La Sociedad Chilena de Pediatría, a través de su Comité de Pediatría Social manifiesta su profunda preocupación y consternación ante la catástrofe humanitaria que afecta actualmente a la población civil en Gaza, y en particular, a los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Las cifras son estremecedoras: más de 5.800 niños han sido diagnosticados con desnutrición aguda, mientras que la mayoría de los hospitales están inoperantes, con incubadoras compartidas entre cinco recién nacidos, y mujeres dando a luz sin asistencia médica (1).

La infancia gazatí enfrenta condiciones que ya no pueden describirse con palabras: muerte, hambre, desplazamiento forzado, violencia, y la negación sistemática de sus derechos más básicos

Como profesionales comprometidos con la salud y el bienestar de la niñez, a todo evento y bajo cualquier circunstancia, no podemos guardar silencio ante esta tragedia. Nos sumamos a la exigencia de UNICEF y las Naciones Unidas para lograr de forma urgente:

Un alto al fuego inmediato y sostenido.

El acceso humanitario sin trabas a alimentos, agua, medicinas y combustible.

La protección efectiva de la infancia en todo contexto de conflicto, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

La rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos de los niños y niñas.

La infancia no puede seguir siendo víctima de la indiferencia ni de la violencia. Gaza es hoy una herida abierta en la conciencia del mundo. Como Comité de Pediatría Social de la Sociedad Chilena de Pediatría, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de nacionalidad, credo, etnia o territorio.

En Chile tenemos una robusta legislación que consagra el deber de todos, como Estado y Sociedad, a respetar, garantizar y promover los derechos de todo y toda NNA. Esto traduce nuestra visión como país de lo que debe ser una infancia protegida. Ni más ni menos es lo que queremos para la infancia del mundo y en específico, de Gaza.

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La Fundación Forjando Futuros, la Asamblea de Cooperación por la Paz y el Ayuntamiento de Barcelona se unen para reconocer la labor de estas personas: líderes y lideresas del Golfo de Urabá.

Los Premios al liderazgo 2025 ‘Vidas con Propósito’, llegan a su segunda versión con el firme propósito de visibilizar a quienes, desde distintos territorios y realidades, tejen día a día caminos de dignidad, justicia e inclusión. Mujeres, hombres y personas diversas que, con acciones concretas y un profundo compromiso con sus comunidades, impulsan el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de la región.

La postulación a estos reconocimientos puede hacerla la persona líder o un tercero que conozca su trabajo en el territorio. El plazo para la inscripción será hasta 30 de junio.

Un comité evaluador, integrado por representantes de organizaciones sociales y academia, serán los encargados de verificar la veracidad de la información en cada uno de los perfiles postulados.

Posteriormente, a través del sitio web www.forjandofuturos.org serán publicados los nombres de los líderes y lideresas postuladas y sus categorías.

La votación, a través de Internet estará abierta para que cualquier persona pueda votar y estará habilitada entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

Quien tenga mayor votación será quien gane el reconocimiento en cada categoría.

Las personas ganadoras serán notificadas y reconocidas posteriormente, en un acto que contará con la participación de instituciones públicas y privadas, academia, víctimas del conflicto, otros líderes y lideresas, reclamantes de tierras y ONGs del Golfo de Urabá.

Categorías del premio:

Mujeres: lideresas, de todas las edades, que se reconozcan a sí mismas como mujeres y que desarrollen actividades de defensoras de derechos humanos en alguno de los 11 municipios de la región del Urabá Antioqueño.

Jóvenes: personas entre los 16 y 28 años de edad, residentes en alguno de los 11 municipios de la región del Urabá antioqueño, que desarrollen trabajo con comunidades y sean reconocidas por su labor.

Indígenas: líderes y lideresas de cualquiera de los municipios del Urabá antioqueño, que pertenezcan a pueblos indígenas y se destaquen por su trabajo en favor de sus territorios y comunidades.

Afro: personas residentes en los 11 municipios de la región de Urabá, que sean reconocidas como afrodescendientes, raizales o palenqueras y desarrollen labores de liderazgo con estas poblaciones.

Población LGBTIQ+: Se reconocerá a líderes o lideresas sociales que se identifiquen como parte de la población diversa, es decir, personas que se reconozcan dentro del colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual, Queer, o de otras identidades representadas en el “+”.
Serán seleccionadas aquellas personas que desarrollen acciones significativas en pro de sus comunidades, preferiblemente relacionadas con la población LGBTIQ+, en cualquiera de los 11 municipios del Urabá antioqueño.

 Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1WHSbd1NBWCI-0EUxZIAcWY3wr1txTXBRCx6_S-X6u_g/edit

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Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la IX Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó en Tegucigalpa (Honduras), donde reflexionó sobre la necesidad del multilateralismo para enfrentar las crisis que vive el planeta.

En este sentido, anotó que lo contrario de la unidad, del multilateralismo, es la soledad; y que, si América Latina y el Caribe la escogen, es “tratar al migrante como un criminal”.

«La soledad son las cadenas. Podemos aceptarlas y ponérnoslas nosotros mismos», añadió, al manifestar que «pienso que no se puede aceptar ningún espacio de discusión sobre migración que no contemple sus verdaderas causas. Las causas no son otras que la pobreza. ¿Qué más? Una diferencia social entre el norte y el sur, y no solo en el continente americano, también en el resto del mundo».

Aseguró que «la migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica y del efecto de la crisis climática en el territorio. ¿Lo solucionamos poniendo cadenas, llevando a la población migrante a El Salvador, a unas cárceles para criminales?», señaló, al aclarar que no critica la existencia de esos centros de reclusión, pero sí rechaza que «no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal y como esclavo. Y no lo es: es un ser humano».

Por esta razón, se consideró que “América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana”.

«La discusión de la migración no puede ser en soledad. En mi opinión, tiene que ser colectiva, común; tiene que estar en la agenda de la ayuda y la colaboración, no en la agenda de la soledad. Y podría tener mejores resultados, incluso multilaterales», reiteró.

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Tras 18 años de ser denunciados por financiar el paramilitarismo, Fiscalía y Procuraduría pidieron condena para empresarios de Chiquita Brands

Finalizaron los alegatos de conclusión del caso que podría prescribir en septiembre debido a las múltiples dilaciones que tuvo.

Este 26 de marzo serán los alegatos de defensa de los 10 empresarios, quienes reconocieron que sí se reunieron con los paramilitares. La juez tendría que dictar sentencia pronto para evitar que se venzan los términos y los empresarios sigan gozando de impunidad.

Durante los últimos días, la Fundación Forjando Futuros, apoderada de las víctimas, el Instituto Popular de Capacitación, IPC y la Fundación para al Reconciliación PARES, han venido adelantando una masiva campaña para evitar  que haya vencimiento de términos en el sonado caso y con ello impunidad total.

Acá  el comunicado oficial:

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Con estas palabras la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia Torres, empezó su intervención en el 58° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza).

“Ser parte del Consejo de Derechos Humanos nos da la oportunidad de ratificar nuestra profunda convicción en el multilateralismo como el vehículo del diálogo idóneo para afrontar los desafíos globales que hoy observamos y de los que quiero hablarles el día de hoy’, agregó.

La canciller sentó la posición del país en uno de los temas más complejos del mundo actual: la migración, insistiendo en la necesidad de no estigmatizar la situación de quienes buscan una nueva vida más allá de las fronteras de sus países de origen, por no encontrar allí oportunidades de estudio y trabajo.

“En todos los rincones del mundo el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derechos humanos. Ser migrante no es ser un criminal’, enfatizó.

Asimismo, la jefa de la diplomacia colombiana propuso ante el Consejo medidas que impidan que el discurso que considera a los migrantes como criminales se convierta en la base de las políticas migratorias y que, por el contrario, convierta el discurso de los derechos humanos en una realidad para quienes viven esa situación.

La canciller Sarabia presentó el ejemplo de Colombia en materia migratoria, afirmando que a pesar de los múltiples desafíos “hemos optado por diseñar una política de integración, regulación e inclusión de la población migrante’, y dijo que la base del éxito de dicha política es “reconocer que los y las migrantes tienen dignidad y que sus derechos humanos deben ser irrestrictamente respetados, sin importar su situación legal’.

La alta funcionaria recalcó que, en los últimos cinco años, Colombia ha regularizado a más de 2,5 millones de extranjeros que residen en el territorio nacional. “Gracias a este esfuerzo, hemos asegurado que los migrantes tengan acceso a servicios esenciales como salud, educación, empleo y seguridad social’, afirmó.

Desde enero de 2025 y por los siguientes tres años, Colombia hará parte de las deliberaciones y debates más importantes a escala mundial en materia de derechos humanos, y deberá participar activamente en los periodos ordinarios y en las sesiones especiales que se convoquen.

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La Franja de Gaza, sumida en la devastación y la desesperación, continúa implorando un alto al fuego mientras la violencia se intensifica, agravando una ya crítica crisis humanitaria. Más de un millón de palestinos desplazados se enfrentan a condiciones inhumanas, atrapados en un ciclo de violencia sin fin.

La Lucha por la Supervivencia en un Territorio Devastado

Familias enteras, como la de Zahra, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el norte de la Franja de Gaza en busca de un refugio seguro. Zahra, cuyo nombre real se mantiene en el anonimato por seguridad, relata la terrible experiencia que viven en la Ciudad de Gaza, donde se refugian en una casa parcialmente destruida. «La guerra ha sido dura desde el primer día, pero ahora parece un infierno«.

La situación es especialmente crítica en el norte de Gaza, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han intensificado sus ataques, alegando que grupos militantes se reagrupan en la zona. Sin embargo, las órdenes de evacuación han dejado a miles de civiles sin un lugar seguro al que ir.

El Desplazamiento Forzado Agrava la Crisis Humanitaria

A pesar del riesgo, muchas familias, como la de Zahra, se resistieron a abandonar sus hogares en el norte, temiendo no poder regresar jamás. La destrucción de sus viviendas y la constante amenaza de los bombardeos los han sumido en un estado de desplazamiento constante.

La ONU estima que entre 10.000 y 15.000 personas permanecen atrapadas en el norte de Gaza, en condiciones deplorables. Jonathan Whittall, jefe en funciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Jerusalén Este, describe la situación como catastrófica. «La gente aquí no tiene comida, ni agua, ni servicios sanitarios, nada… Tenemos que ser capaces de proporcionar lo básico para la supervivencia».

La Comunidad Internacional Presiona por un Alto al Fuego

Mientras tanto, la comunidad internacional intensifica la presión sobre Israel y Hamás para alcanzar un alto al fuego que permita la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Las organizaciones humanitarias alertan sobre la urgente necesidad de asistencia, pero el bloqueo israelí y los saqueos dificultan la llegada de suministros.

El testimonio de quienes han logrado escapar del norte de Gaza, como Matar Zomlot, revela la magnitud de la crisis. Zomlot y su familia sobrevivieron buscando comida en casas abandonadas antes de lograr llegar a la Ciudad de Gaza. Su relato ilustra el miedo constante y la lucha diaria por la supervivencia que enfrentan los civiles en medio del conflicto.

Un Futuro Incierto para los Desplazados

La incertidumbre se cierne sobre el futuro de los desplazados. Casi el 90% de los 2,1 millones de habitantes de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares, muchos en repetidas ocasiones. La posibilidad de regresar a sus hogares, incluso si quedan en ruinas, se presenta como una incógnita angustiante.

Mientras la violencia continúa, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para lograr un alto al fuego duradero y garantizar la protección de los civiles. La crisis humanitaria en Gaza exige una respuesta inmediata y contundente para aliviar el sufrimiento de la población y brindarles la esperanza de un futuro mejor.

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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que 173 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2024. Este panorama refleja la persistencia de la violencia contra los líderes comunitarios en varias regiones del país, a pesar de una ligera disminución en los casos respecto a 2023, cuando se registraron 188 víctimas.

Cauca y Antioquia: las regiones más afectadas

Según el informe de Indepaz, los homicidios se concentraron en 27 departamentos y 115 municipios. Cauca encabeza la lista con 29 asesinatos, seguido de Antioquia con 26, Valle del Cauca con 19 y Arauca con 18 casos. Estas cifras reflejan cómo los territorios históricamente golpeados por el conflicto armado continúan siendo escenarios de violencia.

Diversidad de víctimas

Las víctimas incluyen líderes de distintos sectores, entre ellos comunales, ambientalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, culturales, de derechos de las mujeres, juveniles, indígenas, de víctimas y políticos. Los líderes comunales fueron el grupo más afectado, con 55 casos reportados.

Un panorama preocupante

Meses más violentos

Abril fue el mes más crítico, con el registro de 21 asesinatos. El primer caso del año ocurrió el 2 de enero, mientras que el último fue documentado el 28 de diciembre, demostrando que esta problemática se mantuvo constante durante todo el año.

Distribución por género

De acuerdo con Indepaz, el 87% de las víctimas fueron hombres y el 12% mujeres, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de los líderes en sus comunidades, sin distinción de género.

Masacres y violencia generalizada

En paralelo a estos asesinatos, el informe destaca que en 2024 se registraron 76 masacres en 21 departamentos, que dejaron un saldo de 263 víctimas. Estos eventos trágicos reflejan el complejo panorama de seguridad que sigue enfrentando Colombia, a pesar de los esfuerzos por implementar políticas de paz.

El análisis de estos hechos pone de manifiesto que la violencia contra los líderes sociales es un fenómeno estructural, vinculado a dinámicas territoriales como la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la ausencia de un control estatal efectivo en ciertas zonas del país.

El desafío para el 2025 será reforzar las estrategias de protección y garantizar que estos líderes puedan desarrollar su labor sin temor a represalias.

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Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa Rosario Murillo, y de una docena de colaboradores por la presunta violación sistemática de derechos humanos en el país centroamericano. Esta medida se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite procesar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde hayan ocurrido.

Orden de captura y fundamento legal

El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la emisión de órdenes de detención internacional contra Ortega y Murillo. Según Darío Richarte, abogado impulsor del caso, esta resolución es el resultado de casi dos años y medio de investigaciones exhaustivas.

Richarte, quien es profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, explicó que el caso se fundamenta en graves crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones y traslados forzosos de población, entre otros. Esta denuncia se presentó ante los Tribunales Federales de Argentina el 26 de agosto de 2022, con el apoyo de estudiantes de Derecho de dicha universidad.

Acusaciones contra el régimen de Ortega

El abogado calificó al gobierno de Ortega y Murillo como «la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente». Además, destacó que el proceso judicial incluye testimonios de víctimas bajo reserva de identidad y un análisis detallado del contexto social y político de Nicaragua desde abril de 2018.

La denuncia también identifica las etapas de lo que se describe como un «plan criminal de represión», el cual se ha intensificado con el paso del tiempo. «Un poco de justicia para tantas víctimas», expresó Richarte al referirse a esta resolución judicial.

El rol de la comunidad académica

Este caso surgió como iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quienes, junto a sus profesores, impulsaron una denuncia probono. Richarte señaló que, desde el inicio, el compromiso de los estudiantes y docentes ha sido clave para avanzar en el caso, enfrentándose al horror de las violaciones cometidas por el régimen nicaragüense.

A lo largo de los dos años de investigación, el equipo académico amplió la acción judicial conforme se identificaron nuevas violaciones a los derechos humanos. La implicación de las estructuras estatales, policiales, militares y paramilitares también forma parte del caso, dado que se considera que estas entidades han sido responsables de los crímenes documentados.

Nicaragua bajo control absoluto

En un contexto político adverso, el Congreso nicaragüense, completamente alineado con el oficialismo, aprobó el 22 de noviembre de 2024 una reforma constitucional que consolidó el control absoluto de Ortega y Murillo sobre los poderes del Estado. Esta reforma, según expertos, refuerza el autoritarismo y dificulta aún más cualquier intento de oposición.

Mientras tanto, el gobierno nicaragüense ha enfrentado condenas internacionales por parte de organismos de derechos humanos y países democráticos que exigen el fin de las represiones y la liberación de presos políticos.

El caso impulsado desde Argentina representa una luz de esperanza para las víctimas y sus familias, que han luchado durante años por justicia. La orden de captura internacional marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad en América Latina.

Un proceso con impacto regional

El principio de jurisdicción universal aplicado en este caso podría abrir la puerta a investigaciones similares en otros países. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de esta resolución como una herramienta clave para combatir crímenes de lesa humanidad en regímenes autoritarios.

Richarte subrayó que este es solo un paso en un camino largo, pero necesario, para garantizar que las víctimas encuentren justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

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La intervención realizada con el programa “Mejoramiento sin Barreras” mejoró su calidad de vida de manera integral.

Emilia Blandón es una mujer de 92 años con discapacidad visual, vivió gran parte de su vida en condiciones difíciles. Originaria de Pavarandocito, su familia fue desplazada en varias ocasiones debido a la violencia que azotaba la región. Primero, tuvieron que huir hacia Caucheras – Mutatá, allí también fueron desplazados y finalmente, llegaron a Apartadó, donde se instalaron en una casa precaria de propiedad de su hija.

En su nuevo hogar, Emilia comparte espacio con su hija Encarnación Romaña, su yerno Aladino Salas y otros miembros de la familia, todos adultos mayores. El lugar que encontraron estaba lejos de ser el refugio que esperaban, pues la vivienda es de madera, sin paredes adecuadas, y el baño era una letrina en malas condiciones. «El bañito estaba muy malito», recuerda Encarnación, su hija y cuidadora, «estábamos ahí, hasta que llegó la bendición de Dios, la Fundación Forjando Futuros y sus cooperantes».

Hoy, la situación ha cambiado para Emilia y su familia gracias al Proyecto Integral “Mejoramientos sin Barreras” ejecutado por la Fundación Forjando Futuros en colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz y que ha contado con el financiamiento del Ayuntamiento de San Fernando. Ahora su hogar está siendo completamente transformado garantizando a ella y a su familia un espacio más digno y accesible, especialmente considerando su condición de discapacidad visual y la edad avanzada de los miembros de la familia.

El baño, que antes era un espacio deteriorado y de difícil acceso, ha sido completamente remodelado. El retrete fue reemplazado por un sanitario moderno, y se ha instalado todo el sistema de alcantarillado necesario. Además, este espacio fue equipado con barras de apoyo, piso enchapado una ducha adaptada para la seguridad de Emilia, quien ahora puede acceder con mayor facilidad para así lograr que el lugar sea más seguro para ella.

La vivienda ha sido objeto de importantes mejoras estructurales: El techo del baño, que antes estaba en malas condiciones, ha sido reparado y restaurado, lo que garantiza la seguridad de todos los habitantes. Las áreas circundantes han sido niveladas, lo que ha permitido elevar el piso de la vivienda 15 centímetros por encima del nivel freático, evitando inundaciones durante las lluvias. Esto ha mejorado las condiciones de vida, especialmente para una familia que, debido a su edad, necesita un entorno seguro y accesible.

«Ese trabajo nos ha servido muchísimo, sino nos hubiéramos inundado muchas veces», dice Aladino con gratitud, refiriéndose al impacto positivo que las mejoras han tenido en su vida diaria.

Además, para mejorar aún más la movilidad dentro de la casa, se ha construido un corredor que conecta la zona del baño con el interior de la casa. Esto facilita el desplazamiento de Emilia, Encarnación y Aladino dentro de su hogar, especialmente porque todos son personas adultas mayores con limitaciones de movilidad.

El área de lavado también cambió. Se ha instalado un lavadero prefabricado de un metro y las conexiones necesarias para la lavadora, lo que facilita las tareas domésticas y mejora la calidad de vida de la familia. Con todas estas reformas, la vida de Emilia y su familia ha dado un giro significativo. La nueva infraestructura ha permitido que la familia tenga más privacidad, seguridad y comodidad, mejorando la autonomía de Emilia, quien ahora puede moverse con mayor facilidad dentro de su hogar.

Además, el proceso de mejoramiento incluyó talleres sobre corresponsabilidad en el cuidado de personas con diversidad funcional, lo que ha fomentado una mayor participación de los hombres en las tareas de cuidado, algo clave en una familia en la que tanto quienes cuidan como quienes deben ser cuidados son personas adultas mayores.

El proceso de mejoramiento de la vivienda de la cual es beneficiaria Emilia ha tenido un impacto mucho más allá de lo material.

Hoy, Emilia y su familia pueden mirar al futuro con esperanza, sabiendo que su hogar no solo es más seguro, sino también un espacio que les ofrece la oportunidad de vivir con dignidad y autonomía.

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El proyecto “Mejoramientos sin barreras” es una apuesta por la inclusión y la equidad en el Golfo de Urabá financiado por el Ayuntamiento de San Fernando, la Asamblea de Cooperación por la Paz y ejecutado por la Fundación Forjando Futuros.

En el municipio de Apartadó, Antioquia, una familia mejoró sus condiciones de vida mucho más allá que los ladrillos y el cemento. José Gabriel Lozano, un niño de 9 años con movilidad reducida tras un accidente sufrido a los 4 años, y su madre, Sandra Villa, experimentaron un cambio significativo en su calidad de vida gracias al proyecto “Mejoramientos sin barreras”.

Esta iniciativa, liderada por la Fundación Forjando Futuros en alianza con la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y con el financiamiento del Ayuntamiento de San Fernando, tiene como propósito transformar las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con miembros que enfrentan diversidad funcional.

La vivienda de Sandra Villa carecía de instalaciones sanitarias adecuadas, un desafío constante para la familia que compartía el espacio con los demás integrantes de la familia: mamá, papá y hermano.

Con el apoyo del proyecto, se construyó un baño completamente adaptado para José Gabriel, eliminando barreras físicas que limitaban su autonomía. Además, se adecuó la zona de lavado donde se instaló un lavadero prefabricado y piso enchapado, facilitando las labores diarias y optimizando el tiempo de la madre, quien essu principal cuidadora.

“Estamos muy contentos porque ahora José tiene un baño adecuado, sin peligros, donde puede hacer sus necesidades con tranquilidad. También me realizaron un lavadero que me ayuda a ahorrar tiempo y estar más pendiente de mi hijo”, expresó emocionada Sandra Villa.

El impacto del proyecto no se limitó a la construcción. Las familias beneficiarias participaron en talleres enfocados en corresponsabilidad y cuidado con perspectiva de género, dirigidos tanto a hombres como a mujeres.

En estos encuentros se promovió la deconstrucción de roles tradicionales y la sensibilización sobre el cuidado de personas con diversidad funcional, y la importancia y aportes de las personas cuidadoras, brindándoles herramientas prácticas para atender y acompañar a sus familiares en su día a día. Las actividades realizadas contemplaron un enfoque integral que va más allá de las soluciones

físicas para incidir positivamente en mejorar la comunicación y los vínculos familiares y sociales.

Un modelo replicable de inclusión y equidad

“Mejoramientos sin barreras” es un ejemplo de cómo los recursos bien administrados pueden generar un cambio profundo en la vida de las personas. La revisión y aprobación de las obras por parte de las familias beneficiarias garantizó que cada intervención respondiera a sus necesidades específicas.

Proyectos como este demuestran que la inclusión comienza desde el hogar. Con una infraestructura adecuada, formación y sensibilización, iniciativas como las desarrolladas en Urabá pueden replicarse en otras regiones, contribuyendo a una sociedad másequitativa y solidaria.

“Este mejoramiento nos cambió la vida. Ahora José tiene un baño adecuado y seguro para él, y como familia sentimos que nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. Estamos muy agradecidos.” Añade Sandra Milena Villa, madre del hogar beneficiado.

En el caso de José Gabriel y su madre, este mejoramiento representó más que comodidad: fue una puerta abierta hacia una vida más digna, segura y autónoma.

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