Benedetti destacó que la principal conclusión de la reunión es la importancia de construir una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, dejando atrás los desencuentros recientes y trabajando de manera conjunta en beneficio de ambos países.

La reunión de trabajo, realizada en la Casa de Nariño, contó con la presencia del encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John McNamara; los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego; el miembro del equipo de Relaciones Internacionales del Senado, Víctor M. Cervino; así como con Phil Letsou y Raphael Chávez Fernández, jefes de gabinete de los senadores Moreno y gallego, respectivamente.

Según el ministro del Interior, durante la reunión se trataron asuntos prioritarios de la agenda bilateral, entre ellos la cooperación en materia de migración, la inteligencia para combatir el narcotráfico, la situación de los grupos armados ilegales –a los que describió como “grupos narcotraficantes”–, asuntos relacionados con Venezuela y la lucha contra el crimen organizado.

Se abordó, igualmente, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, con énfasis en el sector automotor y el café. En este punto, se analizó la necesidad de garantizar requisitos de seguridad para la importación de vehículos y se conversó sobre la compra de más café colombiano. 

“Nos reconocieron como un socio comercial importante y nosotros a ellos”, puntualizó el ministro.

En materia de seguridad, el Gobierno colombiano presentó cifras que demuestran la disminución de los índices de violencia y muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el país, así como las garantías para el desarrollo de las elecciones previstas en los próximos meses.

Sobre la certificación de Colombia en materia de drogas, el ministro recordó que esta es una decisión del Ejecutivo estadounidense, pero resaltó el apoyo de los legisladores para que el proceso avance favorablemente. 

También se discutió la eventual inclusión de estructuras criminales, como el ‘Clan del Golfo’, en listas internacionales de grupos terroristas, tema que, según explicó, deberá abordarse en escenarios multilaterales más adelante.

Benedetti subrayó que el ambiente de la reunión fue de plena cordialidad y cooperación. 

“Todos los temas se trataron en el mejor tono, en la mejor forma constructiva, y lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante. Queda el libro abierto a partir de ahora para el beneficio de Colombia”, expresó.

Como muestra de amistad y aprecio, el presidente Gustavo Petro obsequió a los senadores estadounidenses obras de Gabriel García Márquez, obsequios que fueron recibidos con entusiasmo por la delegación visitante.

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La ZEEB refuerza la tesis integracionista en torno a seguir firmando acuerdos que proyecten el comercio bilateral y que congelen la agitada agenda política en el corto y el mediano plazo. Acercará más a las dos naciones a conseguir un mercado común en una frontera en paz.

El 17 de julio los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron el acuerdo de Zona Económica Especial Binacional (ZEEB) para el fortalecimiento de las relaciones comerciales que desde septiembre de 2022 se están restableciendo, después de que en el binomio Duque-Maduro se perdió cualquier forma de relacionamiento entre los países que comparten una frontera de 2.300 kilómetros; la ZEEB, en lo económico, acercará más a las dos naciones a conseguir un mercado común en una frontera en paz.

Descongelamiento de la agenda política

El memorando de entendimiento, firmado el 17 de julio de 2025, titulado Zona de paz, unión y desarrollo binacional, en sus once artículos establece acciones encaminadas a fomentar proyectos de desarrollo conjunto en sectores claves como cultura, salud, comercio y turismo, en los estados de Zulia y Táchira de Venezuela, y el departamento de Norte de Santander de Colombia, donde actualmente se estima transita más del 50% del comercio de mercancías entre los dos países. El propósito de la paz es comenzar a hacer realidad el objetivo en torno a que los acuerdos económicos congelarán la agitada agenda política por la delimitación de la frontera y las posiciones que se asuman con respecto a Estados Unidos en el ámbito internacional.

De particular interés es mantener congelado el diferendo sobre el archipiélago de los Monjes, donde infortunadamente desde 1952 el canciller colombiano de derecha conservador, de apellidos muy ilustres, Juan Uribe Holguín, pero poco instruido en materia de derecho internacional, aliado con los gobiernos también de derecha Copei y Alianza Democrática en Venezuela, cedió en una carta la soberanía del archipiélago a Venezuela.

Los grandes desencuentros y la falta de adoptar las normas de derecho internacional de no agresión de 1939, como de no consultar con las comisiones de vecindad y fronterizas, terminaron por generar tensiones bien complicadas y anuncios de guerra en la frontera de las dos naciones en las siguientes siete décadas.

Los acontecimientos de los cañonazos a la corbeta Caldas colombiana por el ejército venezolano en 1987, la muerte a manos del ELN de nueve infantes venezolanos en la frontera de norte de Santander en 1995, el daño transfronterizo y de soberanía por la captura del ejército colombiano del guerrillero Granda en Caracas en 2005, la deportación abusiva de colombianos por el gobierno Maduro en 2015 y las tensiones sobre apoyo de Duque a Estados Unidos para derrocar al gobierno Maduro entre 2018-2022, se han podido superar cuando los binomios presidenciales han entendido que son dos naciones hermanas con economías complementarias por sus ventajas comparativas y competitivas: Venezuela, una vecindad minero-energética para Colombia por sus ricos yacimientos de petróleo, gas, hierro, aluminio, entre otros, y Colombia, una vecindad agrícola manufacturera para Venezuela, por el desarrollo agroindustrial: azúcar, confecciones, autopartes y automóviles.

En la segunda mitad de los años 1940 se impusieron los convenios comerciales bilaterales y regionales antes que las visiones multilaterales del modelo de libre comercio de economías desarrolladas que propusieron Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial a las economías subdesarrolladas de América Latina; de consuno Colombia y Venezuela en 1947 decidieron no pertenecer al acuerdo de aranceles y tarifas GATT; por el contrario, apostaron a la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y en particular en 1960 los dos países, junto a Argentina y Brasil, crearon la ALALAC, lo que hoy se denomina Asociación de libre Comercio e Integración de América Latina (ALADI).

En 1967, al amparo de los acuerdos económicos para congelar la agitada agenda política, los dos países crearon la empresa monómeros colombo-venezolanos para promover el desarrollo de la industria petroquímica de los países; de igual manera, los gobiernos Lleras-Leoni crearon el Grupo Andino (GRAN) 1969, y en 1974 echaron a andar la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el financiamiento de la política comercial; esta última tuvo su origen cuando Estados Unidos decidió que el FMI no le otorgaría un crédito a Colombia; el vecino país, de sus recursos de la bonanza petrolera colocó cerca US$50 millones e hizo realidad el financiamiento regional de la CAF a nuestro país; en 1989 Barco-Pérez pusieron en marcha el acuerdo de Caraballeda de limitación de la línea media en los Monjes, que, aunque fue rechazado por la derecha venezolana, presionó a los dos gobiernos a la integración energética petrolera con la idea de dar a luz una empresa con capital para la exploración y explotación del crudo en los Monjes. En 1992 Gaviria-Pérez, dentro de los preceptos del GRAN, perfeccionaron la zona de libre comercio; en 1995 Samper-Caldera establecieron la aduana común del GRAN contra terceros, y un tratado de libre comercio del grupo de los tres G-3 que integró a Colombia y Venezuela con México. 

Gobiernos de derecha de Colombia han coincidido en entendimiento con los gobiernos de izquierda. Después de lo que ocasionó el apoyo de Pastrana a Pedro Carmona, golpista en Venezuela en 2002, el binomio Pastrana-Chávez impuso una agenda tendiente a impulsar los intercambios de la empresa privada y las inversiones; el binomio Uribe-Chávez desde 2007, después de la salida de Venezuela a la CAN 2005, precisamente porque Colombia, Ecuador y Perú prefirieron comenzar a negociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos en los denominados TLC que impulsó el país del norte en retaliación a lo que Chávez, Lula, Kirchner, provocaron con el hundimiento del proyecto de creación de la Asociación de Libre Comercio de las América (ALCA), de iniciativa de Estados Unidos, entre 1994-2004. Chávez impulsó la creación de alternativa ALBA en 2004, y la Unión de Naciones del UNASUR en 2004. 

En 2007 y con la intención de la creación de Petroamérica, idea de Chávez para fusionar empresas como Pdvsa y Ecopetrol, se firmó el acuerdo de venta de gas de Colombia desde el departamento de La Guajira a Venezuela, estado Zulia, por siete años, 2007-2014; y luego por otros siete años, 2014-2021, de Zulia a La Guajira, acuerdo que generó más de US$2.000 millones en intercambios y que hizo que en el período 2000-2008 el comercio bilateral tuviera su mayor esplendor, con un intercambio de bienes que alcanzó US$7.300 millones.

Cabe agregar que las tensiones políticas de la oposición en Colombia terminaron con los proyectos de Chávez de crear dos nuevas refinerías de petróleo de Venezuela en Colombia, y que se diera por terminado el convenio gasífero. El binomio Santos-Chávez dejó restablecido el acuerdo de alcance parcial de la ALADI para realizar el comercio bilateral, intercambio de mercancías, cero aranceles para más de 10.000 productos de los dos países, después de finalizar los cinco años de normativa de la CAN; en 2013, tras la muerte de Chávez, el binomio Santos-Maduro acordó acelerar el desarrollo fronterizo a través del convenio de carga y pasajeros en los estados de Zulia y Táchira de Venezuela, y los departamentos de Norte de Santander y La Guajira de Colombia. 

El binomio Duque-Maduro pasará a la historia como el que sepultó las relaciones políticas y comerciales entre los dos países; Duque, sin entender la importancia de las relaciones internacionales y la integración económica y con el afán de agradar a Estados Unidos, apoyó la política del gobierno Trump de derrocar lo que el país del norte llamó narcodictadura del gobierno Maduro, y con base en eso rompió todo vínculo bilateral; en 2019 organizó un concierto denominado por la vida y liberación de Venezuela, que produjo en la frontera un enfrentamiento entre los países que llevó como respuesta de Maduro el cierre definitivo de la frontera entre 2019 y 2022; también el presidente Duque acabó con UNASUR, el resultado: un comercio de menos de US$200 millones en 2021.

Integración Petro-Maduro

Son la coincidencia y el entendimiento del binomio Petro-Maduro lo que restablece las relaciones diplomáticas y comerciales; desde septiembre de 2022 perfeccionaron el acuerdo de complementación económica de la ALADI, lo que propició que más de 15.000 productos quedaran sin aranceles a lado y lado de la frontera, especialmente los de ventajas comparativas; de igual manera, por primera vez se logró concretar en 2023 un acuerdo de inversión extranjera recíproco que da trato nacional e incentiva la repatriación de utilidades; en 2024, en medio de la incertidumbre de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, el presidente Petro, que no reconoció las mismas, ha intentado crear una agenda muy diplomática para que Colombia sirva de mediador entre el gobierno Maduro y la oposición de ese país para un proceso nuevo de elecciones que lleve incluso a un frente nacional parecido al proceso en Colombia de los años sesenta y setenta, donde las dos fuerzas tradicionales liberales y conservadores se alternaron en el poder entre 1958 y 1974. Finalmente, en 2025, Colombia sigue fomentado los negocios con el vecino país; Petro ha intentado revivir el acuerdo y las compras de gas para disminuir los precios en Colombia ante la escasez interna del mismo. 

Comercio colombo-venezolano 1974-2024

La política integracionista del binomio Petro-Maduro, al igual que la de Uribe-Chávez, ya ha producido resultados importantes a lado y lado frontera, en especial para Colombia en los últimos tres años; el comercio de bienes cerró en US$804 millones en 2023 y US$1.200 millones en 2024, 46%, y 60% superior a 2022; el mismo sigue siendo favorable a Colombia, que logra un saldo superavitario cercano a US$1.100 millones y unas exportaciones manufactureras: confecciones, medicamentos, industria automotriz, superiores al 80% del total.

Conclusiones y proyecciones 

La ZEEB refuerza la tesis integracionista en torno a seguir firmando acuerdos que proyecten el comercio bilateral y que congelen la agitada agenda política porque los mismos en la parte económica son complementarios y de provecho para los países en el corto y el mediano plazo. Muy importante la promoción del turismo, proyecto que intenta en los dos países el cambio de modelo rentístico de los recursos naturales como petróleo y carbón, por uno más diversificado donde la agricultura, la agroindustria y manufacturas ayuden al desarrollo integral y sustentable de los dos países. 

La ZEEB refuerza la otra tesis sectorial de proyección del comercio que advierte que los intercambios que pasan por la frontera se deben acompañar de proyectos sociales tan importantes como integrar lo comercial con lo social, en el proyecto que puede decantar en cluster bilateral salud-turismo, donde las ventajas competitivas podrían llevar el comercio a terceros mercados, especialmente los latinoamericanos; es la hora de que ante la política arancelaria y en general de migraciones de Estados Unidos con nuestras dos naciones renazca el proyecto integracionista regional; sería importante volver a ver a Venezuela en la CAN.

No hay que olvidar que, si bien es difícil volver a los niveles de comercio de la segunda década de los 2000, es factible que esos nuevos acuerdos aligeren el mercado común entre los dos países que lleven el comercio en el mediano plazo a superar los US$10.000 millones en 2030.

*Economista con maestría en teoría y política económica doctor en integración y desarrollo económico Universidad Autónoma de Madrid, y estudios avanzados DEA derecho internacional y relaciones internacionales, actualmente es profesor titular y lidera el grupo de Economía y Finanzas Públicas en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

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“La conmemoración de la Batalla de Boyacá es la conmemoración de la Independencia Nacional; se traslada a Leticia porque otra vez el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro, que le puso fin”.

Así lo reveló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde explicó: “el Tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y (que) cualquier desavenencia se resolverá entre las partes”.

“Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el Tratado, debe pertenecer a Colombia”, sostuvo.

El presidente Petro consideró que “esa acción unilateral y violatoria del Tratado de Río de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico, quitándole su vida comercial”.

“El gobierno usará, antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”, puntualizó el presidente de la República.

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La acción se suma a otras decisiones como la suspensión de exportaciones de carbón a Israel y la conferencia internacional de emergencia sobre Gaza del pasado 15 de julio en Bogotá.

A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Gobierno expidió el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024 por medio del cual “se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”.

La decisión tiene su origen en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

“Un informe de los 169 de días de guerra en Gaza, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) determinó que 32.333 palestinos habían muerto de los cuales 9.000 eran mujeres y 13.000 eran niños; que 1.1 millones de personas experimentaban inseguridad alimentaria y; 1,7 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios. Así como que el 31% de los niños ubicados en Gaza sufren de desnutrición”, dice un aparte del Decreto.

Como resultado de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá entre el 15 y el 16 de julio, y en la que intervino el jefe de Estado, los representantes de Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas y otros Estados firmaron una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados calificándolas como ‘genocidas’, contrarias al derecho internacional, y se comprometieron a implementar medidas jurídicas y diplomáticas para frenarlas.

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Así respondió el jefe de Estado en su cuenta de X a las críticas por la creación de una zona económica binacional con el país vecino, y agregó que con esta propuesta su Gobierno no está poniendo en riesgo la soberanía colombiana.

“Una zona binacional no es entregar la soberanía de la Patria, es crear las condiciones sociales y económicas, que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común, puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”, afirmó este jueves.

Asimismo, el mandatario se refirió a las palabras del expresidente Álvaro Uribe, quien a través de un video rechazó la constitución de la zona binacional.

De hecho, el jefe de Estado se refirió con dureza a las decisiones que los gobiernos uribistas tomaron en sus relaciones con Venezuela, las cuales derivaron en una proliferación de grupos criminales vinculados al narcotráfico y en una crisis económica y social en las poblaciones fronterizas.

«Los gobiernos uribistas decidieron romper las relaciones entre los pueblos, eso provoca que las mafias dominen los territorios y las poblaciones, matándolas. Señor Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominan nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror», recalcó el mandatario en X.

La firma del Memorando de Entendimiento para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo entre Colombia y Venezuela se presentó el viernes pasado en la ciudad de Caracas.

El Memorando, que crea la zona económica especial, se establecería inicialmente en los estados de Táchira y Zulia, por el lado de Venezuela, y Norte de Santander, por el lado colombiano, con la posibilidad de incluir a otros departamentos fronterizos.

Al respecto la ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Diana Marcela Morales Rojas, quien escribió el documento a nombre del Gobierno colombiano, explicó que este memorando busca “avanzar en un trabajo conjunto para impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.

Además, se pretende estrechar la cooperación entre las autoridades de los dos países, con especial énfasis en los temas relacionados con comercio, turismo, cultura, educación y salud, así como impulsar los proyectos de producción agroalimentaria para aprovechar el potencial de la región en productos como café, frutas tropicales, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería y lácteos, principalmente.

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Mientras que el presidente de Colombia hizo énfasis en que “la multilateralidad está en crisis” y apuntó a que “cuando las tinieblas llegan el progresismo debe juntarse”, el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, consideró que el objetivo fundamental posterior al el encuentro debe ser el de “fortalecer la convivencia”, tarea frente a la cual urge “evitar los extremismos y la pérdida de credibilidad en la democracia”, procurando generar “una propuesta en la que se identifique la población: libertad, igualdad y democracia”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, se refirió a la importancia de “actuar unidos, con un mismo desafío: pasar a la ofensiva, frente a la internacional del odio que pone en riesgo a la democracia”. En este contexto afirmó que “preservar la democracia es un deber moral, una deuda que tenemos con las generaciones futuras”, en respuesta a esa “internacional reaccionaria que actúa en forma coordinada”, motivo por el cual “las fuerzas progresistas debemos actuar en forma conjunta”. 

En síntesis, Sánchez propuso tres tareas comunes: “fortalecer las instituciones y el multilateralismo, combatir la desinformación promovida por los algoritmos, y propender por la justicia social, con políticas que ofrezcan certeza y esperanzas hacia el futuro”.

A continuación, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la más larga de las intervenciones puso de presente cómo “el camino para reconquistar la democracia y la libertad en Chile fue largo”, lo cual obedeció a que “las democracias no se construyen de la noche a la mañana”. Lula hizo claridad en que “vivimos una ofensiva antidemocrática: la democracia liberal no ha sido capaz de responder a los anhelos colectivos, los partidos han caído en descrédito”, y en tal medida planteó “la necesidad de regular las redes digitales, para combatir la desinformación”. 

A su vez, coincidió con el presidente Petro en que “América Latina y el Caribe son una fuerza positiva para afianzar el multilateralismo”. 

Ya en lo referente al presidente de Chile, Gabriel Boric, a modo de novedad noticiosa informó que hacia el objetivo de ampliar el grupo de “Democracia Siempre”, aceptaron integrarse los presidentes de México, Honduras, Inglaterra, Canadá, Australia, Albania, Sudáfrica, y Dinamarca. 

Según Boric, “la democracia está bajo ataque”, circunstancia esta que a su modo de ver hizo de la cumbre de los cinco países “no un acto simbólico, sino político”. Y coincidió con ellos en la urgencia de combatir la desinformación y enfrentar la desigualdad”, bajo el postulado de que “vamos a colaborar, en lugar de actuar cada uno por su cuenta. Nadie puede salvarse solo. Tenemos que actuar unidos”. 

Por último, Boric hizo un llamado al alto al fuego en Gaza, e invió a que las Naciones Unidas y su Consejo de seguridad “se pongan las pilas para que la ayuda llegue a los seres humanos que tanto lo necesitan”. 

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En su intervención, el jefe de Estado cuestionó la presencia de Colombia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y aseguró que no se puede estar en un grupo de este tipo “si los principales jefes de la Otán están con el genocidio», por lo que preguntó: “¿Qué hacemos ahí, no es la hora de reconfigurar militarmente el mundo?».

Comentó que en los actuales momentos no existe un ejército latinoamericano. “¿Qué hacemos en la Otán nosotros? ¿No llegó la hora de otra alianza militar?», cuestionó y llamó la atención a los representantes de las naciones asistentes sobre “¿cómo podemos estar con ejércitos que tiran bombas a los niños? Esos ejércitos no son ejércitos de libertad, son ejércitos de la oscuridad».

Por esta razón, propuso que “nosotros debemos tener ejércitos de la luz y juntar nuestros ejércitos y pensar las cosas bien».

No más carbón para ​​Israel

El presidente Petro dejó claro que Colombia ya no enviará más carbón a Israel y anunció que se va a revisar un decreto que abría la puerta a esta posibilidad.

“Yo dije que no iba a una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos y aquí en esta casa, bajo mi Gobierno, funcionarios blancos descendientes de esclavistas, lo digo, se tomaron la idea de cómo volver la frase de la presidente inocua en un decreto no fue Grencord no fue Drummond –aprovecharon, eso sí–, pero quienes cometieron la traición estaban aquí pagos por el pueblo colombiano».

Por esta razón, el mandatario dijo que “el país de la vida está ayudando a matar la humanidad. Yo no quiero exportar carbón, ni explorar gas, lo he decidido. Y se acabarán las últimas reservas de petróleo porque eso mata a Colombia y mata a la humanidad».

Reunión EE. UU​. – Celac

El mandatario aseguró que envió una carta, como presidente de la Celac, al gobierno de Estados Unidos para buscar un diálogo. Sin embargo, a la fecha no ha tenido respuesta.

“He pedido una reunión de la Celac con el gobierno de los Estados Unidos y no hay ni respuesta escrita, porque no quieren reunirse con América Latina y el Caribe, porque saben que reuniéndose con cada uno por separado son más fuertes y entonces no dialogan, amenazan».

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La declaración fue adoptada bajo la coordinación del Grupo de La Haya y contó con el respaldo de la Cancillería colombiana y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.

El documento establece seis medidas concretas, que los Estados firmantes se comprometen a adoptar en sus marcos legales nacionales antes del 20 de septiembre de 2025:

1. Prohibir la provisión o transferencia de armas, municiones y equipo militar a Israel, incluyendo artículos de uso dual que puedan facilitar crímenes de guerra o de lesa humanidad.

2. Negar el tránsito, atraque y servicios portuarios a embarcaciones con destino a Israel que transporten equipo militar, incluso si provienen de terceros países, asegurando el cumplimiento del derecho internacional.

3. Impedir el transporte de armamento hacia Israel en buques que enarbolen sus banderas nacionales, garantizando el respeto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

4. Revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que fondos estatales o instituciones públicas apoyen directa o indirectamente la ocupación israelí del territorio palestino.

5. Fortalecer los sistemas judiciales nacionales e internacionales para garantizar la rendición de cuentas en casos de crímenes internacionales cometidos en el territorio ocupado.

6. Apoyar el principio de jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar crímenes internacionales cometidos en Palestina, sin importar la nacionalidad de los responsables.

La declaración reafirma la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, que califica como ilegales las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados. 

Además, exige una investigación urgente sobre la situación sanitaria en Gaza y la creación de un plan para responder a las necesidades nutricionales de su población, el cual deberá presentarse en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

El documento finaliza con un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones legales internacionales y contribuir a poner fin a la ocupación israelí. Se enfatiza también que la República de Irak y el Estado de Libia no reconocen al Estado de Israel.

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La reunión fue convocada en el marco de la Copresidencia del Grupo de La Haya, creado en enero de 2025 a partir de una declaración conjunta firmada por los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la que se propuso una hoja de ruta para promover acciones concretas frente a la “crisis de derecho internacional» por cuenta de la guerra en esa región del mundo.

“Esta conferencia es una convocatoria que hace el Grupo de La Haya, pero no es una reunión exclusiva de este grupo. Es indispensable, por la urgencia de lo que está pasando en los territorios ocupados, en especial en Gaza, donde hoy, por ejemplo, pasamos la barrera de las 58 mil víctimas mortales, que nos comprometamos con acciones», explicó el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir.

Tres momento​​s principales

La Cancillería explicó que este evento tendrá tres momentos principales:

Lunes 14 de julio: se realiza la reunión preparatoria de la Reunión Ministerial de Emergencia con organizaciones de la sociedad civil, donde se espera la participación activa de movimientos sociales y redes solidarias con la causa palestina.
“Nos parece importante que haya una participación robusta de la gente, de organizaciones que se han querido manifestar por la solidaridad con Palestina», expresó el viceministro Jaramillo.

Martes 15 de julio: en la Reunión Ministerial participarán representantes de más de 30 Estados sobre las medidas prácticas que se pueden adoptar en el corto y mediano plazo.

Miércoles 16 de julio: clausura de la conferencia con la participación de Francesca Albanese, relatora Especial de las Naciones Unidas para la situación de Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado.

La jornada concluirá con una ceremonia de clausura, rueda de prensa y movilización simbólica desde la sede de la Cancillería hasta la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá.

El viceministro Jaramillo Jassir explicó que “este esfuerzo diplomático no se trata únicamente de la situación Palestina, sino de una defensa de los principios fundamentales del orden internacional: el principio de autodeterminación; condenar el genocidio y que Colombia honre sus compromisos respecto a la Convención de 1948, y condenar lo que Colombia considera es un caso de limpieza étnica, apartheid y, por supuesto, genocidio», agregó el funcionario.

El viceministro de Asuntos Multilaterales reiteró el compromiso de Colombia con la protección de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional humanitario y su papel activo en los espacios multilaterales que promueven la paz, la justicia y la dignidad humana. (Foto/ONU)

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Durante la posesión de Héctor Alfonso Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, realizada en la Casa de Nariño, el presidente agregó: “No creo que un Gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando y un problema en Gaza y un problema en Ucrania y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si pierde la Gran Colombia pierden toda la América del Sur y la América Central y el Caribe. No son tontos. Entonces, Marco Rubio no está en eso”.

El mandatario recalcó que quienes sí están en intentos para tumbarlo son otros, a quienes –explicó– “yo llamaría apátridas, porque incluso le propusieron a la Junta del Narcotráfico hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro. Pues aquí los estoy esperando”.

En su intervención sostuvo además que “hay fuerzas de la extrema derecha, que ya hemos visto actuar, tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, porque “les interesa”.

En este punto, el jefe de Estado indicó que “si se cortan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, buena parte del andamiaje que hemos construido, no solo en este Gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma”.

“Por eso quieren hacerlo”, dijo y complementó: “O sea, no es porque están levantando la bandera nazi, la lucha contra el comunista. No. Están tratando de destruir una relación que saben es un obstáculo. aún hoy, en la lucha contra las organizaciones criminales multinacionales”. 

Al referirse a la lucha contra el crimen organizado, el presidente de Colombia destacó los logros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares contra el narcotráfico, y el trabajo conjunto de las dos naciones en este tema.​
“Hemos construido un instrumento mundial con la Policía, a pesar de toda infiltración, que es grande, con la Policía más experta en la lucha contra mafias del mundo y la Armada más experta de todo el mundo en incautación de cocaína, que por centenares hemos quitado. Creo que llevamos más de mil toneladas. Eso lo hacemos conjuntamente en muchas cosas”, puntualizó el presidente de la República.

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