Por considerarla de interés público, El Pregonero del Darién publica íntegra la carta del hasta hoy rector de  al Universidad  de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, tras renunciar a  dicho cargo.

El hoy ex rector, advierte que defenderá su nombre y hace graves aseveraciones que han llevado a la actual crisis de la universidad pública, denuncia como le han violado el debido proceso, además de explicar como desde su elección “unas minorías  con poder comenzaron el bloqueo institucional”

Carta completa:

Mientras cursaba cuarto grado de bachillerato, unos vecinos le pidieron a mi mamá que me dejara acompañarlos a la Universidad de Antioquia. Ese primer encuentro con la Alma Máter permanece intacto en mi memoria. En 1982 pasé a la carrera de Medicina Veterinaria y, después, aquí mismo, cursé la Maestría en Medicina Tropical. Desde octubre del año 2000 he sido profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, unidad académica en la cual ejercí como decano entre los años 2016 y 2017, y también fui investigador y director del Centro de Investigaciones Pecuarias; posteriormente me desempeñé, durante nueve años, como director de Regionalización y, en diferentes periodos, estuve al frente de otras dependencias como la Dirección de Bienestar y las vicerrectorías de Investigación y General.

Ese recorrido, que tiene a la vera mi profundo amor y admiración por esta universidad pública, no estuvo mediado simplemente por el azar ni fue el resultado de algún privilegio de clase: mi papá fue bombero y mi mamá, ama de casa; crecí en el barrio Manrique, en Medellín, viendo cómo florecía un intenso activismo social y, también, con cierta inquietud, observando a lo lejos esta Ciudad Universitaria. Después fue emocionante descubrir aquí la convergencia de aquel sentido crítico de la época, del conocimiento como un bien común y del bienestar y crecimiento de los universitarios como un objetivo institucional. Las aulas de esta Universidad, como pocas, han delineado, acogido e mpulsado los planes de vida de miles y miles de personas que, con tanta incertidumbre, apenas podíamos contemplarlas desde la distancia.

La Universidad de Antioquia y la comunidad que la conforma han sido hogar y familia, el lugar de mi proyecto de vida. Ha sido, por tanto, una institución a la que le debo ¡todo!: respeto, gratitud, dedicación, solidaridad y compromiso ético. Puedo decir con franqueza, y sin más pretensiones que las de cualquier universitario o universitaria que asume con lealtad su compromiso con la Universidad de Antioquia, que esos valores forjados en la propia institución fueron determinantes en mi designación como rector en el año 2018. Este reconocimiento del Consejo Superior Universitario, y su reiteración para los períodos 2021-2024 y 2024-2027, se dieron bajo las normas y procedimientos institucionales establecidos en el Estatuto General y, por supuesto, en el marco de la autonomíauniversitaria.

En el curso de estos tres periodos como rector, la Universidad ha enfrentado complejos esafíos: en 2018 y 2019 vivimos y respaldamos una potente movilización por la financiación de la universidad pública; hicimos frente a momentos críticos dentro de nuestros espacios, con graves amenazas a estudiantes y docentes; luego, en marzo de 2020, llegó la pandemia por la covid-19 y la suspensión de actividades presenciales, lo que nos obligó a buscar alternativas rápidas y pertinentes para continuar con los semestres académicos y maniobrar financieramente para garantizar la estabilidad laboral de miles de profesores, empleados y contratistas, y la permanencia de nuestros estudiantes en Medellín y en las regiones de Antioquia.

Esta comunidad, con espíritu crítico y social, hizo también eco del denominado «estallido social», donde la institución no fue ajena a las circunstancias e impactos del momento. Posteriormente debimos asumir los desafíos pospandémicos: económicos, sociales, tecnológicos, educativos, en salud mental y en el restablecimiento de confianzas, compromisos y dinámicas. A las necesarias transformaciones y reconfiguraciones derivadas de las denuncias sobre violencias basadas en género, le siguieron, posteriormente, las complejas tensiones, visiones e intereses políticos propios de una reconfiguración democrática de país que también ha venido atravesando el entorno universitario.

Pese a todos esos desafiantes «nudos» en el curso de los tres periodos rectorales, las acciones e indicadores institucionales —siempre determinados por el compromiso y respaldo de la comunidad universitaria— siguen evidenciando que esta «dirección del funcionamiento general de la Universidad» —una de las 23 funciones establecidas para el cargo de rector— ha podido mantener el prestigio investigativo institucional; su valoración social; la acogida en cada semestre de un alto número de aspirantes y admitidos a los programas de pregrado y posgrado; el compromiso con la equidad, la inclusión y la permanencia; la proyección internacional; la valiosa presencia regional en los campus y comunidades de Antioquia y del país; y, pese a las contingencias económicas, son evidentes los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, formulado antes de mi rectoría para el periodo 2017–2027, un plan altamente ambicioso y que no consideró suficientemente la deficitaria proyección financiera. Sobre estos avances y sobre la manera como hemos asumido aquellos retos, es ampliamente elocuente la Acreditación Institucional que, ¡hace apenas dos años!, elactual Gobierno nacional otorgó a la Universidad. Se trata de una Acreditación de Alta Calidad, en modalidad Multicampus y con vigencia de diez años, determinada bajoestándares y procedimientos de las mismas autoridades nacionales, y tras un largoproceso de autoevaluación y evaluación por pares nacionales e internacionales.

Tensiones políticas 

Llevar en el espíritu a esta Universidad y actuar en coherencia con ella implica entenderla y asumir la responsabilidad de liderarla como ese «paraíso complejo» que la signa. Como lo he sugerido en un párrafo anterior, tras mi tercera y legítima designación rectoral por parte del Consejo Superior Universitario, las tensiones políticas y sus naturales expresiones e intereses en diversos actores y grupos internos y también externos, trenzaron un ambiente inusual en una institución que se ha honrado por el criterio y el respeto del otro, y que se ha preciado de resistir las dinámicas partidistas o electorales que eventualmente la acechan desde afuera. La desinformación, la retórica parcializada, las bilis personalistas que se sobrepusieron al criterio institucional y la evidente polarización de fuerzas ideológicas, económicas y políticas han logrado confeccionar un velo ensombrecedor y, por momentos, asfixiante de los valores que esta institución ha consolidado por décadas, así como de su autonomía universitaria, reputación, sentido de pertenencia y del aprecio y valoración de la sociedad en general.

Todo ese patrimonio social, alcanzado por la inteligencia, el compromiso y hasta la vida de tantas personas que nos antecedieron, está hoy siendo amasado y estropeado por unos pocos. Alguien, bellamente, ha señalado que «no se puede ser un líder eficaz si se intenta ser alguien que no se es». Hacerle frente durante más de siete años en el cargo de rector a aquellos desafíos implica firmeza, contención, respeto por el otro, lealtad de grupo, respaldo colectivo y cuidado institucional. También implica conservar la prudencia en el actuar, expresada en silencios que en mi caso han sido objetados y cuestionados, pero que de fondo han procurado mediar con diplomacia entre las aguas revueltas, buscando «lo mejor para la Universidad». Ese rasgo de mi personalidad y liderazgo me ha llevado, para bien o para mal, a enfrentar individualmente señalamientos y juzgamientos, que he preferido asumir y tramitar silenciosamente, antes que reconvertirlos en motivos o factores que tensen aún más los conflictos, solo para escudar mi nombre en una cacería tan fácil como insulsa de responsabilidades pasadas y presentes.

Mucha presión

El tercer y último periodo al frente de la rectoría ha estado sorteado por el intento permanente de limitar mi gestión rectoral. Entre los mecanismos y circunstancias que han caracterizado esta situación resalto los rezagos de un proceso de designación especialmente atípico y enfrascado, como nunca, en una polarización de fuerzas políticas —internas y externas—; un estructural problema financiero agudizado por los retrasos en transferencias y la reducción de la contratación de servicios con la Universidad; el desarrollo por parte del CSU de un proceso de evaluación de mi gestión como rector usando, (in)convenientemente, un modelo de evaluación que se llevó a cabo de manera irregular y se comunicó de manera desacertada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía; y, luego, el establecimiento de medidas preventivas y de vigilancia especial por parte del MEN, lo que incluyó la inspección «in situ».

Como lo he señalado, la coyuntura financiera de la Universidad, con profundas raíces estructurales de más de dos décadas, ha significado un desafiante momento de mi rectoría. Aun así, junto con los órganos de gobierno comenzamos la tarea de implementar medidas de austeridad, diversificación de fondos, estudios y propuestas en cambios normativos, así como la modificación en la estructura financiera para contener una situación que podría ser aún más crítica. Estas acciones, entre otras, permitieron la reducción de gastos, y el cumplimiento de los compromisos de salarios y honorarios con empleados, docentes y contratistas.

Pese a estos esfuerzos, desde julio del 2025 el MEN tomó una serie de medidas que, a mi juicio, más que acompañar y orientar las tareas ya emprendidas por el Consejo Superior, el Consejo Académico, la Rectoría y otras directivas académicas, se suscribieron en la desconfianza sobre una gestión que, sin embargo, como lo han evidenciado y reportado los órganos de control desde 2018, ha sido transparente y ajustada a la legislación colombiana y a las normas internas de la institución.

La Universidad y el equipo rectoral hemos dado respuestas legales y administrativas a cada uno de los requerimientos y momentos de la inspección «in situ», convencidos de que nuestras actuaciones están acordes con la normatividad y se desarrollan en consonancia con la autonomía que a la Universidad le otorgan la Constitución y la ley.

Laúltima decisión, que contempla mi reemplazo del cargo de rector, comunicada con una llamativa estrategia mediática justo el 30 de diciembre —cuando toda la comunidad universitaria se encontraba en vacaciones colectivas— se sustenta en una supuesta intervención de mi parte para entorpecer la inspección y deja en el espacio público, difundidas de manera subrepticia —como ha ocurrido desde que se instaló la inspección — afirmaciones tan delicadas como que existen nóminas paralelas, presupuestos falsos y manejos inadecuados de los recursos públicos que transfiere la Nación, todo sin que se citen o registren con precisión las evidencias que soportan tales afirmaciones.

42 años de historia

Hace 42 años he pertenecido a esta Universidad y, como lo he reconocido, sé de su complejidad, pero principalmente de su grandeza. El extraño e injusto momento que hoy enfrenta el devenir institucional, que mediante titulares populistas y calculados los sectores en tensión buscan esconder tras la fachada del «salvamento», ha implicado en lo personal y familiar profundas confrontaciones y afectaciones. Hoy, como nunca, se pone en tela de juicio mi condición de universitario ético y comprometido con esta institución que tanto he amado y a la que le he entregado, podría decirse, mi pulso entero.

No me cabe duda y lo digo con franqueza: he cometido desaciertos, y cada vez que se presentaron, los comuniqué y actué con entereza sobre ellos, enmendando lo que correspondiera y avanzando sobre la experiencia. Sin desaciertos, pero sobre todo sin aprender de ellos, es inconcebible un liderazgo o direccionamiento institucionalresponsable. Es este un momento muy complejo de la vida institucional, pero también un momento que ha producido un creciente e incesante impacto en mi vida personal. Y allí convergen sentimientos que se repelen: de un lado, el profundo compromiso que siento de seguir contribuyendo a la protección y conservación de la estabilidad de esta Universidad, a la defensa de su autonomía y al mejoramiento de todo aquello que la ha hecho grande.

Pero de otro lado, una afectación personal que ha llegado a su límite. Cada vez es más difícil tramitar las múltiples formas de bloqueo institucional que aquellos minoritarios pero poderosos actores se empeñan en desplegar desde el mismo día en que mi nombre resultó favorecido por las mayorías que participaron en la consulta a los estamentos universitarios y por los votos que ratificaron finalmente ese resultado en el CSU. Cada vez es más difícil proteger a la Universidad en medio de una batalla socialmente torpe pero políticamente muy decidida, de liderazgos sociales, institucionales y aún gubernamentales, por el control de la Universidad.

Mi formación y mis preferencias solo me permiten estar con la idea de una universidad pública y autónoma, es decir, una «universitas» en la cual esos y otros poderes e ideas pueden confrontarse libremente, en el marco de unas reglas básicas y preestablecidas; una casa de todos a la cual ninguno de esos poderes puede atrapar para su propio beneficio, so pena de su transmutación en otra cosa. Esta idea de Universidad ha sido puesta en cuestión a instancias, triste e irónicamente, de autoridades, personas y grupos que dicen defenderla.

Mi renuncia como rector

En consecuencia, he decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia, a partir del 16 de enero del 2026, al Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución que me designó y que, en el marco de la autonomía universitaria y los procedimientos establecidos en el Estatuto General de nuestra Universidad, es la instancia encargada de elegir a quien ostente este cargo. Dejo expresa constancia de que esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección «in situ». Considero que la decisión del MEN de imponer mi reemplazo es ilegal, arbitraria e injusta, dadas las siguientes razones que son motivo igualmente de esta renuncia.

En primer lugar, hay una vulneración de la autonomía universitaria (art. 69 de la Carta Política) y desviación de poder, pues las medidas adoptadas han mutado de una legítima vigilancia a una co-administración de facto, aspecto que se hizo aún más evidente con el reciente anuncio de mi reemplazo; además, el Ministerio ha utilizado facultades de inspección para intervenir en la voluntad del gobierno universitario, supeditando decisiones técnicas a la aprobación subjetiva de un funcionario externo, vulnerando el núcleo esencial del autogobierno.

En segundo término, el contenido del «Informe preliminar de vigilancia especial», del 1 de diciembre del 2025, incurre en falsa motivación al imputarme responsabilidades por un déficit que es estructural y sistémico. El informe pretende derivar responsabilidad penal y disciplinaria (pág. 84) de hechos que son consecuencia directa de la desfinanciación estatal (Ley 30 de 1992) y no de una gestión negligente. Señalar al rector como responsable de la crisis financiera, mientras el Estado históricamente ha incumplido con el flujo de recursos necesario, es un argumento falaz que atenta contra mi buen nombre y contra la verdad.

El tercer motivo es la Ilegalidad de la Resolución 025421 del 29 de diciembre del 2025. La decisión de «reemplazar» al rector bajo el amparo de la Ley 1740 de 2014 carece del sustento fáctico exigible. Como consta en mi respuesta al requerimiento 2025-EE-368021 del 16 de diciembre del 2025, los supuestos «incumplimientos» de la Matriz de Seguimiento son obligaciones de imposible cumplimiento por parte de la Rectoría, ya que dependen de la voluntad política y presupuestal de los aportantes externos. Imponer el reemplazo del representante legal basándose en indicadores que la propia administración nacional bloquea al no girar los recursos oportunamente, vicia de nulidad el acto administrativo por ser contradictorio y arbitrario, situación que se evidenció el 31 de diciembre cuando el Gobierno nacional anunció el giro de 70 000 millones de pesos para «garantizar, por voluntad política, el rescate financiero de la Alma Máter».

El problema fundamental es de estructuración financiera de las universidades estatales, tal como lo he advertido reiteradamente y desde hace ya años, en la universidad y en diversas instancias formales e informales, regionales y nacionales. Además, la situación del «rescate» anunciado súbitamente indica que la decisión de removerme del cargo es desproporcionada (innecesaria), pues existían otras vías para intervenir la situación —financiera— determinante —esa sí— de la crisis.

En cuarto lugar, hay una evidente ruptura del debido proceso y la seguridad jurídica. La imposición de condiciones administrativas y financieras por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, sin agotar los términos de contradicción de los informes preliminares, constituye una «vía de hecho administrativa». No puedo convalidar con mi permanencia un proceso donde se me ha juzgado de antemano, limitando mi capacidad operativa y sometiéndome a un escrutinio que ignora las realidades de la Universidad. Todo indica que a través del acto de reemplazo difundido el 30 de diciembre, el MEN consolidó una ruta y un objetivo trazados desde el momento en que dispuso la vigilancia y allanados con los comportamientos y decisiones adoptadas, en especial: la de removerme del cargo de rector para el que fui designado de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa universitaria, y, con ello, asumir el control de la Alma Máter.

En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.

Mi entera gratitud, respeto y afecto de corazón: a quienes me acompañaron con transparencia y convicción en el equipo rectoral, a las y los integrantes de los consejos académico y superior, a los empleados, profesores, estudiantes, egresados y aliados institucionales que durante estos tres periodos me respaldaron, contribuyeron a sostener la grandeza de esta Alma Máter y confiaron en mi liderazgo. También, mi reconocimiento a quienes con el respeto que nos ha enseñado esta Universidad, con altura académica y propositiva, asumieron una postura crítica y honesta frente a mi actuar, manifestando sus reparos siempre de manera frontal pero decididamente humana, respetuosa y responsable con la institución.

En el ámbito institucional reitero, como lo he señalado en múltiples ocasiones, la urgencia de que la comunidad universitaria reestablezca un ejercicio de diálogo entre los diferentes actores, grupos y representaciones; que subordine los mandatos e incentivos políticos y cálculos internos y externos, para poner a la Universidad, su cuidado, prestigio y, fundamentalmente, a la autonomía universitaria en el centro de una discusión razonada, ética y pragmática.

“En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.”

Carta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general/John Jairo Arboleda Céspedes • Profesor de la Universidad de Antioquia.

(Fotos/UdeA)

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El Ministerio de Educación, en el marco del proceso de inspección y vigilancia, establece una nueva medida: El reemplazo del rector Jhon Jairo Arboleda por hasta 1 año y el nombramiento del profesor Héctor García, de Medicina, cómo rector encargado.

Dicha medida hace parte de un procedimiento administrativo de carácter progresivo, preventivo y proporcional, adelantado por el Ministerio con el propósito de salvaguardar la sostenibilidad institucional y garantizar la adecuada prestación del servicio público de educación superior.

En este contexto, el acto contempla el reemplazo por un período inicial de hasta un (1) año, prorrogable por una sola vez, conforme a la evolución de la situación administrativa y financiera de la institución y a la verificación del cumplimiento de las medidas ordenadas.

De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, esta decisión administrativa no produce efectos jurídicos mientras no se surta la notificación personal al interesado. Por tal razón, el procedimiento se encuentra actualmente en etapa de notificación, la cual se adelanta a través de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, conforme a los procedimientos legales establecidos.

Con la citación para notificación personal se remite copia del acto administrativo y se comunica oficialmente también al Consejo Superior Universitario. Hasta tanto no se surta la notificación personal, el procedimiento no puede considerarse concluido ni la decisión puede entenderse ejecutoriada.

El Ministerio reitera que todas las actuaciones adelantadas se realizan en estricto respeto de la autonomía universitaria y tienen como finalidad proteger la sostenibilidad institucional y salvaguardar los derechos de la comunidad universitaria.

Cualquier información adicional será comunicada exclusivamente por los canales institucionales una vez se hayan agotado las etapas legales del procedimiento administrativo en curso.

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“Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos invitado a Colfuturo a presentar propuestas de reinversión de los 18 millones de dólares que hoy permanecen en cuentas bancarias y fiducias, para beneficiar a una nueva corte de doctorantes en el país. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido una respuesta por parte de esta entidad”, dijo la ministra este lunes en declaración a medios.

La titular de la cartera de Ciencia indicó que de acuerdo con la información financiera de Colfuturo, los 18 millones de dólares mencionados son provenientes de reintegros y rendimientos financieros en el programa Crédito Beca para fortalecer las capacidades científicas propias al servicio del desarrollo del país.

“Los recursos se encuentran en fiducias y cuentas bancarias a nombre de esta entidad privada, y nuestra posición como gobierno, como Estado, ha sido muy clara: los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes y del sistema educativo nacional, no inmovilizados en cuentas financieras”, subrayó Olaya.

Agregó que una parte de esos recursos cubre compromisos de los estudiantes activos, pero otra parte está disponible para nuevas decisiones de política pública en el marco del programa Crédito Beca.

“Estamos cumpliendo los compromisos y transformando un modelo para que los recursos públicos tengan mayor impacto social, territorial y científico”, manifestó.

Durante años la formación avanzada estuvo signada por un modelo limitado, concentrado territorialmente, con baja participación de poblaciones étnicas, rurales y de regiones priorizadas, y con una clara predominancia de programas de maestría frente a la formación doctoral.

El país heredó un esquema sustentado en el Conpes 3862 (2016–2025), que comprometió 698.246 millones de pesos con un único operador privado, dejando recursos legal y presupuestalmente comprometidos hasta 2025.

Este Gobierno honró plenamente ese compromiso, garantizando la continuidad de todas las cohortes y el giro oportuno de los recursos, sin desfinanciar ni incumplir ninguna obligación.

Sin embargo, las cifras evidenciaron las limitaciones del modelo heredado: en 19 años solo el 0,98% de los beneficiarios pertenecía a población afrodescendiente y el 0,24% a población indígena. Además, más del 50% de los apoyos se concentraron en tres departamentos y apenas cerca del 7% correspondieron a formación doctoral.

Inversión pública estratégica

Frente a este panorama el Gobierno del Cambio tomó una decisión para impulsar la formación doctoral no como un privilegio, sino una inversión pública estratégica.

Bajo el liderazgo de la ministra Yesenia Olaya Requene se implementó desde 2023 un Modelo Integral de Formación de Alto Nivel, financiado directamente por el Estado, con enfoque territorial, étnico, de género y socioeconómico, y articulado con las prioridades nacionales de desarrollo.

Entre las principales bondades del modelo en ciernes se resalta el otorgamiento de becas doctorales sin endeudamiento, sin codeudores, con financiación completa, descentralizado y mecanismos de inserción laboral posdoctoral.

Asimismo, con la estrategia de MinCiencias se ha garantizado un impacto territorial equilibrado, destinando el 54% de los apoyos a departamentos históricamente con menos oportunidades, como Cauca, Córdoba, Bolívar, Valle, Sucre, Nariño y Chocó.

Este nuevo modelo ya muestra resultados concretos. La Convocatoria 933 de 2023, cuya inversión asciende a 119.000 millones de pesos, desarrollada en alianza con Icetex, apoyó a 309 beneficiarios en todo el país, con financiación completa de hasta 388 millones de pesos por estudiante, cubriendo matrícula, sostenimiento y proyectos de investigación. El 85% de los beneficiarios fueron mujeres y 124 pertenecieron a grupos étnicos, reflejando un cambio real en el acceso a la formación doctoral.

De igual forma, la Convocatoria de Maestrías del Pacífico respondió a una apuesta de justicia territorial, beneficiando a 75 personas, en su mayoría mujeres y población afrodescendiente, y llevando la formación avanzada a territorios históricamente excluidos. Estas acciones demuestran que el conocimiento también se construye desde las regiones y para las regiones.

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De la misma manera, los estudiantes de primer curso aumentaron en 13.639, alcanzando la cifra de 46.951 matriculados en 2025-2, con un crecimiento del 40,9%. Este dato es significativo porque evidencia que cada vez más jóvenes colombianos están accediendo por primera vez a la educación superior en instituciones públicas cercanas a sus territorios.

“El mejor reconocimiento que podemos tener como Gobierno es saber que ustedes han hecho lo que nos comprometimos hace unos pocos meses. No fue mucho tiempo, más bien muy rápidamente lograron disponer a todos sus equipos, disponer su voluntad», afirmó el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, al destacar el trabajo de las instituciones que conforman la red.

Uno de los logros más significativos de la RedTTU ha sido su expansión territorial. En dos años y medio, estas instituciones pasaron de tener presencia en 108 municipios a 570, lo que representa un crecimiento del 427,8%.

Esta estrategia ha sido especialmente efectiva en los municipios priorizados por su importancia estratégica para el desarrollo regional, donde la cobertura creció de 38 a 195 municipios (413,2%).

“Pasamos de las primeras líneas de la calle a las primeras líneas del presupuesto. Tener en la primera línea a la educación como el eje de desarrollo de nuestro país, que es el mayor orgullo de quienes somos hijos de la educación pública», señaló el viceministro.

Los resultados, por capítulos regionales de la Red, demuestran que el crecimiento ha sido inclusivo y equitativo.

La región Caribe lidera el crecimiento relativo con un aumento del 117,8% en matrícula total, pasando de 12.913 a 28.119 estudiantes. En primer curso, el incremento fue del 130,2%.

El Eje Cafetero alcanzó 95.929 estudiantes matriculados, con un crecimiento del 30,4%. El primer curso aumentó 77,6%.

Por su parte, la región Pacífico creció 34,8%, llegando a 42.220 estudiantes, fortaleciendo las oportunidades en una de las regiones históricamente más excluidas del país. Centro Oriente registró 47.709 estudiantes, con un incremento del 24,6%.

Los programas universitarios concentran el 54,4% de la matrícula (116.259 estudiantes), programas tecnológicos el 32,6% (69.812 estudiantes) y programas técnicos profesionales el 13% (27.906 estudiantes).

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Arropados por el murmullo del Río León a su paso por el corregimiento de Puerto Girón en Apartadó, encontramos hoy a un grupo de niños y niñas participando de un programa de lectura y fortalecimiento de su formación integral.

La educación llega a los lugares más apartados de la región en desarrollo de programas institucionales como este que adelanta la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia.

Jair Peralta, promotor  del programa Divermentes para la región de Urabá, dijo que se trata de una estrategia  que  tiene dicha Caja para atender el Programa de Jornada de Educación Complementaria del Ministerio de Educación Nacional que busca fortalecer la formación integral en los territorios, en asistencia educativa publica del País.

“En Urabá atendemos todos los municipios,11, tenemos cuatro modalidades que hacen parte del proceso, lectura, escritura, deportiva y formación artística y cultural.

Hoy estamos en Puerto Girón, contamos con la participación de unos 38 niños y niñas en el programa, todos del grado séptimo y estamos  con la modalidad  de lectura, escritura y oralidad, el penúltimo encuentro de este año, ya que la próxima semana terminamos y haremos el cierre oficial” dijo el promotor  del programa en Urabá.

Justamente esta mañana el director regional de Comfenalco Antioquia, Osman Mora Guisao, pasó revista a este programa en Puerto Girón.

“En el encuentro de hoy  trabajamos la oralidad  con la temática de las profesiones, cuáles son las profesiones que más atraen a los niños” Explicó.

Desde el programa Divermentes, nosotros tenemos una estrategia de lectura donde a los niños les compartimos unas bitácoras que van acompañadas de préstamos de libros, algunos cuentos que a los niños les gustan, pero aparte de eso la misma Caja de Compensación tiene otras estrategias como es el paradero de libros que tiene alrededor de 300 ejemplares que los niños pueden utilizar en calidad  de préstamo para  que no solamente los niños  sino toda la comunidad tengan acceso a dichos libros.

Hoy nos acompaña la gestora de lectura del programa Divermentes que también es muy cercana  con todo lo que tiene que ver  con la biblioteca y estamos haciendo un recorrido por el Paradero de Libros para ver cuáles ejemplares la comunidad quiere leer  y que otros libros debemos gestionar. Divermentes es un programa que atiende todo Antioquia, estamos en  casi todos los 125  municipios del departamento, en cada región y cada región tiene su promotor” concluyó el señor Jair Peralta.

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La Facultad de Inteligencia Artificial de Zipaquirá será un espacio físico y virtual creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con actores estratégicos y que estará bajo la administración de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle, con el propósito de liderar el desarrollo, uso y apropiación de la inteligencia artificial en Colombia, con proyección regional hacia América Latina y el Caribe.

En lo social, la Facultad busca democratizar el acceso al conocimiento en inteligencia artificial, de manera que jóvenes, investigadores, emprendedores y ciudadanos puedan participar activamente en la construcción de soluciones a problemas reales. Esto se traducirá en mayor inclusión digital, formación en competencias de alta demanda y reducción de brechas de acceso a las tecnologías emergentes.

La inversión en el proyecto asciende a 131 mil millones de pesos por parte de MinTIC y 12 mil millones de pesos más entregados por el ministerio de Educación. Recursos destinados a la construcción de la obra y posterior dotación de los espacios educativos.

Los contratos de construcción de obra y de interventoría iniciaron formalmente el 5 de septiembre de 2025 y se estima que la entrega del moderno edificio se de en diciembre de 2026, convirtiéndose en un espacio que no solo concentra infraestructura de última generación, sino que también impulsa procesos de innovación y transformación en los ámbitos social, económico y educativo.

Con este proyecto, se generan condiciones para que la inteligencia artificial sea un motor del progreso regional y nacional, acercando a las comunidades a las oportunidades de la cuarta revolución industrial, y en lo educativo garantizar que la Facultad sea un referente en formación especializada, con programas diseñados para responder a las necesidades del país y

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El Senado de la República aprobó en plenaria el proyecto de ley que transforma el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y respaldada por el presidente Gustavo Petro. Con este paso, la propuesta pasa a la Cámara de Representantes, donde se definirá su futuro legislativo.

Una nueva fórmula para la educación superior

Ajuste histórico en la financiación

Durante más de tres décadas, los presupuestos universitarios dependieron del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que generó un desajuste creciente entre la demanda de educación y los recursos disponibles. La reforma sustituye ese mecanismo por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un cálculo más acorde con las necesidades del sector.

Este cambio permitirá que los recursos de universidades, instituciones técnicas y tecnológicas crezcan en sintonía con los costos reales, garantizando mayor estabilidad presupuestal. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que con este ajuste se empieza a cerrar una brecha histórica en la educación pública, incluyendo a sectores que por años fueron marginados.

Meta del 1 % del PIB

El proyecto establece que la inversión en educación superior pública crecerá progresivamente hasta alcanzar el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta medida representa un giro frente a intentos anteriores que fracasaron y busca consolidar un modelo más sólido para garantizar gratuidad y calidad en el acceso a la educación.

Transparencia y participación ciudadana

Veedurías para vigilar los recursos

La propuesta incorpora la creación de veedurías ciudadanas, con acompañamiento de la Contraloría General de la República, para supervisar el uso de los fondos asignados. De esta manera, se pretende fortalecer la transparencia y la confianza en la gestión de los recursos destinados al sector educativo.

El presidente Gustavo Petro celebró el resultado como un avance de largo aliento, destacando la labor de los movimientos estudiantiles y el respaldo del Frente Amplio y el Pacto Histórico en el Senado.

Un consenso nacional por la educación

El Ministerio de Educación subrayó que esta reforma es fruto del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, un consenso político y social que coloca la educación en el centro de las prioridades del país. El objetivo es garantizar no solo estabilidad financiera, sino también mejores condiciones académicas y laborales para estudiantes, docentes y personal administrativo.

El papel de los estudiantes en la reforma

Décadas de movilización estudiantil

El nuevo modelo de financiamiento es también resultado de años de movilizaciones juveniles que marcaron hitos como las protestas de 2011 y 2018, cuando los estudiantes exigieron más inversión, infraestructura adecuada y matrículas asequibles.

Estas luchas sociales permitieron que la educación pública se consolidara como tema central de la agenda nacional. Ahora, con esta aprobación en el Senado, se materializa parte de esas demandas históricas.

Próximo paso en la Cámara de Representantes

El proyecto deberá superar dos debates más en la Comisión VI y en la plenaria de la Cámara de Representantes. Si se aprueba sin necesidad de conciliación, pasará directamente a sanción presidencial, lo que representaría un triunfo definitivo para el movimiento estudiantil y para el futuro de la educación pública en Colombia.

El país se encuentra ante una reforma que no solo ajusta cifras, sino que redefine la manera en que la sociedad concibe y financia su educación, con un modelo más inclusivo, transparente y sostenible.

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El departamento del Chocó marcará un hito en su historia al contar, por primera vez, con un programa de Medicina en la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH). La aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional representa un avance trascendental en materia de educación superior y salud para una de las regiones más olvidadas del país.

Una apuesta por la equidad educativa

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció que la decisión responde a un mandato presidencial orientado a garantizar el acceso a programas de calidad en zonas históricamente marginadas. Chocó se suma a La Guajira y próximamente a Soacha como territorios donde se implementarán facultades de Medicina, con el objetivo de democratizar el conocimiento y fortalecer el derecho fundamental a la salud.

La primera cohorte estudiantil

La UTCH abrirá el programa con 30 estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de formarse en su propio territorio. Además, realizarán prácticas en centros médicos estratégicos de la región, lo que les permitirá adquirir competencias ajustadas a las realidades del sistema de salud local. Esta iniciativa busca que los futuros médicos no solo se formen técnicamente, sino que también comprendan los retos sociales y culturales del Pacífico colombiano.

Impacto en la salud pública del Chocó

El programa de Medicina de la UTCH ha sido diseñado para responder a las necesidades particulares del departamento. Su objetivo central es contribuir a la reducción de los índices de mortalidad y fortalecer la capacidad de respuesta frente a enfermedades y emergencias sanitarias en la región.

Formación contextualizada

La propuesta curricular incluye un enfoque que integra la medicina con el contexto local, garantizando que los nuevos profesionales estén preparados para atender de manera efectiva a las comunidades chocoanas. La salud pública se beneficiará con médicos formados desde y para el territorio, quienes podrán brindar soluciones adaptadas a los desafíos del Pacífico.

Una universidad en proceso de transformación

La Universidad Tecnológica del Chocó atraviesa actualmente un proceso de inspección y vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación. Estas medidas buscan combatir la corrupción interna y mejorar la eficiencia institucional, asegurando que la nueva facultad de Medicina se consolide sobre bases sólidas de transparencia y calidad académica.

Retos y oportunidades

El reto para la UTCH será garantizar la sostenibilidad del programa, fortalecer la infraestructura hospitalaria y mantener altos estándares de formación. Al mismo tiempo, la oportunidad radica en convertir al Chocó en un referente regional de educación médica, generando impacto positivo en la calidad de vida de la población.

La aprobación de este programa constituye un paso histórico para el Chocó. Por primera vez, el departamento podrá graduar a sus propios médicos, formados en su territorio y comprometidos con las necesidades de su gente. Este avance refleja no solo una apuesta por la educación, sino también un compromiso real con la dignidad y el bienestar de una región que durante décadas ha sido marginada.

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En el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha logrado la mayor inversión en educación en la historia del país, llegando a 79,2 billones en 2025; más oportunidades para la primera infancia, básica y media, con un aumento de $17,8 billones en el Sistema General de Participaciones.

Formación integral para más de 700 mil niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo sus trayectorias de vida a través del arte, cultura, el deporte, la ciencia, tecnología e innovación, lectura, escritura y oralidad, educación ambiental y la educación socioemocional, entre otros.

La política de gratuidad Puedo Estudiar permitió que la cobertura de matrícula gratuita llegara al 97%, pasando de 597.000 estudiantes en 2022 a 902.000 en el primer semestre de 2025.

Mayor acceso a la educación superior con estrategias como ‘Educación Superior en tu Colegio’, en 500 establecimientos educativos de 200 municipios, donde se construyen hoy los sueños de miles de jóvenes colombianos.

Infraestructura

Colombia avanza en un programa histórico de infraestructura educativa superior, con una inversión de $1,47 billones entre 2023 y 2025. Es la primera vez que se destina un presupuesto específico para fortalecer instituciones de educación superior, con prioridad en los territorios más olvidados.

Infraestructura para la paz y la vida, con más de 8.755 ambientes educativos construidos o mejorados en los 32 departamentos del país en zonas urbanas y rurales, beneficiando a 435.171 beneficiarios.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha tenido un incremento de presupuesto a $2,47 billones en 2025. Reducción de comida industrializada y aumento de alimentos preparados en sitio. Por primera vez en la historia se entregaron 2,5 millones de canastas alimentarias en recesos escolares y se abrió la operación del PAE a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Reconocimiento a la labor docente, con una evaluación justa que permitió el ascenso de más de 80 mil maestras y maestros.

Ampliación de grados en escuelas rurales: con la estrategia SIMES (Sistemas Integrados de Educación Media y Superior), más de 5.400 jóvenes de 20 territorios ya cursan grados de media en sus propias veredas, gracias a la ampliación de la oferta educativa, la creación de 545 nuevos cargos docentes y una inversión superior a $41.000 millones que fortalece tanto a los colegios como a los maestros.

Un Sistema Educativo Indígena Propio que salda una deuda histórica con los pueblos indígenas de Colombia y reafirma su compromiso con un Estado pluriétnico y multicultural.

Una historia de logros

En los139 años de existencia del ministerio se han escrito capítulos que marcaron la vida del país: la Ley 39 de 1903 que incrementó significativamente el presupuesto educativo; la creación del ICFES en 1968; la consolidación de las Pruebas Saber en 2009 para diferentes niveles educativos; la ley que promueve la enseñanza obligatoria de la Historia en los colegios desde 2017; y más recientemente, la gratuidad en la educación superior pública que hoy abre las puertas de las universidades a más del 97% de estudiantes.

Un hito clave se dio en 1933, cuando, por primera vez, las mujeres colombianas pudieron ingresar a la universidad gracias a un decreto que abrió las puertas de la educación superior en igualdad de condiciones.

En 1935, se graduaron las primeras profesionales, entre ellas Gabriela Peláez, la primera abogada del país. Este paso no solo transformó la vida de miles de mujeres, sino que abrió el camino hacia una educación más justa e inclusiva.

Otro de los símbolos de transformación en la educación ha sido el uniforme escolar, que en el siglo XIX representaba identidad, disciplina e igualdad. Hoy ese símbolo se ha resignificado, ya que la normativa actual garantiza que ningún niño o niña pueda ser excluido de la escuela por falta de uniforme, reafirmando que el acceso a la educación es un derecho y no una condición.

Hoy, al cumplir 139 años, el Ministerio de Educación Nacional no solo mira con orgullo su historia, sino que también abre las puertas al futuro. Con la construcción actual colectiva del IV Plan Decenal de Educación 2026-2035, el país se prepara para trazar la ruta de los próximos diez años, escuchando las voces de los estudiantes, de los docentes y de las comunidades en cada territorio de Colombia.

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 «Seguimos apoyando los proyectos de vida de las y los estudiantes que a través de este apoyo estudiarán la carrera que deseen, ya sea técnica, tecnológica o universitaria. Ellos tendrán, con sus estudios completos, el beneficio final de condonar este apoyo. Este acompañamiento lo hacemos gracias al trabajo interinstitucional para llegar con opciones reales y que contribuyan al bienestar personal y familiar”, destacó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

 Las inscripciones del fondo estarán abiertas del 19 de agosto al 1 de septiembre a través del micrositio web del ICETEX. El enlace directo para que los aspirantes puedan conocer al detalle esta convocatoria y realizar su inscripción es https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-estudiantes-con-discapacidad-en-educacion-superior. Las inscripciones se hacen de manera directa, gratuita y sin tramitadores.

¿Qué cubre el fondo?

 Cubre el rubro de matrícula hasta por 8 salarios mínimos (SMMLV) y hasta 4 SMMLV de sostenimiento para cada semestre que curse el estudiante.

 ¿Qué requisitos se necesitan para ser parte de la convocatoria?

 Cada aspirante debe estar inscrito en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, condición que será verificada por el ICETEX.

También debe estar admitidos o estar estudiando un programa técnico, tecnológico o universitario en una Institución de Educación Superior colombiana para el período 2025-2.

Cargar la documentación

Una vez los aspirantes realicen su inscripción deben cargar los documentos indicados por la convocatoria en la plataforma que el ICETEX les indicará en correo electrónico. Este paso es fundamental para que la postulación tenga validez. La etapa de dicho cargue documental será del 20 de agosto al 12 de septiembre. 

 Cada postulación será revisada y verificada de manera rigurosa. Se recomienda a las personas certificar de manera adecuada y verídica cada uno de los requisitos y documentos solicitados.

¿Cómo se hace condonable el fondo?

 El fondo brinda el beneficio final de la condonación, es decir, que el beneficiario que haya estudiado con esta financiación no deba pagar el crédito otorgado. Esto tendrá lugar una vez la persona haya obtenido el título académico del programa financiado y solicite este beneficio al ICETEX, de acuerdo con el reglamento y el texto de la convocatoria.

 Para conocer toda la información, fechas, texto y reglamento del fondo, así como el detalle de requisitos y documentación para inscribirse, los interesados deben ingresar a https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-estudiantes-con-discapacidad-en-educacion-superior

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