El Pacto Histórico ratificó la realización de su consulta presidencial y legislativa para el próximo 26 de octubre de 2025, pese a la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El movimiento, que agrupa a las principales fuerzas progresistas del país, continuará su proceso interno con los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la solicitud de garantías ante las autoridades electorales.

Pacto Histórico mantiene su hoja de ruta electoral

Continuidad tras la salida de Daniel Quintero

A través de un comunicado oficial, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico confirmó que la jornada de consulta se realizará en la fecha prevista, con el acompañamiento institucional y dentro del marco legal. La decisión reafirma la voluntad del movimiento de consolidar su participación dentro del proyecto del Frente Amplio, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó riesgos jurídicos en la naturaleza interpartidista del proceso, no modificó la agenda interna del movimiento. El Pacto Histórico sostuvo que la consulta tendrá un carácter estrictamente partidista, lo cual permitirá que sus precandidatos continúen en la carrera electoral sin restricciones futuras.

El exalcalde de Medellín expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había “matado la consulta” al declararla interpartidista, una decisión que, según él, vulneraba los derechos políticos del movimiento. Sin embargo, tanto Cepeda como Corcho manifestaron su firme decisión de continuar en la contienda y de exigir claridad jurídica sobre el proceso.

Exigencias de garantías y acompañamiento institucional

Solicitud de una mesa de garantías electorales

El movimiento político informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales, con el fin de asegurar condiciones equitativas y transparentes en la jornada del 26 de octubre. Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional la certificación formal del acuerdo de consulta y la definición de sus efectos jurídicos.

Estas solicitudes buscan disipar las dudas en torno al tipo de consulta que se realizará y evitar futuras inhabilidades. Según la legislación electoral, una consulta interpartidista impide a los participantes competir en otra consulta de coalición, como la del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Iván Cepeda, senador y precandidato, reiteró su compromiso con la jornada del 26 de octubre, al tiempo que solicitó al CNE “una certificación por escrito sobre el carácter partidista de la consulta, en cumplimiento de la ley y de los acuerdos políticos”.

Participación ciudadana y perspectivas hacia 2026

Llamado a las bases del movimiento

En su comunicado, el Pacto Histórico invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, resaltando que será el espacio para definir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al movimiento en las elecciones del próximo año.

Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles dentro del movimiento, reafirmó su compromiso con el proceso interno y expresó en su cuenta en la red social X: “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

El movimiento destacó que la jornada del 26 de octubre constituye un paso decisivo en la consolidación de su proyecto político, enfocado en mantener la unidad del progresismo colombiano y fortalecer su representación en el Congreso.

Una cita clave para el progresismo colombiano

La decisión del Pacto Histórico de mantener su consulta pese a las dificultades demuestra una estrategia de cohesión interna frente a los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta la coalición. El 26 de octubre será una fecha clave para medir la capacidad organizativa y el respaldo ciudadano del movimiento, en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre la transparencia electoral.

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El Pacto Histórico ya tiene listo el tarjetón para la consulta presidencial que se celebrará el próximo 26 de octubre. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero serán los tres aspirantes que competirán por la candidatura única del movimiento de izquierda, en un proceso que busca consolidar la figura que intentará suceder al presidente Gustavo Petro.

El orden en el tarjetón presidencial

Sorteo de posiciones

La ubicación de los precandidatos se definió mediante un sorteo por balotas. Carolina Corcho ocupará el primer lugar en el extremo izquierdo, Iván Cepeda estará en el segundo lugar en el centro de la boleta y Daniel Quintero aparecerá en la tercera posición, ubicada a la derecha del tarjetón. Esta distribución fue confirmada tras la reunión del colectivo político, en la que también se revisaron aspectos logísticos de la consulta.

Reglas para participar en la consulta

El proceso será de carácter abierto, lo que significa que podrán votar quienes se identifiquen con el movimiento. Cada votante podrá apoyar únicamente a un precandidato, y no se permitirá la doble militancia, garantizando así mayor claridad y legitimidad en el respaldo de las candidaturas.

El camino hacia el Congreso

Sorteo de listas legislativas

El Pacto Histórico también definió las posiciones de sus aspirantes al Congreso. Un total de 535 precandidatos fueron inscritos, de los cuales 145 buscan llegar al Senado y 390 a la Cámara de Representantes. Al igual que en la consulta presidencial, el orden se estableció por sorteo.

Distribución por corporación

En el caso del Senado, la lista será nacional, por lo que los votantes podrán elegir a cualquier aspirante en cualquier región del país. Para la Cámara de Representantes, las listas serán regionales, y variarán según cada departamento. Bogotá, Medellín y Cali concentran el mayor número de aspirantes, dado el peso electoral y la representación política de estas ciudades.

Unidad y proyección política del movimiento

Reunión de líderes del Pacto Histórico

Previo a la definición del tarjetón, los precandidatos se reunieron con figuras clave del movimiento como María José Pizarro, quien renunció a la aspiración presidencial para encabezar la lista al Senado, así como con otros referentes de la izquierda como Gabriel Becerra, David Racero e Isabel Zuleta. Este encuentro buscó reforzar la cohesión interna y preparar el terreno para una consulta abierta que fortalezca la unidad del bloque.

Retos hacia el 2026

El Pacto Histórico llega a esta consulta con el desafío de consolidar su proyecto político tras los resultados de 2022, en los que obtuvo 47 curules en el Congreso. La elección del candidato único a la Presidencia y la renovación de sus listas legislativas marcarán el rumbo del movimiento de cara a las elecciones generales de 2026.

El Pacto Histórico inicia así una etapa decisiva en su agenda política, con un proceso que no solo definirá al sucesor de Petro dentro del movimiento, sino que también pondrá a prueba su capacidad de mantener cohesión y ampliar su respaldo electoral en el país.

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El Pacto Histórico definirá su rumbo político en 2026 a través de una consulta interna que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, en la que competirán tres precandidatos: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. La decisión, que revierte un anuncio previo de descartar la consulta, surge en medio de fuertes tensiones internas que han dejado al descubierto las fracturas en el movimiento de izquierda.

Cepeda, Quintero y Corcho en la contienda

Una terna definida tras semanas de polémicas

El Comité Político del Pacto Histórico decidió que Cepeda, Quintero y Corcho sean los nombres en la consulta. Esta determinación respondió directamente a la postura del presidente Gustavo Petro, quien desautorizó a su propio partido exigiendo que “el pueblo tenga derecho a elegir sus candidatas o candidatos”. Con ello, el oficialismo busca legitimar la escogencia de su abanderado presidencial mediante el voto de las bases.

La exclusión de Bolívar y su inconformidad

Un crítico de Quintero queda por fuera

El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quedó excluido de la baraja de precandidatos, pese a que aspiraba a representar al movimiento. Bolívar fue uno de los más críticos de Daniel Quintero, al señalar que “no es capaz de apoyarlo, sabiendo lo que ha hecho”, y cuestionó si el Pacto entregaría “las luchas históricas de la izquierda a la cleptocracia”. Aunque no se ha definido si mantendrá su aspiración por fuera de la consulta, su salida refleja la dificultad del Pacto Histórico para mantener la unidad interna.

Tensiones y respaldos en medio de la campaña

Cepeda como favorito en la consulta

La inscripción de Daniel Quintero estuvo acompañada de un mensaje desafiante: “Los que le tengan miedo al pueblo que no se inscriban. El Pacto, unido, jamás será vencido”. Sin embargo, las fracturas internas contradicen ese discurso. Mientras tanto, varios aspirantes renunciaron a sus candidaturas y decidieron respaldar a Iván Cepeda, quien se perfila como el favorito de la contienda interna. Carolina Corcho, exministra de Salud, completa la terna y representa una visión alternativa dentro del movimiento.

La consulta interna del 26 de octubre no solo busca definir un candidato, sino también poner a prueba la cohesión del Pacto Histórico frente a los comicios de 2026. Aunque la decisión temporalmente baja la tensión política, las confrontaciones entre sus líderes revelan los desafíos que enfrentará la coalición para llegar unida a la elección presidencial.

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Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación 2026 por 547 billones de pesos, una cifra que representa un ajuste a la baja frente a la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda. El presidente Gustavo Petro celebró el resultado y aseguró que no será necesario imponer nuevos impuestos a productos de consumo masivo como la gasolina y la cerveza.

Un presupuesto con reducción de 10 billones

Ajuste frente a la propuesta inicial

La propuesta inicial ascendía a 556,9 billones de pesos, pero tras las discusiones en el Capitolio y en la Casa de Nariño, se decidió reducir cerca de 10 billones. Este cambio responde a la eliminación de artículos relacionados con vigencias futuras, créditos para el Gobierno y otros compromisos que habían sido incluidos en la primera versión del proyecto.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que estas diferencias hacen parte de los procesos de planeación fiscal y financiera, con el objetivo de garantizar sostenibilidad y responsabilidad en el gasto público.

Implicaciones tributarias

Para el presidente Petro, la reducción despeja el camino frente a eventuales incrementos de impuestos. En su cuenta de X, afirmó que no se solicitarán alzas en tributos a la gasolina ni a la cerveza, medida que había estado sobre la mesa en caso de que el déficit fiscal fuese mayor. El mandatario destacó que esta decisión representa un alivio para los hogares colombianos.

Prioridades de gasto en 2026

Deuda e inversión social

El presupuesto mantiene una elevada participación de gastos rígidos como el servicio de la deuda y los compromisos heredados de la pandemia, lo que limita el margen de maniobra para nuevas inversiones. Sin embargo, el Gobierno enfatizó que se trata de un “pacto fiscal” enfocado en el desarrollo social.

Uno de los rubros principales es el de subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3, que superan los 7 billones de pesos al año. Estos recursos se financiarán mediante ajustes tarifarios aplicados a sectores industriales y comerciales, con lo que el Ejecutivo espera recaudar alrededor de 1,5 billones de pesos adicionales.

Programas sociales claves

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es otro de los ejes de la inversión social. Su financiamiento pasó de 1,26 billones en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un incremento del 68 %. La Contraloría había advertido riesgos en su continuidad, por lo que el Gobierno subrayó la necesidad de fortalecer la planeación territorial para evitar interrupciones.

Lo que viene en el Congreso

Plazos de aprobación

Tras superar el primer debate en comisiones, el Presupuesto General de la Nación 2026 deberá discutirse en las plenarias del Senado y la Cámara. El Congreso tiene plazo hasta el 25 de octubre para aprobarlo en su totalidad.

Escenario en caso de no aprobación

De no aprobarse dentro del tiempo establecido, el Gobierno quedaría facultado para expedir el presupuesto por decreto. En juego no solo está el monto más alto aprobado en la historia del país, sino también la estabilidad de los programas sociales y la credibilidad de la política fiscal.

La aprobación inicial envía una señal de confianza al país, al mostrar que el Ejecutivo y el Legislativo lograron consensos en torno a un presupuesto ajustado, con enfoque en el gasto social y sin recurrir a tributos adicionales que afectarían a los hogares.

El mensaje del presidente Petro fue claro: con la reducción en la solicitud de recursos, no habrá aumentos de impuestos en productos de consumo masivo, lo que se traduce en una medida de alivio económico para la ciudadanía.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la creación del Pacto Histórico como partido único, con miras a las elecciones de 2026. La decisión, sin embargo, generó un giro inesperado: Colombia Humana, el movimiento del presidente Gustavo Petro, quedó excluido de la unificación, junto con Progresistas y la Minga Indígena, lo que abre interrogantes sobre el futuro de las candidaturas y las listas al Congreso.

La decisión del CNE y sus alcances

Unificación parcial de fuerzas de izquierda

Con ponencia del magistrado Altus Baquero, respaldada por la totalidad de los magistrados del CNE, se aprobó la fusión de la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano. Estas colectividades conformarán el nuevo Pacto Histórico como partido con personería jurídica, dejando atrás su condición de coalición.

Exclusión de tres agrupaciones clave

El tribunal electoral determinó que Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena no cumplían los requisitos legales para integrarse a la fusión. En el caso de Colombia Humana, no se alcanzó el quórum de afiliados exigido en los estatutos. La Minga no cuenta con personería jurídica y Progresistas tiene una personería condicionada, ya que aún están pendientes sanciones relacionadas con el MAIS.

Implicaciones jurídicas de la decisión

Condicionamientos para la personería del Pacto

El CNE dejó en claro que la personería jurídica del nuevo partido está condicionada a la resolución de procesos sancionatorios vigentes contra las agrupaciones que se unieron. Estos deberán resolverse antes del 8 de noviembre de 2025, fecha de apertura de inscripciones para el Congreso. De surgir sanciones posteriores, el Pacto Histórico deberá asumirlas como partido único.

Retos administrativos y políticos

La decisión obliga al naciente partido a enfrentar con rapidez los trámites pendientes y a resolver disputas legales que podrían complicar su participación plena en las elecciones legislativas y presidenciales. Este panorama plantea un reto mayúsculo para la consolidación de la nueva estructura política.

Impacto en las elecciones de 2026

Precandidaturas en riesgo

La exclusión de Colombia Humana y Progresistas afecta directamente a precandidatos como Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro y Susana Muhamad, quienes no podrían participar en la consulta prevista para el 26 de octubre de 2025. Este escenario deja en suspenso la definición de un candidato presidencial único dentro del Pacto.

Repercusiones en las listas al Congreso

Además de la incertidumbre sobre las candidaturas presidenciales, la conformación de listas al Congreso también se verá impactada. La salida de figuras clave de Colombia Humana y Progresistas podría fragmentar el espectro político de izquierda y limitar las opciones de representación en el nuevo partido.

La decisión del CNE marca un punto de inflexión en el panorama político de cara a 2026. Si bien el Pacto Histórico avanza hacia su consolidación como partido único, la exclusión de movimientos estratégicos como Colombia Humana podría debilitar su capacidad de unificar a la izquierda en torno a un solo proyecto político.

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A menos de dos semanas del cierre del plazo para definir la participación en las consultas internas, el registrador nacional Hernán Penagos confirmó que solo el Pacto Histórico continuará con el mecanismo, mientras que el liberalismo y el Centro Democrático desistirán de hacerlo. La decisión marca un giro en la preparación de las elecciones de octubre y refleja tensiones dentro de los partidos tradicionales.

Partidos que renuncian a la consulta interna

El liberalismo y el Centro Democrático optan por no participar

El registrador explicó que, aunque aún queda tiempo hasta el 26 de septiembre para formalizar decisiones, los partidos Liberal y Centro Democrático ya habrían manifestado su intención de no asistir a las consultas internas. Esto deja al Pacto Histórico como el único movimiento que busca seleccionar candidatos y tomar decisiones estatutarias mediante este mecanismo.

El papel del Pacto Histórico

Con esta determinación, el Pacto Histórico se convierte en el único partido que asumirá el reto logístico y político de realizar una consulta abierta a la ciudadanía, en la que podrán definir listas al Congreso, precandidatos presidenciales y otros asuntos internos.

Fechas clave y proceso de inscripción

Inscripción de precandidatos

Según el calendario electoral, la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional se abrirá el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Durante este mismo periodo, los partidos que inicialmente decidieron realizar consultas aún podrán retractarse.

Logística de las consultas

Penagos destacó que la organización de estas consultas internas es semejante a unas elecciones nacionales, con mesas de votación, jurados, transmisión de resultados y divulgación pública. La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Retos de organización y regreso de Uribe

Un desafío logístico mayor

El registrador subrayó la complejidad del proceso, pues mientras unas elecciones ordinarias cuentan con más de un año de preparación, las consultas internas deben organizarse en apenas un mes, lo que representa un reto para la Registraduría en materia de recursos humanos, técnicos y logísticos.

Álvaro Uribe regresa al Senado

En paralelo, el Centro Democrático definió la reaparición del expresidente Álvaro Uribe en la contienda política. Uribe estará en la lista cerrada al Senado en el puesto número 25 para las elecciones de 2026, marcando su regreso formal tras su retiro en 2020 en medio de un proceso judicial. La colectividad conformará un comité de expertos para organizar el orden de los demás aspirantes en la lista.

El retorno del líder natural del uribismo refuerza el debate político en torno a la estrategia del partido, que pese a no acudir a consultas internas, buscará fortalecer su lista en las próximas elecciones.

La decisión del liberalismo y el Centro Democrático de no acudir a consultas internas abre espacio para que el Pacto Histórico concentre la atención en este mecanismo. Sin embargo, el regreso de Álvaro Uribe a la arena política asegura que el debate electoral de 2026 estará marcado por la confrontación entre los sectores tradicionales y los movimientos alternativos.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció oficialmente su regreso a la política electoral, esta vez como candidato al Senado en las elecciones de 2026. Su nombre ocupará el puesto número 25 de la lista del Centro Democrático, que será cerrada, lo que implica que los electores votarán directamente por el partido y no por candidatos individuales. Esta decisión ha generado un amplio debate político y jurídico en el país, tanto por las implicaciones que tiene para su colectividad como por el impacto en el panorama electoral.

El regreso de Uribe al Congreso

Una lista cerrada con un nombre fijo

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, confirmó que el único puesto asegurado en la lista es el del expresidente Uribe, mientras que los demás aspirantes serán definidos por un comité de expertos dentro del partido. La decisión de que la lista sea cerrada busca fortalecer la cohesión del uribismo y darle mayor peso a la marca partidista.

Impulso estratégico para el uribismo

Analistas como Pedro Viveros consideran que la candidatura de Uribe responde a la necesidad de reposicionar al Centro Democrático en un escenario de competencia política creciente. Según Viveros, el expresidente conserva un capital político sólido y aún despierta respaldo ciudadano en sectores que ven con descontento al actual gobierno. “Uribe entiende que el país se está moviendo hacia la centro derecha y la derecha, lo que le da espacio para jalonar la lista y fortalecer la oposición”, afirmó el experto.

Los retos internos del Centro Democrático

Dependencia de un liderazgo consolidado

María Lucía Jaimes, analista política, señaló que el regreso de Uribe refleja tanto la intención de recuperar protagonismo como la dificultad del partido para consolidar liderazgos propios que garanticen una renovación política. En sus palabras, “Uribe sigue siendo el principal activo electoral del partido, pero también su mayor limitación en términos de crecimiento y modernización”.

Un partido en busca de futuro

El anuncio puede revitalizar temporalmente al uribismo, reforzando su papel en la oposición, pero también deja en evidencia la dependencia estructural del partido alrededor de la figura de Uribe. Este fenómeno plantea preguntas sobre la sostenibilidad del proyecto político del Centro Democrático en el mediano plazo, especialmente de cara a escenarios presidenciales.

La viabilidad jurídica de la candidatura

Derechos políticos garantizados

Desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista Abraham Bechara Llanos afirmó que no existen impedimentos para que Uribe se postule, ya que la Constitución garantiza el derecho fundamental a elegir y ser elegido. “Ese derecho hace parte de los derechos políticos de todos los colombianos y está protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó.

Condiciones para una eventual inhabilitación

No obstante, expertos penalistas como Francisco Bernate y Fabio Humar advierten que una eventual condena firme que implique detención podría inhabilitar al expresidente para aspirar a cargos de elección popular. Si bien actualmente mantiene sus derechos políticos intactos, el desenlace de los procesos judiciales en curso podría modificar el panorama en los próximos meses.

El regreso de Álvaro Uribe al Senado supone un movimiento estratégico para el Centro Democrático en busca de mantener vigencia política. La figura del expresidente sigue siendo decisiva en la vida política colombiana, tanto como motor de respaldo electoral como fuente de controversia. Su candidatura promete reconfigurar el debate público en 2026, marcando nuevamente la agenda política nacional.

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Pacto Territorial Cauca: alcance del compromiso

El Gobierno nacional, junto con la Gobernación del Cauca, los 42 alcaldes del departamento y el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), firmó el Pacto Territorial Cauca “por la transformación territorial y la consolidación de la paz”.

Este pacto establece una inversión estimada en $27,6 billones de pesos, orientada a ejecutar 15 macroproyectos y más de 200 proyectos en sectores como salud, educación, agua potable y saneamiento básico, desarrollo rural, transformación productiva, transición energética, paz y reconciliación.

Prioridades y estructura del Pacto

Ejes estratégicos definidos

El Pacto territorial se estructura en siete ejes clave para la intervención integral en el Cauca:

• Educación integral
• Desarrollo rural y transformación productiva
• Infraestructura de transporte
• Vivienda, agua potable y saneamiento básico
• Transición energética
• Paz y reconciliación

Proyectos significativos y financiamiento

De los $27,6 billones comprometidos, cerca de $23,4 billones ya cuentan con aseguramiento mediante apropiaciones presupuestales y vigencias futuras.

Entre los macroproyectos incluidos están:

• La Vía al Mar, con financiamiento bajo el esquema PINES, presupuesto estimado de $2,7 billones.
• El Corredor Estanquillo – Timbío – Popayán, valuado en $18,6 billones.
• Hospital de segundo nivel del Patía.
• Proyecto Integrador del Café.
• Universidad de Guapi y Universidad del Macizo, con estudios y diseños ya adelantados.

Además, hay una fuerte participación social: el Pacto fue construido con más de 780 organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, de mujeres, de diversidad sexual y de juntas de acción comunal.

Desafíos y expectativas

El reto principal será la ejecución efectiva de los proyectos y la garantía de que los recursos aseguren beneficios tangibles para las comunidades históricamente rezagadas del Cauca. Además, se subraya la necesidad de transparencia, coordinación institucional y seguimiento, incluyendo la participación comunitaria, para evitar desviaciones y sobrecostos.

Se espera que los macroproyectos no solo mejoren la infraestructura física, sino también promuevan una mejora sustancial en la calidad de vida de más de 1,5 millones de caucanos, mediante mejores servicios educativos, de salud, agua potable, y generación de oportunidades productivas.

A largo plazo, la implementación exitosa del Pacto Territorial Cauca podría convertirse en un modelo para otras regiones del país que enfrentan problemáticas similares de inequidad, abandono estatal y conflicto social.

Balance final

El Pacto Territorial Cauca representa una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para cerrar brechas históricas en un departamento con alto rezago estructural. Los más de $27,6 billones comprometidos, los 15 macroproyectos y los cientos de iniciativas sectoriales se conjugan para una intervención integral sin precedentes. Si su ejecución es cuidadosa y transparente, podría marcar un antes y un después en la historia del Cauca.

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Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes suspendieron la votación del Presupuesto General de la Nación 2026 debido a la falta de quórum. La sesión, que avanzaba en el análisis de las proposiciones para modificar el monto propuesto por el Gobierno, quedó interrumpida tras no contar con el número mínimo de parlamentarios requeridos para validar los resultados.

Sesión suspendida en medio del debate

Ausencia de congresistas impidió la continuidad

La sesión conjunta de las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso se desarrollaba con normalidad hasta el momento de votar la primera proposición. Sin embargo, la ausencia de congresistas obligó a suspender la jornada, dejando en el aire la discusión sobre los ajustes al presupuesto del próximo año.

Propuesta inicial de recorte

La interrupción ocurrió mientras se votaba la proposición presentada por el senador Ciro Ramírez, respaldada por otros parlamentarios, que planteaba un recorte de $26,3 billones. En la Comisión Tercera de la Cámara se registraron seis votos a favor y cinco en contra, pero no se alcanzó el quórum requerido para validar el resultado.

Proposiciones pendientes de votación

Recortes de mayor impacto económico

Tras la suspensión quedaron pendientes 14 proposiciones adicionales, algunas con propuestas de recorte que superan los $39 billones, lo que refleja las diferencias en el manejo de las finanzas públicas entre los legisladores y el Gobierno.

Importancia del trámite legislativo

Estas proposiciones representan un debate crucial sobre la distribución de los recursos y el equilibrio fiscal, en un momento en el que el país enfrenta retos económicos y sociales que requieren una definición clara sobre las prioridades presupuestales.

Plazos y consecuencias

Fecha límite del 15 de septiembre

El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para decidir el monto definitivo del Presupuesto General de la Nación. De no hacerlo, se aprobará automáticamente el valor de $556,9 billones, propuesto por el Gobierno en su versión inicial.

Repercusiones de la falta de decisión

La suspensión de la sesión aumenta la incertidumbre política y económica. Si no se logra un acuerdo antes de la fecha límite, el presupuesto quedará intacto, sin posibilidad de ajustes, lo que podría generar controversia entre los sectores que buscan un mayor control del gasto público.

El desenlace dependerá de la capacidad del Congreso para garantizar la asistencia y participación de sus miembros en los próximos debates, en un escenario donde el tiempo juega en contra de las modificaciones propuestas.

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El senador conservador Efraín Cepeda anunció oficialmente su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026 durante un evento en Ibagué, Tolima. Su aspiración se enmarca en el proceso de reconfiguración política de los partidos tradicionales que buscan disputar el poder a la izquierda en los próximos comicios.

El anuncio en Ibagué

Una decisión motivada por el entusiasmo ciudadano

Durante el encuentro político, Cepeda sorprendió a los asistentes al declarar: “Quiero ser el próximo presidente de la República conservador”. Según explicó, la decisión no estaba prevista para esa fecha, pero fue impulsada por la acogida que tuvo entre los tolimenses presentes. El dirigente enfatizó que el Partido Conservador no puede seguir en un papel secundario y debe irrumpir con fuerza en el escenario político nacional.

Estrategia frente al actual gobierno

El objetivo de derrotar a Petro

El senador justificó su aspiración afirmando que sabe cómo ganarle al presidente Gustavo Petro, destacando que lo ha vencido en siete ocasiones previas en contiendas electorales. Confiado en su trayectoria, Cepeda aseguró que, con el respaldo de sus seguidores y de un equipo fortalecido, puede liderar un proyecto capaz de disputarle la presidencia a la izquierda en 2026.

Propuestas para la campaña

Entre sus principales propuestas, Cepeda manifestó que pondrá fin a la política de Paz Total impulsada por el gobierno actual. “Ese embeleco de la Paz Total se acaba”, afirmó, señalando que su objetivo es devolverle la paz real al país. Además, prometió medidas para combatir la extorsión y fortalecer al sector privado como motor de generación de empleo de calidad.

Contexto político y alianzas

Una posible coalición opositora

La precandidatura de Cepeda se da en medio de las conversaciones entre varias colectividades opositoras que evalúan una consulta interpartidista en marzo de 2026. El Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical están en diálogos para construir un frente conjunto que haga contrapeso al actual gobierno.

Otros aspirantes en el escenario

Dentro de este panorama opositor también figuran otros precandidatos como el exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna y el grupo “La Fuerza de las Regiones”, que buscan consolidar su espacio político dentro de la coalición. Estos movimientos reflejan el interés de diversos sectores en articular un proyecto sólido que logre captar el voto de quienes rechazan la continuidad de las políticas actuales.

La irrupción de Efraín Cepeda como aspirante presidencial fortalece la competencia interna de la oposición y marca un punto de partida en la carrera hacia 2026. El reto ahora será consolidar consensos que permitan presentar una candidatura unificada, capaz de enfrentar con éxito a la izquierda en la contienda electoral.

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