​Con ese propósito, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aseguró $646 mil millones para programas habitacionales, de acueducto y alcantarillado, aseo, economía circular y ordenamiento del territorio que permitan avanzar en el cierre de brechas sociales, económicas y rurales en esta región del país.

De acuerdo con la cartera, de las 50.974 soluciones habitacionales en marcha, con recursos asegurados por $371.018 millones, 12.131 corresponden a mejoramientos de vivienda. Las inversiones comprenden 693 viviendas rurales nuevas, de ellas 504 ya terminadas.

El Ministerio también informó que los recursos comprenden 5.727 subsidios para adquisición de vivienda, de los cuales 5.179 ya han sido entregados.

Además, se han formalizado 32.221 títulos de propiedad predial, así como 73 de 195 subsidios de arrendamiento y 7 subsidios para construcción en sitio propio, afirmó el citado despacho.

Para el componente de agua y saneamiento básico, el Ministerio destinó recursos por $257.371 millones, que han permitido la puesta en marcha de 24 proyectos y el fortalecimiento de 60 organizaciones que accedieron a subsidios comunitarios del agua.

De esos 24 proyectos, seis han finalizado incluidos dos de alcantarillado, dos de conexiones intradomiciliarias y dos de aseo, con recursos por $18.506 millones. Estas obras han beneficiado a 2.946 personas en el centro poblado Galicia de Rionegro, Caucasia, Turbo y Medellín.

Así mismo, están en ejecución otros 18 proyectos en 15 municipios de Antioquia que beneficiarán a 239.308 personas. La inversión es de $234.787 millones. Entre estos hay siete proyectos de acueducto en Arboletes, Entrerríos, La Estrella, Santa Bárbara, Támesis, Venecia y Yarumal, y 10 proyectos de alcantarillado en ejecución.

Entre tanto, en el marco de la Ruta ComuniAgua 60 organizaciones han recibido 905 desembolsos por valor total acumulado de $4.078 millones en 20 municipios, que han beneficiado a 70.182 personas.

​Inversiones e​n Medellín

De otro lado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aseguró recursos por $37.748 millones, de los cuales $35.910 millones estarán destinados para la construcción de 11.084 soluciones habitacionales. Adicionalmente, se los 793 subsidios para vivienda urbana asignados, ya se entregaron 715.

En el componente de agua y saneamiento básico en Medellín, la cartera destinó $1.839 millones para dos proyectos de aseo terminados.

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Con profundo respeto, EPM acompañó la entrega y puesta en funcionamiento del nuevo cementerio de la comunidad indígena Nutabe, ubicado en vereda Los Galgos, municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia. Esta infraestructura hace parte de los compromisos protocolizados durante el proceso de consulta previa adelantado dentro del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

El cementerio fue diseñado mediante talleres participativos de imaginarios, concertados con la comunidad, y cuenta con oratorio, 51 bóvedas, 234 osarios construidos en mampostería, 127 espacios para tumbas en tierra, senderos en material granular, cerramiento en malla eslabonada y zonas de ornamentación. La infraestructura, con un área aproximada de 2.000 m², fue construida por la propia comunidad mediante procesos de contratación desarrollados durante la implementación de los acuerdos de consulta previa.

 El proceso, que alcanzó un hito el pasado sábado 6 de junio con la entrega y puesta en funcionamiento del nuevo cementerio comunitario, se inició en 2017 cuando EPM, a través de Integral S.A., contrató al Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia (LOAF), coordinado por la doctora en antropología y profesora Timisay Monsalve Vargas.

Esta labor incluyó la exhumación, resguardo y posterior traslado de los 183 restos óseos que se encontraban sepultados en el antiguo cementerio de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, en el Occidente de Antioquia, territorio que posteriormente fue inundado durante el proceso constructivo del embalse de la central Hidroituango.

 “Este camino que nos ha traído hasta la vereda Los Galgos, en Ituango, donde hoy se consolida este espacio comunitario en el que la comunidad Nutabe ha venido reconstruyendo progresivamente sus condiciones de vida y permanencia territorial, ha sido plenamente concertado en los términos definidos durante la consulta previa. Lo hemos recorrido cumpliendo la normatividad aplicable y, sobre todo, con profundo respeto por las tradiciones de la comunidad y por la dignidad de los restos óseos que fueron exhumados y resguardados durante todos estos años por el Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia, institución con amplio respaldo científico y técnico para el desarrollo de este tipo de procesos”, expresó Juan Fernando Morales Villa, jefe Ambiental y Social Proyecto Ituango (E).

Con la veeduría Nutabe

Desde el inicio, el diálogo abierto y permanente entre la comunidad Nutabe y EPM fue fundamental para adelantar las labores de exhumación, resguardo y traslado de los restos óseos desde cementerio comunitario de Orobajo hacia las instalaciones del Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia. Este proceso contó con el acompañamiento constante de la comunidad, representada especialmente por Abelardo David, guardia mayor Nutabe, cuya participación permitió mantener la confianza, la trazabilidad y el respeto por las decisiones culturales y comunitarias asociadas al manejo de los restos óseos.

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#UrabáAntioqueño #GasNatural #ServiciosPúblicos

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La jornada se desarrolló en el municipio de San Pedro de Urabá, donde las entidades, en articulación con la administración municipal, llevaron estas ayudas humanitarias a comunidades de los corregimientos Alto Rosario, Pueblito, Las Pavas, El Rayo y Santa Catalina, además de veredas como El Perú, Filo Pancho, San Juancito, Montecarlo, Zumbido Arriba, Zumbido Abajo, Tres Esquinas, Guartinajo, El Tomate, Zapindonga, Arenas Monas, Almendro, y Las Almagras.

Durante la entrega, la gerente regional de Prosperidad Social en Urabá, Diana Patricia Álvarez Torres, destacó que esta acción es resultado del trabajo conjunto entre instituciones: “En la regional Urabá, seguimos unidos ante la emergencia. Gracias a la donación de zapatos por parte de la DIAN y a la articulación con la Administración Municipal de San Pedro de Urabá, hoy seguimos sumando al bienestar de miles de personas que padecieron considerablemente durante la temporada atípica de fuertes lluvias de inicio de año”.

Por su parte, Omar Umanes, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zumbido Abajo y uno de los beneficiarios, expresó su agradecimiento a Prosperidad Social por esta jornada de entregas, destacando que estos paquetes representan un gran apoyo para las comunidades del norte del municipio, que a comienzos de año se vieron fuertemente afectadas por la temporada atípica de lluvias.

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Angustiada la comunidad del barrio Manguruma en el municipio de Frontino ante los avances en la ocupación del espacio público, no saben a quien o dónde acudir ya que nadie parece interesado en resolver el problema que aumenta día a día.

Manguruma es uno de los sectores más dinámicos de la economía local, ante su expansión comercial, residencial y el avance de su zona rosa y lugares de entretenimiento en los últimos años, pero el desorden urbanístico acompañado de la invasión irracional del espacio público, está danto al traste con un desarrollo que puede hacerse planificadamente y respetando los derechos de los ciudadanos, entre ellos el acceso al espacio público y zonas comunes, afirman los ciudadanos en sus frecuentes quejas.

De acuerdo con quienes se oponen a la feria del espacio público en esta zona, uno de los sectores más afectados se ubica entre la carera 34 con la calle 18.

“Lo más grave de todo es que en Manguruma ya se han presentado accidentes de tránsito con saldo de muertos y heridos, los andenes y zonas comunes fueron ocupadas por bodegas, ferreterías, talleres, construcciones ilegales, sin que la Alcaldía Municipal, su Oficina de Planeación, el Ministerio Público o la Inspección de Policía, digan esta boca es mía, se dedicaron a mirar para otro lado y avalar la ilegalidad” aseguran los dolientes de este populoso sector, cuyos nombres protegemos para evitar posibles represalias.

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El Ministerio del Trabajo denunció posibles mecanismos de encubrimiento laboral y graves riesgos para trabajadores y pacientes en hospitales públicos del Valle del Cauca, tras una mesa interinstitucional desarrollada en Cali para revisar los esquemas de contratación en el sector salud.

La jornada fue encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, acompañado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, y la directora de Inspección, Vigilancia y Control, Mayra Alejandra Sánchez.

Durante el encuentro, la cartera laboral presentó los hallazgos derivados de inspecciones adelantadas en el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ y en el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, donde se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con tercerización laboral, contratos sindicales y figuras de agremiación que, según las autoridades, estarían reemplazando vínculos laborales directos.

De acuerdo con el informe oficial, en el Hospital Universitario del Valle fueron detectados procesos de tercerización en áreas estratégicas como vigilancia, aseo, imágenes diagnósticas y servicios renales. Además, se evidenció la vinculación de más de 3.000 trabajadores mediante contratos sindicales suscritos con organizaciones como AGESOC y ASSTRACUD.

“La salud pública no puede sostenerse sobre la precarización laboral ni sobre esquemas que debilitan los derechos de quienes sostienen el sistema hospitalario del país”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

Las inspecciones también dejaron al descubierto deficiencias en infraestructura y seguridad ocupacional. Entre los hallazgos reportados se encuentran filtraciones e inundaciones en áreas de Oncología, mobiliario afectado por humedad, falta de mantenimiento preventivo y posibles falencias en los planes de evacuación.

El Ministerio del Trabajo alertó además sobre denuncias relacionadas con extensas jornadas laborales, disponibilidad permanente sin reconocimiento de horas extras, turnos de hasta 184 horas mensuales y retrasos de varios meses en el pago de incapacidades médicas.

Otro de los puntos más sensibles señalados por la entidad corresponde a riesgos químicos en laboratorios hospitalarios. Según el reporte, trabajadores estarían expuestos a sustancias como formol, xilol y metanol, así como al uso de DAB, un compuesto catalogado como potencialmente cancerígeno, sin las medidas de protección adecuadas.

Como resultado de la mesa interinstitucional, el Gobierno nacional anunció la construcción de un Acuerdo de Formalización Laboral orientado a fortalecer la estabilidad de los trabajadores del sector salud y avanzar hacia modelos de contratación ajustados a la legislación laboral vigente.

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La Empresa de Aseo de Carepa S.A.S. E.S.P., publica los indicadores de Gestión y Resultados correspondientes a diciembre 31 del 2025:

1. Indicadores de gestión y resultados según la res CRA 12/95:

4)Composición de usuarios 2025

En el siguiente cuadro se observa la composición de usuarios por estrato y sector:

7) Costo unitario de recolección y transporte: $ 158.800 por tonelada.

8) Producción promedio de residuos sólidos: Durante el año 2025 se recogió un total de 17.323,07 toneladas de residuos, para un promedio mensual de 1.443,59 toneladas mes.

9) Frecuencia de recolección: 2 veces en el sector residencial y en algunos de los sectores industrial y comercial diariamente.

10) Número de trabajadores por cada 1.000 usuarios: 2,64.

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Con el propósito de mitigar el impacto del paro minero que se registra en el Bajo Cauca, el Gobierno nacional ratificó su compromiso irrestricto con la participación ciudadana y el derecho a la protesta social, garantizando su ejercicio dentro de los principios de la expresión pacífica, democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. 

En ese sentido, tras los avances alcanzados el pasado 21 de marzo en la reunión sostenida con la Mesa Social y Minera del Bajo Cauca, el Gobierno ha adelantado las consultas y gestiones necesarias para dar continuidad al proceso de diálogo orientado a la superación del conflicto en el territorio, conforme a los compromisos previamente acordados. 

De acuerdo con el comunicado del ministerio del Interior, como parte de estos avances, se logró acordar la puesta en marcha de la ruta para la adjudicación de 7.200 hectáreas destinadas a la formalización de la pequeña minería, así como la habilitación de 2.800 hectáreas adicionales, que permitirán en el corto plazo formalizar cerca de 1.000 unidades de producción minera y beneficiar aproximadamente a 10.000 mineros y mineras de la región. 

Asimismo, se priorizará la atención ágil de 128 procesos de formalización minera actualmente en trámite, y se reconoce el avance de más de 2.600 mineros formalizados durante este Gobierno, a través de 32 Unidades de Producción Minera, quienes accederán a los instrumentos de fomento dispuestos por el Estado. 

No a vías de hecho

No obstante, el Gobierno nacional ha sido enfático en que no se restablecerán espacios de diálogo mientras persistan bloqueos y acciones de hecho violentas en la vía hacia Caucasia. 

La instalación de una mesa de diálogo estará condicionada al cese total de todas las acciones de violencia y vandalismo, para garantizar los derechos de movilidad, seguridad y bienestar de la población en general.

De igual manera, el documento indicó que el Gobierno reitera que las autoridades públicas deben actuar dentro del marco de la ley. 

“En consecuencia, no es posible ofrecer la legalización de actividades de mediana y gran minería por fuera de los procedimientos establecidos por la autoridad minera competente, ni comprometer la suspensión de las funciones constitucionales de seguridad y convivencia a cargo de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales”, anotó el comunicado.

Indicó además que “el Gobierno nacional lamenta el surgimiento y escalamiento de expresiones violentas en el desarrollo de las movilizaciones, e insta al movimiento social a desmarcarse de manera clara y contundente de estos métodos, privilegiando las vías institucionales y el diálogo” y reiteró que “mantiene su disposición permanente para escuchar, construir acuerdos y avanzar hacia soluciones sostenibles, siempre en el marco de la ley y el respeto por todos los colombianos”.

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En el barrio El Amparo de Apartadó, EPM inauguró su sede la cual marca un nuevo capítulo en la relación entre la empresa y el territorio urabaense. La edificación, construida en madera, acero y concreto, provenientes de procesos sostenibles, integra en un mismo espacio la operación y la gestión administrativa regional.

Este proyecto, ubicado en un lote de 20 mil metros cuadrados, es una apuesta concreta por fortalecer la atención y el trabajo que EPM desarrolla en Urabá, una subregión donde los servicios públicos han sido clave para el crecimiento de sus municipios.

Además de su utilidad operativa, la sede incorpora un espacio público de 8 mil metros cuadrados, desarrollado alrededor del guadual que ya existía, con senderos ecológicos que invitan a la comunidad a habitar la naturaleza. Este tipo de infraestructuras, que combinan áreas administrativas con espacios verdes abiertos, tienen un impacto social significativo: promueven entornos urbanos más saludables, facilitan la cohesión comunitaria, crean puntos de encuentro seguros y contribuyen al bienestar de quienes los frecuentan.

La comunidad local siguió de cerca el avance de la obra, especialmente las juntas de acción comunal del sector, para quienes esta sede significa más que un edificio. Ovanis Gutiérrez, vicepresidenta de la JAC del barrio El Amparo, recuerda que desde los primeros diseños la participación ciudadana fue decisiva: “cuando se empezó a diseñar todo este proyecto, nos reunimos con toda la comunidad del municipio (…) y de verdad que todos lo aceptamos como esa bendición”.

Para ella, la presencia de EPM en el sector es motivo de orgullo colectivo y una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia hacia los espacios que, ahora, comparten los barrios El Amparo, Los Álamos, Nuevo Apartadó y Los Industriales.

La nueva sede también transforma la manera en que los equipos de EPM trabajan por la región. Jorge Cerezo, gerente de Transmisión y Distribución de Energía, destaca que el mayor impacto está en la dignificación del trabajo técnico y operativo: “eso es lo más importante, la gente”. Hoy, me siento muy orgulloso de estar en esta sede que nos sirve para potenciar todo lo que hacemos (…) desde los proyectos, el mantenimiento de nuestras subestaciones y redes de energía y el servicio para la gente”.

Este espacio contribuye al desarrollo del territorio y al bienestar de la gente, a partir de obras estructurales en el marco del Modelo de Integración Territorial MIT, que apunta a un Urabá con más oportunidades.

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El reporte del incidente lo hacen habitantes de las veredas Caracolí y Miramar cercanos al corregimiento San José de Apartadó, donde  en las últimas horas se cayó el puente colgante que une a Caracolí con la vereda Miramar, Las Playas y otras del sector.

De acuerdo con las denuncia de los líderes comunales en el puente colgante de reventó una guaya de sostén principal. Señalan que por fortuna un grupo de trabajadores que hacía labores de mantenimiento salieron del lugar a almorzar resultando milagrosamente ilesos.

Habitantes de estas comunidades solicitan al señor Alcalde de Apartadó Adolfo Romero, que lo reparen lo antes posible, ya que están en época lluviosa y el paso por el río se verá afectado por las fuertes corrientes del río Apartadó.

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