios y puntos o campaneros. En 28 casos, las autoridades actuaron en cumplimiento de una orden judicial, y otros 95 fueron detenidos en flagrancia.

Los delitos por los que estas personas son requeridos por la justicia son: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico y fabricación de estupefacientes.

Entre los supuestos cabecillas capturados figuran alias ‘Pipa’, quien controlaba una subestructura conocida con el nombre de ‘Nicolás Urango’; y alias ‘Toyota’, un cargo de la subestructura ‘Carlos Vásquez’.

Los sospechosos delinquían en 14 departamentos: Antioquia, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Atlántico, La Guajira, Santander, Risaralda, Meta, Valle del Cauca, Chocó, y en las regiones del Magdalena Medio y de Urabá.

La mayoría de los capturados han ejecutado homicidios contra funcionarios de las fuerzas armadas, mantenían el control y la expansión territorial enfrentando a otros Grupos Armados Organizados (GAO), ejercían la extorsión, el tráfico ilegal de armas, la fabricación y transporte de estupefacientes, y planeaban y ejecutaban homicidios selectivos, así como amenazas permanentes a la comunidad.

Casos esclarecidos

Las acciones de la Policía permitieron esclarecer los homicidios del patrullero Jorge García Mesa, con la captura de alias ‘Canoso’ en el municipio de Chigorodó (Antioquia); y del subintendente Nelson Cárdenas, con el abatimiento de alias ‘Barranquilla’ y alias ‘Mayinbu’ en el municipio de Andes (Antioquia).

En las 74 diligencias de registro y allanamiento se incautaron 58 armas de fuego. En ese arsenal había 30 fusiles, 28 armas cortas, 6.989 cartuchos de diferente calibre, 10 proveedores de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación, tres automóviles, dos motocicletas, 42 equipos de comunicación y más de 30 millones de pesos en efectivo.

Las personas capturadas fueron presentadas ante jueces de control de garantías, quienes legalizaron las aprehensiones, los allanamientos y las incautaciones.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a cada uno de los capturados, de acuerdo con su grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; homicidio; y tráfico, fabricación o puerta de estupefacientes.

Las operaciones, indicó la Policía, continúan cumpliendo los lineamientos estratégicos del Gobierno nacional y la lucha frontal contra el clan del golfo, organización delincuencial dedicada al narcotráfico y diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana.

En la gigantesca operación policial fueron desplegados 109 funcionarios especializados del Servicio de Investigación Criminal, Inteligencia y Antisecuestro (Gaula), en coordinación con la fiscalía general de la Nación, que dispusieron de cuatro fiscales, quienes ejecutaron, durante los últimos 18 días, más de 600 actuaciones investigativas a nivel nacional.

Capturas relevantes:

Eugenes de Jesús García Elguedo, alias ‘Pipa’, de 36 años de edad, era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado. Tiene una trayectoria criminal de más de tres años y está señalada de hacer panfletos circulares en el norte del departamento de Bolívar, generando temor y zozobra entre la población civil.

Juan Guillermo Quintero Olaya, alias ‘Toyota’, fue capturado por el delito de concierto para delinquir agravado. Era el encargado de coordinar labores de inteligencia delictiva, abastecimiento y alertar a la red en ese sector para llevar a cabo actividades criminales.

Alias ‘Mojón’ en Sincelejo (Sucre), capturado en flagrancia mientras fabricaba, traficaba, portaba y almacenaba armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Era cabecilla urbana de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ y encargado de coordinar homicidios selectivos contra población civil y funcionarios de la Fuerza Pública.

Alias ‘Paul’ y ‘Ronald’, capturados en zona rural del municipio de Bolívar (Valle del Cauca) en flagrancia, por el delito de tráfico, fabricación o porte de municiones y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ‘Paul’ es cabecilla en esa zona y ‘Ronald’ controlaba la vereda Naranjal. Ambos son hombres de confianza de alias ‘Dmax’, encargado de la expansión del clan del golfo en el Valle del Cauca.

En el corregimiento La Danta, municipio de Sonsón (Antioquia), fue capturado Ever de Jesús Quintero Giraldo, alias ‘Chaco’, presunto cabecilla de la subestructura ‘Gener Morales’. Esta persona cuenta con una trayectoria criminal de más de 20 años y era desmovilizado de las extintas autodefensas.

Estos contundentes golpes investigativos y operacionales, articulados con la Fiscalía, se convierten en un aporte sustancial para recuperar la seguridad humana y debilitar el dominio del flagelo criminal en Colombia.

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El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 0448 de 2025, mediante el cual se suspende temporalmente las operaciones militares ofensivas y especiales de la Policía Nacional contra las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Calarcá’. Esta medida estará vigente desde el 18 de abril hasta el 18 de mayo de 2025 y tiene como objetivo facilitar el avance en los diálogos de paz y la concentración de este grupo armado.

Alcance del Decreto 0448

Suspensión limitada de operaciones militares

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que el Decreto 0448 solo suspende las operaciones ofensivas contra las disidencias de alias ‘Calarcá’, las cuales representan aproximadamente el 11% de los grupos armados organizados en el país. Las operaciones contra otros grupos ilegales, como el ELN, las disidencias de Iván Mordisco y el Clan del Golfo, continuarán con normalidad.​

Objetivos del cese al fuego

El cese al fuego tiene como propósito principal facilitar la concentración de las disidencias de ‘Calarcá’ para avanzar en los diálogos de paz, transformar los territorios y revitalizar regiones como el Amazonas. Durante este período, se mantendrán las mesas de diálogo y compromisos en este propósito.​

Contexto y antecedentes

División en las disidencias de las FARC

Las disidencias de las FARC se han fragmentado en diferentes grupos. Alias ‘Calarcá’ lidera una facción que ha mostrado disposición para dialogar con el Gobierno, mientras que otras, como la encabezada por alias ‘Iván Mordisco’, han continuado con actividades delictivas y enfrentamientos con la Fuerza Pública.​

Medidas anteriores

En octubre de 2024, el Gobierno había prorrogado por seis meses el cese al fuego bilateral con las disidencias de alias ‘Calarcá’, mediante el Decreto 1280 de 2024. Esta medida estuvo vigente hasta abril de 2025 y buscaba establecer condiciones para avanzar en los diálogos de paz.

Reacciones y perspectivas

Compromiso con la seguridad

El ministro de Defensa enfatizó que la Fuerza Pública no está maniatada y que la ofensiva continúa con toda contundencia para neutralizar a quienes afectan la seguridad de las comunidades. La suspensión de operaciones ofensivas es una medida focalizada y no implica una reducción en la capacidad operativa del Estado frente a otros grupos armados ilegales.

Expectativas en los diálogos de paz

El Gobierno espera que este período de cese al fuego permita avances significativos en los diálogos de paz con las disidencias de alias ‘Calarcá’. Sin embargo, se ha advertido que si no se logran los avances esperados, se podrían implementar cambios significativos en la estrategia.

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El legado de Velázquez

El nuevo ministro de defensa, el general Pedro Arnulfo Sánchez, será el encargado de manejar la seguridad y la defensa de un país perturbado por la violencia. No es fácil saber si Sánchez tendrá éxito, pero este artículo resume el panorama actual del orden público en Colombia, que debería determinar la hoja de ruta del nuevo ministro. 

Hace unos días salió del gabinete el titular de esta cartera desde el comienzo del gobierno Petro, el abogado Iván Velázquez Gómez; su nombramiento y su retiro posiblemente fueron decisiones acertadas y también desacertadas en cada uno de los respectivos momentos.  

Me explico. La trayectoria de lucha de Velázquez para identificar y desarticular las alianzas entre actores estatales y grupos criminales habría sido la razón para ser designado por el presidente en este ministerio en 2022. Velázquez obtuvo estas credenciales, en orden sucesivo, al luchar contra los herederos de “Los Pepes” en Antioquia, al perseguir legalmente a los financiadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, al exhibir los acuerdos entre políticos de todos los niveles con el paramilitarismo, y finalmente al develar las alianzas criminales con el Estado en Guatemala, en un caso que internacionalmente se conoció como “la línea”. 

Pero ninguna de las acciones anteriores había tenido relación con su gran falla como ministro —la que seguramente condujo a su retiro—: la muy difícil situación de orden público que hoy padece Colombia. Gran parte de su fracaso se debió a la gestión descartada de la “paz total”, que no dejó operar con solvencia a las Fuerzas Militares.

Aunque suene irónico, Velázquez sale por la puerta de atrás y de manera tal vez injusta, porque deja un país incendiado, aunque Petro no lo puso allí para pacificar el territorio. Tan solo el paso del tiempo nos dirá si Velázquez logró hacer una purga en las Fuerzas Militares, y sí dejó un ministerio mucho más desarticulado con las redes criminales. 

Tres grupos criminales que mandan en el campo

La situación actual de orden público es crítica. Tres grandes organizaciones criminales (el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC) extienden su dominio sobre el país rural, y ellas —junto con varias otras— tienen presencia e incidencia en las ciudades grandes y medianas. 

El Clan del Golfo. Los señores de la guerra con más presencia territorial y mayor pie de fuerza son el Clan de Golfo o Autodefensas Campesinas de Colombia, una organización que actúa como sombrilla de numerosos grupos criminales dedicados al secuestro, la extorsión, la gestión de oficinas de cobro, la obtención de rentas derivadas de la minería ilegal y el tráfico de cocaína, venta de armas, cobro por tránsito de migrantes, lavado de dinero y captura de contratación pública. 

Esta manera de operar pragmática y a través de las alianzas criminales, ha permitido que el Clan del Golfo tenga presencia mayoritaria en la macrorregión norte del país, un total de 320 municipios, algunos con una importancia económica y criminal de primer nivel, como Barranquilla, Medellín y el sur de Bogotá. 

Aunque la información es bastante difusa, algunos informes de inteligencia del Estado señalan que el “Clan del golfo” tiene 5.000 integrantes.                   

El ELN. La segunda organización con más presencia y control territorial es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que en la actualidad utiliza su mito fundacional para sustentar su discurso político y sus acciones bélicas. 

En teoría esta guerrilla es dirigida por el Comando Central (COCE), pero su complejidad operativa implica un alto grado de atomización. Por ejemplo, hasta hace poco el gobierno negociaba con Eliécer Olinto Chamorro (alias “Antonio García”) e Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”), pero uno de los comandantes más fuertes del ELN es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (alias “Pablito”), quien desde hace mucho tiempo se encuentra por fuera del proceso de la “Paz total”.

El ELN se financia de manera totalmente pragmática, sobre la base de la minería y los cultivos ilícitos, como también, en muchos lugares, con el cobro de extorsiones al mototaxismo, los préstamos “gota a gota”, la prostitución o la tala de bosques. Actualmente el ELN cuenta con 6.000 integrantes, buena parte de los cuales se encuentra en territorio venezolano. 

El ELN tiene presencia en poco menos de 230 municipios, y sus zonas históricas de control territorial (el Catatumbo, el sur de Córdoba y Bolívar, el Chocó, Arauca y Casanare) se han extendido a Boyacá, Cauca, Nariño, y Valle del Cauca. Los territorios que domina el ELN tienen los combustibles para continuar la guerra, es decir, las rentas ilegales, de manera que su desalojo de esas zonas sería una tarea de gran complejidad. 

Las disidencias de las FARC. La tercera organización con más presencia y control territorial son las disidencias del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. 

Las disidencias sin embargo se encuentran divididas en dos grandes líneas: la que se autodenomina el Estado Mayor Central (EMC), que en principio respondía a las órdenes de Iván Losada (alias “Iván Mordisco”) y, la “Segunda Marquetalia” que se anunció el 29 de agosto de 2019 bajo las órdenes de Luciano Marín (alias “Iván Márquez”). Más todavía: esas dos entidades hoy se encuentran internamente fragmentadas. 

 – En el caso del EMC, existen cuatro líneas de mando: el “Comando Conjunto Central”, que opera en Arauca y Casanare; el “Bloque Occidental Jacobo Arenas” que opera en Cauca, Nariño, y Valle del Cauca; el “Bloque Jorge Suárez Briceño y Suroriental” que opera en la macrorregión sur de Colombia, es decir, Meta, Huila, Caquetá y Putumayo; y finalmente el “Bloque Magdalena Medio” que opera en Antioquia, Cesar, Bolívar, Córdoba y la región del Catatumbo. Las líneas de mando responden a cuatro lealtades diferentes: uno, las de alias “Iván Mordisco”, dos, las de Alexander Díaz (alias “Calarcá”), tres, las de Javier Alfonso Veloza (alias “John Mechas”), muy cercanas a “Calarcá”, y cuatro, una línea de mando que en ocasiones parece independiente del resto del EMC, pues responde exclusivamente a comandancias locales. 

– En el caso de la “Segunda Marquetalia” existen tres grupos independientes. Por un lado, la nave nodriza de Iván Márquez, donde él es reconocido como máximo líder. Esta organización opera en Huila, Caquetá, Guainía y Vichada. Por otro lado, se encuentra la “Coordinadora Guerrillera del Pacífico” al mando de Walter Mendoza, con incidencia en los departamentos de Cauca y Nariño. Finalmente se encuentra la línea de los “Comandos de Frontera” que opera en Amazonas, Putumayo, Caquetá y Huila, a las órdenes del comandante recientemente capturado por el CTI de la fiscalía, Giovanni Andrés Rojas (alias “Arana”).   

El EMC tiene presencia y control sobre poco más de 200 municipios, y la “Segunda Marquetalia” se extiende sobre casi 70 municipios. Aunque el nivel de violencia en estos municipios es elevado, el panorama es más crítico en lugares de disputa entre ambas organizaciones, por ejemplo, en las zonas del Cauca disputadas entre el Frente Carlos Patiño del EMC y la Columna móvil Libardo García de la “Segunda Marquetalia”. 

Los informes de la Dirección Nacional de Inteligencia señalan que la Segunda Marquetalia cuenta con poco más de 1.700 integrantes, mientras que el Estado Mayor Central cuenta con entre 3.000 y 3.500 efectivos. Pero estas cifras tienen muchos subregistros debidos a la dificultad de las agencias estatales para ingresar a los lugares donde las disidencias tienen control territorial. 

Violencia organizada en las ciudades 

Finalmente tenemos la miríada de organizaciones armadas que se encuentran en los sectores urbanos. Entre los más importantes de estos “combos” del crimen se cuentan los del del Valle de Aburrá (norte de Antioquia), “Los Costeños” y “Los Rastrojos Costeños” (Barranquilla), el “Tren de Aragua” (Cúcuta y Medellín), el Clan del Golfo (Medellín y sur de Bogotá), “La Oficina” y “MAGO” (Tuluá), “Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura), grupos urbanos del ELN, “Revolución Cabí”, “Fuerzas Armadas RPS”, “Los locos Yam” y “Los Zetas” (Quibdó).

El número de combatientes de estos combos o grupos criminales es muy difícil de establecer, pero las cifras de años anteriores sobre los centenares de acciones violentas en cada una de las ciudades donde operan daban cuenta de su presencia. 

Una buena noticia. En el 2023 estas cifras han disminuido a sus mínimos. Por tanto cabría decir que las mesas de diálogo en el marco de la “paz total” han logrado bajar radicalmente los índices de violencia en las ciudades, pues la disputa de los territorios se ha detenido.

A pesar de lo anterior, en las ciudades han aumentado considerablemente las rentas vinculadas al microtráfico y la extorsión. Los alcaldes de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura nunca pudieron hacerles frente de manera exitosa — y tampoco lo hizo el saliente ministro de Defensa—. 

Guerras entre organizaciones criminales

Las experiencias de las guerras entre limpios y comunes de los años cincuenta, las guerras entre el EPL, las FARC y el ELN en los años noventa, y la anarquía criminal en el Cauca entre 2015 y 2018, nos demuestran que las guerras entre grupos armados ilegales destruyen el tejido social del territorio, demoran varios años y se degradan de manera pronunciada. 

La guerra actual en la región del Catatumbo lleva poco más de un mes y ya ha dejado casi 80.000 desplazados, 115.000 personas afectadas por los confinamientos, poco menos de un centenar de civiles asesinados, decenas de guerrilleros desmovilizados ante el riego de muerte inminente, y— según algunas fuentes— 150 hombres y mujeres pertenecientes al Frente 33 de las FARC han muerto a manos del ELN.

Lo que está ocurriendo en el Catatumbo no es nuevo. Lo mismo sucedió recientemente en los departamentos del Chocó, Guaviare, Cauca, Nariño, en regiones como la Sierra Nevada de Santa Martha y las fronteras con Ecuador y Venezuela. 

Estas disputas entre señores de la guerra se reactivan periódicamente, y frente a ello la acción del Estado es débil. Ejemplos de lo anterior fueron el último paro armado en el Chocó, los atentados de Villa del Rosario en Norte de Santander, y la violencia indiscriminada del ELN en el departamento del Cauca. 

Actualmente las regiones con más riesgo de iniciar guerras entre organizaciones criminales similares a la del Catatumbo son: el norte de Antioquia por cuenta del Clan del Golfo, el EMC y la “Segunda Marquetalia”; entre Bolívar, Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta por cuenta de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra versus el Clan del Golfo; y la región antes controlada por alias “Arana”, es decir, Putumayo, sur del Huila y parte del Caquetá, pues allí se puede desarrollar una disputa por parte de los mandos fieles a “Arana”, el EMC y los que se deslindan del mando de “Araña”. 

En consecuencia, es posible que en los siguientes meses estos fenómenos agraven la crisis humanitaria y el estado de inseguridad del país. 

Dos conclusiones 

En primer lugar, es muy posible que la gestión del nuevo ministro Sánchez sea bien recibida por la opinión: si logra contener al crimen será el gran héroe, y si no hace mucho por la seguridad la gente tampoco extrañará a Velázquez. Sánchez habría sido la continuación de un gobierno que permitió o agravó la expansión de una ola criminal que además ya había comenzado bajo el gobierno de Iván Duque. 

En segundo lugar, para el país “casi” no quedan salidas, y ese “casi” lo pongo entre comillas, porque el proceso de “paz total” iniciado en virtud de la Ley 2372 de 2022 ha sido desbordado por el estado crítico de inseguridad en muchos territorios, el número y capacidad de las organizaciones criminales. Como decía Diego León Hoyos en un célebre personaje de antaño, “en esta casa vamos a necesitar un milagro”.

*Magíster en Administración Pública, licenciado en Ciencias Sociales, y miembro del grupo de investigación Redes de la ESAP (Colombia). jorgebaqueromon@hotmail.com

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En el Consejo de Ministros televisado que se realizó este lunes, dijo que el esfuerzo militar y policial que se implementó tiene como enfoque el control, la estabilización y la consolidación de las áreas en las que delinquen los grupos armados.

“Pero también en algo que es relativamente rentable, y que sale más económico, que es básicamente la desmovilización”, añadió el ministro designado.

Y les transmitió un mensaje: “Como ministro de Defensa, les abro los brazos. Les digo: los estoy esperando, todo el pueblo los está esperando para que dejen de asesinar a nuestros campesinos”.

Añadió que, en caso de que los miembros de estos grupos no acepten la generosa oferta de la desmovilización, tendrán que enfrentar “toda la fuerza legítima del Estado. No vamos a permitir que sigan asesinando a nuestros campesinos y poniendo en grave riesgo a nuestros indígenas. Nosotros queremos llevar todo este Estado hacia allá, pero no vamos a permitir que ustedes lo impidan”.

Anunció que, por los principales cabecillas de las disidencias del frente 33 y del Eln, se ofrecen recompensas y que las Fuerzas Militares cuentan con el presupuesto suficiente para garantizar la movilidad, la maniobra y la tecnología necesarias para enfrentar la amenaza a la que se enfrentan.

Sánchez pidió un minuto de silencio en memoria de un soldado que murió al ser alcanzado por el ataque de un dron, así como por las 71 personas asesinadas por el Eln.

“En este momento, el tema de drones y antidrones se convierte en una amenaza muy latente. Por eso, lamentamos y nos unimos al dolor de esa familia que perdió a un soldado que estuvo dispuesto a arriesgar la vida”, expresó.

Consideró oportuno agradecer al presidente Gustavo Petro los beneficios que el Gobierno ha otorgado a la Fuerza Pública, en particular “algo tan básico para un soldado como la comida, o elevar el pago de cada soldado profesional o regular que presta el servicio militar, pasando de 300 mil a 900 mil pesos. Eso eleva las condiciones de quienes estamos para arriesgar la vida”, subrayó.

(Foto: Andrea Puentes – Presidencia)

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El general Triana Beltrán reemplaza en el cargo al general William René Salamanca Ramírez, quien solicitó su retiro de la institución, decisión que fue aceptada.

El general Triana Beltrán, nacido en La Peña, Cundinamarca, cuenta con más de 30 años de servicio en la institución, durante los cuales ha ocupado diversos cargos de relevancia.

Es administrador policial, tiene una maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, así como una especialización en Seguridad. Su trayectoria ha destacado en áreas como la inteligencia y la contrainteligencia.

En su carrera comenzó en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, donde egresó como subteniente el 13 de mayo de 1993. 

A lo largo de su servicio policial ha sido reconocido con 115 condecoraciones y 229 felicitaciones. 

Entre los cargos más destacados que ha desempeñado se encuentran el de Inspector General de la Policía, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y director de la Escuela de Cadetes.

Su último cargo fue el de director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).

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El refuerzo de tropas permite mantener puestos de control terrestres, fluviales y patrullas aéreas en todo el departamento para neutralizar posibles intenciones terroristas de los grupos al margen de la ley, y evitar que el accionar delictivo de estos grupos genere zozobra y miedo en las comunidades.

En desarrollo de las operaciones militares ofensivas, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares mantienen control en los principales ríos, vías y zonas costeras del litoral Pacífico en esta sección del país. 

El Eln ha lanzado amenazas contra la población civil afectando la movilidad y la economía de la región.

La situación es monitoreada de manera constante en consejos de seguridad en los que participa las autoridades locales y regionales, la Gobernación del Chocó, las alcaldías de los municipios, líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes del Gobierno nacional y se han impartido líneas de acción para reducir la amenaza.

Una de estas estrategias ha sido la invitación a la población civil para denunciar todo acto de terrorismo, narcotráfico, presencia armada, extorsión, secuestro y cualquier actuar delictivo donde se vea amenaza la seguridad a las Líneas 107 y 147 o ante la autoridad competente.

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