Durante un diálogo directo entre el director de la URT en Urabá y los medios comunitarios de prensa, el funcionario hizo un recuento de las actividades más destacadas de esta dependencia, pero también destacó lo mucho que falta por hacer.

La rueda de prensa convocada por su oficina de comunicaciones en el auditorio del Hotel Emberá, permitió un diálogo franco entre el señor Kunzell y los periodistas que lo foguearon con numerosos interrogantes.

“Nos falta mucho por hacer y acepto la crítica respetuosa, no ha todo el mundo le hemos cumplido, esta oficina hay que reforzarla, el año pasado trabajamos con seis abogados y este nos asignaron dos más, dado a los resultados obtenidos” dijo el funcionario.

Reconoció que antes había una oficina en Nuevo Belén de Bajirá para aproximar los servicios a los habitantes de ese territorio, pero que por razones financieras debieron cerrarla.

Durante la conversación con los medios, explicaron en detalle el funcionamiento de esta dependencia, los procesos étnicos con comunidades negras e indígenas, aclarando que en la zona bajo su jurisdicción no hay comunidades raizales ni ROM, además de los paso a paso de las rutas de atención y el énfasis en que todos los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios.

Gran flujo de reclamantes

Se conoció que, con corte al 30 de abril de este año, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 174. 189 solicitudes de restitución, de estas 117.979, o sea el 68% están con decisión de fondo en etapa administrativa, 49.245, el 42%, son solicitudes inscritas y 68.734 de las solicitudes no fueron aceptadas por diversas razones legales.

Uno de los aspectos destacados por los expositores institucionales es la credibilidad, ya que en el primer año del gobierno del cambio recibieron y reclamaciones, al siguiente 16, posteriormente 51 y este año van en 128, muchos dudaban en oficializar la reclamación por la desconfianza y al temor a no ser atendidos, explicaron.

También afirmaron que otro de los logros es poder llegar a todos los territorios, situación que antes era impensable ante los problemas de seguridad.

Urabá tiene registrados 10.330 reclamantes y hoy contabilizan 614 sentencias en los despachos judiciales de las cuales solamente entre el 1 y el 2% han sido adversas a los reclamantes.

Se conoció en desarrollo de este diálogo que los funcionarios de la URT, no pueden intervenir ni invertir en los predios, hasta que no haya sentencia judicial, de ahí en adelante comienza otro tipo de acompañamiento que incluye proyectos productivos y de reparación en general, en este sentido esta dependencia ha invertido en la regional este año, 630 millones de pesos.

El señor José Alberto Kunzell, dijo que falta mucho por hacer, pero que han logrado restituir 20 mil hectáreas, sobre la cifra de hectáreas reclamadas en esta zona dijo que se conoce, pero que pueden pasar de cien mil, que de 10.300 reclamaciones han resuelto cinco mil y 2.600 están en etapa jurídica y unas 600 pendientes por resolver, puntualizó diciendo que en la demora por atender las reclamaciones no se puede culpar únicamente al aparato judicial.

Caso emblemático

Sobre el caso del reclamante de Pavarandó, Víctor Ríos, presente en el encuentro, dijo que no se había avanzado por la falta de focalización del predio, pero que ya este trámite fue surtido, razón por la cual le meterán el acelerador al proceso.

Ríos se define como el primer reclamante de tierra que llegó a esta oficina cuando la abrieron en Apartadó y se queja de los pocos avances, afirma estar enfermo y en situación económica difícil.

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El acto oficial tuvo lugar en el municipio de La Virginia, donde se hizo entrega de más de 600 hectáreas correspondientes a los predios El Cairo y El Recuerdo, ubicados dentro de la Hacienda Miralindo, en el Valle de Risaralda. 

Estos terrenos fueron objeto de extinción de dominio tras pertenecer al narcotraficante Arcángel de Jesús Henao, alias ‘El Mocho’, integrante del Cartel del Norte del Valle; luego pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posteriormente al ministerio de Defensa, bajo cuya administración permanecieron por años, mientras comunidades campesinas aguardaban una solución.

El predio pasará ahora, a través de la Agencia Nacional de Tierras, a manos del campesinado risaraldense para fortalecer la producción agropecuaria y continuar avanzando en la Reforma Agraria, informó el ministerio de Agricultura.

La jefe de esa cartera dijo que “nuestro compromiso, hoy y siempre, es impulsar, desde cada espacio la Reforma Agraria que necesita el país para convertirse en una gran potencia agroalimentaria, porque la Reforma Agraria es la verdadera revolución por la vida” indicó la funcionaria. 

Al dirigirse a la población beneficiada con la entrega de la Hacienda Mirolindo, el ministro Pedro Sánchez indicó que “hoy se confirma una decisión del Estado: “la tierra no debe estar en manos de quien simplemente la posee, sino de quienes la necesitan y verdaderamente la merecen”. 

Por su parte el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, destacó que la entrega del predio Miralindo, representa un paso histórico para la Reforma Agraria y para las comunidades campesinas que durante años lucharon por el acceso a la tierra.

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En el encuentro se destacó que los archivos del despojo no son únicamente documentos administrativos, sino herramientas fundamentales para comprender las causas estructurales del desplazamiento forzado y la violencia en Colombia.

Marcela Ceballos, coordinadora de Cooperación Internacional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), afirmó que “el archivo constituye una garantía de verdad y una manera de prevención de despojos futuros”, al señalar que estos acervos permiten reconstruir las narrativas de las víctimas e identificar patrones de macrocriminalidad relacionados con el despojo y el desplazamiento forzado.

Por su parte, Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), resaltó la importancia de proteger y sistematizar estos documentos como garantía del derecho a la verdad. Recordó que los archivos de la URT, recientemente declarados patrimonio de interés cultural de la Nación, reúnen miles de solicitudes de protección de tierras y constituyen una memoria histórica clave para evitar que estos hechos queden en el olvido.

La secretaria general de la URT, Jaqueline Campos Rincón, aseguró que la entidad ha avanzado en reconocer no solo el valor físico de los expedientes, sino también el significado de las voces y memorias de las víctimas. Según explicó, estos archivos “nos ayudan a sanar” y hacen parte de una infraestructura institucional orientada a la verdad, la justicia, la reparación transformadora y las garantías de no repetición.

Campos también enfatizó que preservar estos archivos fortalece el deber del Estado de garantizar que las víctimas puedan retornar a sus territorios sin revictimización y con condiciones efectivas de protección y dignidad.

El panel concluyó con el testimonio de Ayineth Pérez, lideresa comunitaria y beneficiaria de restitución en el Urabá, quien recordó que “nosotros sabemos que nunca debimos haber salido de la tierra y esa tierra de donde salimos no solo está asociada a la violencia, también hay allí historias que siguen vivas”.

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Durante tres días, este espacio, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reunirá en Barranquilla a más de 180 actores claves para trazar el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales, posicionándola como un pilar fundamental de la paz, la justicia social y el desarrollo territorial sostenible. 

A través de 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, estos actores definirán estrategias para dar impulso a la reparación integral de las víctimas en el país. 

Se abordarán desafíos como las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de los territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos, entre otros aspectos para consolidar una política más efectiva y cercana a los territorios.

“El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios de nuestro país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, recalcó el mayor Giovani Yule, director general de la URT. 

Durante el Congreso se darán a conocer los hitos de la Unidad alcanzados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el impulso con cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, la nueva ruta para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales que priorizan a las poblaciones vulnerables. 

Estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos: hoy, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley se han gestionado en este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de las víctimas.

(Foto principal/Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras en la fase inicial del Congreso​.​)

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Tras más de dos décadas sin una decisión judicial de fondo, el Estado colombiano dio respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diciendo que en este caso “no se han agotado los recursos internos disponibles, ni se ha excedido plazo razonable para su resolución”. La afirmación contrasta con la realidad de las 21 familias víctimas, motivo por el cual la Fundación Forjando Futuros acude al sistema interamericano.

En la espera de justicia, cuatro víctimas han muerto: Edelmira Chiquillo Fuentes, Alberto Padilla Ruiz, Darío de Jesús Bolívar y Aquibaldo Palacios Agualimpia.

Este caso de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca (ASOTEC) refleja la demora en los procesos de restitución de tierras en Colombia. Desde 2003, cuando paramilitares forzaron la venta de los predios mediante amenazas, las víctimas han estado sometidas a tramitar sus casos así:

En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó. En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy. Desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco. Y en 2025, la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.

“Llevamos 23 años de trámites, procedimientos, recursos, instancias, diferentes autoridades y nada. El Estado colombiano alega ante tribunales internacionales que eso aún es poco tiempo, que tiene más tiempo para hacer trámites. Esperemos que no muera más gente, esperando que la Unidad de Restitución de Tierras le devuelva sus predios”, manifestó Gerardo Vega Medina, abogado de Forjando Futuros.

Ante este panorama, la Fundación Forjando Futuros reitera que acudirá a todas las instancias internacionales para lograr una decisión de fondo que garantice la restitución o la reparación integral de las familias de La Teca.

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Apartadó, entregó más de 40hectáreas a la familia Múnera Durango, víctimas de la desaparición forzada de su padre, Ricardo Abel Múnera, y que se vieron obligados a abandonar su predio hace más de 30 años, en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San Joséde Apartadó, en el Urabá antioqueño.

A través de un homenaje simbólico en memoria su padre y su madre fallecida, los Múnera regresaron a su tierra acompañados de sus vecinos, amigos y funcionarios de la URT, para recibir su tierra y sanar las heridas de la guerra a través de la entrega y reparación integral de sus derechos.

Gloria Múnera destacó el trabajo de las entidades del Estado, URT y Defensoría, y envió un mensaje a las víctimas: “este homenaje lo agradezco bastante por su vida y memoria. Mis padres dejaron sus huellas marcadas en estas tierras y hoy vamos a seguir con su legado y continuar labores en este predio. A las victimas les digo que no abandonen la posibilidad de sentirse reparados. Todos merecemos un apoyo y es necesario acudir a las entidades”.

En 1993, la familia fue desplazada por primera vez hacia Medellín, debido a la violencia generalizada que se presentaba en el municipio de Apartadó por la presencia de grupos armados ilegales, tanto en la zona urbana como rural. en 1997, estando por fuera del predio, la familia fue alertada por vecinos sobre la desaparición de su padre, quien continuaba trabajando en la zona.

Los Múnera decidieron retornar al lugar para indagar sobre su paradero, sin embargo, no recibieron información al respecto y, debido a la violencia que aún persistía en la región, salieron nuevamente dejando el predio abandonado.

La sentencia de la familia cuenta con un enfoque diferencial; podrán acceder a programas de formación y capacitación para explotar económicamente el predio, garantías para una vivienda digna y la implementación de un proyecto productivo agrícola para la generación de recursos y su sostenimiento.

La URT Apartadó ha restituido más de 17.000 hectáreas a las víctimas y campesinas del Urabá y trabaja sobre 3.300 solicitudes de restitución habilitadas en la región. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo

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Durante el año 2025 la Reforma Agraria se consolidó como uno de los principales legados del Gobierno del presidente Gustavo Petro, superando años de rezago institucional y asumiendo con ímpetu la garantía del derecho a la tierra. 

La Reforma Agraria debe ser una sola: el trabajo conjunto de un gobierno democrático como este debe unir a los pueblos y no dividirlos. Eso significa que, aquí sentados, las comunidades negras, campesinas e indígenas deben compartir una palabra para apagar cualquier conflicto que se reavive en los territorios. Así es como impulsamos la Reforma”, expresó Juan Felipe Harman, director de la ANT.

ANT en cada región del país

En la vigencia 2025, la máxima autoridad de tierras de la Nación contó con una asignación presupuestal de 1,7 billones de pesos. Aún con el recorte ocasionado por el hundimiento de la Reforma Tributaria, la agencia obtuvo buenos resultados. De estos recursos, se ejecutó el 79,9%, lo que ha permitido fortalecer de manera significativa la capacidad institucional de la entidad.

En materia de adquisición de tierras, la Agencia ha gestionado 703.121 hectáreas a comunidades rurales desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En más de tres años, esta cifra representa una adquisición de 12 veces más tierra, comparada a la registrada durante los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos.

Para Amir Torres, coordinador del Comité Municipal de Reforma Agraria de Fundación (Magdalena), “estos espacios, donde conocemos de cerca los avances de la Reforma, son muy importantes porque vemos una verdadera integración y unidad del Comité Agrario y de todos los municipios de nuestro departamento en una Reforma Agraria integral, que beneficia al campesinado y al desarrollo de las comunidades”.

La apuesta por la Reforma Agraria fue integral. Además de la compra de más de 213.173 hectáreas, la ANT avanzó de manera significativa en la resolución de procesos agrarios, culminando actuaciones sobre cerca de 780.000 hectáreas. 

De este total, aproximadamente 245.000 hectáreas fueron declaradas baldíos de la Nación, lo que equivale a cerca del 30% de las áreas investigadas, mientras que el 70% restante fue ratificado como propiedad privada.

A través de estos procesos, la ANT fortalece la seguridad jurídica y aporta de manera estructural a la implementación de la Reforma Agraria en el país.

Al cierre del evento, más de 1.075 familias campesinas del Magdalena recibieron 1.119 hectáreas, correspondientes a las colectividades Asociación Comunitaria Pisando Firme, Asociación de Usuarios Campesinos La Luz de Pueblo Nuevo, Asociación Campesina de Ariguaní (JIBECA), Asociación Alejandría Positiva y Asociación para el Desarrollo Social e Integral de las Familias del Difícil Ariguaní.

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Las demandas buscan restituir más de 52.434 hectáreas de territorio ancestral en favor de 2.238 personas, pertenecientes a 678 familias indígenas y negras, que conforman los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato, en el Urabá chocoano y antioqueño.

Con estos logros, la URT prevé restablecer los derechos de estas comunidades, víctimas del conflicto armado en la región a través del secuestro y el asesinato de sus líderes, desplazamiento, despojo, confinamiento y abandono forzado de sus tierras por cuenta del accionar violento de distintos grupos armados.

“Creemos que es importante este avance, porque en el conflicto armado sucedieron tantas cosas y los impactos para el territorio fueron sociales, culturales y ambientales; tanto que no se podía realizar la pesca artesanal y se perdieron algunas especies maderables de la zona. Por ello es clave que el Estado pueda evidenciar lo que aquí sucedió”, argumentó su representante legal, Patrocinio Cuesta.

El Consejo Comunitario La Nueva, ubicado en Riosucio (Chocó), tiene una extensión de 15.685 hectáreas y está compuesto por 250 familias. Mientras que los resguardos indígenas de Mamey de Dipurdú (integrado por 27 familias) y Río Alto San Juan (con 368), esperan la restitución de 205 hectáreas y 164 hectáreas respectivamente.

A diciembre de 2025, la Dirección de Asuntos Étnicos en Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución sobre más de 7.000 hectáreas, en favor de las comunidades de los resguardos Cuti, Eyákera, Arquía y Tanela. Así mismo, actualmente tramita un total de 46 demandas de comunidades étnicas ante los jueces y magistrados de tierras de la región.

El director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, manifestó que estos resultados son producto del trabajo comprometido de los profesionales en

territorio: “nos alegra ver los frutos de la labor realizada en favor de las comunidades negras e indígenas. Este sin duda es un paso importante para devolverle la dignidad y la garantía de derechos a las víctimas en las zonas más vulnerables de nuestro país. Hemos demostrado que la restitución sí se puede hacer en Urabá y que las víctimas y la tierra son una prioridad para este gobierno”.

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La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó más 78 hectáreas a una familia víctima de despojo por parte del Fondo Ganadero de Córdoba, en la vereda Isaías del corregimiento San José de Mulatos, en la zona conocida como Tulapas, en Turbo (Antioquia).

La familia Torreglosa fue despojada en julio de 1995, cuando paramilitares los amenazaron con que debían irse o serían asesinados. En declaraciones dadas durante la investigación del caso, el señor Dionisio Torreglosa manifestó que, dos meses después de su salida, llegó a su casa un enviado de Salvatore Mancuso, quien le dijo que estaba encargado de comprar las tierras a todos los campesinos de la vereda y a quien le vendió cada hectárea por $50.000 pesos.

Dionisio y su esposa se vieron obligados a desplazarse hacia San Pedro de Urabá con sus 10 hijos, dejando atrás sus cultivos de arroz, maíz, plátano, yuca, y cría de ganado.

Durante el acto, se explicó el sentido de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de Apartadó, que garantiza, entre otras acciones, la formulación e implementación de un proyecto productivo acorde con el uso del suelo, además del acompañamiento y asistencia técnica para garantizar la sostenibilidad del proyecto y la autonomía económica de la familia.

Marys Torreglosa, beneficiaria de la sentencia, manifestó: “esto significa una cosa muy grande para mí. ¡Hombre, qué tranquilidad! Tanto tiempo de estar uno sufriendo; mis hijos están muy contentos porque teníamos tiempo de estar esperando esto”.

Este hito se suma a las más de 5.100 hectáreas entregadas en la zona de Tulapas a noviembre de 2025, a familias que, en su mayoría, sufrieron abandono forzado como parte de un proceso de despojo sistemático, que se basó en la compra de predios a precios por debajo de su valor real; con escrituraciones fraudulentas e intermediación de terceros y con el objetivo de implementar proyectos agrícolas extensivos, promovidos por empresas como el Fondo Ganadero de Córdoba, en connivencia con grupos armados.

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El espacio combinará actos culturales y armonizaciones con una agenda enfocada en el cumplimiento de las sentencias de restitución dirigidas a las comunidades ancestrales, bajo la orientación de la Dirección de Asuntos Étnicos. Asimismo, se realizará la entrega de proyectos productivos, compensaciones y apoyos por parte del Grupo Fondo de la URT, junto con la atención interinstitucional a beneficiarios.

Al inicio, intervendrán directivos de la URT y autoridades locales. Así mismo, se hará pedagogía sobre la atención en ruta individual o colectiva. Después se instalará un diálogo con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) sobre avances y pendientes en el cumplimiento de órdenes.

Entregas del Grupo Fondo

Durante la asamblea, el Grupo Fondo, a través de su coordinador Antonio Martínez, realizará entregas simbólicas a beneficiarios de proyectos productivos familiares, así como compensaciones, alivios de pasivos y apoyos de vivienda a beneficiarios.

En la tarde del 8 de octubre se abordará la etapa posfallo, con cuatro mesas de trabajo para pueblos étnicos (Tanela, Urquía, Cutí y Eyakera). Estas contarán con participación de entidades como ANT, MinInterior, UARIV, UNP, ANLA, MinAmbiente, IGAC, ART, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con el fin de revisar puntos críticos, responsabilidades y cronogramas por cada orden judicial.

En paralelo, se adelantará un seguimiento a medidas cautelares para procesos específicos (Chidima–Toló y Pescadito, Uradá Jiguamiandó, Río Domingo Dó, Pedeguita y Mancilla, Jaikerazaví, Cocomasur y La Larga), consolidando compromisos y rutas de impulso. El 9 de octubre se instalará una jornada de atención personalizada, en articulación con entidades del SNARIV.

La quinta Asamblea ‘Tejiendo la Restitución’ será un punto de encuentro entre la justicia y la esperanza, donde las comunidades del Urabá reafirmarán su papel como guardianas del territorio y constructoras de paz. ¡Con dignidad, cumplimos!

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