En una operación de gran envergadura, las Fuerzas Militares dieron de baja a alias “Dumar”, cuarto cabecilla de las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. La acción, considerada un golpe contundente contra la estructura “Jacobo Arenas”, pone fin a la trayectoria delictiva de más de quince años de este cabecilla, señalado por graves crímenes en el suroccidente del país.

Un cabecilla con amplio prontuario

Quince años al servicio del crimen

Alias “Dumar” tenía órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y estaba vinculado a la consolidación de corredores estratégicos para el narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare. Su papel dentro de la organización criminal era clave, pues articulaba operaciones que fortalecían el poder económico y militar de la disidencia.

Responsabilidad en asesinatos y masacres

El Ministerio de Defensa lo responsabilizó directamente del asesinato del profesor y líder social Jairo Enrique Tombe y de su esposa, Leonora González, en el municipio de El Tambo (Cauca). Además, fue vinculado a la masacre de tres campesinos en esa misma región en 2023, hechos que agudizaron la crisis humanitaria en la zona.

El ataque en Argelia, Cauca

La muerte de cuatro soldados en 2024

Uno de los episodios más graves que se le atribuyen a alias “Dumar” ocurrió el 2 de mayo de 2024, cuando cuatro soldados profesionales perdieron la vida en un enfrentamiento en Argelia, Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Javier Sosa Ballesteros y Camilo Andrés Molina.

¡Cayó el cuarto cabecilla al mando de alias ‘Mordisco’! Alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, jefe delincuencial del bloque móvil ‘Martín Villa’, fue muerto en el desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a una operación conjunta entre el… pic.twitter.com/eqKKzhN7OO

— Mindefensa (@mindefensa) August 24, 2025

Respuesta militar tras la emboscada

Luego de este ataque, el Ejército Nacional lanzó una contraofensiva de gran magnitud con despliegue aéreo y artillería pesada, con el fin de neutralizar la estructura “Carlos Patiño” en el Cauca y recuperar el control territorial en zonas donde se habían reportado desplazamientos forzados y un incremento sostenido de la violencia.

Impacto de la operación en Guaviare

Golpe a la estructura Jacobo Arenas

La caída de alias “Dumar” es vista por las autoridades como una acción estratégica que debilita la estructura Jacobo Arenas, parte de las disidencias lideradas por Iván Mordisco. La operación continúa en desarrollo en la región del Guaviare, donde las Fuerzas Militares mantienen presencia para garantizar la seguridad.

Repercusiones en el conflicto armado

Especialistas en seguridad coinciden en que la neutralización de cabecillas como “Dumar” dificulta la consolidación de corredores de narcotráfico y limita la capacidad de intimidación de estas estructuras. Sin embargo, advierten que el fenómeno de las disidencias sigue representando una amenaza considerable para las comunidades rurales, debido a su rápida capacidad de reacomodamiento.

La operación militar que acabó con la vida de alias “Dumar” representa un paso firme en la lucha contra las disidencias, aunque el desafío persiste. La violencia en territorios estratégicos para el narcotráfico continuará siendo un reto para el Estado colombiano, que deberá sostener sus esfuerzos de control territorial y protección de la población civil.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente tras el ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías asesinados mientras cumplían labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. El mandatario defendió su política de paz, aseguró que no se arrepiente de buscar diálogo con grupos armados ilegales y confirmó apoyo a las familias de las víctimas.

Un ataque planeado con antelación

La estrategia de las disidencias

Según Petro, la emboscada fue producto de una planificación meticulosa por parte de las disidencias al mando de alias “Calarcá”. Los atacantes habían enterrado cilindros explosivos a un metro de profundidad en el punto de aterrizaje del helicóptero que transportaba a los uniformados. Además, habían construido trincheras previamente, lo que indica que el ataque estaba previsto con antelación y no fue un hecho fortuito.

El presidente explicó que en videos grabados por los propios policías se observa cómo la fuerza pública ocupó posiciones defensivas en la zona. Sin embargo, los atacantes habrían anticipado el aterrizaje del helicóptero o incluso interceptado comunicaciones para garantizar el éxito de la emboscada.

Alias Calarcá, en la mira

Las investigaciones señalan a las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Calarcá”, como responsables del atentado. El ataque representó un golpe directo a la Policía Nacional y evidenció la capacidad de fuego y coordinación de los grupos armados en la región.

Compromiso con las víctimas

Apoyo a las familias de los policías

El presidente Petro expresó solidaridad con los familiares de los 13 uniformados asesinados y garantizó acompañamiento del Estado. “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada guerra contra las drogas”, afirmó.

El mandatario señaló que estas muertes son parte de una tragedia continental que refleja los costos humanos de una estrategia que considera fallida. “El mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”, añadió.

La llamada “guerra contra las drogas”

Petro insistió en que el verdadero motor de fortalecimiento de los grupos ilegales no son los diálogos de paz, sino el aumento del consumo mundial de cocaína, especialmente en Europa. Enfatizó que Colombia ha sido la principal víctima de una estrategia global ineficaz, cargando con la mayor cuota de muertos y sacrificios.

Política de paz y lucha contra los cultivos ilícitos

Defensa de la agenda de paz

En su intervención, el jefe de Estado reafirmó: “Nadie debe arrepentirse de buscar la paz”. Defendió los acercamientos con estructuras ilegales como un esfuerzo necesario para reducir la violencia y proteger a la población civil.

Petro enfatizó que su búsqueda de diálogo no debilitó al Estado, sino que respondió a un contexto internacional que alimenta la cadena del narcotráfico. “Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento”, subrayó.

Balance de la erradicación

El presidente también presentó un balance sobre la evolución de los cultivos de coca en Colombia. Recordó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos la cifra se redujo a poco más de 100.000 hectáreas, pero en el gobierno de Iván Duque se disparó a 230.000 hectáreas. Actualmente, el país registra cerca de 250.000 hectáreas.

En contraste, destacó que más de 8.000 familias campesinas se han sumado a programas de erradicación voluntaria, un modelo que el Gobierno impulsa como alternativa sostenible frente a la erradicación forzada.

Un país atrapado en la violencia del narcotráfico

Retos y responsabilidades

El mandatario insistió en que todas las acciones de su gobierno están dirigidas a debilitar a los grupos ilegales y reducir los cultivos ilícitos. No obstante, reconoció que los retos son mayúsculos, dado el poder económico que representa el narcotráfico y su conexión con la demanda internacional de cocaína.

La emboscada en Amalfi no solo evidencia la violencia persistente en las regiones productoras, sino también la necesidad de replantear estrategias que han demostrado ser insuficientes.

El llamado a la comunidad internacional

Petro pidió que la comunidad internacional asuma su parte de responsabilidad en esta crisis, subrayando que Colombia no puede seguir siendo el país que pone la mayor cuota de sangre en una guerra que considera perdida desde hace décadas.

El presidente cerró su intervención insistiendo en que su política de paz es un camino difícil pero necesario: “No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo”.

Una tragedia que reabre el debate

El ataque en Amalfi ha dejado al descubierto la persistencia de la violencia ligada al narcotráfico en Colombia y ha reabierto el debate sobre la efectividad de la política antidrogas. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia y apoyo, el Gobierno insiste en que el diálogo y la transformación rural son las vías más efectivas para romper el ciclo de violencia.

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La diplomática subrayó que la comunidad internacional ha mantenido un consenso sólido y una unidad de propósito en el acompañamiento al proceso de paz colombiano, reconociendo los avances logrados e impulsando acciones que permitan alcanzar, en el menor tiempo posible, una paz estable y duradera. 

“El respaldo de Naciones Unidas y de sus diferentes órganos es una señal clara de que Colombia cuenta con aliados comprometidos con la construcción de un futuro en el que la violencia deje de ser el lenguaje predominante”, dijo.

En su declaración, Zalabata explicó el papel estratégico de la Comisión de Consolidación y Construcción de Paz de Naciones Unidas, un órgano asesor del Consejo de Seguridad que se dedica a apoyar a los Estados en la superación de conflictos y en el fortalecimiento de su institucionalidad. 

Esta comisión, integrada por 31​ Estados miembros elegidos cada dos años bajo un sistema rotatorio, realiza visitas de verificación y acompañamiento en distintas regiones del mundo para promover entornos estables y seguros.

Colombia recibirá a esta comisión entre el 25 y el 28 de agosto de este año, en una agenda organizada por la Cancillería y la Presidencia de Alemania, país que actualmente preside el organismo. 

Durante su estancia, los representantes internacionales se reunirán con representantes del Gobierno nacional, líderes de la sociedad civil y comunidades en territorio, con el fin de conocer de primera mano las realidades locales, las iniciativas comunitarias y los avances en la implementación de la paz.

“La visita permitirá mostrar que Colombia no es un país completamente violento. Hay muchas regiones, comunidades y culturas que viven en paz y que han desarrollado iniciativas sólidas y sostenidas para preservarla. Estas experiencias son tan parte de nuestra identidad como los retos que aún enfrentamos”, enfatizó Zalabata.

La embajadora detalló que la delegación estará conformada por entre 10 y 12 embajadores de diferentes Estados, además de un representante del Secretario General de la ONU, quienes trabajarán junto con las instituciones colombianas para identificar oportunidades de cooperación y reforzar el apoyo internacional.

En su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad por octava ocasión, Colombia ha definido como prioridad llevar un mensaje de paz por la vida y de solución dialogada a los conflictos, promoviendo el diálogo como la herramienta esencial para superar las diferencias. 

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El mandatario precisó que estas conversaciones “deben tener una zona de concentración, unos propósitos sociales en los territorios y unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía, en primer lugar, y con los jueces».

Lo ideal sería que este proceso “pueda dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar, puede alejarse de la violencia y puede construir la paz», indicó.

De acuerdo con el jefe de Estado, “ese acuerdo, si se hace, debe entregarle tierras al campesinado de Córdoba», porque muchas de las haciendas de los antiguos paramilitares están ahora en manos del autodenominado Ejército Gaitanista.

“Entreguen la tierra al campesinado y desmantelemos la economía ilícita, así sea por zonas», demandó el presidente Petro del grupo que acaba de iniciar las conversaciones en el exterior.

El mandatario recordó: “He iniciado ya varias, no me canso de hablar, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno, todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia».

El presidente Petro afirmó que este proceso de diálogo diferente a los del pasado: “Hoy estamos hablando de economías ilícitas, propiamente: cocaína, la más grande quizá. Entonces sobre esto hay que hablar en las mesas de negociación: si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz».​

Proy​​ecto de ley

El jefe de Estado se refirió al proyecto de ley presentado al Congreso de la República, que debe estudiarlo a profundidad, el cual busca elevar ciertos delitos, incluso graves, a la justicia restaurativa.

“Ese proyecto no es más que el mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, cuando Santa Fe de Ralito, aquí cerca, funcionaba como campamento de concentración de los paramilitares», dijo.

Recalcó que esta iniciativa busca verdad, justicia y reparación: “Una verdad que todavía se necesita, incluso de los paramilitares antiguos», pero que sea “toda la verdad, porque se ha quedado una verdad enmochilada por ahí, y ya vemos las consecuencias de enmochilar la verdad».

Y reiteró: “Se han quedado unas tierras enmochiladas, sea porque quedaron en manos de ellos, los paramilitares, sea porque se las robaron los políticos, y entonces no llegaron a las víctimas, que era el propósito de la ley», y también “se ha quedado por tanto enmochilada la reparación»

“Por lo tanto –enfatizó el presidente– sí es cierto que hay que darle un paso final al acuerdo que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe, que yo critiqué, pero que la Corte Constitucional mejoró sustancialmente, y cuando se mejoró extraditaron a los paras».

“Eso sí fue un poco raro, pero hay que terminar ese proceso», resaltó el presidente de la República.

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El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, hizo un reconocimiento a los empresarios que deciden pagar sus obligaciones con la DIAN a través del Mecanismo de Obras por Impuestos.

“Esta figura permite que parte de los impuestos que se pagan a la DIAN se inviertan directamente en la realización de obras o proyectos en 344 municipios Zomac (Zonas más afectadas por el Conflicto) y los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”, explicó Delgado, quien también destacó la voluntad del sector empresarial de apostarle a la transformación del territorio. 

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, Zaida Mosquera, definió el mecanismo como “una herramienta de unión para transformar el territorio”, e invitó a los empresarios de Tumaco a trabajar de manera articulada por las comunidades del Pacífico y Frontera Nariñense.

Asimismo, Juan Pablo Chaparro, gerente de SuperGiros en Nariño, hizo un llamado a los empresarios de la región a vincularse a esta iniciativa: “estamos convencidos de que podemos aportar, con los impuestos que generamos, al desarrollo de nuestro departamento”.

En ese contexto se dio a conocer que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han ejecutado seis proyectos por 70.120 millones de pesos en los sectores de educación y pago por servicios ambientales, beneficiando a Tumaco e Ipiales.

Además, la inversión global en la subregión, ¿desde el inicio del mecanismo en el 2018?, asciende a más de 90.000 millones de pesos en 10 proyectos.

“La prioridad es mejorar la educación, la salud, la infraestructura y los servicios básicos como base para consolidar la paz”, dijo el director de la ART.

Por último, vale destacar que en la jornada participaron delegados de la Gobernación de Nariño y las Alcaldías de Tumaco, Ricaurte, La Tola, Mosquera, El Charco y Roberto Payán.

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A punto de cumplir nueve años de haber llegado a este territorio un grupo de excombatientes de las extintas FARC, viene demostrando con hechos y compromisos que la paz es posible, una construcción colectiva y más no una responsabilidad exclusiva del gobierno.

Al frente de este grupo estaba un hombre curtido en la guerra, el temible comandante conocido con el alias de “Manteco” un jefe militar que enfrentó al Estado desde la edad de quince años y quien hoy algunos llaman Jhoverman Sánchez y otros tantos Rubén Cano, el entiende de las dos formas.

Lejos quedó la historia de “Manteco” y poco a poco se ha ido construyendo otro relato, el del hombre de paz, porque es un hecho que se casó con la paz desde el mismo día que optó por hacer dejación de las armas y comenzar una nueva vida en el marco de la institucionalidad.

Jhoverman Sánchez se concentró inicialmente con sus hombres en la vereda El Gallo en inmediaciones de la represa de Urrá en Tierra Alta Córdoba, pero ante el abandono y los riesgos que corrían allí, en una acción de hecho y bajo su propia responsabilidad se trasladaron a San José de León donde comenzaron a escribir una nueva historia sobre una pista de obstáculos. “La Paz es compleja, difícil, tiene muchos enemigos” Dice.

Allí comenzaron a fundar su propio pueblo, “sobre un lodazal y un pedrero, eran cambuches con plásticos” recuerda hoy la exalcaldesa de Mutatá María Luz Estrada, quien asesora al actual mandato desde la Secretaría de Gobierno.

Tras vencer la desconfianza de algunos lugareños y sectores políticos de la zona, se fueron afianzando con trabajo y compromiso se ganaron la confianza de ambos. Hoy conviven juntos y son ejemplo de fraternidad.

Laboratorio de paz

Al escuchar las historias que se escriben con frecuencia sobre esta comunidad muchos colegios, universidades del país e incluso organizaciones sociales del exterior han venido a realizar pasantías y convivencias con los excombatientes, escuchar de sus propias voces hablar de la experiencia.

Prueba de ello el pasado 18 de mayo, 60 estudiantes de las asignaturas: Cátedra para la Paz y Pedagogía Constitucional, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Centro Regional Urabá, llegaron al lugar con el fin de “Promover espacios de diálogo para la reconciliación, la convivencia y la no repetición del conflicto armado; a través de la implementación de iniciativas que previenen la estigmatización en San José de León” explicaron los académicos, Adriana Jiménez Cifuentes y Fernando Cuesta Vélez, promotores de esta iniciativa.

“Hay mucha desinformación sobre lo que se vive acá en la realidad, es importante que los jóvenes conozcan de primera mano estos procesos, por eso votaron no al plebiscito por la paz, por falta de pedagogía” dijo Jhoverman Sánchez.

Un balance general

El otrora comandante militar Jhoverman Sánchez hizo un balance general de esta transición de la guerra a la paz, manifestó que es positivo que no hayan tenido tantos inconvenientes como en otros espacios de reincorporación, en el tema de violencia no han sido tan afectados, solamente un firmante de paz ha sido asesinado en estos casi nueve años de proceso y otro más muerto por causas naturales, cuando la Fundación Paz y Reconciliación reporta  que entre 2016 y 2024, 432 firmantes de paz han sido asesinados en el territorio nacional.

“Aquí afortunadamente logramos hacernos al predio que ocupamos, pagarlo, construir las viviendas y avanzar con algunos proyectos productivos, tenemos carretera, servicio de energía, proyectos colectivos y familiares, piscicultura, cacao, plátano, maíz, pollos, cerdos y se está cultivando también maracuyá. En total habitamos 122 personas entre parejas, hijos y familiares, explicó.

Sobre las pasantías y convivencias con estudiantes y otros colectivos sociales dijo:

 “Nos alegra mucho que lleguen estos jóvenes porque el futuro del país en todos los temas  que tienen que ver con el desarrollo económico y la paz está en los jóvenes, tenemos que  trabajar  para que ellos se vayan empoderando, conociendo todos estos procesos, porque desafortunadamente la verdad ha estado muy oculta, siempre hemos vivido de muchas mentiras, necesitamos que los jóvenes empiecen a ver qué estamos haciendo y conocer todos estos temas, el proceso que nosotros llevamos porque tengo entendido que los muchachos están interesados en saber  cómo era antes en la guerrilla y cómo es ahora en la paz, vamos a responder a todas sus inquietudes”

¿Jhoverman Sánchez, hace casi nueve años en este mismo lugar usted le dijo al Pregonero del Darién que nunca volvería a las armas, cuál es la respuesta hoy a la misma pregunta?

“Lo dije porque estoy completamente convencido que el mejor camino es la paz, el escenario de la guerra es cuando es la única alternativa que a uno le dejan, tenemos una oportunidad de dar una pelea por las transformaciones políticas que este país requiere y vamos a continuar en lo que estamos haciendo, produciendo comida, alimentación y trabajando de la mano de las comunidades, haciendo caminos y carreteras, me mantengo firme con lo que he planteado que seguiré apostándole a la paz, a la guerra jamás”

Frente a los asesinatos de firmantes de paz, dijo: “Estos asesinatos son muy preocupantes, nosotros éramos conscientes, pero no esperábamos que la cifra fuera tan alta, la paz es muy arisca, en estos procesos de paz terminan asesinando a los firmantes, es un país con un conflicto tan prolongado, con tantos enemigos, con tantas mentiras y muchos rencores, esperamos que ya paren esos asesinatos, porque si no paran vamos a perder la oportunidad de tener un país en paz, porque la gente va a temer que los sigan asesinando, esperamos que esto pare como también la muerte de líderes campesinos”

Esquiva paz

Jhoverman Sánchez también se refirió a la actual frustración del gobierno nacional con la iniciativa de Paz Total y sobre este particular agregó:

“Es bastante frustrante y uno diría que también es culpa del mismo gobierno, que por ejemplo no avanza en la implementación de los acuerdos, hay muchos incumplimientos y uno lamenta que se vaya perdiendo esa oportunidad de construir la paz, uno ve que a pesar del esfuerzo que se está haciendo, los grupos ilegales están en aumento”

Dijo además sentirse tranquilo en Mutatá, pero que eso no significa que no tenga peligro.

“Me siento tranquilo porque es una región que está en calma y no estamos metidos en cosas distintas que trabajar en nuestros proyectos, no solamente con los firmantes, sino con las comunidades en general”

¿Alguna vez Antonio Navarro dijo que era muy difícil vivir en la legalidad, para usted ha sido difícil?

No, para mí no es difícil, no sé por qué lo diría él, sé que hay dificultades, a veces uno se siente, no solamente estigmatizado, sino humillado, pero eso no quiere decir que sea difícil, sabemos que son talanqueras y retos que tenemos que vencer”

A quienes persisten en la guerra y la violencia, Jhoverman Sánchez les dice:

“Que el mejor camino es la paz que estar matándose entre colombianos, así persistan algunas razones políticas que no han desaparecido, suficientes para estar en conflicto pero no es el camino, porque finalmente quienes nos estamos matando somos entre los mismos pobres, los hijos del pueblo, la gente campesina, gente con esperanza, con sueños, con ilusiones, creo  que la forma de reclamar es el cambio, es desde el escenario político, como lo estamos planteando, con las masas no con las armas.

A los políticos que en época de campaña utilizan la guerra, la violencia y la seguridad para conseguir votos les recomienda:

“Que aprendamos hacer política decente, limpia con una causa, comprometida con las comunidades, que no echemos mentiras ni revolvamos la violencia con la política.

También se refirió al deterioro de la carretera que conduce a San José de León y dijo que faltaron 800 metros para culminarla, que un alcalde avanzó en la obra y al salir dejó el proyecto financiado pero que su sucesor no era amigo de estas inversiones en zonas de firmantes de paz y hasta ahí llegó el proceso, que el invierno la afecta mucho, pero ellos con trabajo comunitario también le hacen mantenimiento.

El orden público

Jhoverman Sánchez mostró su preocupación por el deterioro del orden público en regiones de Antioquia como el Bajo Cauca, Anorí e Ituango”

“Preocupa que se pierda la esperanza de vivir en un país en paz, que se pierdan seres humanos, la violencia genera desconfianza, afecta la inversión social.

También dijo que se mantiene firme ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como compareciente, que justamente este 21 de mayo inicia rindiendo testimonios los cuales irán   hasta el 31 de este mes atendiendo sus llamados, “tenemos encuentros con víctimas y ya en junio viene el acto público de reconocimiento” Agregó.

Hablando de justicia restaurativa, allí en san José de León una víctima de mina antipersonal tiene un proyecto productivo y son los firmantes quienes se encargan del proceso y sobre este tema del firmante de paz explicó:

“Nosotros en el marco de la justicia restaurativa entramos en una campaña “Horizonte Seguro” sobre desminado, que incluye asistencia a víctimas. Acá en San José de León estuvimos ayudando a sembrar un cultivo de cacao a una víctima de mina antipersonal y le hemos hecho algún mantenimiento a dicho cultivo, ese compromiso tenemos, estamos listos, no solamente para ayudar a esa persona, estamos prestos como máximos responsables a comparecer ante la JEP y para efectos de la restauración y reconciliación estamos dispuestos a trabajar donde la comunidad nos requiera, no solamente con firmantes”

Finalmente, Jhoverman Sánchez aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro y a su comisionado de paz Otty Patiño:

“Necesitamos políticas claras y compromisos con la paz, no solo del alto gobierno, sino desde los diferentes grupos armados que han querido entrar a un proceso de paz, que debe haber unos compromisos, unas reglas claras, cuando hayan ceses al fuego, cuando hayan conversaciones  sobre qué se va a negociar y porqué ese cese al fuego, para que los ciudadanos apoyemos, pero no una paz que no conocemos los colombianos, el llamado al gobierno que hay unas conversaciones  con unos grupos alzados en armas y no conocemos que es lo que se está tratando”

Jhoverman Sánchez viene demostrando con hechos lo que muchos vienen discutiendo y prometiendo hace años con teorías; con trabajo y compromiso convirtió unos lodazales y pedreros en un laboratorio de paz, hoy al aproximarse a los nueve años de haber firmado la paz y dejado a un lado su fusil, ratifica que la paz es posible, es el camino por pistas de obstáculos que haya que vencer, ratifica una y otra vez que jamás volverá a la guerra.

Las armas por la música

En el espacio de reincorporación de paz en San José de León en Mutatá, hay un hombre que se abre camino entre la comunidad, ya no con un fusil al hombro, sino con su voz y su guitarra, resolvió cambiar la guerra por la música y ya se va encarrilando por este difícil terreno.

Se trata de Arquímedes Álvarez “El Amigo del Pueblo” como lo conocen artísticamente.

“Mi música es parrandera y corridos, soy compositor, cantautor, estoy grabando mi propia música con una disquera de Medellín, toco algunos instrumentos, pero mi fuerte es hacer la voz primera en el canto, tengo una agrupación conocida como “Los Hermanos Jiménez”, llevo 14 canciones grabadas, las pueden escuchar en YouTube, mientras se toman los chorritos y me pueden contactar en los teléfonos: 3106659274 y 3217839808. Ahora están sonando temas como: “La Vida es Corta”, “Vivo mi Vida” y “Me Critican” nos cuenta.

Politécnico Jaime Isaza

La más reciente delegación de estudiantes en llegar a San José de León, fue del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 60 estudiantes acompañados de la llamada institucionalidad, partieron de los municipios de Chigorodó, Carepa y Apartadó para conocer de manera directa lo que allí ocurre, de lo cual hay tanta información y desinformación en el mundo exterior.

El encuentro fue acompañado por funcionarios de instituciones como:

María Aurora Pulgarín – Coordinadora ARN

Juan Guillermo Atehortúa, secretario de Gobierno de Mutatá

María Luz Estrada, asesora de la Alcaldía de Mutatá

La abogada Adriana Jiménez Cifuentes, docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

El abogado Fernando Cuesta Vélez, docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Bhiana Holguín – Profesional ARN

Miladis Córdoba – Profesional JEP

Jiceth Lorena Perea – Profesional JEP

El objetivo de este encuentro fue promover espacios de diálogo para la reconciliación, la convivencia y la no repetición del conflicto armado, a través de la implementación de iniciativas que previenen la estigmatización en San José de León en Mutatá.

Allí los estudiantes conocieron temas como: Pedagogía sobre el Sistema Integral para la Paz, una, una visita guiada al proyecto productivo de firmantes de paz, socialización del mandato de la JEP.

El acto central fue un conversatorio sobre experiencias significativas de reconciliación, convivencia y construcción de Paz en San José de León, bajo la conducción de Bhiana Durlendy Holguín de la Agencia Nacional de Reincorporación.

Fue justamente en este punto de la programación donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de preguntar libremente a los excombatientes sobre una serie de inquietudes sobre los orígenes del conflicto y su estado actual, interrogantes que fueron resueltos por un veterano de las extintas FARC, Javier de Jesús García Santos (Tito) y el propio Jhoverman Sánchez, quien reconoció ante los invitados “que las FARC cometieron actos que jamás se debieron cometer”.

Ojalá este ejercicio permita una aproximación más real para entender la importancia y la complejidad de la paz, de la reconciliación, pero sobre todo de la no repetición.

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En un paso significativo hacia la consolidación de la paz en Colombia, el Gobierno Nacional y el Frente 33 del Estado Mayor Central de las FARC-EP firmaron el «Acuerdo de Catatumbo», estableciendo una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal

El acuerdo, firmado el 3 de mayo en Cúcuta, contempla la creación de una ZUT donde se concentrarán los combatientes y las armas del Frente 33. Esta medida busca facilitar la dejación de armas y avanzar en el proceso de paz en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro anunció este avance a través de sus redes sociales, destacando el inicio de la paz en el Catatumbo.

Marco legal y garantías institucionales

La ZUT se implementará conforme al Decreto 0448 del 17 de abril de 2025 y la Ley 2272 de 2022, que regulan las condiciones de estas zonas. Se garantizará el Estado social de Derecho, el funcionamiento institucional y la participación activa de las comunidades del Catatumbo en las transformaciones territoriales pactadas.

Participación comunitaria y enfoque territorial

La instalación de la ZUT fue resultado de un análisis conjunto entre las partes involucradas, considerando criterios de seguridad, logística, geografía y administración. El acuerdo fue suscrito por representantes del Gobierno Nacional y del Frente 33, incluyendo a Gloria Quiceno Acevedo, Luz Dary Landazury, Genna Calvo, Feliciano Valencia por el Gobierno, y a Jhon Mendoza, Andrey Avendaño, Richard Suárez y Willinton Henao por el Frente 33 EMBF FARC-EP.

Hacia una paz con justicia social y ambiental

Este hito en el Catatumbo se suma a los esfuerzos del Gobierno por poner fin al conflicto armado a través del diálogo, con respeto a los derechos humanos, inclusión territorial y una visión de justicia social y ambiental. La participación de las comunidades en la implementación del acuerdo será clave para garantizar su éxito y sostenibilidad.

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El diálogo entre el Gobierno y Comuneros del Sur entró en otra fase con la entrega y destrucción del primer material de guerra el pasado 5 abril, en Pasto, y con la firma de dos acuerdos que permitirán avanzar en la sustitución de cultivos y en la verdad histórica y dignificación de las víctimas.

Durante el evento en la capital nariñense “Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño”, con la presencia del Presidente Gustavo Petro, el coordinador del Gobierno para los diálogos de paz con Comuneros del Sur, Carlos Erazo, presentó los tres ejes estratégicos que orientan el proceso que avanza en Nariño. 

1. Desescalamiento de las violencias.

“El primer eje es proteger la vida y cuidar a quienes históricamente han sido los más afectados por la guerra”, explicó Erazo. Este eje incluye acciones inmediatas como el desminado humanitario, el fortalecimiento de autoridades indígenas y locales, la búsqueda de desaparecidos, el retorno de comunidades desplazadas y la protección de niños, niñas y adolescentes. También contempla la promoción de una paz cotidiana en los territorios. “El enfoque es claro: aquí no es firmar primero y hacer después. Se trata de acordar y hacer ya”.

2. Transformación territorial.

El segundo eje busca reemplazar las economías ilegales, como la coca o la minería informal, por alternativas sostenibles construidas con las comunidades. “Queremos cambiar las condiciones que han perpetuado la violencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado”, dijo. En esta línea, también se trabaja por la reconciliación con la naturaleza y el reconocimiento de los saberes locales.

3. Transición a la vida civil.

El tercer eje se relaciona con el tránsito de los firmantes hacia la legalidad, con garantías reales de seguridad, justicia y participación. “No hay paz posible si quienes se acogen a este proceso no tienen las condiciones dignas para rehacer sus vidas. Por eso, esta transición se piensa también desde el arraigo comunitario y territorial”, señaló Erazo.

La intervención concluyó con un mensaje directo: “Este proceso se construye con las comunidades, no sobre ellas. Y por eso, más que una mesa de negociación, es una herramienta para que el pueblo del suroccidente tenga futuro y no más guerra”.​

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«En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur, se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están», indicó el mandatario.

En presencia del jefe de Estado, el delegado del Gobierno para los diálogos, Andrei Gómez Suárez, dio lectura al Acuerdo número 6, titulado “Por la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas’. Este compromiso reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en Nariño.

El acuerdo plantea mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Así mismo, promueve el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El segundo acuerdo, el número 7, fue el orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados del departamento. Este pacto, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón como representantes de las partes, fue leído por la delegada del Gobierno para los Diálogos con Comuneros del Sur, Ángela María Robledo.

Con un auditorio repleto de liderazgos comunitarios, mujeres defensoras de derechos y delegados institucionales, Robledo abrió su intervención con un potente mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de paz: “Aquí estamos las mujeres que hemos soportado la paz y que queremos acabar con esta guerra que parecería eterna”.

Durante su discurso, la delegada destacó que este nuevo acuerdo con los Comuneros se centra en la transformación de las economías ilegales que han predominado en varias zonas de Nariño, perpetuando la violencia y dificultando la implementación plena del Estado Social de Derecho. Según cifras presentadas en el evento, los municipios priorizados en esta etapa concentran el 11,07% del total de cultivos ilícitos del departamento.

El acuerdo fija una meta concreta: sustituir, mediante una ruta voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos en diez municipios priorizados: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mayama, Providencia y Huachucal.

La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos ilícitos durante el año 2025. Posteriormente, la fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro y próspero con las comunidades”, enfatizó Robledo.

También subrayó que la hoja de ruta será construida con enfoque territorial e interseccional, teniendo en cuenta la diversidad étnica, de género, generacional y cultural de las comunidades involucradas.

Subcomisión técnica y seguimiento

?El acuerdo establece la creación de una subcomisión técnica encargada de elaborar los protocolos, documentos e insumos necesarios para poner en marcha el proceso de sustitución voluntaria. Esta instancia estará conformada por representantes del Gobierno nacional, los Comuneros del Sur, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros actores regionales y nacionales que hayan aportado al proceso de paz territorial.

Entre sus tareas también estarán acompañar los procesos de divulgación, diálogo y concertación con las comunidades durante todas las fases del acuerdo y validar, con base en estudios técnicos, las líneas de producción alternativa que reemplacen de manera sostenible las economías ilícitas.

Robledo expresó su agradecimiento a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por su disposición a co-construir soluciones desde el territorio. También reconoció el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP-OEA), cuyo respaldo técnico y político ha sido fundamental.

Este esfuerzo estará acompañado por la creación de una subcomisión técnica encargada de construir la hoja de ruta para la implementación del proceso. Esta instancia se encargará de la planificación, el diseño de protocolos, el seguimiento técnico y la articulación institucional, con un enfoque interseccional que incluye consideraciones de género, etnicidad, generación, ciclo de vida y diversidad territorial.

Programa de sustitución

Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que “además de las 5.000 hectáreas acordadas en esta mesa, esta misma semana se lograron pactar 15.000 hectáreas más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también en Nariño, y otras 15.000 en Putumayo, como parte de la misma apuesta por la paz”.

El programa de sustitución que se implementará, indicó Miranda, tiene tres componentes clave:

1. Pagos por erradicación, que sustituyen el ingreso derivado de los cultivos durante el primer año.

2. Cambio de economía, no solo de cultivo: implica transformar completamente la base productiva local.

3. Aseguramiento de la comercialización, para evitar que los productos campesinos se pierdan en las veredas.

“No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa’, subrayó Miranda, al tiempo que destacó experiencias como la del resguardo La Montaña, que ya está apostando por la producción de ají agroindustrial, vijao y la creación de una empresa administrada por el propio resguardo indígena.

«Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño, una propuesta para la paz, porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más básico, que es la paz. Y hoy damos un paso gigante en esa dirección para recuperar ese derecho», concluyó.

Destrucción de armamento

Al final del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur, como parte de los acuerdos.

«Anunció Destrucción de armas. Yo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional», dijo el jefe de Estado.

Desde algún lugar de las montañas del sur del país, respondió el capitán Paz: «Señor Presidente. Capitán Paz Jiménez Víctor, comandante del Grupo Marte de la 5ª División de nuestro glorioso Ejército Nacional. Me presente, señor Presidente. En ese momento me encuentro en este punto con el Grupo Marte, listos para realizar la destrucción de 585 artefactos explosivos, los cuales fueron entregados por el Grupo Armas, organizado Comuneros del Sur a la Consejería Comisionada de Paz en acompañamiento de la OEA’.

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Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro Urrego invitó este jueves al Eln a romper sus vínculos con el narcotráfico, cesar los ataques armados y los hostigamientos a las comunidades en los territorios, y acogerse a los llamados de paz.

“Es el momento de volver a Camilo Torres Restrepo, el sacerdote cuya sotana tengo en mi oficina, y no entregarse a los brazos incestuosos de Pablo Escobar, porque solo habrá muerte’, manifestó el jefe de Estado durante su visita al Centro de Salud Once de Noviembre, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander), donde supervisó los trabajos de infraestructura y la renovación de los servicios médicos disponibles para la comunidad.

Sustitución de cultivos

El mandatario extendió el llamado a la paz a “los campesinos y campesinas: que no siembren matas de hoja de coca, y nosotros pagamos esa sustitución, que es pagarles por erradicar de raíz. Pero ese pago no es solamente lo que pueda valer la mata en el mercado, sino que implica la sustitución por cultivos lícitos’.

Explicó que “cada vez que se siembran matas de hoja de coca –no porque tenga culpa la mata, sino por una medida política que se tomó en el mundo, que es prohibir el derivado de esa hoja, la cocaína– se crea un diferencial de costos y precios tan alto que hay gente que se mata por eso’.

Enfatizó que esa actividad “mata a los hijos de quienes cultivan la mata de hoja de coca y acaba con el territorio. Así no cultive mucha gente la hoja de coca, terminamos bajo los tiros, con los vecinos muertos, o peor, con los hijos muertos en la carretera o en la trocha’.

La sustitución, dijo, es un método para alcanzar la paz, pues “implica que haya educación pública de calidad –incluida la superior– en el territorio, que estos sistemas de salud se implementen en el territorio, que se construyan carreteras, porque si no, no se venden los productos lícitos’.

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