La senadora Paloma Valencia oficializó este miércoles su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, en un evento realizado en el norte de Bogotá. Con este anuncio, la congresista puso fin a su trayectoria legislativa y confirmó que no buscará un nuevo escaño en el Congreso, concentrando todos sus esfuerzos en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Paloma Valencia se despide del Congreso

Fin de una etapa política

Valencia, quien ha sido una de las voces más visibles de su partido, aseguró que su tiempo en el Legislativo ha concluido. “Esa es una etapa que ha terminado. Mi propósito es ser la próxima presidenta de Colombia”, afirmó durante su intervención. Con ello, descartó las versiones que la ubicaban como candidata al Senado en las elecciones parlamentarias de 2026.

Una apuesta por el Ejecutivo

La dirigente del Centro Democrático señaló que su objetivo está puesto en llegar al poder ejecutivo, con la intención de liderar una propuesta de cambio desde la Presidencia. Su aspiración marca un giro en su carrera política y se suma a la lista de figuras que buscan revitalizar al uribismo frente a los comicios de 2026.

Ejes principales de su campaña

Seguridad como prioridad nacional

En su discurso, Valencia dejó claro que la seguridad será la base de cualquier proyecto político. Prometió que no habrá territorios en manos de violentos y pidió fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen sin titubeos. “No habrá un centímetro de Colombia que quede en manos de los violentos”, sentenció.

Salud y economía en el centro de la agenda

La precandidata también destacó la necesidad de dignificar el sector salud, denunciando la escasez de medicamentos y la falta de recursos. “Nuestros médicos siguen adelante porque los médicos de Colombia también tienen power”, expresó en tono enfático. En lo económico, propuso fomentar el empleo, apoyar el emprendimiento y garantizar la estabilidad fiscal, además de impulsar una “revolución de las energías” para promover el crecimiento sostenible.

La contienda interna en el Centro Democrático

Precandidatos en competencia

Valencia competirá en la encuesta interna del Centro Democrático contra María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. El ganador de este proceso será el representante del uribismo en la consulta interpartidista de las fuerzas de derecha, programada para marzo de 2026.

Tensiones y nuevos liderazgos

El lanzamiento de su campaña ocurre en un momento de recomposición para el partido, marcado por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hecho que sacudió al uribismo. La postulación de su padre, Miguel Uribe Londoño, añade simbolismo y tensión a la competencia interna. El Centro Democrático busca recuperar protagonismo en la política nacional y consolidar una opción presidencial competitiva.

Un propósito histórico y críticas al gobierno actual

La primera mujer en la Presidencia

Paloma Valencia manifestó su aspiración de convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Colombia. “Mi propósito es ser la primera mujer presidente de Colombia, una presidente para todos los colombianos”, recalcó, presentándose como una alternativa capaz de unir al país.

Contraste con el gobierno de Petro

La congresista también aprovechó su discurso para lanzar críticas al presidente Gustavo Petro, asegurando que el país atraviesa un ambiente de desesperanza. En contraste, afirmó que busca construir “una Colombia grande, parecida a la que los colombianos nos merecemos”.

Con este lanzamiento bajo el lema “Colombia Power”, Paloma Valencia inicia una carrera marcada por los retos internos de su partido, la polarización política y el desafío de conquistar el respaldo ciudadano en un escenario electoral altamente competitivo.

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Un mes para decidir el rumbo progresista

A un mes de la consulta interna del Pacto Histórico, Daniel Quintero confirmó que competirá por el aval presidencial dentro de la coalición. Su anuncio se enmarca en un contexto de profundas tensiones internas entre quienes cuestionan su participación.

La postura de Quintero ante la coalición

Afirmación de continuidad y unidad

“La unidad es la victoria”, declaró Quintero, advirtiendo que no caerá en el juego de quienes han “traicionado al presidente” y dividido al progresismo. Por ello, anunció que inscribirá su nombre en la consulta del 26 de octubre, y subrayó que “que sea la gente la que decida” su destino como candidato.

Condiciones claras según el escenario

Quintero precisó que, si no resulta vencedor, apoyará “sin titubeos” al ganador. En caso contrario, exigirá respaldo para sus propuestas, que incluyen una campaña austera, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la construcción de un frente amplio en defensa del progresismo.

Divisiones en el Petrismo

Críticas desde las bases petristas

Varios precandidatos consideran que Quintero no debería participar, debido a estar imputado por presunta corrupción. Sin embargo, Gustavo Petro ha expresado interés en sumar fuerzas a su proyecto político, lo que evidencia una tensión entre apertura y purismo dentro de la coalición.

Nuevas candidaturas que reconfiguran el panorama

La apuesta de Iván Cepeda por la consulta interna aviva el debate electoral. Su candidatura ha sido recibida con entusiasmo como una propuesta de integridad y experiencia progresista, compitiendo junto a figuras como Carolina Corcho, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar. Esta diversidad amplía el tarjetón electoral.

El contexto político del Pacto Histórico

Consulta interna y consolidación partidaria

El Pacto Histórico define una consulta el 26 de octubre de 2025 para elegir a su candidato presidencial. El ganador avanzará a una consulta ampliada en marzo de 2026, donde se definirá el aspirante del frente amplio progresista. Desde julio, seis precandidatos ya habían sido oficializados.

El peso de las controversias

Procesos judiciales como sombra política

La Fiscalía imputó a Daniel Quintero por peculado por apropiación, interés indebido en contratos y prevaricato, en relación a un polémico caso inmobiliario zanjado en su gestión como alcalde. Este proceso representa un factor de fricción en su participación.

El anuncio de Daniel Quintero reconfigura el escenario progresista de cara a las elecciones de 2026. Entre acusaciones éticas, debates internos y nuevas candidaturas, el Pacto Histórico transita un momento decisivo que definirá no solo su aspirante presidencial, sino también la estrategia del progresismo en Colombia para la próxima década.

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La decisión del senador Iván Cepeda de participar en la consulta presidencial interna del Pacto Histórico ha dado un nuevo aire a la campaña de la izquierda colombiana. Su anuncio fue recibido con entusiasmo por sectores progresistas, liberales y de izquierda radical, que ven en él una figura de consenso capaz de elevar el debate político y superar divisiones internas.

La irrupción de un candidato con trayectoria

Cepeda, un defensor de derechos humanos

En su primer discurso como precandidato, realizado en Pasto, Nariño, Cepeda se presentó como “un defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político e hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado”. Con 62 años, su vida ha estado marcada por la defensa de la paz y el compromiso con las víctimas, elementos que ahora trasladará a la contienda electoral.

Un escenario de competencia múltiple

El senador competirá con figuras destacadas de la izquierda como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez, Carolina Corcho y Gloria Flórez. Aunque aún se desconoce la participación del exalcalde Daniel Quintero, la presencia de Cepeda ha cambiado el panorama de la consulta que se celebrará el 26 de octubre.

Reacciones al anuncio de Cepeda

Elogios desde el progresismo

La exministra Muhamad destacó que su llegada “le da altura al debate y reafirma la unidad”, mientras que Gustavo Bolívar lo calificó como un “auténtico luchador de la causa progresista”. Otros líderes, como Roy Barreras y Guillermo Rivera, resaltaron su ética, sencillez y compromiso con la paz, reconociendo que su candidatura fortalece la democracia interna del Pacto Histórico.

El respaldo de víctimas y movimientos sociales

Diversas organizaciones sociales y colectivos de víctimas celebraron la decisión de Cepeda, agradeciendo su apoyo constante en procesos de justicia y memoria histórica. Las madres de Soacha lo acompañaron con un mensaje: “Unidos vamos a traer paz y justicia. Estamos listas para caminar a tu lado”.

La reacción de la oposición

Críticas desde la derecha

Sectores de la derecha reaccionaron con dureza, acusándolo de cercanía con las FARC, un discurso que ha acompañado a Cepeda desde hace años, especialmente tras su papel en los procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, el senador ha optado por no responder con ataques.

Una campaña basada en el respeto

Cepeda ha reiterado que su campaña se desarrollará en un tono de diálogo y respeto, sin insultos ni campañas difamatorias. Su apuesta por un debate de ideas lo diferencia en un escenario político cada vez más polarizado. Escritores, intelectuales y figuras públicas como Laura Restrepo y Margarita Rosa de Francisco celebraron esta postura, destacando la necesidad de elevar el nivel del debate nacional.

Al final, la precandidatura de Iván Cepeda no solo revitaliza la campaña del Pacto Histórico, sino que también plantea una oportunidad para que la izquierda colombiana se presente unida y con un mensaje de reconciliación frente a los comicios presidenciales de 2026. Su discurso prudente, su historia de vida y su compromiso con la paz lo posicionan como un referente en la contienda electoral.

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“Señor Álvaro Uribe, las temerarias acusaciones que usted lanza sobre la responsabilidad del Presidente y de funcionarios del alto gobierno en el asesinato de Miguel Uribe Turbay no tienen ningún fundamento, ninguna prueba. Es una infamia.

Estos señalamientos son absolutamente irresponsables. Es lo que hace la oposición, sembrar cizaña.

Usted habla de que jamás ha instigado la violencia, lo cual es absolutamente falso. Existen investigaciones abiertas que lo comprometen a usted, sobre las masacres de la Granja y el Aro en Ituango en 1977 y el asesinato de Jesús María Valle en 1998. En la Jurisdicción Especial de Paz, los hermanos Jaime y Francisco Ángulo Osorio lo han responsabilizado a usted por estos hechos criminales.

Es de anotar, que tampoco se ha aclarado su responsabilidad por el asesinato de 6402 jóvenes efectuado contra civiles inermes, ocurridos bajo su gobierno.

De modo que usted ha sido un promotor de la intransigencia, de la violencia y es lo que lamentablemente viene haciendo ahora de nuevo ante el asesinato, que condenamos de manera clara y contundente, del precandidato y Senador Miguel Uribe Turbay. Expresidente Uribe reflexione, no siembre más odio en nuestro país” replicó la dirigente del progresismo.

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El Consejo de Estado ha tomado una decisión histórica que sacude el panorama político del departamento del Magdalena y marca un precedente en materia de doble militancia política en Colombia. La Sección Quinta del alto tribunal declaró la nulidad de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador para el período 2024-2027, al probarse su conducta de doble militancia.

La decisión que cambió el rumbo de la gobernación

Los argumentos del Consejo de Estado

La sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado se fundamentó en la vulneración de los principios de lealtad y disciplina exigidos a los candidatos por la Constitución y la Ley 1475 de 2011. El fallo demuestra que, en septiembre de 2023, Martínez participó en un evento público en la Villa Olímpica de Santa Marta para expresar abiertamente su apoyo a las candidatas María Charris y Miguelina Pacheco del Partido de la U. Este respaldo público se materializó a pesar de que Martínez llegó a la Gobernación avalado por el movimiento Fuerza Ciudadana, colectivo diferente al que representaban las candidatas apoyadas.

La doble militancia fue acreditada a través de diversas pruebas, entre ellas fotografías, videos y enlaces en redes sociales en los que Martínez solicitaba apoyo para las candidatas de La U, contraviniendo la normatividad vigente y evidenciando la infracción. El tribunal concluyó que su actuar violó la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, lo que constituye una causal suficiente para la nulidad de su elección.

Reacciones y últimos recursos

Tras conocerse el fallo, Rafael Martínez intentó, mediante recursos de aclaración, adición y nulidad, revertir la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas por la misma corporación, dejando en firme la salida de Martínez de la gobernación. Paralelamente, se encuentra en trámite una tutela que busca suspender los efectos de la sentencia, pero la solicitud de medida cautelar fue negada mientras se estudia el fondo de la acción constitucional.

El propio Martínez ha calificado la medida como una persecución política y ha asegurado que la decisión se basa en “tecnicismos” y en una edición malintencionada de los videos utilizados como prueba en su contra. A su vez, desde la presidencia de la República, Gustavo Petro criticó fuertemente la decisión, señalándola como una “agresión” y alegando una posible violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las implicaciones políticas y jurídicas

¿Por qué es relevante la doble militancia?

La doble militancia es una de las restricciones más estrictas que la legislación colombiana impone a quienes ostentan cargos de elección popular o aspiran a ellos, como mecanismo para proteger la transparencia y la disciplina partidaria. Esta figura prohíbe que un militante apoye candidatos de partidos distintos al suyo, salvo cuando exista una coalición formal autorizada y debidamente inscrita, situación que no se presentó en el caso de Martínez.

La jurisprudencia de la Corte y el Consejo de Estado ha reiterado que este régimen busca evitar la “confusión de lealtades” y favorecer el derecho de los electores a conocer con claridad las posturas políticas de sus representantes.

Reemplazo y futuro de la gobernación

Con la firmeza del fallo, el departamento del Magdalena deberá proceder al nombramiento de un gobernador encargado o a la convocatoria de nuevas elecciones, según los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral colombiana. El vacío de poder generado por esta decisión representa un reto institucional para garantizar la estabilidad administrativa y política de la región.

El episodio marca también otra derrota para el grupo político liderado por Carlos Caicedo y afiliado al movimiento Fuerza Ciudadana, tras la pérdida de la personería jurídica del mismo partido en meses recientes.

El debate sobre las decisiones judiciales y la política

Posiciones encontradas: legalidad vs. legitimidad

La nulidad de la elección de Rafael Martínez revive el debate nacional sobre los límites de la intervención judicial en la política y la necesidad de fortalecer la autonomía de las instituciones electorales. Mientras algunos sectores destacan el fallo como un paso firme en contra de la doble militancia y a favor de la transparencia, otros lo califican como una judicialización excesiva de la política, capaz de alterar la voluntad popular expresada en las urnas.

El Consejo de Estado, por su parte, ha reiterado que su función es garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución, independientemente de los efectos políticos de sus sentencias.

Impacto a nivel nacional

La decisión ha suscitado reacciones en todo el país, incrementando el escrutinio sobre el proceder de funcionarios públicos y reforzando la vigilancia de la opinión pública sobre la coherencia de los líderes políticos con los partidos que los avalan. Para los partidos políticos y movimientos, este fallo representa una señal inequívoca sobre la importancia de observar estrictamente las normas electorales y los principios de lealtad partidaria.

La anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena constituye un hito en la jurisprudencia electoral colombiana y un recordatorio de que el respeto por las reglas del juego democrático es fundamental para la legitimidad de quienes ejercen el poder público. El caso sienta un precedente que puede influir en futuras contiendas electorales y redefine los límites entre la actividad política y la disciplina partidaria en el país.

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 ¿Qué medimos?

⁠Los 5 hitos que hicieron hablar al país

Lo que realmente se comenta en digital del Congreso

Cómo impactaron digitalmente las Reformas del Gobierno

⁠Los retos digitales que le esperan al nuevo periodo legislativo

Ranking digital de Senadores y Representantes a la Cámara

La Tribuna Digital es un documento de investigación que analiza periódicamente los temas más relevantes en la discusión digital en torno al Congreso de la República. En esta edición, se estudiaron 2.3 millones de conversaciones digitales, periodo comprendido entre el 20 de julio de 2024 y el 20 de junio de 2025 relacionadas con el Congreso y sus miembros.

A partir de este universo, realizamos una radiografía de los temas, emociones, personajes y narrativas que marcaron la tercera legislatura. Este documento recoge, Quiénes marcaron la agenda.

Qué resonó.

Qué incomodó.

Qué se instaló en el imaginario digital de la ciudadanía. Ofreciendo así una lectura estratégica sobre cómo llega el Congreso a su cuarta y última legislatura ante la opinión pública digital: en medio de grandes tensiones acumuladas.

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El representante Julián David López Tenorio, del Partido de la U, fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes durante la instalación de la cuarta legislatura del Congreso de la República. Su elección se da en un momento clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca consolidar sus reformas estructurales en el último año del cuatrienio.

Un liderazgo con respaldo político

Apoyo del gobierno y del Pacto Histórico

López contó con el respaldo del Pacto Histórico y del propio presidente Gustavo Petro, lo que consolidó su candidatura frente a otros aspirantes. El apoyo oficialista refuerza la agenda legislativa del gobierno, especialmente en temas relacionados con reformas sociales y económicas. Su elección también refleja el fortalecimiento del Partido de la U como un actor relevante en la actual composición del Congreso.

Perfil y trayectoria de Julián López

Formación académica y profesional

Nacido en Palmira, Valle del Cauca, el 12 de febrero de 1984, López es administrador de empresas con especialización y maestría en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, y actualmente cursa una maestría en Finanzas. Esta formación le ha permitido desempeñarse en cargos de alta responsabilidad en el sector público.

Experiencia en el Congreso

Desde 2022, López integra la Cámara de Representantes tras obtener 52.864 votos en las elecciones legislativas. Durante su paso por el Congreso, presidió la Comisión Sexta Constitucional Permanente (2023-2024), donde impulsó proyectos relacionados con educación, tecnología y comunicaciones. Además, participa en comisiones accidentales como la de paz, derechos humanos y seguimiento a las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Carrera en el sector público

Cargos y aportes previos

Antes de llegar al Congreso, López construyó una amplia trayectoria en la administración pública. Trabajó en el Ministerio del Interior, en áreas estratégicas como Planeación, Secretaría General y Gobierno y Democracia. Fue director regional en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, secretario general de Coldeportes en 2016 y subdirector de Fortalecimiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos hasta 2022, apoyando proyectos de inversión y regalías en todo el país.

Contexto político y retos

Un momento decisivo para el Congreso

La elección de López marca un hito para el Valle del Cauca, ya que es la primera vez que uno de sus representantes preside la Cámara. El nuevo presidente deberá liderar debates trascendentales sobre las reformas pendientes, entre ellas, la educativa, laboral y de salud. Su papel será clave para garantizar el equilibrio entre las iniciativas del Ejecutivo y las dinámicas políticas del legislativo.

Julián López llega a la presidencia de la Cámara con una agenda marcada por el consenso y la necesidad de consolidar reformas históricas. Su experiencia, tanto en el Congreso como en otras entidades del Estado, lo posiciona como una figura estratégica en la recta final del actual periodo legislativo.

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El senador liberal Lidio García fue elegido este domingo como presidente del Senado de la República durante la instalación de la cuarta legislatura del Congreso, en un año crucial para las reformas del gobierno de Gustavo Petro. García, reconocido por su trayectoria política y su postura crítica frente al Ejecutivo, reemplaza a Efraín Cepeda en este cargo clave del poder legislativo.

Trayectoria política de Lidio García

De concejal a senador más votado

Lidio García, del Partido Liberal, inició su carrera como concejal en su natal El Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Su proyección política lo llevó a convertirse en el senador más votado de su colectividad, consolidando una base electoral sólida en la región Caribe. Su liderazgo ha estado marcado por la capacidad de articular alianzas y por su influencia en el partido, especialmente en momentos de tensión interna.

Experiencia en diferentes administraciones

Un político con capacidad de concertación

A lo largo de su trayectoria, García ha demostrado su habilidad para trabajar con gobiernos de diversas corrientes ideológicas. Participó en la gestión de proyectos durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ocupó cargos relevantes en la administración de Iván Duque, evidenciando su carácter pragmático. Esta experiencia es vista como una ventaja para lograr consensos en un Congreso fragmentado.

Controversias y señalamientos

Procesos judiciales y acusaciones sin pruebas

El nuevo presidente del Senado ha enfrentado acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, entre ellas, señalamientos sobre la elección de una contralora y supuestos recursos de un proyecto de alcantarillado que habrían financiado su campaña al Senado en 2018. No obstante, la justicia no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones, lo que le ha permitido mantener su carrera política en ascenso.

Relación con el gobierno Petro

Una oposición con posible giro conciliador

García ha mantenido una postura crítica frente a las principales reformas de Gustavo Petro, votando en contra de proyectos emblemáticos de la actual administración. Sin embargo, desde el Ejecutivo hay expectativas de que adopte un rol más conciliador que su antecesor, Efraín Cepeda. Este cambio podría ser determinante para las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el último año del mandato.

El liderazgo de García en el Senado podría ser clave para definir el rumbo de las reformas estructurales que el gobierno busca aprobar antes de concluir su periodo. Su capacidad para negociar será puesta a prueba en medio de un ambiente político polarizado y con un Congreso que enfrenta retos significativos.

Proyección y retos inmediatos

Año decisivo para las reformas

La presidencia de García coincide con el último año de gobierno de Petro, un momento en el que se definirán las reformas sociales y económicas más importantes. El manejo que dé a las tensiones políticas será crucial para el éxito o fracaso de la agenda gubernamental. Su experiencia en alianzas y negociaciones podría abrir nuevos canales de diálogo entre las diferentes bancadas.

La llegada de García al Senado no solo representa un cambio en la dirección legislativa, sino también una oportunidad para recomponer las relaciones políticas en el país. Su capacidad de liderazgo será determinante para evitar bloqueos y avanzar en una agenda que impactará el futuro inmediato de Colombia.

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán para rendir declaración en el marco del expediente 6934, que investiga al presidente Gustavo Petro. La diligencia se realizará el lunes 21 de julio a las 11:00 a.m. mediante audiencia virtual.

Citación oficial del Congreso

La Comisión notificó que la comparecencia de Leyva se enmarca en el cumplimiento del auto de sustanciación emitido el 10 de junio de 2025, mediante el cual se ordenó la práctica de pruebas y, entre ellas, la recepción del testimonio del exfuncionario.

Contexto de la investigación

El expediente 6934 se originó tras una denuncia interpuesta por Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Petro. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades que involucran directamente al mandatario, motivo por el cual el testimonio de Leyva es considerado clave para el avance del proceso.

Modalidad y acompañamiento de la diligencia

La Comisión indicó que la audiencia se llevará a cabo de manera virtual, garantizando así la participación remota del exministro. Para la coordinación técnica, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la Comisión será el encargado de remitir el enlace de conexión y velar por la correcta realización del procedimiento.

Responsables del proceso

El desarrollo del caso está a cargo de los representantes Olga Lucía Velázquez Nieto y Wadith Alberto Manzur Imbett, quienes desempeñan funciones de investigación en este expediente. La citación refleja la intención del órgano legislativo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y cumplir con el debido proceso.

Próximos pasos en la investigación

Una vez Leyva rinda su declaración, la Comisión procederá con la evaluación del material probatorio y definirá si se convoca a nuevas audiencias o se emiten decisiones de fondo. Esta actuación constituye un paso crucial dentro del trámite legislativo de investigación contra el presidente Petro.

Relevancia política y jurídica

El testimonio del exministro Leyva podría aportar elementos determinantes para la investigación en curso, dado que el exfuncionario ha hecho públicas acusaciones que comprometen la actuación del presidente. El Congreso insiste en que todas las etapas del procedimiento se desarrollarán bajo los principios de transparencia y legalidad.

Una audiencia clave para el futuro del proceso

Con esta diligencia, la Comisión reafirma su compromiso con la independencia de las investigaciones y la garantía de los derechos de todas las partes involucradas. El desarrollo de esta audiencia virtual será seguido de cerca por la opinión pública y sectores políticos, debido a las implicaciones que podría tener en la estabilidad gubernamental y el panorama institucional del país.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que no será candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2026. La decisión busca evitar “crear una discusión institucional” en un momento crítico para la democracia colombiana, según expresó el exmandatario a través de sus redes sociales. Esta declaración pone fin a meses de especulación dentro del Centro Democrático y en sectores de la oposición que promovían su participación en la contienda electoral.

Uribe pone fin a la especulación electoral

Durante los últimos meses, la posibilidad de que Uribe integrara la fórmula vicepresidencial de su partido había cobrado fuerza. Abelardo de la Espriella fue uno de los principales impulsores de esta propuesta desde noviembre de 2024, y figuras del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia habían expresado su apoyo. Sin embargo, el exmandatario descartó esta opción de manera categórica:
“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Un contexto político y judicial complejo

El anuncio de Uribe se da en medio de un escenario sensible para su vida política. El próximo 28 de julio se conocerá el fallo del proceso que enfrenta por presunto soborno a testigos y fraude procesal, una situación que ha marcado su agenda en los últimos años. En su mensaje, el expresidente denunció una “persecución judicial” en su contra y cuestionó la imparcialidad del proceso.

Denuncias de irregularidades en el proceso judicial

Uribe señaló directamente al ministro de Defensa, Eduardo Montealegre, a quien considera “presunta víctima” en su caso. Según el exmandatario, Montealegre habría llevado a trabajar en el ministerio a la esposa del fiscal Mejía, quien ordenó encarcelar y pedir condena para el hermano de Uribe. Además, calificó a Mejía como “cuota de Leónidas Bustos, prófugo del Cártel de la Toga”, en alusión al escándalo de corrupción que sacudió a la justicia colombiana. Estas afirmaciones reflejan la tensión existente entre el líder del uribismo y algunos sectores del poder judicial.

Repercusiones para el Centro Democrático

Con esta decisión, el Centro Democrático deberá redefinir sus estrategias de cara a las elecciones de 2026. El partido sigue evaluando sus precandidatos presidenciales, entre ellos María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, quienes han manifestado públicamente su interés en competir por la candidatura. La exclusión de Uribe de la fórmula vicepresidencial representa un giro en la dinámica interna del partido, que había mantenido la expectativa sobre la participación directa de su máximo líder.

¿Qué significa esto para la oposición?

El anuncio de Uribe tiene implicaciones que van más allá del Centro Democrático. Su figura, aunque polémica, sigue siendo influyente en la política nacional. Su decisión de no aspirar a la vicepresidencia podría moderar el debate político y evitar un escenario de polarización institucional, pero también deja interrogantes sobre el papel que jugará en la campaña. Analistas prevén que, aunque no sea candidato, mantendrá un rol activo en la orientación de la estrategia electoral y en la defensa de su legado político.

A pesar de las dificultades judiciales, Uribe continúa siendo una de las voces más escuchadas en la oposición. Su liderazgo sigue siendo determinante para el futuro del Centro Democrático y para el rumbo del debate nacional, especialmente en torno a la justicia y la institucionalidad. La pregunta ahora es si el partido logrará consolidar una candidatura fuerte sin la presencia directa de su fundador en la fórmula presidencial.

La decisión de Álvaro Uribe Vélez confirma que, aunque no estará en el tarjetón, su influencia política seguirá siendo un factor clave en las elecciones de 2026.

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