Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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​Los Grupos de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) anunciaron este viernes 8 de mayo que en desarrollo de los diálogos de paz se definió la fecha del inicio del ingreso de los integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

A través de un comunicado las delegaciones indicaron que la concentración de aproximadamente 400 hombres y mujeres del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) será a partir del 25 de junio de 2026 en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

“En desarrollo de los Compromisos de Paz en Doha de septiembre y diciembre de 2025, la fecha de ingreso de combatientes del EGC a las Zonas de Ubicación Temporal de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) será a partir del 25 de junio de 2026”, indica el comunicado. 

“Se adelantarán las gestiones correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno nacional”, dice el documento respecto al proceso de ingreso a las ZUT.

Asimismo, informa que para el ingreso de los combatientes a la ZUT será necesario suspender las órdenes de captura existentes.

“El proceso de tránsito a la ZUT incluye las labores preparativas y pedagógicas correspondientes hasta el 25 de junio de 2026, con los efectos jurídicos establecidos en la Ley 2272 de 2022 sobre la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que el proceso de ingreso a las ZUT se lleve a cabo de la manera convenida”, reza el comunicado.

En el mismo contexto, los Grupos de Trabajo instaron al país a cuidar los esfuerzos de paz e impedir su instrumentalización con fines electorales.

La primera ronda de conversaciones formales y que derivó en acuerdos importantes para territorios como el Chocó y el Urabá antioqueño, se dio en septiembre de 2025 en Catar, país mediador y sede de las conversaciones. 

Posteriormente y en cumplimiento a lo acordado en el primer ciclo de conversaciones, se sostuvieron encuentros con autoridades locales, líderes y líderesas sociales, comunidades étnicas, academia, organismos internacionales y otras entidades del Estado en territorios como Acandí (Chocó) y Cartagena (Bolívar).

Acuerdos con el ‘Clan del Golfo’

Entre los primeros acuerdos, el grupo armado reiteró su compromiso de respetar a los niños, niñas y adolescentes. Se acordó además realizar un censo al interior del grupo armado para verificar que no haya presencia de niños, niñas o adolescentes en sus filas y de ser así, ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. 

También acordaron la implementación de acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza, desescalar las violencias y propiciar la transformación territorial en los municipios de Mutatá (Antioquia) y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). 

Además, en articulación con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se acordó implementar un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito en los municipios anteriormente mencionados. 

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Los Países Mediadores, el Reino de España, el Reino de Noruega, el Estado de Qatar y la Confederación Suiza, así como la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia valoraron los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En un comunicado conjunto, las delegaciones señalaron que en la reunión del 9 de febrero de 2026 las partes acordaron pasos importantes que permiten consolidar los compromisos asumidos en Doha y avanzar en el proceso en beneficio de las comunidades.

“Desde los Países Mediadores, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal valoramos los pasos acordados recientemente en el Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el (a) EGC para avanzar en la construcción de paz en los territorios ”, dice el comunicado.

El Espacio de Conversación Sociojurídico es el mecanismo en el que el Gobierno Nacional y el (a)EGC sostienen diálogos orientados a la desmovilización de esa estructura y a la construcción de paz en los territorios.

El Grupo de Países Mediadores, junto con la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró su apoyo al proceso y subrayó la importancia de que ambas partes continúen avanzando con determinación en los compromisos acordados.

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El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, informó que “el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC” se encuentra en un momento clave dentro de la política de paz del país.

Según el comunicado oficial?, este espacio “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”. 

El proceso cuenta con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, además del apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El documento señala que se trata de “un proceso que, desde el primer acuerdo, se enfoca en la desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros del (a) EGC”.

Este compromiso, de acuerdo con la Consejería, se da “de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización”.

En desarrollo de lo acordado, el Gobierno nacional indicó que “los líderes del (a) EGC, Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (QEPD), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”.

El comunicado también precisa que “desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”.

Asimismo, se indicó que “tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”.

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De acuerdo con el ministerio de Defensa, en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), tropas del Ejército lograron “el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34, facción Calarcá del ‘Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte’ de las disidencias de las Farc, como resultado de la presión operacional sostenida en el territorio”.

Según la información suministrada por las autoridades, se entregaron voluntariamente 11 integrantes de este grupo ilegal, de los cuales tres eran cabecillas principales de esta facción de las disidencias, a quienes se les incautaron ocho armas largas, munición y equipos.

En este sentido, se indicó que los cabecillas que se entregaron fueron Daniel Antonio David Barrios, alias ‘Andrés Patiño’ o ‘Nelson’; alias ‘Jair’, y Eliézer David Causil Sandoval, alias ‘David’.

Según el ministerio, “la operación se desarrolló con respeto por los DD. HH. y el DIH. Los sometidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.

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En la Resolución se estableció que la “delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal» se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las autoridades competentes.

En la norma se dejó claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades de las zonas definidas para la ubicación.

Así mismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar “las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las zonas de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil».

Para poder avanzar en los procesos, la Resolución determinó que dentro de cada una de las zonas quedan “suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, de los integrantes» de este grupo, que fueron “incluidos en los listados recibidos y aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz».

Otro elemento que tuvo en cuenta la Resolución es el relacionado con las víctimas, para lo cual indicó que se realizarán “las condiciones progresivas para para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos» de la población afectada por este grupo armado.

En la norma se decidió que el Gobierno nacional “establece que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargue del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes».

Sin embargo, no descarta la vinculación de otras organizaciones nacionales e internacionales que participen en el proceso de “dejación de armas y tránsito a la legalidad de los combatientes» de este grupo armado.

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En Doha se reunieron los representantes de la delegación del Gobierno y del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia –EGC), con el acompañamiento del grupo de países mediadores, integrado por Catar, España, Noruega y Suiza.

En el documento suscrito por las partes se establece la ampliación del área de implementación de acciones piloto. En septiembre se habían definido a Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Ahora se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba), Cáceres, El Bagre, Nechí (Antioquia), El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Por otra parte, se determinó el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos, que estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

El documento señala que se impulsarán las gestiones “de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios, en los aspectos definidos en el ‘Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha'».

Uno de los aspectos más significativos del acuerdo alcanzado en Doha tiene que ver con la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Se trata de una ubicación progresiva de combatiente del EGC a partir del próximo primero de marzo.

Para lograrlo, dice el documento firmado por las partes, se requiere expedir un acto administrativo, en el cual se constituyan las ZUT, la localización de los sitios rurales y el listado de miembros del EGC, que se irá complementando.

La ubicación de los miembros del EGC (o Clan del Golfo) implicará la “suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición».​

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Se acordó cumplir acciones piloto en municipios como: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).

Frente a los casos de niños, niñas y adolescentes, se verificará el respeto de sus derechos y, en caso de vulneraciones, serán atendidos por el ICBF.

En cuando a los cultivos ilícitos implementarán un programa piloto con alternativas productivas sostenibles.

Sobre temas medioambientales, crearán  un grupo de trabajo liderado por el MADS para atender problemáticas como deforestación, minería y frontera agrícola y sobre la parte institucional, el Ministerio de Justicia y autoridades judiciales garantizarán presencia permanente adaptada a la realidad de cada territorio.

Además garantizarán la protección de quienes participen en estas instancias, bajo el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y desarrollarán estrategias pedagógicas con enfoque étnico, poblacional y territorial, de la mano del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se desprende de los primeros acuerdos.

Igualmente el grupo ilegal se comprometió a respetar las elecciones del próximo año, no interferir en la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma) y cumplir con los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Ambas partes acordaron realizar una segunda ronda de negociaciones en Doha, en una fecha que aún está por definir. 

Los grupos de trabajo acordaron pedir al gobierno de Catar, a la MAPP-OEA y a la Conferencia Episcopal de Colombia que asuman el seguimiento, monitoreo y verificación de lo pactado.

Declaración de Catar

Doha, el 18 de septiembre (QNA) – El Estado de Qatar anuncia su mediación en el proceso de consolidación de la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reafirmando su firme compromiso con la resolución de conflictos mediante el diálogo y medios pacíficos, y con la promoción de la paz y la estabilidad a nivel internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que, a petición del Gobierno de Colombia, Doha acogió la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista del 14 al 18 de septiembre, con el objetivo de avanzar en la reconciliación y encontrar soluciones sostenibles a los retos crónicos que plantean los grupos armados en Colombia, incluidos el desarme y la consolidación de la paz.
Cabe señalar que ambas partes han acordado celebrar una nueva ronda de conversaciones en Doha en una fecha posterior.
Su Excelencia el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dr. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, afirmó que el proceso destinado a construir la paz en Colombia avanzó a través de fases organizadas, comenzando con medidas de fomento de la confianza y un diálogo inclusivo.
En este contexto, destacó la importancia de salvaguardar la dignidad humana, respetar los derechos humanos, adherirse a las disposiciones de la ley y garantizar la participación de todas las partes pertinentes, incluidas las comunidades afectadas por el conflicto.
En este contexto, ha destacado la importancia de salvaguardar la dignidad humana, respetar los derechos humanos, cumplir las disposiciones de la ley y garantizar la participación de todas las partes pertinentes, incluidas las comunidades afectadas por el conflicto.
Su Excelencia afirmó además el compromiso de Qatar con el diálogo pacífico entre las partes en conflicto, solidarizándose con el pueblo colombiano, apoyando los esfuerzos de desarrollo del país, estableciendo mecanismos para erradicar las economías ilícitas y contribuyendo al monopolio estatal de las armas.
Su Excelencia el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que Qatar, como socio de confianza en los esfuerzos de mediación regionales e internacionales, seguirá apoyando el diálogo pacífico como piedra angular para la resolución de conflictos, proporcionando una plataforma neutral para el diálogo basada en el respeto mutuo, el entendimiento y el derecho internacional.

Territorios como:Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), jugarán papel primordial en desarrollo de este proceso.

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En una operación de gran envergadura, las Fuerzas Militares dieron de baja a alias “Dumar”, cuarto cabecilla de las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. La acción, considerada un golpe contundente contra la estructura “Jacobo Arenas”, pone fin a la trayectoria delictiva de más de quince años de este cabecilla, señalado por graves crímenes en el suroccidente del país.

Un cabecilla con amplio prontuario

Quince años al servicio del crimen

Alias “Dumar” tenía órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y estaba vinculado a la consolidación de corredores estratégicos para el narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare. Su papel dentro de la organización criminal era clave, pues articulaba operaciones que fortalecían el poder económico y militar de la disidencia.

Responsabilidad en asesinatos y masacres

El Ministerio de Defensa lo responsabilizó directamente del asesinato del profesor y líder social Jairo Enrique Tombe y de su esposa, Leonora González, en el municipio de El Tambo (Cauca). Además, fue vinculado a la masacre de tres campesinos en esa misma región en 2023, hechos que agudizaron la crisis humanitaria en la zona.

El ataque en Argelia, Cauca

La muerte de cuatro soldados en 2024

Uno de los episodios más graves que se le atribuyen a alias “Dumar” ocurrió el 2 de mayo de 2024, cuando cuatro soldados profesionales perdieron la vida en un enfrentamiento en Argelia, Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Javier Sosa Ballesteros y Camilo Andrés Molina.

¡Cayó el cuarto cabecilla al mando de alias ‘Mordisco’! Alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, jefe delincuencial del bloque móvil ‘Martín Villa’, fue muerto en el desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a una operación conjunta entre el… pic.twitter.com/eqKKzhN7OO

— Mindefensa (@mindefensa) August 24, 2025

Respuesta militar tras la emboscada

Luego de este ataque, el Ejército Nacional lanzó una contraofensiva de gran magnitud con despliegue aéreo y artillería pesada, con el fin de neutralizar la estructura “Carlos Patiño” en el Cauca y recuperar el control territorial en zonas donde se habían reportado desplazamientos forzados y un incremento sostenido de la violencia.

Impacto de la operación en Guaviare

Golpe a la estructura Jacobo Arenas

La caída de alias “Dumar” es vista por las autoridades como una acción estratégica que debilita la estructura Jacobo Arenas, parte de las disidencias lideradas por Iván Mordisco. La operación continúa en desarrollo en la región del Guaviare, donde las Fuerzas Militares mantienen presencia para garantizar la seguridad.

Repercusiones en el conflicto armado

Especialistas en seguridad coinciden en que la neutralización de cabecillas como “Dumar” dificulta la consolidación de corredores de narcotráfico y limita la capacidad de intimidación de estas estructuras. Sin embargo, advierten que el fenómeno de las disidencias sigue representando una amenaza considerable para las comunidades rurales, debido a su rápida capacidad de reacomodamiento.

La operación militar que acabó con la vida de alias “Dumar” representa un paso firme en la lucha contra las disidencias, aunque el desafío persiste. La violencia en territorios estratégicos para el narcotráfico continuará siendo un reto para el Estado colombiano, que deberá sostener sus esfuerzos de control territorial y protección de la población civil.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente tras el ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías asesinados mientras cumplían labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. El mandatario defendió su política de paz, aseguró que no se arrepiente de buscar diálogo con grupos armados ilegales y confirmó apoyo a las familias de las víctimas.

Un ataque planeado con antelación

La estrategia de las disidencias

Según Petro, la emboscada fue producto de una planificación meticulosa por parte de las disidencias al mando de alias “Calarcá”. Los atacantes habían enterrado cilindros explosivos a un metro de profundidad en el punto de aterrizaje del helicóptero que transportaba a los uniformados. Además, habían construido trincheras previamente, lo que indica que el ataque estaba previsto con antelación y no fue un hecho fortuito.

El presidente explicó que en videos grabados por los propios policías se observa cómo la fuerza pública ocupó posiciones defensivas en la zona. Sin embargo, los atacantes habrían anticipado el aterrizaje del helicóptero o incluso interceptado comunicaciones para garantizar el éxito de la emboscada.

Alias Calarcá, en la mira

Las investigaciones señalan a las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Calarcá”, como responsables del atentado. El ataque representó un golpe directo a la Policía Nacional y evidenció la capacidad de fuego y coordinación de los grupos armados en la región.

Compromiso con las víctimas

Apoyo a las familias de los policías

El presidente Petro expresó solidaridad con los familiares de los 13 uniformados asesinados y garantizó acompañamiento del Estado. “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada guerra contra las drogas”, afirmó.

El mandatario señaló que estas muertes son parte de una tragedia continental que refleja los costos humanos de una estrategia que considera fallida. “El mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”, añadió.

La llamada “guerra contra las drogas”

Petro insistió en que el verdadero motor de fortalecimiento de los grupos ilegales no son los diálogos de paz, sino el aumento del consumo mundial de cocaína, especialmente en Europa. Enfatizó que Colombia ha sido la principal víctima de una estrategia global ineficaz, cargando con la mayor cuota de muertos y sacrificios.

Política de paz y lucha contra los cultivos ilícitos

Defensa de la agenda de paz

En su intervención, el jefe de Estado reafirmó: “Nadie debe arrepentirse de buscar la paz”. Defendió los acercamientos con estructuras ilegales como un esfuerzo necesario para reducir la violencia y proteger a la población civil.

Petro enfatizó que su búsqueda de diálogo no debilitó al Estado, sino que respondió a un contexto internacional que alimenta la cadena del narcotráfico. “Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento”, subrayó.

Balance de la erradicación

El presidente también presentó un balance sobre la evolución de los cultivos de coca en Colombia. Recordó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos la cifra se redujo a poco más de 100.000 hectáreas, pero en el gobierno de Iván Duque se disparó a 230.000 hectáreas. Actualmente, el país registra cerca de 250.000 hectáreas.

En contraste, destacó que más de 8.000 familias campesinas se han sumado a programas de erradicación voluntaria, un modelo que el Gobierno impulsa como alternativa sostenible frente a la erradicación forzada.

Un país atrapado en la violencia del narcotráfico

Retos y responsabilidades

El mandatario insistió en que todas las acciones de su gobierno están dirigidas a debilitar a los grupos ilegales y reducir los cultivos ilícitos. No obstante, reconoció que los retos son mayúsculos, dado el poder económico que representa el narcotráfico y su conexión con la demanda internacional de cocaína.

La emboscada en Amalfi no solo evidencia la violencia persistente en las regiones productoras, sino también la necesidad de replantear estrategias que han demostrado ser insuficientes.

El llamado a la comunidad internacional

Petro pidió que la comunidad internacional asuma su parte de responsabilidad en esta crisis, subrayando que Colombia no puede seguir siendo el país que pone la mayor cuota de sangre en una guerra que considera perdida desde hace décadas.

El presidente cerró su intervención insistiendo en que su política de paz es un camino difícil pero necesario: “No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo”.

Una tragedia que reabre el debate

El ataque en Amalfi ha dejado al descubierto la persistencia de la violencia ligada al narcotráfico en Colombia y ha reabierto el debate sobre la efectividad de la política antidrogas. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia y apoyo, el Gobierno insiste en que el diálogo y la transformación rural son las vías más efectivas para romper el ciclo de violencia.

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