En una operación de gran envergadura, las Fuerzas Militares dieron de baja a alias “Dumar”, cuarto cabecilla de las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. La acción, considerada un golpe contundente contra la estructura “Jacobo Arenas”, pone fin a la trayectoria delictiva de más de quince años de este cabecilla, señalado por graves crímenes en el suroccidente del país.

Un cabecilla con amplio prontuario

Quince años al servicio del crimen

Alias “Dumar” tenía órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y estaba vinculado a la consolidación de corredores estratégicos para el narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare. Su papel dentro de la organización criminal era clave, pues articulaba operaciones que fortalecían el poder económico y militar de la disidencia.

Responsabilidad en asesinatos y masacres

El Ministerio de Defensa lo responsabilizó directamente del asesinato del profesor y líder social Jairo Enrique Tombe y de su esposa, Leonora González, en el municipio de El Tambo (Cauca). Además, fue vinculado a la masacre de tres campesinos en esa misma región en 2023, hechos que agudizaron la crisis humanitaria en la zona.

El ataque en Argelia, Cauca

La muerte de cuatro soldados en 2024

Uno de los episodios más graves que se le atribuyen a alias “Dumar” ocurrió el 2 de mayo de 2024, cuando cuatro soldados profesionales perdieron la vida en un enfrentamiento en Argelia, Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Javier Sosa Ballesteros y Camilo Andrés Molina.

¡Cayó el cuarto cabecilla al mando de alias ‘Mordisco’! Alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, jefe delincuencial del bloque móvil ‘Martín Villa’, fue muerto en el desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a una operación conjunta entre el… pic.twitter.com/eqKKzhN7OO

— Mindefensa (@mindefensa) August 24, 2025

Respuesta militar tras la emboscada

Luego de este ataque, el Ejército Nacional lanzó una contraofensiva de gran magnitud con despliegue aéreo y artillería pesada, con el fin de neutralizar la estructura “Carlos Patiño” en el Cauca y recuperar el control territorial en zonas donde se habían reportado desplazamientos forzados y un incremento sostenido de la violencia.

Impacto de la operación en Guaviare

Golpe a la estructura Jacobo Arenas

La caída de alias “Dumar” es vista por las autoridades como una acción estratégica que debilita la estructura Jacobo Arenas, parte de las disidencias lideradas por Iván Mordisco. La operación continúa en desarrollo en la región del Guaviare, donde las Fuerzas Militares mantienen presencia para garantizar la seguridad.

Repercusiones en el conflicto armado

Especialistas en seguridad coinciden en que la neutralización de cabecillas como “Dumar” dificulta la consolidación de corredores de narcotráfico y limita la capacidad de intimidación de estas estructuras. Sin embargo, advierten que el fenómeno de las disidencias sigue representando una amenaza considerable para las comunidades rurales, debido a su rápida capacidad de reacomodamiento.

La operación militar que acabó con la vida de alias “Dumar” representa un paso firme en la lucha contra las disidencias, aunque el desafío persiste. La violencia en territorios estratégicos para el narcotráfico continuará siendo un reto para el Estado colombiano, que deberá sostener sus esfuerzos de control territorial y protección de la población civil.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente tras el ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías asesinados mientras cumplían labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. El mandatario defendió su política de paz, aseguró que no se arrepiente de buscar diálogo con grupos armados ilegales y confirmó apoyo a las familias de las víctimas.

Un ataque planeado con antelación

La estrategia de las disidencias

Según Petro, la emboscada fue producto de una planificación meticulosa por parte de las disidencias al mando de alias “Calarcá”. Los atacantes habían enterrado cilindros explosivos a un metro de profundidad en el punto de aterrizaje del helicóptero que transportaba a los uniformados. Además, habían construido trincheras previamente, lo que indica que el ataque estaba previsto con antelación y no fue un hecho fortuito.

El presidente explicó que en videos grabados por los propios policías se observa cómo la fuerza pública ocupó posiciones defensivas en la zona. Sin embargo, los atacantes habrían anticipado el aterrizaje del helicóptero o incluso interceptado comunicaciones para garantizar el éxito de la emboscada.

Alias Calarcá, en la mira

Las investigaciones señalan a las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Calarcá”, como responsables del atentado. El ataque representó un golpe directo a la Policía Nacional y evidenció la capacidad de fuego y coordinación de los grupos armados en la región.

Compromiso con las víctimas

Apoyo a las familias de los policías

El presidente Petro expresó solidaridad con los familiares de los 13 uniformados asesinados y garantizó acompañamiento del Estado. “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada guerra contra las drogas”, afirmó.

El mandatario señaló que estas muertes son parte de una tragedia continental que refleja los costos humanos de una estrategia que considera fallida. “El mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”, añadió.

La llamada “guerra contra las drogas”

Petro insistió en que el verdadero motor de fortalecimiento de los grupos ilegales no son los diálogos de paz, sino el aumento del consumo mundial de cocaína, especialmente en Europa. Enfatizó que Colombia ha sido la principal víctima de una estrategia global ineficaz, cargando con la mayor cuota de muertos y sacrificios.

Política de paz y lucha contra los cultivos ilícitos

Defensa de la agenda de paz

En su intervención, el jefe de Estado reafirmó: “Nadie debe arrepentirse de buscar la paz”. Defendió los acercamientos con estructuras ilegales como un esfuerzo necesario para reducir la violencia y proteger a la población civil.

Petro enfatizó que su búsqueda de diálogo no debilitó al Estado, sino que respondió a un contexto internacional que alimenta la cadena del narcotráfico. “Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento”, subrayó.

Balance de la erradicación

El presidente también presentó un balance sobre la evolución de los cultivos de coca en Colombia. Recordó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos la cifra se redujo a poco más de 100.000 hectáreas, pero en el gobierno de Iván Duque se disparó a 230.000 hectáreas. Actualmente, el país registra cerca de 250.000 hectáreas.

En contraste, destacó que más de 8.000 familias campesinas se han sumado a programas de erradicación voluntaria, un modelo que el Gobierno impulsa como alternativa sostenible frente a la erradicación forzada.

Un país atrapado en la violencia del narcotráfico

Retos y responsabilidades

El mandatario insistió en que todas las acciones de su gobierno están dirigidas a debilitar a los grupos ilegales y reducir los cultivos ilícitos. No obstante, reconoció que los retos son mayúsculos, dado el poder económico que representa el narcotráfico y su conexión con la demanda internacional de cocaína.

La emboscada en Amalfi no solo evidencia la violencia persistente en las regiones productoras, sino también la necesidad de replantear estrategias que han demostrado ser insuficientes.

El llamado a la comunidad internacional

Petro pidió que la comunidad internacional asuma su parte de responsabilidad en esta crisis, subrayando que Colombia no puede seguir siendo el país que pone la mayor cuota de sangre en una guerra que considera perdida desde hace décadas.

El presidente cerró su intervención insistiendo en que su política de paz es un camino difícil pero necesario: “No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo”.

Una tragedia que reabre el debate

El ataque en Amalfi ha dejado al descubierto la persistencia de la violencia ligada al narcotráfico en Colombia y ha reabierto el debate sobre la efectividad de la política antidrogas. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia y apoyo, el Gobierno insiste en que el diálogo y la transformación rural son las vías más efectivas para romper el ciclo de violencia.

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La diplomática subrayó que la comunidad internacional ha mantenido un consenso sólido y una unidad de propósito en el acompañamiento al proceso de paz colombiano, reconociendo los avances logrados e impulsando acciones que permitan alcanzar, en el menor tiempo posible, una paz estable y duradera. 

“El respaldo de Naciones Unidas y de sus diferentes órganos es una señal clara de que Colombia cuenta con aliados comprometidos con la construcción de un futuro en el que la violencia deje de ser el lenguaje predominante”, dijo.

En su declaración, Zalabata explicó el papel estratégico de la Comisión de Consolidación y Construcción de Paz de Naciones Unidas, un órgano asesor del Consejo de Seguridad que se dedica a apoyar a los Estados en la superación de conflictos y en el fortalecimiento de su institucionalidad. 

Esta comisión, integrada por 31​ Estados miembros elegidos cada dos años bajo un sistema rotatorio, realiza visitas de verificación y acompañamiento en distintas regiones del mundo para promover entornos estables y seguros.

Colombia recibirá a esta comisión entre el 25 y el 28 de agosto de este año, en una agenda organizada por la Cancillería y la Presidencia de Alemania, país que actualmente preside el organismo. 

Durante su estancia, los representantes internacionales se reunirán con representantes del Gobierno nacional, líderes de la sociedad civil y comunidades en territorio, con el fin de conocer de primera mano las realidades locales, las iniciativas comunitarias y los avances en la implementación de la paz.

“La visita permitirá mostrar que Colombia no es un país completamente violento. Hay muchas regiones, comunidades y culturas que viven en paz y que han desarrollado iniciativas sólidas y sostenidas para preservarla. Estas experiencias son tan parte de nuestra identidad como los retos que aún enfrentamos”, enfatizó Zalabata.

La embajadora detalló que la delegación estará conformada por entre 10 y 12 embajadores de diferentes Estados, además de un representante del Secretario General de la ONU, quienes trabajarán junto con las instituciones colombianas para identificar oportunidades de cooperación y reforzar el apoyo internacional.

En su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad por octava ocasión, Colombia ha definido como prioridad llevar un mensaje de paz por la vida y de solución dialogada a los conflictos, promoviendo el diálogo como la herramienta esencial para superar las diferencias. 

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El mandatario precisó que estas conversaciones “deben tener una zona de concentración, unos propósitos sociales en los territorios y unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía, en primer lugar, y con los jueces».

Lo ideal sería que este proceso “pueda dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar, puede alejarse de la violencia y puede construir la paz», indicó.

De acuerdo con el jefe de Estado, “ese acuerdo, si se hace, debe entregarle tierras al campesinado de Córdoba», porque muchas de las haciendas de los antiguos paramilitares están ahora en manos del autodenominado Ejército Gaitanista.

“Entreguen la tierra al campesinado y desmantelemos la economía ilícita, así sea por zonas», demandó el presidente Petro del grupo que acaba de iniciar las conversaciones en el exterior.

El mandatario recordó: “He iniciado ya varias, no me canso de hablar, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno, todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia».

El presidente Petro afirmó que este proceso de diálogo diferente a los del pasado: “Hoy estamos hablando de economías ilícitas, propiamente: cocaína, la más grande quizá. Entonces sobre esto hay que hablar en las mesas de negociación: si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz».​

Proy​​ecto de ley

El jefe de Estado se refirió al proyecto de ley presentado al Congreso de la República, que debe estudiarlo a profundidad, el cual busca elevar ciertos delitos, incluso graves, a la justicia restaurativa.

“Ese proyecto no es más que el mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, cuando Santa Fe de Ralito, aquí cerca, funcionaba como campamento de concentración de los paramilitares», dijo.

Recalcó que esta iniciativa busca verdad, justicia y reparación: “Una verdad que todavía se necesita, incluso de los paramilitares antiguos», pero que sea “toda la verdad, porque se ha quedado una verdad enmochilada por ahí, y ya vemos las consecuencias de enmochilar la verdad».

Y reiteró: “Se han quedado unas tierras enmochiladas, sea porque quedaron en manos de ellos, los paramilitares, sea porque se las robaron los políticos, y entonces no llegaron a las víctimas, que era el propósito de la ley», y también “se ha quedado por tanto enmochilada la reparación»

“Por lo tanto –enfatizó el presidente– sí es cierto que hay que darle un paso final al acuerdo que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe, que yo critiqué, pero que la Corte Constitucional mejoró sustancialmente, y cuando se mejoró extraditaron a los paras».

“Eso sí fue un poco raro, pero hay que terminar ese proceso», resaltó el presidente de la República.

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En un paso significativo hacia la consolidación de la paz en Colombia, el Gobierno Nacional y el Frente 33 del Estado Mayor Central de las FARC-EP firmaron el «Acuerdo de Catatumbo», estableciendo una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal

El acuerdo, firmado el 3 de mayo en Cúcuta, contempla la creación de una ZUT donde se concentrarán los combatientes y las armas del Frente 33. Esta medida busca facilitar la dejación de armas y avanzar en el proceso de paz en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro anunció este avance a través de sus redes sociales, destacando el inicio de la paz en el Catatumbo.

Marco legal y garantías institucionales

La ZUT se implementará conforme al Decreto 0448 del 17 de abril de 2025 y la Ley 2272 de 2022, que regulan las condiciones de estas zonas. Se garantizará el Estado social de Derecho, el funcionamiento institucional y la participación activa de las comunidades del Catatumbo en las transformaciones territoriales pactadas.

Participación comunitaria y enfoque territorial

La instalación de la ZUT fue resultado de un análisis conjunto entre las partes involucradas, considerando criterios de seguridad, logística, geografía y administración. El acuerdo fue suscrito por representantes del Gobierno Nacional y del Frente 33, incluyendo a Gloria Quiceno Acevedo, Luz Dary Landazury, Genna Calvo, Feliciano Valencia por el Gobierno, y a Jhon Mendoza, Andrey Avendaño, Richard Suárez y Willinton Henao por el Frente 33 EMBF FARC-EP.

Hacia una paz con justicia social y ambiental

Este hito en el Catatumbo se suma a los esfuerzos del Gobierno por poner fin al conflicto armado a través del diálogo, con respeto a los derechos humanos, inclusión territorial y una visión de justicia social y ambiental. La participación de las comunidades en la implementación del acuerdo será clave para garantizar su éxito y sostenibilidad.

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El diálogo entre el Gobierno y Comuneros del Sur entró en otra fase con la entrega y destrucción del primer material de guerra el pasado 5 abril, en Pasto, y con la firma de dos acuerdos que permitirán avanzar en la sustitución de cultivos y en la verdad histórica y dignificación de las víctimas.

Durante el evento en la capital nariñense “Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño”, con la presencia del Presidente Gustavo Petro, el coordinador del Gobierno para los diálogos de paz con Comuneros del Sur, Carlos Erazo, presentó los tres ejes estratégicos que orientan el proceso que avanza en Nariño. 

1. Desescalamiento de las violencias.

“El primer eje es proteger la vida y cuidar a quienes históricamente han sido los más afectados por la guerra”, explicó Erazo. Este eje incluye acciones inmediatas como el desminado humanitario, el fortalecimiento de autoridades indígenas y locales, la búsqueda de desaparecidos, el retorno de comunidades desplazadas y la protección de niños, niñas y adolescentes. También contempla la promoción de una paz cotidiana en los territorios. “El enfoque es claro: aquí no es firmar primero y hacer después. Se trata de acordar y hacer ya”.

2. Transformación territorial.

El segundo eje busca reemplazar las economías ilegales, como la coca o la minería informal, por alternativas sostenibles construidas con las comunidades. “Queremos cambiar las condiciones que han perpetuado la violencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado”, dijo. En esta línea, también se trabaja por la reconciliación con la naturaleza y el reconocimiento de los saberes locales.

3. Transición a la vida civil.

El tercer eje se relaciona con el tránsito de los firmantes hacia la legalidad, con garantías reales de seguridad, justicia y participación. “No hay paz posible si quienes se acogen a este proceso no tienen las condiciones dignas para rehacer sus vidas. Por eso, esta transición se piensa también desde el arraigo comunitario y territorial”, señaló Erazo.

La intervención concluyó con un mensaje directo: “Este proceso se construye con las comunidades, no sobre ellas. Y por eso, más que una mesa de negociación, es una herramienta para que el pueblo del suroccidente tenga futuro y no más guerra”.​

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«En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur, se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están», indicó el mandatario.

En presencia del jefe de Estado, el delegado del Gobierno para los diálogos, Andrei Gómez Suárez, dio lectura al Acuerdo número 6, titulado “Por la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas’. Este compromiso reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en Nariño.

El acuerdo plantea mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Así mismo, promueve el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El segundo acuerdo, el número 7, fue el orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados del departamento. Este pacto, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón como representantes de las partes, fue leído por la delegada del Gobierno para los Diálogos con Comuneros del Sur, Ángela María Robledo.

Con un auditorio repleto de liderazgos comunitarios, mujeres defensoras de derechos y delegados institucionales, Robledo abrió su intervención con un potente mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de paz: “Aquí estamos las mujeres que hemos soportado la paz y que queremos acabar con esta guerra que parecería eterna”.

Durante su discurso, la delegada destacó que este nuevo acuerdo con los Comuneros se centra en la transformación de las economías ilegales que han predominado en varias zonas de Nariño, perpetuando la violencia y dificultando la implementación plena del Estado Social de Derecho. Según cifras presentadas en el evento, los municipios priorizados en esta etapa concentran el 11,07% del total de cultivos ilícitos del departamento.

El acuerdo fija una meta concreta: sustituir, mediante una ruta voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos en diez municipios priorizados: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mayama, Providencia y Huachucal.

La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos ilícitos durante el año 2025. Posteriormente, la fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro y próspero con las comunidades”, enfatizó Robledo.

También subrayó que la hoja de ruta será construida con enfoque territorial e interseccional, teniendo en cuenta la diversidad étnica, de género, generacional y cultural de las comunidades involucradas.

Subcomisión técnica y seguimiento

?El acuerdo establece la creación de una subcomisión técnica encargada de elaborar los protocolos, documentos e insumos necesarios para poner en marcha el proceso de sustitución voluntaria. Esta instancia estará conformada por representantes del Gobierno nacional, los Comuneros del Sur, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros actores regionales y nacionales que hayan aportado al proceso de paz territorial.

Entre sus tareas también estarán acompañar los procesos de divulgación, diálogo y concertación con las comunidades durante todas las fases del acuerdo y validar, con base en estudios técnicos, las líneas de producción alternativa que reemplacen de manera sostenible las economías ilícitas.

Robledo expresó su agradecimiento a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por su disposición a co-construir soluciones desde el territorio. También reconoció el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP-OEA), cuyo respaldo técnico y político ha sido fundamental.

Este esfuerzo estará acompañado por la creación de una subcomisión técnica encargada de construir la hoja de ruta para la implementación del proceso. Esta instancia se encargará de la planificación, el diseño de protocolos, el seguimiento técnico y la articulación institucional, con un enfoque interseccional que incluye consideraciones de género, etnicidad, generación, ciclo de vida y diversidad territorial.

Programa de sustitución

Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que “además de las 5.000 hectáreas acordadas en esta mesa, esta misma semana se lograron pactar 15.000 hectáreas más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también en Nariño, y otras 15.000 en Putumayo, como parte de la misma apuesta por la paz”.

El programa de sustitución que se implementará, indicó Miranda, tiene tres componentes clave:

1. Pagos por erradicación, que sustituyen el ingreso derivado de los cultivos durante el primer año.

2. Cambio de economía, no solo de cultivo: implica transformar completamente la base productiva local.

3. Aseguramiento de la comercialización, para evitar que los productos campesinos se pierdan en las veredas.

“No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa’, subrayó Miranda, al tiempo que destacó experiencias como la del resguardo La Montaña, que ya está apostando por la producción de ají agroindustrial, vijao y la creación de una empresa administrada por el propio resguardo indígena.

«Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño, una propuesta para la paz, porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más básico, que es la paz. Y hoy damos un paso gigante en esa dirección para recuperar ese derecho», concluyó.

Destrucción de armamento

Al final del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur, como parte de los acuerdos.

«Anunció Destrucción de armas. Yo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional», dijo el jefe de Estado.

Desde algún lugar de las montañas del sur del país, respondió el capitán Paz: «Señor Presidente. Capitán Paz Jiménez Víctor, comandante del Grupo Marte de la 5ª División de nuestro glorioso Ejército Nacional. Me presente, señor Presidente. En ese momento me encuentro en este punto con el Grupo Marte, listos para realizar la destrucción de 585 artefactos explosivos, los cuales fueron entregados por el Grupo Armas, organizado Comuneros del Sur a la Consejería Comisionada de Paz en acompañamiento de la OEA’.

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La crisis 

Normalmente en Tibú, los pájaros llegan en bandada a despedir al atardecer, pero en estos últimos días, en los cuatro albergues de refugio en el centro, el ruido impide escucharlos; en su lugar se oye la desesperación de gente con hambre, sed y cansancio; miles de personas han sido desplazadas por la cascada de violencia, “dejando atrás lo que han construido”, me dice un líder comunitario.

En cuestión de días, la guerra en el Catatumbo ha alcanzado una intensidad que no se veía en Colombia desde el acuerdo de paz de 2016. Se han registrado ataques armados en nueve puntos a lo largo del Norte de Santander. Más de 36.000 personas han abandonado sus casas y se registran más de 80 muertes, incluyendo asesinatos selectivos de firmantes de paz y líderes sociales. La ONU y la Fuerza Pública han tenido que evacuar cientos de personas heridas o en riesgo de exterminio. 

Un caso de éxito

Hasta hace pocos días, el Catatumbo había sido considerado como un ‘caso exitoso’ de la Paz Total, la estrategia del gobierno Petro para poner fin al conflicto mediante el diálogo con grupos armados y criminales. 

Desde el 2022 había estado en vigencia una tregua entre los dos grupos dominantes en el Norte de Santander: el ELN y el Frente 33, una disidencia de las FARC. En el plano nacional, ambas organizaciones expresaron su disposición a negociar y se sentaron en la mesa con el gobierno. Pero en el plano local los grupos siguieron explotando a la población; aun así, los dos grupos encontraron una forma de convivencia en el Catatumbo: se repartieron el territorio y sus rentas de manera bastante detallada, se sabía dónde extorsionaba cada grupo, dónde reclutaba y dónde compraba la pasta base de coca.

Por qué estalló la crisis

Pero el ELN cambió el rumbo del conflicto en esta región y en el país entero cuando rompió la tregua el pasado 16 de enero. 

Una de las consecuencias imprevistas de la Paz Total consiste en que muchos grupos armados y criminales empezaron a emplear estrategias más discretas: evitaron enfrentamientos armados y optaron por ejercer más presión sobre la sociedad civil, aumentando el reclutamiento y forzando el desplazamiento gota a gota. Así, un poco bajo el radar de la opinión pública, estos grupos se expandieron, profundizaron sus raíces y lograron aumentar su control social: este fue el caso en el Catatumbo.

El ELN frente a la Paz Total

El ELN fue el primer grupo armado en entrar a la Paz Total en 2022, despertando la esperanza de poner punto final a uno de los conflictos más antiguos de Colombia. 

Pero la esperanza se fue diluyendo tan pronto empezaron las conversaciones. Con el paso del tiempo, las prioridades del ELN se volvieron más claras y no incluían ni el diálogo ni el fin del conflicto. Sus prioridades eran primero, fortalecer su posición territorial y, segundo, defender la integridad y unidad de la organización.

Al principio, la negociación sirvió para unificar a la organización, reafirmando el control del Comando Central (COCE) sobre las decisiones. El cese al fuego alivió la presión de las fuerzas militares cuando el ELN veía aumentar la ofensiva de otros grupos armados, como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). 

Pero los cálculos del ELN cambiaron a partir de 2024, cuando los Comuneros del Sur, una facción del grupo guerrillero, empezó a hablar con el gobierno de manera independiente. Esto causó alarma en el COCE, que veía la amenaza de fragmentación interna con mucha preocupación. 

Hacia mediados del año pasado la posición táctica del ELN empezó a cambiar, sobre todo en su corredor de movilidad más crítico: la frontera con Venezuela. Para el ELN, el poder de sus rivales en el Catatumbo, el Frente 33, habían aumentado demasiado, mientras otras facciones de la disidencia retomaban fuerza en Arauca. Las tensiones en ambos departamentos aumentaron en los últimos meses y tanto las comunidades como la Defensoría del Pueblo alertaron a las autoridades sin que haya habido una respuesta concreta por parte del Estado.

En enero quedó claro que el ELN había decidido apartarse de las negociaciones y apostarle a la guerra. El 6 de enero secuestraron a un firmante de paz en Arauca junto con toda su familia, un hecho que produjo alarma en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Filipinas, una comunidad que durante años había sido respetada por el ELN. 

Pocos días después, fortalecido por tropas desplegadas desde Arauca y Venezuela, el ELN empezó su campaña militar en el Catatumbo. “Fue un ataque sincronizado,” me dijo un líder comunitario que logró escapar a la violencia. Con listados de personas identificadas como “objetivos militares”, fueron casa por casa para asesinarles. “El ELN no ataca directamente a la Frente 33, sino [que va] con lista en la mano, vereda a vereda, buscando en las casas de los campesinos, líderes sociales, firmantes de paz. Empezaron a ejecutarlos fuera de sus casas, frente a sus hijos y sus familias.” Mataron al menos a seis firmantes de paz y hay aún siete desaparecidos.

Es fundamental entender la lógica del operativo del ELN, que no hace distinción entre combatientes y civiles, ni entre combatientes activos y aquellos que estuvieron en la guerrilla en el pasado. Durante décadas del conflicto, a las comunidades de esta región les ha tocado vivir en medio de todo tipo de grupos armados. La mera presencia del Frente 33 fue suficiente para que el ELN afirmara que los habitantes están asociados con la disidencia.  Organizaciones sociales que operan en estas zonas han sido estigmatizadas y sus miembros están en peligro. 

Según un clérigo de una iglesia local, el 25% de la población que vivía en la zona rural de Tibú se fue de sus casas, impulsados por el miedo de ser acusados por un grupo de tener afinidades con el otro. Incluso en los centros de refugio nadie se siente seguro. A susurros, los desplazados se refieren a infiltrados del ELN dentro los albergues. El miedo no es injustificado: líderes reportaron que la semana pasada secuestraron a una persona desplazada dentro uno de los albergues cerca de Ocaña.

La intención del ELN parece ser provocar una guerra con el Frente 33. Los comandantes de dicho grupo han reiterado que no quieren combates, pero el 20 de enero, después de los primeros cuatro días de ataques, el comandante alias “Andrey” dijo que su tropa tenía que empezar a “contrarrestar” la ofensiva del ELN. Para ello, el Frente 33 trajo a la zona a los comandantes Jhon Mechas y Richard, quienes fundaron la disidencia 33 en 2017 y hoy encabezan el Bloque Gentil Duarte, al cual pertenece tal Frente. Para hacer las cosas aún más difíciles, el EGC también ha querido entrar en el Catatumbo desde hace varios meses —un riesgo más en medio de los ríos revueltos del conflicto—. 

Incendio nacional

Entre los múltiples riesgos que trae la ofensiva en el Catatumbo, el mayor radica en que sea una chispa que detone varios conflictos que hasta ahora se mantienen en una tensa calma. 

El más claro es la guerra entre dos facciones de las disidencias: el Estado Mayor Central, dirigido por alias “Iván Mordisco” y el Estado Mayor de los Bloques, liderado por alias “Calarcá”. No parece ser una coincidencia que, con el Estado distraído por los hechos en el Catatumbo, se hayan dado las primeras confrontaciones entre estos dos grupos desde el 19 enero en Calamar, Guaviare. El resultado es dos docenas de combatientes muertos, entre ellos al menos seis menores de edad, y docenas de civiles desplazados. 

Tal como la crisis en el Catatumbo, la tragedia en el Guaviare fue anunciada. Desde que el Estado Mayor de los Bloques se separó del grupo encabezado por Mordisco en abril de 2024, las tensiones entre las dos facciones fueron aumentando. Las comunidades en el área, en conjunto con la organización que represento, anticiparon la confrontación: las dos facciones se acusaron de traición y de robos de oro, tierra y ganado. Ambos grupos pretendían ampliar el control sobre rutas de tráfico, sobre todo hacia Brasil. Comandantes locales de ambos grupos mandaron audios a las comunidades en áreas controladas por sus rivales avisando que iban a incursionar en ellas. 

Las comunidades en el Guaviare temen que este sea tan solo el comienzo. Son muy posibles las confrontaciones en otras regiones donde conviven ambas facciones, tales como Caquetá, Huila, Putumayo y Meta. El 19 enero, por ejemplo, el Bloque Martín Villa del EMC mandó un comunicado denunciando a Calarcá y advirtiendo a los comerciantes en Mesetas y La Uribe en el Meta que no deberían asociarse con el EMB. 

Si otros frentes de batalla llegaran a activarse podrían estallar varias regiones. En Antioquia y el sur de Córdoba el combate entre el EGC, por un lado, y ELN y EMB por el otro ya ha producido casi una docena de asesinatos selectivos en las últimas semanas. Los combates entre las facciones disidentes EMC, EMB, el Frente 57 y el ELN por el control del Cauca y el Valle del Cauca se han intensificado desde hace casi un año. De forma alarmante, estos mismos grupos podrían llevar su lucha al Eje Cafetero.

¿Qué hacer?

Con el anuncio de una declaración de conmoción interior para el Catatumbo, es evidente que el Estado está intentando controlar una situación que pronto puede salirse de control.  

Por ahora, la prioridad debe ser girar toda la maquinaria de la Paz Total – es decir, todos los canales de comunicación con grupos a lo largo del país – hacia un objetivo fundamental: el desescalamiento. El gran desafío es evitar que la situación se salga de las manos.

Por ejemplo, esfuerzos del equipo negociador del gobierno y de la comunidad internacional han logrado moderar la reacción inicial del Frente 33 a la ofensiva del ELN, aunque es cada vez más difícil frenarla por completo.

Esfuerzos parecidos se deberían hacer con todos los grupos: con el EMB en la Amazonía, con el EGC en el centro del país y la costa atlántica, con los grupos que antes se llamaban la Segunda Marquetalia en el suroccidente, y así con todos los demás. Si aún quedan líneas de comunicación con el EMC de Mordisco, ahora es el momento para emplearlas. 

Petro ha dejado en claro cuál es la posición del gobierno frente a las negociaciones: «Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del ‘amor eficaz’: será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia, será enfrentado.»

Es indudable la necesidad de una respuesta contundente frente a los grupos que, como el ELN, deciden tomar el camino de la guerra. Pero debe hacerse considerando cuidadosamente los riesgos para la población civil.

En primer lugar, la fuerza militar debe tener en cuenta que, en zonas históricas del conflicto como el Catatumbo o el Guaviare, cuando los soldados se acercan a la población, los civiles quedan señalados como informantes por parte de los grupos armados, quienes tienen extensas redes de vigilancia en las comunidades. Cosas tan sencillas como pedir agua o entrar a una casa pueden poner en riesgo la vida de los civiles que ayudan a los soldados. 

Segundo, los civiles son civiles. Por la naturaleza del conflicto, a poblaciones enteras les ha tocado vivir bajo un control armado no estatal, pero eso no quiere decir que sean cómplices o simpatizantes de los armados. El Estado no puede caer en los mismos patrones de señalamientos infundados que hace el ELN. 

Por último, hay que tener presente que las operaciones contra grupos armados pueden aumentar la violencia en el corto plazo. Las capturas, por ejemplo, pueden ocasionar vacíos de poder que resultan en luchas internas por controlar la organización. Estos arrestos también pueden motivar represalias contra las comunidades cercanas por supuesta colaboración con los cuerpos estatales.

Dadas estas complejidades, la prioridad para la Fuerza Pública debería ser un enfoque en las condiciones básicas de seguridad: la comunidad pide corredores humanitarios para salir de sus zonas —algo que ha sido muy complicado en los primeros días de confrontación—. Las fuerzas militares también deben contemplar medidas para asegurar los cascos urbanos, dado que muchos de los asesinatos selectivos han ocurrido durante incursiones en las cabeceras municipales. El primer paso es salvaguardar el poco espacio de calma que queda para contemplar los pasos hacia adelante.

* Elizabeth Dickinson-Analista senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.

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“Las subregiones que no aparecen en el listado: Pacífico Medio, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño, es porque ningún proyecto cumplió verificación de requisitos y concepto técnico único sectorial (CTUS), durante la etapa de “Cumplimiento de requisitos para presentación de proyectos al OCAD Paz” que culminó el 02 de diciembre de 2024” dijo Planeación Nacional.

El listado de los proyectos aprobados en todo el país fue revelado en cumplimiento del cronograma de la convocatoria 2 OCAD Paz, con los proyectos elegibles, los cuales cumplieron con verificación de requisitos y concepto técnico único sectorial (CTUS), desde el 20 de septiembre al 02 de diciembre a cargo del equipo DNP y ART, sectores y ministerios correspondientes, según el cronograma de la convocatoria 2.

Para los proyectos que presentaron empate de acuerdo con la evaluación técnica por puntaje, se aplicó el procedimiento de desempate establecidos en el numeral 6 de los términos de referencia de la convocatoria, advirtió Planeación Nacional.

Para la optimización del proceso de la cadena productiva del cacao como producto diferenciador y de alto potencial de desarrollo para las familias del municipio de Briceño Antioquia, fue aprobado un proyecto por valor de 11.714.182.266.

El departamento del Chocó logró la aprobación de cinco proyectos para saneamiento básico y agricultura, por más de 45 mil millones de pesos, para beneficiar poblaciones de los municipios de Istmina, Atrato Medio, Medio San Juan y Nóvita.

Una de las subregiones más beneficiadas fue Montes de María en Córdoba con seis proyectos aprobados por más de 90 mil millones de pesos.

En total fueron aprobados 76 proyectos en las zonas cubiertas por el OCAD Paz, para una inversión cercana al billón de pesos, entre ellos uno por 17.218.649.438,00, para la construcción de un sistema de acueducto para dar solución al desabastecimiento de agua en las veredas Incora, Las Flores y Nicaragua del municipio de Valencia departamento de Córdoba.

Dichos proyectos fueron postulados por 62 entidades habilitadas, distribuidas en 13 Subregiones PDET así: 57 municipios, 4 departamentos y una organización de pueblos étnicos; los cuales podrán contribuir al desarrollo de 13 sectores, donde prevalecen Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural; Minas y Energía; y Transporte.

El OCAD PAZ, es el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Las subregiones que se quedaron por fuera y por las causas ya explicadas fueron: Pacífico Medio, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño.

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Para avanzar en la implementación de su política de Paz Total en Colombia, el presidente Gustavo Petro emitió varias resoluciones que designan a nuevos gestores de paz y representantes gubernamentales. Entre los nombramientos, destaca la participación de exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la socióloga Isabel Cristina Zuleta, quienes liderarán el diálogo con distintos actores armados en el país. Esta estrategia busca facilitar procesos de negociación y transición hacia el Estado de Derecho en áreas afectadas por el conflicto armado, como el departamento de Nariño, el Valle de Aburrá y diversas zonas con presencia del Estado Mayor Central de las FARC.

Designaciones para la paz con el Estado Mayor Central de las FARC

Resolución 450: Inclusión de miembros del EMC en el mecanismo de veeduría

Mediante la Resolución 450 del 2024, el Gobierno Nacional incluyó a 15 miembros del Estado Mayor Central de las FARC (EMC) en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Esta instancia busca asegurar que los diálogos se desarrollen de manera transparente en distintos niveles: nacional, regional y local. Los representantes del EMC provienen de bloques importantes como el Bloque Magdalena Medio, liderado por «Gentil Duarte», el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño y el frente Raúl Reyes.

Entre los miembros designados, figuran líderes de peso como Walter Freddy Ruiz Montaño, Jesús María Restrepo Borja y Jheiner Smith Arco López. Estos actores clave en el conflicto armado colombiano se sumarán a la vigilancia y control de los acuerdos alcanzados con el EMC, fortaleciendo los espacios de diálogo y acuerdos con el gobierno.

Gestores de paz en Nariño para el proceso con los Comuneros del Sur

Resolución 451: Designación de 10 gestores de paz

El conflicto en el departamento de Nariño, caracterizado por la presencia de diversos grupos armados, será abordado mediante el nombramiento de 10 gestores de paz para los diálogos con los Comuneros del Sur, un movimiento armado con presencia en 10 municipios de la región. Entre los gestores designados, se destacan figuras como Fernando García Jiménez, Jaime Edilson Rodríguez Moreano y Jesús Andrés Valencia, quienes aportarán su experiencia en la estructuración de procesos de paz en territorios de alta complejidad.

El objetivo de esta resolución es fomentar un acercamiento entre el gobierno y las comunidades afectadas por el conflicto, permitiendo un canal de comunicación que beneficie tanto a las poblaciones locales como a los actores armados interesados en una transición hacia la paz.

Dialogar con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá

Resolución 452: Coordinación de la delegación gubernamental en Antioquia

La socióloga Isabel Cristina Zuleta fue designada como coordinadora de la delegación gubernamental en las conversaciones con estructuras armadas organizadas que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. Zuleta estará acompañada de un equipo que incluye a Jorge Iván Mejía Martínez y María Isela Quintero Valencia, entre otros, quienes negociarán los términos de sometimiento de estas estructuras delictivas a la justicia, dentro de los marcos legales estipulados.

El enfoque de esta delegación es ofrecer una oportunidad de transición hacia el Estado de Derecho a grupos armados de alto impacto en la región, asegurando que cumplan con las leyes vigentes y promuevan la construcción de paz en los territorios donde operan.

Papel de exjefes paramilitares en la construcción de paz

Resolución 453: Exparamilitares como gestores temporales de paz

Uno de los aspectos más relevantes de las resoluciones emitidas por el presidente Petro es la designación de 17 exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz temporales. Figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (alias «Macaco») y Rodrigo Tovar Pupo (alias «Jorge 40») desempeñarán un papel en la construcción de paz y no repetición en diversas zonas afectadas por el conflicto, a lo largo de un periodo de seis meses.

Estas designaciones no modifican la situación jurídica de los exparamilitares, quienes actuarán bajo condiciones específicas y con la coordinación del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño. La inclusión de estos antiguos líderes de las AUC busca aprovechar su conocimiento de los conflictos en las zonas donde operaban, contribuyendo así a procesos de diálogo con otros actores armados ilegales.

Para facilitar el desarrollo de los diálogos y la verificación de los acuerdos, la Consejería del Comisionado de Paz solicitará la suspensión temporal de órdenes de captura para algunos de estos gestores de paz, especialmente los representantes del EMC y los involucrados en el proceso con los Comuneros del Sur. Esta medida pretende garantizar la continuidad de los diálogos y fortalecer la estrategia de Paz Total promovida por el gobierno.

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