Algunas de las veredas a intervenir a lo largo de este mes son Caimancito, Calle Larga, Coquitos, El Recreo, Monte Verde, Las Camelias, Paquemás y Santa Inés, de los corregimientos de Currulao y El Tres, en Turbo, así como El Totumo en el municipio de Necoclí. 

La Dirección Territorial Apartadó de la URT ha inscrito más de 53.000 hectáreas de esta zona en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), 44.897 correspondientes a Turbo y 8.440 a Necoclí; ambos municipios con un total de 3.935 solitudes de restitución.

Según José Alberto Kunzell, director territorial de la URT en Apartadó, estas intervenciones contribuirán al avance de más de 150 casos que se encuentran en etapa administrativa. “Estas mediciones buscan garantizar que cientos de campesinos, víctimas de despojo y abandono forzado por parte de paramilitares y narcotraficantes en esta zona, puedan ser efectivamente reparados y restituidos de sus predios”, argumentó. 

El avance en estos procesos de restitución ha sido posible gracias a las múltiples jornadas de socialización de la Ley 1448 en los municipios de Urabá, espacios donde los campesinos, reclamantes, solicitantes y terceros despejan dudas sobre el funcionamiento de la ley y consultan sobre el estado y los requerimientos de cada uno de sus procesos.

En estas jornadas, realizadas en días anteriores y con la asistencia de cerca de 50 personas, se hizo énfasis en la figura del sujeto colectivo campesino. 

El trabajo articulado con los líderes y lideresas sociales, presidentes de las Juntas de Acción Comunal y local, además del acompañamiento de la Fuerza Pública, ha permitido el ingreso de la Unidad al territorio, consolidando el avance de esta política pública en el Urabá. (Foto/Institucional)

La entrada Restitución interviene 20 veredas en Urabá se publicó primero en El Pregonero del Darién.

(Foto principal/Institucional sobre el proceso de restitución en Apartadó)-Para conocer más de cerca el proceso de restitución de tierras en la zona de Urabá y municipios que hacen parte de la Unidad de Restitución en esta territorial, dialogamos con su director, el abogado José Alberto Kunzell Jiménez, quien hizo para El Pregonero del Darién una amplia exposición de sus actuaciones en este tema.

En su diálogo con este medio informativo, el funcionario reconoce avances, pero es muy consciente de todo lo que falta por hacer, de los esfuerzos del gobierno nacional con la Judicatura para poner en marcha dos nuevos despachos judiciales en el intento de descongestionar los procesos, además de los pocos funcionarios con los que cuenta su unidad.

Esta Unidad de Restitución de Tierras, tiene jurisdicción en Urabá y los municipios que conforman la subregión del Chocó Darién, Unguía, Acandí, Riosucio, Nuevo Belén de Bajirá, Carmen del Darién, además de Murindó y Vigía del fuerte.

El balance

“Se han restituido más de 16 mil hectáreas, tenemos más de 2800 solicitudes de restitución presentadas ante los jueces, es una cifra bastante considerable, más 130 mil hectáreas están en manos de los jueces en este momento esperando que sean falladas.

Nosotros en esta vigencia 2025 ya hemos radicado ante los jueces más de 132 demandas que equivalen a 9.687 hectáreas el universo total de solicitudes ya superan 9800 recibidas, de esas hemos resuelto más de cinco mil, pero nos faltan unas 4700 por resolver, eso quiere decir que todavía tenemos mucho que hacer en el territorio de Urabá, tenemos previsto es año cumplir una meta de más de 372 solicitudes de las cuales ya llevamos un 41% resuelto, sin embargo ese número sigue siendo muy poco, necesitamos avanzar en mejores cifras, mejores resultados, nosotros sabemos lo grave  que ha sido para el tema de las víctimas en Urabá todo el despojo y abandono forzado de tierras y eso demanda un mayor  compromiso de nosotros como estado de poder avanzar de manera significativa con un número importante de decisiones en materia de inscripciones” Dijo Kunzell Jiménez a este medio de comunicación.

La tarea es grande

“Unas diez mil solicitudes de restitución se han inscrito a lo largo del país, una cifra que se acerca mucho a la registrada en el gobierno del presidente Santos cuando empezó a  implementar esta política  pública, o sea que nosotros deberíamos hacer unas seis mil solicitudes más de inscripciones, pero estamos hablando de acciones positivas  porque recordemos que en gobiernos anteriores se tomaron decisiones pero un porcentaje muy alto que superaba el 65% eran rechazadas, es decir se negaba el registro, el acto administrativo y eso no pasaba a los jueces, de manera  que esperamos e interponer más demandas, avanzar este año en las 300 demandas, vamos a un buen ritmo.

Llevamos 131 un mil hectáreas en demandas, no se aproxima ni al 50% pero todavía nos faltan 4700 casos en la parte administrativa por resolver, este año, a la fecha hemos demandado 9.660 hectáreas, si ese ritmo se mantiene podíamos superar las 20 mil hectáreas en el 2025” Explicó

Enorme dificultad

“Los ritmos son lentos, lamentablemente y una de las dificultades que tenemos es a la hora de identificar la tierra, la ley diseñó un mecanismo de georeferenciación en el terreno que obliga a la entidad que vaya a los predios y los mida, a veces no es tan fácil, porque el abandono ocurrió hace muchos años o hay cambios en el uso del suelo, porque la tierra se concentra, se divisan monocultivos, por otras circunstancias, como que antes eran parcelas hoy son ganadería extensiva.

Muchas veces la víctima tiene problemas para identificar la tierra, no aparece como estaba en el momento del despojo y eso retrasa el proceso, hasta que no se verifiquen todos los mecanismos de legalidad y la fiabilidad de la información, entonces los procesos no pasan en la rama judicial o los jueces rechazan, inadmiten las demandas porque hay indebida identificación de los predios”

“Esto se ha ido mejorando, poco a poco hemos ido avanzando, incluso el número de devoluciones judiciales ha disminuido considerablemente, en las muestras que hemos sacado es muy poco lo que se  devuelve por indebida identificación y otras causas, pero también obedece  a que la capacidad de los equipos al interior de la Unidad, no permite sacar un número mayor  de procesos, ojala pudiéramos hacer más, queremos hacer más, yo estoy  satisfecho con lo que hemos venido haciendo en términos  de consolidar un equipo de trabajo y un mejoramiento estratégico que garantice  que los casos se puedan solucionar, pero no es suficiente y no será suficiente nunca  con el número de procesos que tenemos todavía, 4.700 nos faltan, 3.400 están activos, tendríamos que si o si tener  que dar respuesta hoy, no podemos con una cifra tan grande, por eso hemos escogido un universo de 372 casos sobre los que estamos trabajando y sobre los que vamos a poner la meta en este 2025”

“En gobiernos anteriores se tomaron decisiones, pero un porcentaje que superaba el 65% eran rechazadas, es decir se negaba el registro, el acto administrativo y eso no pasaba a los jueces”

Trancón en los jueces de tierras

Entiendo que la judicatura está bastante congestionada, el universo de casos que sube al Tribunal del Distrito Judicial es bastante alto, son tres magistrados para conocer de toda la jurisdicción de Antioquia incluido Bajo Cauca, la subregión de Urabá, el Occidente, el Oriente, el Nordeste antioqueño, todo el departamento de Antioquia lo resuelve cuando hay oposición, la Sala Civil Especializada en Restitución de Antioquia, el Tribunal Superior de Antioquia y adicional conocen los procesos de toda la jurisdicción de Córdoba, entonces  toda demanda  que presenta la Unidad y que tiene una oposición sube al despacho de los magistrados, son tres, ellos dan traslado, yo entiendo que tratando de priorizar de sacar unos casos que por sus particularidades pueden ser agendados y año tras año sacan como un listado de los procesos que van a decidir”

“Aquí hay tres jueces de restitución de tierras, dos conocen de la ruta individual, uno adicional que es el que recién creó por iniciativa de este gobierno y por el Consejo Superior de  la Judicatura que validó la creación de un despacho con enfoque étnico, para conocer los casos de resguardos indígenas, comunidades negras y que tiene que ver con asuntos colectivos, esto permite que los jueces  que conocen la ruta individual  se descongestionen de los casos colectivos y puedan avanzar de manera más rápida”

Esta es una dinámica que ellos han venido realizando a lo largo de los años en implementación de la política pública, el debate frente a la mora judicial es un debate, que tiene que hacer desde allá de los jueces, de la Judicatura, ellos tendrán que hacer sus evaluaciones por qué no avanzan tanto los casos, porque nosotros presentamos las demandas, tenemos unas obligaciones de  parte dentro del proceso, la notificación del opositor, el tema de las publicaciones, responder los requerimientos del despacho cuando hay cosas que aclarar o corregir de la demanda, pero finalmente cuando ya estos se surte lo demás le corresponde al despacho,  citar la inspección judicial es un tema discrecional del juez, practicar las pruebas, convocar a la partes para alegato de conclusiones  es un tema discrecional del juez y dirigir los casos al Tribunal también es discrecional del juez y finalmente la sentencia es un tema del Tribunal cuando hay oposición, son ellos los que fallan”

Jueces deben hacer cumplir sus Fallos

“Los fallos judiciales, no solamente en la jurisdicción de restitución de tierras sino en todas las jurisdicciones son de obligatorio cumplimiento, si un  juez de restitución falla, la orden de restitución tiene que darse, de quien depende esto, del propio juez que si ordenó una restitución, tiene que garantizar que se dé, el queda con la competencia extendida de ese caso hasta que se cumpla, el proceso de restitución plena se garantiza  cuando se cumplen todas las órdenes y quien tiene esa competencia extendida, el juez.

Sin embargo, hay zonas donde ha sido imposible garantizar la entrega material por que los opositores no están en posición de entregar, dicen, no entregamos, ¿a quién le corresponde hacer las diligencias del desalojo?, al juez, él tiene la competencia, sino delega en los juzgados promiscuos municipales, pero finalmente sigue siendo la judicatura la competente para este tipo de actuaciones, nosotros no podemos hacer el trabajo de los jueces.

Lo que nosotros hacemos si se nos requiere cuando haya algún incumplimiento por parte de nuestras obligaciones como parte dentro del proceso, corremos, nos toca, una orden judicial es para cumplirla, nosotros somos respetuosos, no solo de los jueces de restitución de tierras, sino de toda la judicatura, lo que un juez diga se cumple y punto” Siguió explicando el funcionario.

La seguridad

“Urabá ha  sido uno de los territorios más difíciles para hacer restitución de tierras y en el pasado los protocolos de seguridad diseñados estaban previsor para ingresar al territorio con la fuerza pública y todos los avances tenidos en esta política pública es en el compromiso serio y real de la fuerza pública, policía y ejército, sin ellos no habría sido posible lo que se hizo, lo que pasa es que ahora ya pensamos en otros modelos de acompañamiento distintos, basados en la seguridad humana, articulando con la comunidad, estableciendo coordinaciones con los presidentes de las juntas de acción comunal, nos apoyamos en las alcaldías y así está previsto en los protocolos, nos apoyan las personerías, las oficinas de víctimas, líderes de asociaciones campesinas y comunitarias que contribuyen, porque si no hay condiciones de seguridad nosotros no vamos, pero también esas comunidades no dicen, vengan, nosotros los cuidamos, todo esto se hace dentro del trámite administrativo ya que en trámites judiciales todo es discrecional del despacho del juez, ellos tienen sus propios protocolos, hemos adecuado los protocolos a los territorios, en algunos funcionan, en otros no, en algunas zonas la única garantía que tenemos es entrar  con la policía y el ejército, en algunos casos se hará así en otros no”

Rotación y tercerización

“Ese no es un tema nuestro gracias a Dios, si hay rotación ahorita menos que antes y la tercerización se da en temas de barrido predial, nosotros no hacemos eso, lo hacen otras entidades, estamos tratando de consolidar un equipo que sea de acá del territorio en lo posible, a veces no se consigue gente con cierta experticia y toca traerla de otro lado, pero lo ideal sería  que fueran del territorio, me gustaría que los topógrafos fueran de acá porque conocen la zona, a veces no conseguimos topógrafos de Urabá y si alguien me está leyendo les hago la invitación para que nos  presenten sus hojas de vida, ojalá que sean de organizaciones de víctimas, que las asociaciones nos postulen estos profesionales y trabajamos con la gente del territorio, es difícil conseguir estos profesionales que cumplan los niveles técnicos que exige la institución para la medición de los predios, no tenemos rotación ahora, pero si tenemos muy poquita gente para todo lo que hay que hacer, tenemos que decirlo” Concluyó el Director de la Unidad Territorial de Restitución en Apartadó su diálogo con El Pregonero del Darién.

La entrada Restitución de tierras, lenta y compleja se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró en 2024 un hito histórico en la distribución de tierras en Córdoba, adjudicando más de 17,000 hectáreas, superando las cifras acumuladas de administraciones anteriores en todo el país. Este esfuerzo coloca al departamento como líder en el proceso de formalización de tierras a nivel nacional, junto con Antioquia.

Más de 14,500 hectáreas adjudicadas en seis meses

En el segundo semestre de 2024, Córdoba alcanzó un pico en la adjudicación de tierras, con 14,500 hectáreas entregadas en un periodo de seis meses, según Gustavo González Geraldino, líder de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en el departamento. Estas cifras reflejan la intensificación de las estrategias de formalización implementadas por el gobierno nacional.

Buenavista: el epicentro de las entregas masivas

Una de las adjudicaciones más significativas tuvo lugar en el municipio de Buenavista, donde 8,420 hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas fueron distribuidas en solo 15 días. Este logro es un ejemplo del compromiso de las autoridades en avanzar con procesos eficientes y transparentes. Las entregas priorizaron a familias con arraigo territorial, beneficiando a habitantes de municipios y veredas cercanas.

Fuentes de tierras y colaboración institucional

Las tierras adjudicadas en Córdoba provienen de tres fuentes principales:

• Compras directas realizadas por la ANT.
• Recuperación de baldíos.
• Propiedades provenientes del Fondo de Reparación de Víctimas.

Además, la ANT trabaja de manera coordinada con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para gestionar predios que anteriormente estuvieron en manos de personas vinculadas a actividades ilícitas. Esta colaboración asegura que las tierras regresen al servicio de las comunidades más necesitadas.

Córdoba y Antioquia: líderes en la adjudicación nacional

Córdoba y Antioquia se posicionaron en 2024 como los departamentos con mayores avances en adjudicación de tierras, gracias a procesos ágiles y políticas que priorizan la justicia social y el arraigo territorial. Estos logros reflejan el impacto de las estrategias implementadas por el gobierno actual en el fortalecimiento del acceso a la tierra en Colombia.

Este año marcó un punto de inflexión en la gestión de tierras en el país, destacando el potencial de procesos inclusivos y coordinados para transformar la vida de las comunidades rurales.

La entrada Córdoba lidera entrega de tierras en Colombia con más de 17,000 hectáreas adjudicadas se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Gracias al despeje de más de 300 hectáreas ubicadas en 38 municipios –casi diez veces la extensión del parque Simón Bolívar de Bogotá–, declaradas por el Ejército Nacional libres de mina antipersona en Colombia, el Gobierno del Cambio podrá tramitar 6.498 solicitudes de restitución de tierras.

Así lo confirmaron voceros de la Brigada de Desminado Humanitario como resultado del trabajo realizado por más de 3 mil miembros esta unidad operativa del Ejército en el país, entre el 7 de julio al 11 de noviembre de 2024, en áreas donde las minas se habían convertido en uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras y en la aplicación de la Ley de Víctimas.

Las unidades militares atendieron en el segundo semestre de este año 770 eventos en 12 departamentos, donde destruyeron 261 artefactos explosivos, los cuales fueron declarados zonas libres de sospecha de la presencia de minas anti persona.

Los trabajos adelantados por la Brigada de Desminando Humanitario permitieron el regreso de víctimas a las áreas afectadas, la seguridad de los funcionarios a cargo de la rehabilitación las zonas donde se denunciaron situaciones despojo de tierras e iniciar los trámites de restitución.

La labor ha beneficiado a 947 mil personas entre habitantes y víctimas de despojo, 80 mil pobladores más han adoptado comportamientos seguros en sus regiones y 76 mil fueron capacitados por el Ejército en educación en el riesgo de minas antipersona.

Los últimos dos municipios despejados por los militares fueron Samaná y Pensilvania, en el departamento de Caldas. Allí, se despejaron 114 hectáreas permitiendo así declarar toda esa sección del país libre de minas antipersona, después de casi 10 años de labores en esa zona.

El Ejército también ha adelantado la siembra de 520.922 árboles en las zonas descontaminadas de la Amazonía colombiana, contribuyendo a la preservación del medio ambiente.

La entrada Tramitan 6498 nuevas solicitudes de restitución se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la entrega de varias propiedades rurales en el municipio de Sahagún, Córdoba, destinadas a comunidades campesinas. Entre los terrenos destaca la finca Nuevo México, con una extensión de 497 hectáreas, que anteriormente pertenecía al exsenador Musa Besaile Fayad, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht. Esta entrega forma parte de un esfuerzo gubernamental para redistribuir tierras incautadas y promover el desarrollo rural en la región.

Transferencia de tierras para revitalizar el campo

La finca Nuevo México, cuyo valor se estima en más de 5.000 millones de pesos, fue entregada a la organización Asocamila mediante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo es reactivar la producción agrícola en la región, beneficiando a los campesinos locales y convirtiendo un terreno anteriormente improductivo en un espacio productivo. Esta propiedad, conocida en la región por su participación en corralejas, ahora será utilizada para fines agrícolas en beneficio de las comunidades campesinas.

Entrega de otras propiedades rurales en Córdoba

Además de la finca Nuevo México, la SAE también transfirió otras cuatro fincas rurales en Córdoba: Maragón, Tengo Amores, Las Monitas y Tucunare. Estas tierras suman un total de 1.378 hectáreas que anteriormente estuvieron vinculadas a actividades ilegales y ahora serán aprovechadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

La finca Maragón, con 710 hectáreas aptas para la producción de alimentos, fue entregada a la organización Los Laureles. Este predio tiene el potencial de convertirse en un motor agrícola para la región, aportando significativamente a la seguridad alimentaria local. Por su parte, la finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, se destinó a proyectos de piscicultura y agricultura.

Resistencia en la recuperación de tierras

El proceso de recuperación de las propiedades no estuvo exento de desafíos. Durante la diligencia de entrega de la finca Nuevo México, funcionarios de la SAE fueron víctimas de hostigamientos por parte de abogados que representaban a ocupantes irregulares. Estos abogados obstaculizaron el ingreso de los camiones destinados a trasladar el ganado presente en la finca y agredieron verbalmente a los funcionarios.

Incluso, personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio Público que acompañaban la diligencia reportaron dificultades en el desempeño de sus funciones debido a la actitud violenta de los abogados. Este incidente refleja las tensiones que persisten en el proceso de restitución de tierras en Colombia, donde aún se enfrentan desafíos por parte de quienes buscan mantener el control sobre propiedades obtenidas de manera irregular.

Compromiso gubernamental con el desarrollo rural

La entrega de estas tierras responde al compromiso del Gobierno Nacional de restituir terrenos a quienes más lo necesitan y convertir estos espacios en motores de desarrollo rural. Los terrenos entregados estaban relacionados con delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción, y ahora serán utilizados para impulsar la economía rural y mejorar las condiciones de vida en la región. La transferencia busca transformar estos espacios improductivos en zonas agrícolas activas, generando empleo y estabilidad para las comunidades campesinas.

Transformando la economía rural en Córdoba

Con estas entregas, el gobierno reafirma su política de redistribución de tierras, devolviendo a las comunidades rurales terrenos que en el pasado fueron utilizados para fines ilícitos. La esperanza es que, con la adecuada gestión y el apoyo institucional, estas tierras se conviertan en un pilar para el desarrollo económico y social de Córdoba, promoviendo la equidad y el bienestar en el campo.

La entrada La SAE entrega 1300 hectáreas a campesinos para revitalizar el campo en Córdoba se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El rol de la Unidad de Restitución de Tierras

La inteligencia al servicio de la restitución de tierras

Beneficios de la inteligencia en la restitución de tierras

La inteligencia al servicio de la restitución de tierras es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la sociedad. Gracias a estas iniciativas, se está avanzando en la reparación de las víctimas y en la construcción de un país más justo y equitativo.

La entrada La Unidad de Restitución de Tierras: Inteligencia al servicio de la justicia se publicó primero en El Pregonero del Darién.