Los otros servidores a quienes se les abrió investigación son los entonces secretarios de Gobierno, Amaury Quejada Buenaño; de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; de Servicios Administrativos, Yeged Andrea Espinoza David, y el Tesorero municipal, Cristian Mena Valencia.

También son investigados el secretario general para la época de los hechos, Tony Luis Lozano Berrocal; el subsecretario de Contabilidad, Edison Alberto Mosquera Quinto; el jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano, y la funcionaria del área contable y financiera, Kellys Edith Rivas, reveló hoy en Bogotá el periodista, Esneyder Negrete.

Antecedentes

Como se recuerda  el día 15  de  mayo del año 2025 el nuevo gobierno de Apartadó, el que reemplazó justamente el mandato del entonces alcalde Héctor Rangel Palacios, convocó a una rueda de prensa para denunciar lo que se de nominó por ese entonces  como “un atraco público a dicho municipio”

La rueda de prensa  presidida  por el secretario de gobierno, Rubiel Montes denunció un desfalcó en las arcas públicas por 3.554 millones de pesos, delito en los que se veían inmersos varios funcionarios y contratistas.

“El saqueo más grande a los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó, de acuerdo con el mismo funcionario Montes, se ejecutó entre el 21 de mayo del 2024 y el 10 de abril de 2025 cuando se registraron cincuenta transacciones bancarias sin el lleno de los requisitos legales. Simplemente habrían una cuenta y pagaban, sin reserva presupuestal, sin planillas de salud, sin contrato, sin evidencias de ejecución”

Bajo esta modalidad el entonces alcalde de Apartadó giró 2.280 millones de pesos, los dos mandatarios que lo reemplazaron mientras fueron convocadas nuevas elecciones, su secretario de gobierno Amaury Quejada Buenaño giró 319 millones y Sara Moreno 755 millones.

“El 10 de abril mientras el alcalde Adolfo Romero se posesionaba, en la alcaldía estaban haciendo este tipo de pagos” denunció el secretario de gobierno Rubiel Montes, por ese entonces.

El secretario de gobierno explicó en dicha rueda de prensa que también se han hecho pagos dobles y que dichos recursos no han sido reintegrados al municipio, señaló que la información entregada a los medios de comunicación es fidedigna, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

“Los dineros robados corresponden a recursos propios, es decir de los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó,

Beneficiarios

Una de las principales empresas beneficiadas con este tipo de pagos denunciados por la administración de Apartadó es Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S, creada mediante documento privado del 16 de enero de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Apartadó, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2020, inicialmente domiciliada en Turbo, pero trasladada luego a Apartadó y representada legalmente por el señor Diego Andrés Cardona Doria.

Se perdió del radar

Por su parte  el ex-alcalde Rangel Palacios desapareció del mundo político en el cual era bastante activo, se conoció extraoficialmente que fue retenido, vinculado al proceso y puesto en libertad, tiempo después cuando le iba hacer notificada la retención intramural desapareció. Hoy su paradero es un misterio para las  autoridades.

Ocho meses después de hacer públicas estas denuncias la Procuraduría General de la Nación toma cartas en el asunto y vincula a un numerosos grupo de implicados en la investigación disciplinaria, en calidad  de sindicados.

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Se trata de Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de $1.641 millones. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en “Más temprano que tarde caerán los cabecillas del Eln que tanto daño le hacen a Colombia. Nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional, según información de inteligencia, neutralizaron al principal cabecilla del cartel del Eln que delinquía en territorio colombiano», confirmó el ministro Sánchez.

Alias ‘Santiago’ llevaba más de 28 años en ese grupo ilegal, y era considerado el principal cabecilla del frente occidental del Eln que delinque en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

El general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que en la región continúa la ‘Operación Denver’, que comenzó el 4 de enero pasado: durante tres semanas por tierra, río y aire fueron insertadas tropas de Fuerzas Especiales, que iban tras ese objetivo estratégico.

Alias ‘Santiago’ era el responsable de delitos como reclutamiento de menores, narcotráfico, explotación ilícita de menores, secuestro, extorsión, constreñimiento a la población civil y desplazamiento forzado.

Además, a ‘Santiago’ se le atribuye haber ordenado más de diez paros armados y desplazamientos forzados de la comunidades en Chocó y Antioquia, y fue el responsable de 175 acciones terroristas.

Su neutralización “constituye una afectación importante al liderazgo del Eln en el país», consideró el almirante Orlando Grisales Franceschi, comandante (e) de la Armada de Colombia.

De hecho, en su prontuario criminal había varías órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición por narcotráfico, pues según el Director de la Policía Nacional, general William Rincón, alias ‘Santiago’ “articulaba las negociaciones del narcotráfico con los carteles de otros países, era el emisario para el tráfico con los carteles mexicanos».

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En un operativo que se realizó en una bodega del sector de Belén, al occidente de la capital paisa, las autoridades aduaneras aprehendieron un cargamento compuesto por cerca de 40 mil accesorios de audio y video para automóviles, elementos valorados en cerca de 500 millones de pesos.

Entre la mercancía aprehendida se encuentran sistemas de bloqueo, alarmas para vehículos, cámaras de reversa, luces LED, pantallas, altavoces y otros dispositivos electrónicos, que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa aduanera.

El operativo se realizó tras labores de inteligencia, perfilamiento de riesgos y análisis de información, mediante el uso de herramientas tecnológicas de analítica de datos.

La Dian y la Polfa identificaron patrones irregulares que generaron sospecha de ser mercancía de contrabando, y antes de su comercialización se procedió a su inspección.

Las autoridades adelantan actuaciones administrativas y de investigación para establecer la responsabilidad de los propietarios de los elementos confiscados y otros actores de la cadena de distribución de los productos ingresados ilegalmente al país.

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La representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal habrían incurrido en el delito “de Menoscabo de la Integridad Nacional (art. 455 C.P.) al invitar o incentivar a una intervención militar extranjera”

A través de su su cuenta de X, el titular encargado de la cartera de Justicia Andrés Idárraga, aseguró que “no es opinión: es un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”.

El artículo 455 del Código Penal colombiano, al que hace referencia el ministro Idárraga, establece: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”.

De acuerdo con Idárraga, “la autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”.

“Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, concluyó.

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“Con valentía y disciplina nuestras tropas sostuvieron 563 combates en todo el territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia. Desarrollamos operaciones conjuntas de alta precisión, ajustadas a la ley, respetando los Derechos Humanos y aplicando estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, las cuales dejaron como resultado la neutralización de 13.971 integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel», dice el informe del almirante Francisco Cubides, comandante General de las Fuerzas Militares, publicado en su red social X.

Los principales logros que destaca el documento son:  

– 430 menores recuperados del reclutamiento forzado.

– 12.415 integrantes de estos grupos capturados.

– 763 individuos sometidos a la justicia.

– 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares.

– 85 personas se entregaron de manera voluntaria.

“Estos resultados estratégicos son producto del fortalecimiento de la inteligencia, la correcta aplicación de la doctrina, el cumplimiento riguroso de la ley, el ajuste permanente al planeamiento operacional y la integración efectiva de capacidades conjuntas. Pero, sobre todo, son fruto de la valentía y compromiso de nuestros Soldados, Marinos y Aviadores, quienes defienden con entrega absoluta la soberanía, la seguridad y el bienestar de cada colombiano», dijo el almirante Cubides.

Las afectaciones por estructura criminal durante 2025 fueron:

* Clan del Golfo: 1.806 integrantes neutralizados:

* GAO-r Estado Mayor Central – alias Iván Mordisco y GAO-r Estado Mayor de los Bloques y Frentes – alias Calarcá: 1.279 integrantes neutralizados.

* Eln: 433 integrantes neutralizados.

GAO-r Segunda Marquetalia: 361 integrantes neutralizados.

El Comando de las Fuerzas Militares aseguró que con estos resultados “una vez más demostramos la efectividad y la legitimidad de las Fuerzas Militares de Colombia, garantes de la protección de la población civil, la seguridad de la Nación y de sus activos estratégicos».

El Comando agrega que “Con honor, valor y cohesión continuaremos protegiendo la gobernabilidad, debilitando las capacidades de la amenaza, fortaleciendo nuestras capacidades y cumpliendo la misión constitucional que nos ha sido confiada para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, así como también brindar mejores condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo integral a los colombianos».

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En un vídeo divulgado en las redes sociales de la entidad, la funcionaria advierte que puso en conocimiento de la opinión pública “el desarrollo de un conjunto de acciones deliberadas, coordinadas, orientadas a intimidarme e incidir en las decisiones pendientes en las distintas investigaciones que están en curso en la entidad con relación a presuntas conductas de colusión del Servicio de Prestación de Vehículos Blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el presunto incumplimiento de instrucciones en las visitas adelantadas en el marco de esta actuación».

Rusinque explicó que tuvo conocimiento de la información desde el pasado 13 de noviembre, en presencia de uno de sus asesores, por “un reconocido abogado penalista del país» quien le advirtió “sobre la existencia de una estrategia encaminada a manipular mi capacidad de decisión sobre los pronunciamientos de fondo que están por venir en esa investigación».

La estrategia en su contra, dijo la funcionaria “hasta ahora se ha ejecutado con notable precisión, y que consistiría en desplegar una serie de ataques coordinados, destinados a proyectar la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal y arbitraria a través de un asedio jurídico y mediático que incluiría acciones disciplinarias y penales».

Dijo que con dichas acciones pretenden instrumentalizar el aparato judicial del país para desviar la atención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a las investigaciones en curso “sugiriendo que la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para requerir información que reposa en teléfonos móviles, computadores u otros dispositivos que guardan relación con la actividad empresarial de los agentes del mercado que son sujetos a inspección».

La superintendente asegura frente a una publicación de prensa que “se enfoca de manera malintencionada y exclusiva en exponer la posición de los investigados, así como en resaltar la supuesta ausencia de facultades legales de la SIC para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control a través de visitas administrativas».

Incluso, destaca que el artículo de prensa recoge la opinión del exjefe de la SIC, Pablo Felipe Robledo, “que siendo una persona que discrepa profundamente de nuestro proyecto político, haya recordado con contundencia que este asunto fue resuelto hace varios años por la Corte Constitucional, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado y por los tribunales que han examinado la legalidad de las actuaciones de la SIC en esta materia».

La superintendente añadió que, de fondo, lo que se pretende es “viciar la capacidad institucional de la SIC, reduciéndola a una entidad de papel carente de eficacia real en la regulación de los mercados».

Agrega que se trata de un asunto “de la mayor gravedad» teniendo en cuenta que hace unos meses su esquema de seguridad fue objeto de seguimiento e intento de ataque armado por motocicletas de alto cilindraje con parrillero cerca de su domicilio, situación que fue advertida en dos ocasiones a la UNP.

Y concluyó: “Quiero invitar a la ciudadanía a mantenerse alerta, a respaldar a las instituciones, a ejercer un juicio crítico, informado, y a no dejarse confundir por la desinformación» para evitar que la corrupción no tenga cabida, y los mercados estén al servicio de interés general».

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De acuerdo con el ministerio de Defensa Nacional, los bienes estaban “al servicio de los carteles del Eln, el Clan del Golfo y la estructura delincuencial Cordillera, en nueve departamentos del país».

“Cada inmueble, cada vehículo y cada activo recuperado es un golpe directo a las finanzas del narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el lavado de activos y el homicidio. Defender la vida también es cerrarle el camino al dinero ilegal», anotó el comunicado.

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Este golpe, según el ministerio de Defensa, debilita –de manera directa– las finanzas ilegales y protege un ecosistema vital para Colombia, así como logística criminal de estructuras al servicio de alias ‘Marlon’, jede de las disidencias de alias “Mordisco” en esta parte del país, con un impacto económico estimado en 648 millones de pesos, evitando, además, una renta ilegal mensual superior a 1.600 millones de pesos.

De acuerdo con la cartera de Defensa, “este resultado también protege el río Cauca, sujeto de derechos, al evitar el vertimiento de mercurio y cianuro que destruyen el agua y la vida».

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“La mayor parte de los mandos, seis en total, del EMC narco, han sido capturados. Se pide a la ciudadanía mayor información sobre alias Marlon, cabeza principal de las estructuras armadas», dijo.

El mandatario anunció que se comunicará con los mandos del Ejército en la zona “para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos» y reiteró que “en Valle del Cauca no fracasa la Paz, la Paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia».

En su escrito, el presidente recordó que “he extraditado a ‘Pipe Tuluá’, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas» y denunció que en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) existe un centro que “se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la cocaína».

“Por años, el señor alias ‘Pitufo’, que la fiscalía extrañamente no imputó, y perdí mi esfuerzo por capturarlo, maneja con influencias policiales y políticas el contrabando. Si el poder político sigue atado al contrabando, pues sigue atado al negocio de la cocaína. La fiscalía que tenía todas las pruebas con el fiscal Andrés Marín, debe retomarlas y actuar», insistió.

Para el presidente Petro es evidente que “los mayores causantes de muertes en Cali/Palmira/Jamundí, son las bandas delictivas y la ausencia en la ciudad de Cali de fuertes medidas redistributivas tal como lo enseñó el estudio estadístico del DANE sobre pobreza extrema».

De hecho, manifestó que “Riohacha, Barranquilla y Cali son las únicas ciudades capitales de Colombia donde aumentó la pobreza extrema».

En la publicación, el mandatario aseguró que el narcotráfico en el Valle del Cauca “desde hace décadas, por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora».

“El dinero que se lava en el Valle se convierte en complejos procesos de urbanización que la fiscalía debe investigar», aseguró el presidente Gustavo Petro.

Recordó que su Gobierno ha “logrado un sólido proceso de control del puerto de Buenaventura e incautado más de 300 toneladas de cocaína en el océano» y reiteró que “la ley privatizó los puertos de Colombia y eso impide los mayores controles que se deberían hacer».

“La mayor parte de cocaína no ha salido en lanchas sino en mercantes. Aún no funciona el radar de Gorgona en manos colombianas. Es una obligación con la Paz del occidente de Colombia hacerlo», enfatizó.

Por esta razón, el mandatario se refirió a que es necesaria la cooperación para controlar el mar, y reiteró que “logramos recuperar el Plateado, después de lustros de control mafioso armado, y se desarrollará por sustitución y erradicación de cultivos».

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Coluegos expidió  el siguiente  comunicado explicando el bloqueo  de un portal dedicado a la promoción de apuestas  ilegales, en su lucha  por la defensa de los recursos de la alud de los colombianos: “Coljuegos se permite informar a la opinión pública que, desde el año 2021, durante la administración del expresidente Iván Duque, el portal www.expressen.se fue incluido en el listado de sitios web denunciados por esta entidad por la promoción de apuestas no autorizadas en el territorio nacional.

Dicha solicitud de bloqueo se realizó conforme a lo contemplado en el artículo 38 de la Ley 643 de 2011, modificado por Ley 1753 de 2015, artículo 93, parágrafo 3, en donde se establece que:

“Los administradores del monopolio, las autoridades de inspección, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional podrán hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, páginas de Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes”.

De otro lado, es importante señalar que Coljuegos no cuenta con información oficial que confirme si el medio de comunicación mencionado opera bajo otros dominios distintos al aquí referido.

Asimismo, se precisa que, aunque el portal permanece registrado dentro del listado de más de 34.100 sitios denunciados, actualmente su bloqueo solo se encuentra activo por parte de los Prestadores de Servicios de Internet (PSI) Hughesnet, Movistar y Tigo.

Coljuegos reafirma su compromiso con la legalidad y el control del ecosistema de juegos de suerte y azar en Colombia, en defensa de los recursos destinados a la salud de los Colombianos” concluye el prununciamiento del presidente de  la entidad, Marco Emilio Hincapié Ramírez.

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