Durante dos días más de 250 representantes de los departamentos de la región Andina dialogaron sobre la Reforma Agraria y su implementación por una justicia social en los territorios. 

“La seguridad alimentaria como componente fundamental de la Reforma Agraria es una necesidad de los pueblos, no solo campesino sino del mundo en general. Las APPA nos permiten seguir trabajando el campo de una manera más consciente y con el acompañamiento del Estado”, expresó Mariana Erazo, campesina de Falan (Tolima).

Precisamente, Falan es una de las poblaciones del país que es objeto de identificación de las APPA por parte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad adscrita el Ministerio de Agricultura.

De hecho, la UPRA adelanta el proceso de identificación de APPA en 8 zonas del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Putumayo, Santander y Cauca.

Nicolás Flórez, miembro de Asojuntas de Sopó (Cundinamarca) manifestó: “las APPA no imponen qué producto se debe sembrar y está permitido el desarrollo inclusive de la ganadería y cultivos de flores. También se puede hacer agroindustria para transformar lo que se cultiva”. 

En Sopó 1.951 hectáreas fueron declaradas área de protección, figura con la que el Gobierno nacional busca mitigar las presiones que atraviesan los suelos rurales y garantizar los espacios destinados específicamente a la producción sostenible de alimentos.

Sobre el II MacroEncuentro, realizado en la Universidad de Caldas, el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, destacó el acompañamiento del campesinado andino a la herramienta de las APPA.

“Nos acompañaron campesinos de Antioquia y de Cundinamarca que vienen defendiendo la declaratoria de estas determinantes del ordenamiento territorial, vitales para garantizar que la producción agropecuaria se siga desarrollando en los mejores suelos del país donde se producen los alimentos que llegan las principales centrales de abasto”, dijo Quiroga.

Agregó que las APPA garantizan los medios de vida de campesinos, pequeños, medianos y grandes productores.

Por su parte Adriana Pérez, directora técnica (e) de Ordenamiento Social y Mercado de Tierras de la UPRA, sostuvo que las APPA son un elemento normativo asociado a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación y también reconoce al campesino como sujeto de derechos.

En los próximos meses se realizarán cuatro encuentros regionales más en la Amazonía, Suroccidente-Litoral Pacífico, Orinoquía-Altillanura e Islas. Participarán poblaciones campesinas, indígenas, afro, palenqueros y raizales.

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En solo dos días la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el apoyo de la Policía Nacional, recuperó el predio La Perla en Puerto Triunfo y ocho predios más en Puerto Nare (Antioquia), que suman un total de 1.370 hectáreas.

Los terrenos recuperados permitirán que 300 familias campesinas y víctimas desarrollen proyectos productivos de café, plátano, caña panelera, aguacate, banano, maíz y fríjoles. 

El director de la ANT, Felipe Harman, resaltó que pese a la resistencia de quienes se oponen a la Reforma Agraria en Antioquia, en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se realizó un operativo en Puerto Triunfo, donde se recuperó el predio La Perla, de 115 hectáreas, el cual perteneció a alias ‘La Gina’, familiar del exjefe paramilitar Ramón Isaza.

Este predio estaba ocupado irregularmente por un privado, sin un contrato de arrendamiento o documento contractual para explotarlo.

La Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asodo), integrada por campesinas que durante más de 10 años lucharon por recuperar la tierra que les fue arrebatada, recibió finalmente el predio La Perla.

Al respecto Flor Marina Andrade, representante legal de Asodo, expresó que “con esta tierrita volvimos a nacer. Llevábamos 17 años en esta lucha por tener un pedacito de tierra, ahora le damos gracias a Dios y al presidente Petro por cumplir nuestro sueño de decir ¡Esta tierra sí es mía!».

Agregó que “con nuestras cosechas vamos a ayudar al país a tener comida suficiente y a darle un mejor futuro a nuestros hijos y nietos»

Operativos en Puerto Nare

De manera paralela, en Puerto Nare, la Agencia Nacional de Tierras incautó ocho predios de gran extensión que suman 1.254 hectáreas.

Predios que comprende la hacienda La Gorgona:

La Esperanza, 106,70 hectáreas.

Guadualito, 50,26 hectáreas.

La Gorgonita, 48,00 hectáreas.

 Calima, 67,91 hectáreas.

La Gorgona, 336 hectáreas.

Predios que comprende la hacienda Jamaica:

El Barril, 225,56 hectáreas.

San Judas Las Pavas (42,54 hectáreas)

Jamaica, 376,77 hectáreas.

El último predio, conocido como ‘Jamaica’, figura a nombre de un hombre que es investigado por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares de la zona. Por su parte, el predio La Gorgona, de 336 hectáreas, perteneció a alias ‘Manicomio’, quien fue piloto privado del narcotraficante ‘Loco Barrera’.

Este predio colinda con ‘El Barril’, otra de las haciendas donde, según reportes, funcionaron centros de entrenamiento de ejércitos privados, sicarios y grupos paramilitares.

Estas 1.370 hectáreas se suman a más de 2.500 recuperadas esta semana en el Magdalena, avanzando de manera estratégica en la reparación y formalización de tierras.

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“La redistribución de la tierra en Colombia es el eje fundamental de la Reforma Agraria. Hemos gestionado más de 670.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y somos enfáticos en que la Reforma Agraria no se construye en cuatro años, no es tarea de un solo Gobierno. Por eso, estamos recibiendo el mandato para construir el Pacto Popular por la Reforma Agraria”, destacó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

En el mismo contexto, la titular de la cartera del agro afirmó que el movimiento agrario debe tener una ruta planificada y organizada para sacar adelante esta Reforma, de manera que tenga continuidad en los diferentes gobiernos.

El Mandato por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida marca un hito en la historia, porque son las mismas voces de los habitantes de la ruralidad quienes diseñan el futuro del campo colombiano. 

“Después de décadas de lucha y exigencia, hoy somos testigos de cómo las comunidades rurales toman protagonismo en las decisiones que transformarán sus territorios. Este proceso sienta las bases para una Reforma Agraria integral y participativa. Colombia será referente mundial en políticas agrarias y justicia territorial”, manifestó el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga.

Por su parte, Angélica Reneals, representante del campesinado en el evento, indicó que el agua constituye un factor estratégico para la sostenibilidad del sector arrocero.

“Una adecuada gestión del recurso permite reducir riesgos, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia de los agricultores frente al cambio climático. El arroz de riego se cultiva con el apoyo de sistemas de irrigación que garantizan un suministro constante y controlado de agua, lo que brinda mayor estabilidad y seguridad en la producción. En contraste, el arroz secano depende principalmente de las lluvias, es más vulnerable a fenómenos de variabilidad climática”, aseveró.

Por su parte Carlos Sánchez, delegado de los pueblos indígenas, hizo referencia a la construcción de paz en sus territorios. 

“Nuestro territorio se ha transformado, se ha vestido de color y frutos. Estamos impulsando la Reforma Agraria porque construye paz y, donde hay alimento, hay paz. La Reforma Agraria no es solo de tierras, es protección del ambiente y la vida. Hoy nos hemos juntados todos indígenas, campesinos, afro en nuestro compromiso con el campo, porque el campo es la vida”, afirmó.

“Somos sembradores de la tierra y guardianes de la vida; este pacto lo vamos a cosechar con acciones concretas. Este mandato busca orientar una reforma agraria territorial”, dijo Piedad Guzmán, representante de la Convención Nacional Campesina.

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La decisión de la Corte se dio en el marco del control automático e integral al Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023 y de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.

De manera particular, la Corte reforzó los alcances de la Jurisdicción Agraria al reiterar que en los concursos para proveer los cargos de jueces y magistrados agrarios deben evaluarse conocimientos relacionados con los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, así como la toma de decisiones con enfoques diferencial, territorial y de género.

Además, enfatizó en el deber de la Rama Judicial de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto armado en estos procesos de selección.

Sin embargo, declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 del proyecto al considerar que desconocían el principio de unidad de materia por no guardar relación directa con la Jurisdicción Agraria y Rural. Ambos artículos fueron producto de modificaciones incluidas por el Congreso durante el trámite legislativo y su exclusión de la Ley no afecta la naturaleza ni los alcances de la nueva jurisdicción por no ser esenciales para su funcionamiento.

La decisión del alto tribunal constituye un avance trascendental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente del Punto 1 (Reforma Rural Integral) y su puesta en marcha permitirá la instalación de jueces y tribunales especializados con equipos técnicos e interdisciplinarios, con capacidades para ofrecer una justicia adaptada a las realidades del campo y con un enfoque diferencial.

Un sistema especializado

Con esta decisión la Corte Constitucional reafirma la necesidad de contar con un sistema judicial especializado para resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las poblaciones rurales al acceso a la justicia.

Ahora le corresponde al Congreso de la República avanzar con decisión en la aprobación de la ley ordinaria que define las competencias de la Jurisdicción, sistematiza los principios del derecho agrario y crea un procedimiento especial, en consonancia con el mandato constitucional del Acto Legislativo 03 de 2023.

Los ministerios de Justicia y Agricultura reiteraron que la Jurisdicción Agraria y Rural es una herramienta clave para resolver los conflictos relacionados con la tierra y la producción agraria, prevenir nuevas disputas y contribuir a la paz.

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Al respecto, Rodrigo Toro, asesor para el Eje Cafetero de la ANT, la Reforma Agraria ha ganado terreno en Risaralda: “Este proceso no ha sido fácil. Nos hemos encontrado con dificultades y con sectores que no creen en la Reforma, pero hoy estamos demostrando que sí es posible. Los avances que compartimos son reales y significan que cada vez más familias están más cerca de tener su tierra”.

Toro resaltó que la soberanía alimentaria en Risaralda depende de brindar apoyo y fortalecer a quienes trabajan la tierra cada día.

“El café, el plátano y el cacao que sembremos aquí serán la base de un campo productivo, con dignidad y arraigo campesino”, manifestó.

La emoción se reflejó en las palabras de Angélica Ceballos, lideresa campesina, quien afirmó: “Donde antes hubo miedo, hoy florece la esperanza y la alegría. Estas tierras son el futuro y la dignidad de nuestras familias”.

Con este paso se materializa la voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro de saldar deudas históricas con las organizaciones campesinas y con las víctimas que alguna vez sufrieron el despojo. Hoy, estas familias celebran el fin de la incertidumbre y el miedo.

El encuentro en La Virginia congregó a más de 1.000 campesinos provenientes de asociaciones de Balboa, La Virginia y diversas zonas de Risaralda, en un acto significativo de fortalecimiento del arraigo rural. 

Tierra para comunidades étnicas

Asimismo, el director de la ANT, Felipe Harman, se reunió en el municipio de Quinchía con comunidades indígenas del resguardo Embera Chamí, así como con la comunidad Karambá y La Escopetera. 

La comunidad Embera Chamí de Quinchía recibió el título de constitución del resguardo que beneficia a 500 familias indígenas que habían esperado por más de 30 años este reconocimiento colectivo. 

Asimismo, se ratificaron compromisos para seguir avanzando en la constitución y ampliación de resguardos, cumpliendo así con el compromiso dado por el presidente Petro sobre los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

De otra parte, Harman participó en la asamblea del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), donde entregó el predio El Brasil, de 268 hectáreas, beneficiando a 277 familias de la etnia Embera Chamí del resguardo indígena de Suratena, ubicado en el municipio de Marsella.

La Comuna está en producción

Entre tanto, el director de la ANT resaltó que el predio La Comuna, de 20 hectáreas, entregado este año a 10 familias campesinas víctimas del conflicto, ya está en plena producción en zona rural de Pereira. 

“Pudimos ver con emoción cómo estas familias siembran cacao, café, plátano, mandarina y maracuyá en sus propias tierras, transformando su trabajo en ingresos que fortalecen su economía y afianzan su permanencia con dignidad en el territorio”, recalcó.

Agregó que este terreno, que en el pasado estuvo en manos del cartel del norte del Valle, se ha convertido en una despensa agrícola y un símbolo de paz y producción, lo cual deja en evidencia que la tierra en manos campesinas florece para la vida.

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Durante el acto de entrega de 6.500 hectáreas para campesinos de Córdoba, en el marco de la reforma agraria, manifestó que el decreto “es un gana-gana, porque la tierra que nosotros compramos entonces va para el campesinado, entonces se beneficia al campesinado y las víctimas. Esta cantidad de tierras, entonces, es nuestro reto».

Y le advirtió al director general de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien lo acompañó en la ceremonia: “Hay centenares de miles de hectáreas que aún están en manos del gobierno. Ojo, Harman, porque no quisiera ver que esos centenares de miles de hectáreas se los devuelvan al narcotráfico, a la politiquería».

Pero el reto mayor en la entrega de tierras –dijo– “consiste en que ese millón de hectáreas que en este Gobierno se van a tener, se puedan entregar a las familias campesinas en todos los lugares de tierra fértiles de Colombia y se le pueda ayudar a esa familia campesina a cultivar».

Entrega de tierras en Córdoba

El presidente Petro destacó que en Córdoba “estamos entregando 6.500 hectáreas para once municipios, más o menos mil familias beneficiadas, que dan 6,5 hectáreas por familia».

Resaltó que en ese departamento ya alcanzamos 38 mil hectáreas». Sin embargo, “yo le había pedido a Harman 100 mil hectáreas. Así que tenemos un reto todavía por delante, pero 38 mil hectáreas indudablemente es una cifra importante».

Destacó de igual manera cómo, “la agricultura en Colombia viene creciendo como los chinos, no la población, sino su economía. Tasas chinas de crecimiento en la agricultura en el tiempo que hemos transcurrido aquí. Eso no había pasado antes: 9%, 10%, 7% anual, real. Pero aquí lo fundamental es entonces que disparamos la agricultura y la industria».

Por eso subrayó que “hay que vivir de la agricultura, este es uno de los retos que el Ministerio de Agricultura tiene en Córdoba y en general en las zonas de reforma agraria, porque tenemos éxitos, pero también unos retos y nos queda un año» para cumplirlos.

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Varios de los predios adjudicados pertenecieron a reconocidos exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias ‘Nico’ y ‘Macaco’.

Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno del Cambio y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han recuperado predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), del Fondo de Reparación a Víctimas y de procesos agrarios, muchos de los cuales estuvieron en manos de actores armados y narcotraficantes.

Hoy, gracias a la acción decidida del Estado, estas tierras se convierten en una herramienta de reparación, dignidad y desarrollo para comunidades rurales que han vivido el abandono, el despojo y la violencia.

La jornada representa un paso firme hacia la justicia agraria, al formalizar la propiedad de la tierra en favor de quienes históricamente han trabajado el campo.

La Reforma Agraria avanza con hechos en Córdoba: recuperando lo arrebatado y devolviéndolo a quienes cultivan, cuidan y habitan el territorio.

El jefe de Estado está acompañado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, y otros funcionarios del Gobierno del Cambio.

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En un artículo anterior – La gestión de tierras (2017-2022) hice un somero examen de las cifras sobre el Fondo de tierras para la RRI, la adjudicación y formalización de tierras durante los dos últimos años del gobierno de Juan Manuel Santos y el cuatrienio del gobierno de Iván Duque; e indiqué problemas administrativos y técnicos de la Agencia Nacional de Tierras que obstaculizan el cabal cumplimiento de las metas del acuerdo agrario. Me propongo ahora examinar los principales resultados de la gestión de tierras en dos años del gobierno del presidente Petro.  

Reforma Rural Integral 2022-2026

En la campaña presidencial, Gustavo Petro se comprometió a cumplir el punto 1 del Acuerdo de paz con las Farc -Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral-, promesa que ciertamente fue concretada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 – Colombia, potencia mundial de la Vida-. En efecto, entre los componentes de la gestión de tierras para la RRI, los cuales hacen parte del primer eje del PND -Ordenamiento Territorial alrededor del agua y justicia ambiental-, se establecieron las siguientes líneas base y metas: 

Hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras

Línea Base: 17.506 hectáreas (2022, noviembre) 

Meta cuatrienio: 3.000.000 hectáreas 

Hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural formalizadas 

Línea Base: 720.065 hectáreas (2022-III)  

Meta cuatrienio: 3.972.423 hectáreas 

Estas metas fueron incluidas en las “metas trazadoras” del Plan Cuatrienal de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el cual se incorporó como un anexo de PND. 

Puesto que el cumplimiento de estas y otras metas de la Reforma Rural Integral se considera crucial para el logro de la Paz Total, es comprensible la ambiciosa meta de lograr la entrega de 3 millones de hectáreas a beneficiarios de la RRI en un plazo inferior en dos años al estipulado en el Acuerdo agrario. Y como si esto fuera poco, el PND también incluye una Reforma Agraria sobre la cual no se dice si hace parte de la RRI o es un programa independiente.         

Curiosamente, las metas de gestión de tierras establecidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para el cuatrienio del gobierno de Petro, difieren de las del PND, diferencia sobre la cual no hay explicaciones en su Informe de Gestión de 2023. En efecto, la meta de 3 millones de hectáreas entregadas durante el cuatrienio de Petro se reduce a la mitad (1.500.000 hectáreas), reducción que, por supuesto, haría mucho más viable su cumplimiento, en tanto que la meta de formalización se reduce de 3.972.423 a 3.900.000 de hectáreas. Cabe agregar que el cumplimiento de la meta de entrega de tierras por parte de la ANT se reparte cronológicamente así: 100.000 hectáreas en el 2023; 500.000 en el 2024; 500.000 en el 2025 y 400.000 en el 2026. 

Respecto de estas metas, dice el informe de la ANT que están pendientes del visto bueno del Departamento Nacional de Planeación. Es de suponer que, como lo ordena el Artículo 360 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la ANT tuvo que acoger las metas de dicho Plan pues, como es sabido, éste tiene fuerza de ley. 

Indicadores (agosto 2022 a agosto 2024)     

Para corregir la disparidad en las cifras gubernamentales sobre la gestión de tierras, y evitar nuevas discusiones públicas dentro del gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) elaboró un contador oficial que informa periódicamente sobre los indicadores de la gestión de tierras durante el Gobierno del Cambio. Por su parte, la ANT publica un baner de las cifras de formalización de medianas y pequeñas propiedades, aunque estos indicadores están incluidos en el contador oficial del MADR. Estas mediciones, consignadas en una tabla a color, tienen dos ventajas: unificar la información oficial y desglosar los indicadores de los componentes de la gestión de tierras: Fondo de Tierras, entrega de tierras y formalización de la propiedad rural. Hay otros componentes, como la restitución de tierras y las Zonas de Reserva Campesina, a los cuales no haré referencia por razones de espacio y para facilitar la comparación con los indicadores examinados en mi artículo sobre la gestión de tierras de los gobiernos de Santos y Duque. 

Cabe advertir, por otra parte, algunas limitaciones del contador del MADR. i) Se desconoce la metodología de ajuste de la información de fuentes gubernamentales, como la ANT, el SIIPO y el DNP, a los indicadores del contador oficial. ii) Como este instrumento introduce nuevos indicadores y únicamente registra la gestión de tierras del gobierno de Petro, es difícil hacer una comparación con la gestión de tierras del período anterior (2017-2022). iii) La información no está desagregada por años, por ubicación geográfica y por número y tipo de beneficiarios. Respecto de los beneficiarios, no se dispone de estadísticas periódicas ni de análisis de la información que arrojan el Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO y un WhatsApp de la ANT para aplicar como beneficiario de tierras de Reforma Agraria.        

Dejando de lado estas limitaciones, a continuación, examino las cifras de la gestión de tierras reportadas por el MADR. Y en la medida de lo posible, las comparo con las del periodo anterior.     

Fondo de Tierras. Este fondo se compone de tres fuentes: compra directa de tierras, transferencias sin erogación y tierras obtenidas mediante procesos agrarios. El contador agrega otra fuente: “procesos con oferta aceptada por el vendedor y RP”, que en estricto sentido no pueden considerarse como hectáreas efectivamente ingresadas al Fondo de Tierras, pues aún no han sido compradas y, por tanto, es un indicador que no aporta al cumplimiento de las metas. El Fondo de Tierras se divide en dos subcuentas: una para la población campesina y otra para las comunidades étnicas.       

De acuerdo con el Contador oficial, con corte a 27 de agosto del 2024, el gobierno de Petro había ingresado, en dos años, 353.668 hectáreas al Fondo de Tierras.

En comparación con el periodo anterior (2017-2022), durante el cual ingresaron al Fondo 2.230.955 hectáreas -un promedio anual de 371.825 hectáreas-, en dos años del actual gobierno han ingresado 353.668 hectáreas -un promedio anual de 176.844 hectáreas-. Este promedio podría ser un poco mayor si se suman las tierras ingresadas en los primeros cuatro meses de Petro, cuando éste suscribió un acuerdo con FEDEGAN para agilizar la compra de tierras durante el cuatrienio del Gobierno del Cambio.      

Si sumamos las hectáreas ingresadas entre 2017 y 2022, que incluyen las tierras ingresadas en cuatro meses del gobierno actual, con las ingresadas entre enero del 2023 y agosto del 2024, el Fondo de Tierras estaría muy cerca de cumplir la meta de hectáreas para distribuir entre los beneficiarios de la RRI. No hay duda pues de que al final del cuatrienio se habrá cumplido la meta del Fondo de Tierras.           

Entrega de Tierras. Para evitar la confusión entre adjudicación de tierra nueva y fértil a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, y a comunidades étnicas, por un lado, y la formalización de propiedades medianas y pequeñas, por el otro, el PND 2022-2026 modificó los indicadores de gestión de tierras para la RRI: por ejemplo, el indicador “adjudicación de tierras” fue cambiado por “entrega efectiva de tierras”

De las cifras registradas en esta tabla llama la atención, por una parte, la elevada proporción de hectáreas que han sido entregadas provisionalmente (91%) y, por otra parte, la enorme diferencia en el tamaño de los predios: mientras los entregados provisionalmente tienen en promedio 249 hectáreas, los entregados en forma definitiva tienen 9.5 hectáreas. Aunque en el contador del MADR no se explica en qué consiste la entrega provisional de tierras a los sujetos de reforma agraria, por el tamaño promedio de los predios cabe suponer que la mayoría son para comunidades étnicas (Resguardos indígenas y Consejos comunitarios de población negra). 

Con respecto a la entrega de tierras en el periodo anterior (2017-noviembre de 2022), se observa un notable incremento en las cifras del actual gobierno. De acuerdo con la línea base asumida por el PND, en seis años de los gobiernos de Santos y Duque se entregaron 17.506 hectáreas a beneficiarios de la RRI, en tanto que en dos años del actual gobierno se han entregado de manera definitiva 10.006 hectáreas y están en proceso de entrega definitiva 101. 636 hectáreas. 

Sin embargo, es abismal la distancia entre la meta de entregar 3 millones de hectáreas durante el cuatrienio y los resultados obtenidos en dos años. Asumiendo que en este año la ANT logre entregar de manera definitiva las 101.636 hectáreas entregadas provisionalmente y sumando 17.506 hectáreas entregadas entre 2017 y noviembre de 2022, hasta agosto de este año se habrían entregado un total de 129.148 hectáreas, lo que equivale al 4.3% de la meta del Acuerdo agrario de La Habana y del gobierno de Petro. Aunque el MADR y la ANT están empeñados en acelerar la entrega de tierras, se sabe que estos son procesos dispendiosos que dependen de factores no siempre controlables por las autoridades gubernamentales.                        

Formalización masiva de la propiedad rural. Para diferenciar la formalización de predios durante el Gobierno del Cambio de lo hecho por gobiernos anteriores, el contador del MADR estableció tres categorías de títulos: i) Expedidos en el gobierno Petro y registrados en la ORIP; ii) Expedidos en el gobierno Petro, pendientes de registro en la ORIP; y iii) Títulos anteriores registrados en la ORIP por el gobierno Petro (Tabla 3).    

De acuerdo con los datos de la Tabla 3, en dos años del gobierno actual se han expedido títulos de propiedad sobre 17.330 predios, de los cuales 61.7% ya están registrados en la ORIP, y el resto (38.3%) están pendientes de registro en la ORIP. A su vez, se culminó el proceso de formalización de 2.254 predios cuyos títulos habían sido expedidos por gobiernos anteriores.

Sobre las notables diferencias en el tamaño promedio de los predios de cada una de las tres categorías, cabe anotar que, en buena medida, se explican por las diferencias de tamaño de los predios titulados a comunidades étnicas y los titulados a familias campesinas. En efecto, a la población campesina se le titularon 221.950 hectáreas (26%), y a comunidades étnicas, 636.629 hectáreas (74%). Al parecer, en el periodo anterior, predominó la titulación a comunidades étnicas, como lo indican los informes del Instituto Kroc.   

En resumen, de la meta de formalización de tierras del Gobierno del Cambio -3.972.423 hectáreas en el cuatrienio-, en dos años apenas se ha cumplido el 21.6%. Pero con relación a la línea base: 720.065 hectáreas formalizadas en los seis años anteriores, hay un notable avance. Por lo demás, hay que tener en cuenta la culminación, por parte de la ANT, de procesos de formalización o titulación de gobiernos anteriores.

Y con respecto a la meta del punto 1 del Acuerdo de Paz:  7 millones de hectáreas formalizadas en 12 años, entre el 2017 y agosto del 2024 se han formalizado 1.863.512 hectáreas, lo que equivale al 26.66% de la meta. 

Consideraciones finales 

Mientras que la meta del Fondo de Tierras muy probablemente se cumplirá al final del gobierno de Petro, se observa un rezago considerable en las metas de entrega y formalización de tierras. Cabe recordar que el cambio de indicadores en el PND permitió depurar la inflación de las cifras en los gobiernos anteriores y mostrar las dificultades y limitaciones, legales y técnicas, para una gestión rápida y eficiente de la política de distribución de tierras.      

La presión del presidente Petro, sobre el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en particular sobre la Agencia Nacional de Tierras, para lograr resultados rápidos en la compra de tierras, y la insuficiente capacidad técnica y jurídica de estas entidades, probablemente explica las irregularidades detectadas por la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. De estas irregularidades da cuenta en detalle un informe de ese organismo de control, tras una visita de inspección a la ANT en marzo de este año. De acuerdo con  este informe, de una matriz de compra de 288 predios se analizaron 86 expedientes, y solo un 38 % no fueron objeto de observaciones específicas. Adicionalmente, se “[identificaron] 161 observaciones sobre 95 expedientes en los que no se tomó una decisión de compra, pero cuya gestión pudo implicar realizar pagos en detrimento patrimonial de la ANT por práctica de avalúos no necesarios”, puesto que se habían emitido conceptos técnicos negativos sobre esos predios. El equipo de la Procuraduría estimó que “el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos”. Y frente a cada una de las observaciones, recomendó a la ANT efectuar correctivos. Con base en ese informe, la Procuraduría abrió procesos disciplinarios a tres funcionarios que desempeñan o desempeñaban cargos de dirección técnica en la ANT. 

Aurelio Suárez escribió una columna en semana denunciando irregularidades y corrupción en la compra de tierras por parte de la ANT. Su denuncia está sustentada en una investigación que realizó con el abogado Eduardo Mestre Rodríguez, una de cuyas fuentes fue la información sobre compra de predios suministrada por la ANT. Entre las denuncias de Suárez, subrayo por su valor simbólico, la compra de 23 predios en Caloto-Cauca, a empresas de la familia de Alberto Bernal Seijas, “condenado a 30 años de cárcel como determinador de la masacre de El Nilo o masacre de Caloto en 1991”. Por esos predios, que suman 285 hectáreas, la ANT pagó a la familia Bernal $18.516 millones. 

Tanto al informe de la Procuraduría como a las denuncias de Aurelio Suárez, estas fueron las respuestas del director de la AGN, Felipe Hartman, y de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, al periódico el Nuevo Siglo, el 18 de junio de 2024: 

Felipe Harman: “no coincidimos con el informe de la Procuraduría, algunas de sus especificaciones técnicas harían imposible la Reforma Agraria, y los ajustes administrativos que solicita el informe ya los veníamos haciendo, hoy tenemos un procedimiento único de compra y reforzamos la visita agronómica para garantizar que sea fértil la tierra que se está entregando al campesinado colombiano”. Y añadió en la red X que “adicionalmente, ya habíamos actuado presentando 22 denuncias a la Fiscalía por diferentes hechos, que incluyen a ex colaboradores de la Agencia, a personas externas y algunos de los predios señalados por la Procuraduría en su informe. Agradezco a todos los que cuidan la Reforma Agraria, nadie puede manchar este sueño de país”.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo en X: “No vamos a permitir que avivatos se aprovechen de la compra de tierras, como tampoco que otros avivatos quieran enlodar y negar la reforma social más importante para el agro y el campesinado colombiano”. 

Sobre las observaciones de la Procuraduría es pertinente decir que no sugieren corrupción sino deficiencias conceptuales, técnicas y jurídicas y desorden administrativo de la ANT.  Y con respecto a las denuncias de Aurelio Suárez, es probable que haya sobre costos excesivos en la compra de algunos predios y compra de tierras no aptas para labores agropecuarias. Esta última irregularidad también fue observada por la Procuraduría. Habrá que esperar el fallo de la Fiscalía.   

No hay duda de que el presidente Petro pecó de exceso de confianza en la capacidad de su gobierno para cumplir en cuatro años las ambicionas metas de tierras y de otros componentes de la Reforma Rural Integral. Sin embargo, expresó cierto realismo en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 11 de julio de este año, al plantear la necesidad de ampliar siete años el plazo para el cumplimiento de las metas de tierras. No deja de sorprender que, para mostrar las limitaciones legales que obstaculizan su reforma agraria, el presidente mencione cifras de entrega de tierras a beneficiarios de la RRI que difieren de las registradas en su Plan de Desarrollo:     

“La ley actual nos lo prohíbe, lo remite a los jueces y los jueces demoran décadas resolviendo el que una hacienda fértil pero improductiva pueda ser entregada al campesinado. Luego, ese mecanismo hace que tres millones de hectáreas se vuelvan 13.000 en el pasado gobierno o 180.000 en el presente (sic)”. 

Recuérdese que la línea base de entrega de tierras del PND son 17.506 hectáreas, cifra que corresponde al periodo 2017-2022, y que, según el contador del MADR, con corte al 27 de agosto de 2024, el Gobierno del Cambio había entregado 111.642 hectáreas, de las cuales solo 10.006 de manera definitiva. 

En conclusión

En dos años, la gestión de tierras del Gobierno del Cambio ha tenido avances importantes en la dotación del Fondo de Tierras, la entrega de tierras a beneficiarios de la RRI y la formalización de la propiedad rural. No obstante, aún está lejos de cumplir las metas del cuatrienio, Por otra parte, la Agencia de Tierras aún no ha logrado resolver las deficiencias en sus sistemas de información, ni los problemas técnicos, administrativos y jurídicos señalados por los organismos de control. Al parecer, la presión pública del presidente es de poca ayuda para resolver estos y otros problemas.    

*Socióloga de la Universidad Javeriana y doctora en Historia de Universidad Nacional de Colombia. Fue directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, cofundadora del Observatorio de Cultura Urbana y Decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Autora de diversas publicaciones. Cofundadora de Razón Pública.

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