En el mismo trino, el mandatario dijo: “Puede ahí mirar quién disparó los cultivos de hoja de coca en Colombia. Lo que llaman ‘hacer trizas la paz» es en realidad un relanzamiento del narcotráfico en el país”. 

Y agregó que “Nosotros hemos detenido ese avance y logramos comenzar la desnarcotización de Colombia”. 

En informe en mención, titulado Contención de zonas de coca (“Containment of coca crocs”) compara las hectáreas de coca sembradas durante el gobierno de Iván Duque, de 2018 a 2022 (89.467 +69%), con las del gobierno de Gustavo Petro, de 2022 a 2025: 39.898 +16%. 

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Alimov arribó a Colombia en un vuelo de Turkish Airlines y pretendía continuar su itinerario hacia Cartagena cuando fue interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el trámite de extradición.

De acuerdo con la investigación judicial, el ciudadano ruso es requerido por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para secuestrar o asesinar personas en el extranjero, suministro de apoyo material y financiación de actos terroristas. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas que oscilan entre 15 años de prisión y cadena perpetua.

Según las autoridades estadounidenses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente reconocidas en Europa. 

La investigación señala que habría transferido cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagos de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo, además de facilitar información técnica y apoyar el reclutamiento de otros implicados.  Uno de sus presuntos cómplices fue capturado en marzo de 2025 en Nueva York.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura fue posible gracias a la cooperación internacional y al intercambio oportuno de información. 

“La articulación entre países permite detectar y neutralizar amenazas antes de que ingresen al territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia y de la región”, afirmó.

Este resultado ratifica el compromiso del Estado colombiano con la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional, así como con el cumplimiento de los acuerdos de cooperación judicial y migratoria a nivel internacional.

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De acuerdo con el brigadier general César Augusto Martínez, comandante de la Brigada 13 del Ejercito Nacional, en el allanamiento a un inmueble que funcionaba como taller clandestino, fueron hallados elementos para la fabricación de armas hechizas, munición de diferente calibre y explosivos, además de abundante material de guerra.

En la operación militar participaron el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la Dijín y se contó con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

En la acción fueron capturadas dos personas que harían parte del autodenominado ‘frente de guerra urbano nacional comandante Camilo Torres’, del proscrito GAO ‘Ejército de Liberación Nacional’.

Según el Ejército, el inmueble funcionaba como centro de adecuación y ensamblaje de artefactos explosivos, destinados presuntamente a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en la capital del país.

Durante el procedimiento fueron incautados: más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, armamento de diferente tipo, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, granadas de fragmentación, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

“Este resultado representa un golpe directo a las capacidades terroristas del Eln en entornos urbanos, frustrando posibles acciones violentas y debilitando su capacidad de afectar la seguridad y el orden público en Bogotá”, aseguró el general Martínez.

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La Policía Nacional de Colombia, en un operativo conjunto con autoridades portuarias y organismos de cooperación internacional, logró incautar 500 kilos de clorhidrato de cocaína en dos contenedores que provenían del puerto de Callao, Perú, y tenían como destino Asia y Centro América.

“Con esta operación le estamos cumpliendo con dignidad a la seguridad de Colombia. Nuestros hombres y mujeres trabajan día y noche para proteger el comercio legal, blindar las fronteras y garantizar que el delito no tenga espacio en nuestros puertos”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

La operación se llevó a cabo en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, y evitó que media tonelada de estupefacientes ingresara a circuitos criminales internacionales, financiando economías ilegales responsables de violencia, corrupción y desestabilización social en distintos países del mundo.

Este resultado es parte de la estrategia integral contra las economías ilícitas y el multicrimen, orientada a proteger las fronteras, blindar el comercio legal y garantizar que Colombia no sea utilizada como plataforma para actividades delictivas.

La Policía, en un comunicado de prensa, expresó su compromiso firme contra el crimen transnacional y reiteró que seguirá trabajando sin descanso para que cada acción operativa represente un paso más hacia un país más seguro.

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Hace cinco años, tanto las víctimas como  empresarios del proyecto portuario Pisisí, celebraron con bombos y platillos la firma de un acuerdo conciliatorio que ponía fin a  años de litigio de tierras en esa zona y la importancia del dialogo para  dirimir conflictos. Hoy la verdad sale  a flote. Los empresarios simple y llanamente le hicieron conejo a las víctimas y ahora deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. fue presentada contra el representante legal de la sociedad portuaria Teófilo Lemus, y el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, quienes reclaman el cumplimiento de un acuerdo de reparación firmado hace cinco años.

Las víctimas son campesinos acreditados del conflicto armado por hechos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo (Antioquia), relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduaro Cubides, y el secretario del Concejo Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.

Estos hechos han sido reconocidos por el Estado colombiano a través de la Unidad de Restitución de Tierras, Juzgado Primero de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los predios despojados, hoy destinados al proyecto Puerto Pisisí de Urabá, fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, pese a que actualmente figuran a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. Mediante decisiones judiciales de restitución, se ordenó una compensación por equivalencia que, a la fecha, no ha sido cumplida en su totalidad.

Además, el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento en el que la empresa se comprometió a entregar tierra rural, vivienda, proyectos productivos, crear una empresa asociativa y pagar tres salarios mínimos mensuales por núcleo familiar, compromisos que no han sido ejecutados.

“Han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas. Por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia”, afirmó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

Por su parte, las víctimas aseguran haber agotado todas las vías de diálogo sin obtener respuesta. “Fuimos engañados para llegar a un acuerdo que nunca se cumplió. Exigimos que se respete la memoria de quienes ya no están y los derechos de quienes seguimos esperando reparación”, señaló Vanderley Quintero, representante de las víctimas.

Desde la Fundación Forjando Futuros reiteraron su disposición al diálogo y su respaldo al desarrollo del proyecto portuario, siempre que se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas.

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La estrategia está focalizada en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y Sur de Bolívar, para someter a los Grupos Armados Organizados (GAO) y a las economías ilícitas que se lucran del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, destacó el alto oficial.

El Ministerio informó a su vez que gracias al trabajo conjunto de la Armada y la Fuerza Aérea, se han fortalecido las capacidades de articulación interinstitucional. Además, se ha logrado contribuir con el control del territorio mediante una respuesta rápida, que ha permitido proteger a la población civil y neutralizar las estrategias de la amenaza permanente.

Según MinDefensa, este trabajo articulado logró la incautación de dos toneladas de clorhidrato de cocaína a bordo de un buque mercante de la naviera CMA-CGM, a más de 60 millas náuticas de Santa Marta. Agregó el citado despacho que la activación oportuna de los protocolos permitió interceptar el cargamento ilícito sin afectar la continuidad de la operación comercial del buque. En la operación, que duró 18 horas y con base en el trabajo de inteligencia naval que detectó la contaminación del buque que cubría la ruta Cartagena – España, se hallaron 81 bultos en un contenedor, cargamento avaluado en más de 200 millones de dólares.

Los recientes resultados contra el narcotráfico evidencian un aumento en la contaminación de buques mercantes en altamar. La Armada colombiana ha fortalecido su relacionamiento con otros actores del sector marítimo para optimizar los protocolos de seguridad y proteger la actividad lícita en el mar. La Fuerza Naval del Caribe mantiene un esfuerzo sostenido por la seguridad marítima y fluvial, en coordinación con las navieras internacionales que sostienen el comercio mundial a través del uso seguro de las líneas de comunicación marítimas, destacó el Ministerio. 

En el desarrollo del Plan Estratégico, en lo corrido del mes de enero se produjo también la desarticulación de estructuras peligrosas, como la ‘Comisión 34’ y la ‘Jhonier Arenas’. Con un saldo de 543 capturas y la incautación de miles de municiones y explosivos, destacó el general López Barreto, comandante general de la Fuerzas Militares de Colombia.

En esta dinámica “hemos neutralizado objetivos de alto valor y capturas clave. Destacamos la detención de alias ‘Santiago’, cabecilla principal del ELN en el occidente del país. Asimismo, se logró la caída de alias ‘Polo’, responsable de la logística de las disidencias de ‘Mordisco’ en el departamento de Amazonas, y hombre de confianza de su seguridad”.

En cada operación y resultado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. las Fuerzas Armadas de Colombia afectan las finanzas de los criminales que usan ese dinero para afectar la seguridad del país, concluyo el Comandante General de la Fuerzas Militares de Colombia.

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De acuerdo con el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano “este resultado representa la mayor incautación de cocaína registrada en la historia de Portugal, reafirmando la efectividad de la cooperación internacional y el trabajo articulado entre autoridades y agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico”.

Según se indicó la operación conjunta permitió la interceptación de un submarino artesanal que, al parecer, habría zarpado desde costas colombianas con destino a mercados internacionales y que transportaba el alcaloide. Así mismo, fueron capturados tres ciudadanos colombianos y uno venezolano.

“Este resultado demuestra que la cooperación internacional salva vidas y debilita de manera real las economías criminales. Con Dignidad Cumplimos y estamos plenamente alineados en contra del narcotráfico, enfrentándolo sin fronteras, con inteligencia, determinación y respeto por la legalidad. No permitiremos que estas estructuras sigan expandiendo su violencia y su daño al mundo”, manifestó el director general de la Policía colombiana.

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Los otros servidores a quienes se les abrió investigación son los entonces secretarios de Gobierno, Amaury Quejada Buenaño; de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; de Servicios Administrativos, Yeged Andrea Espinoza David, y el Tesorero municipal, Cristian Mena Valencia.

También son investigados el secretario general para la época de los hechos, Tony Luis Lozano Berrocal; el subsecretario de Contabilidad, Edison Alberto Mosquera Quinto; el jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano, y la funcionaria del área contable y financiera, Kellys Edith Rivas, reveló hoy en Bogotá el periodista, Esneyder Negrete.

Antecedentes

Como se recuerda  el día 15  de  mayo del año 2025 el nuevo gobierno de Apartadó, el que reemplazó justamente el mandato del entonces alcalde Héctor Rangel Palacios, convocó a una rueda de prensa para denunciar lo que se de nominó por ese entonces  como “un atraco público a dicho municipio”

La rueda de prensa  presidida  por el secretario de gobierno, Rubiel Montes denunció un desfalcó en las arcas públicas por 3.554 millones de pesos, delito en los que se veían inmersos varios funcionarios y contratistas.

“El saqueo más grande a los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó, de acuerdo con el mismo funcionario Montes, se ejecutó entre el 21 de mayo del 2024 y el 10 de abril de 2025 cuando se registraron cincuenta transacciones bancarias sin el lleno de los requisitos legales. Simplemente habrían una cuenta y pagaban, sin reserva presupuestal, sin planillas de salud, sin contrato, sin evidencias de ejecución”

Bajo esta modalidad el entonces alcalde de Apartadó giró 2.280 millones de pesos, los dos mandatarios que lo reemplazaron mientras fueron convocadas nuevas elecciones, su secretario de gobierno Amaury Quejada Buenaño giró 319 millones y Sara Moreno 755 millones.

“El 10 de abril mientras el alcalde Adolfo Romero se posesionaba, en la alcaldía estaban haciendo este tipo de pagos” denunció el secretario de gobierno Rubiel Montes, por ese entonces.

El secretario de gobierno explicó en dicha rueda de prensa que también se han hecho pagos dobles y que dichos recursos no han sido reintegrados al municipio, señaló que la información entregada a los medios de comunicación es fidedigna, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

“Los dineros robados corresponden a recursos propios, es decir de los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó,

Beneficiarios

Una de las principales empresas beneficiadas con este tipo de pagos denunciados por la administración de Apartadó es Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S, creada mediante documento privado del 16 de enero de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Apartadó, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2020, inicialmente domiciliada en Turbo, pero trasladada luego a Apartadó y representada legalmente por el señor Diego Andrés Cardona Doria.

Se perdió del radar

Por su parte  el ex-alcalde Rangel Palacios desapareció del mundo político en el cual era bastante activo, se conoció extraoficialmente que fue retenido, vinculado al proceso y puesto en libertad, tiempo después cuando le iba hacer notificada la retención intramural desapareció. Hoy su paradero es un misterio para las  autoridades.

Ocho meses después de hacer públicas estas denuncias la Procuraduría General de la Nación toma cartas en el asunto y vincula a un numerosos grupo de implicados en la investigación disciplinaria, en calidad  de sindicados.

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Se trata de Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de $1.641 millones. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en “Más temprano que tarde caerán los cabecillas del Eln que tanto daño le hacen a Colombia. Nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional, según información de inteligencia, neutralizaron al principal cabecilla del cartel del Eln que delinquía en territorio colombiano», confirmó el ministro Sánchez.

Alias ‘Santiago’ llevaba más de 28 años en ese grupo ilegal, y era considerado el principal cabecilla del frente occidental del Eln que delinque en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

El general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que en la región continúa la ‘Operación Denver’, que comenzó el 4 de enero pasado: durante tres semanas por tierra, río y aire fueron insertadas tropas de Fuerzas Especiales, que iban tras ese objetivo estratégico.

Alias ‘Santiago’ era el responsable de delitos como reclutamiento de menores, narcotráfico, explotación ilícita de menores, secuestro, extorsión, constreñimiento a la población civil y desplazamiento forzado.

Además, a ‘Santiago’ se le atribuye haber ordenado más de diez paros armados y desplazamientos forzados de la comunidades en Chocó y Antioquia, y fue el responsable de 175 acciones terroristas.

Su neutralización “constituye una afectación importante al liderazgo del Eln en el país», consideró el almirante Orlando Grisales Franceschi, comandante (e) de la Armada de Colombia.

De hecho, en su prontuario criminal había varías órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición por narcotráfico, pues según el Director de la Policía Nacional, general William Rincón, alias ‘Santiago’ “articulaba las negociaciones del narcotráfico con los carteles de otros países, era el emisario para el tráfico con los carteles mexicanos».

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En un operativo que se realizó en una bodega del sector de Belén, al occidente de la capital paisa, las autoridades aduaneras aprehendieron un cargamento compuesto por cerca de 40 mil accesorios de audio y video para automóviles, elementos valorados en cerca de 500 millones de pesos.

Entre la mercancía aprehendida se encuentran sistemas de bloqueo, alarmas para vehículos, cámaras de reversa, luces LED, pantallas, altavoces y otros dispositivos electrónicos, que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa aduanera.

El operativo se realizó tras labores de inteligencia, perfilamiento de riesgos y análisis de información, mediante el uso de herramientas tecnológicas de analítica de datos.

La Dian y la Polfa identificaron patrones irregulares que generaron sospecha de ser mercancía de contrabando, y antes de su comercialización se procedió a su inspección.

Las autoridades adelantan actuaciones administrativas y de investigación para establecer la responsabilidad de los propietarios de los elementos confiscados y otros actores de la cadena de distribución de los productos ingresados ilegalmente al país.

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