La pregunta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

Por novena vez en seis años, el Congreso de la República discute si Colombia debe regular el uso adulto del cannabis en Colombia. La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, vuelve a intentar abrir un camino que ha estado bloqueado durante años por prejuicios, desinformación, temores sociales y cálculos políticos. Pero la pregunta de fondo no es solo si se debe eliminar la prohibición constitucional y avanzar hacia un mercado regulado, sino si el país está listo para superar el estigma, reconocer que el consumo existe y, al mismo tiempo, convertir un mercado ilegal en una oportunidad de desarrollo, empleo y alternativas para las comunidades cultivadoras.

En Colombia, hablar de cannabis no es una novedad. Desde hace décadas, la Corte Constitucional ha reconocido el uso personal de drogas como un derecho y desde 2016 el país cuenta con una ley que regula los usos medicinales y científicos del cannabis. Sin embargo, el uso adulto sigue siendo un tema incómodo y de difícil avance en la arena política: mientras la sociedad global ha cambiado sus percepciones, el Congreso de la República ha hundido una y otra vez los intentos por abrir la puerta a la regulación. 

El noveno intento de Losada llega en una coyuntura particular. El gobierno nacional se ha declarado abiertamente a favor de una reforma profunda de la política de drogas; aunque esto no se haya materializado en grandes avances en el plano nacional, en la opinión pública hay un apoyo creciente a alternativas a la prohibición, y se acercan las elecciones presidenciales, por lo que las y los congresistas se alistan para hacer campaña en regiones a favor de sus candidatos, lo que hace que el Congreso de la República opere mucho más lentamente de lo que suele operar. Este panorama nos plantea las dificultades para que el proyecto de Losada avance y supere los ocho debates de ley necesarios en pleno año electoral.

¿Qué propone el nuevo proyecto?

El proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 49 de la Constitución, para exceptuar de la prohibición de porte y consumo de sustancias psicoactivas al cannabis y habilitar su producción, distribución, venta y comercialización con fines de uso adultos. En la práctica, no significa que desde el día de su aprobación cualquier persona mayor de edad pueda ir a comprar cannabis en un establecimiento comercial. Lo que haría es abrir la posibilidad para que, posteriormente, se diseñe un mercado legal, con reglas, controles y responsabilidades. 

Sin embargo, la propuesta establece límites claros. Prohíbe la publicidad y la promoción del cannabis —con la excepción de campañas educativas o de prevención— y restringe el consumo en espacios sensibles como colegios, parques, escenarios deportivos y centros de primera infancia. Además, obliga al Estado a implementar políticas de salud pública: prevención, tratamientos voluntarios, reducción de riesgos y daños, así como atención especial a niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el proyecto busca un equilibrio: abre la puerta a un mercado regulado, pero lo enmarca en un modelo que combina derechos y libertades individuales con deberes estatales de protección a la salud y de control de riesgos sociales. No se trata de una “legalización sin reglas”, sino de reconocer que el consumo existe y que regularlo bajo parámetros de salud pública y derechos humanos puede ser más efectivo que mantenerlo en la ilegalidad.

Aunque esta iniciativa conserva la misma esencia de los proyectos presentados en legislaturas anteriores —modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir la regulación del cannabis de uso adulto—, el texto más reciente muestra algunos ajustes que reflejan tanto aprendizajes políticos como una intención de blindarlo frente a críticas recurrentes.

Por un lado, mantiene la prohibición de la publicidad, pero abre la puerta a campañas educativas e informativas dirigidas exclusivamente a personas mayores de edad. Con ello busca responder a quienes advertían que la falta de información clara podía dejar a las y los consumidores en la desprotección. También refuerza las restricciones de consumo en espacios sensibles: además de colegios y centros de primera infancia, ahora incluye parques y escenarios deportivos, lo que envía un mensaje más firme de protección de entornos frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

El proyecto conserva el enfoque de salud pública y reducción de riesgos y daños, pero lo formula con mayor énfasis en derechos humanos y en la atención integral de la comunidad. A su vez, eleva a un parágrafo específico la participación de comunidades étnicas y campesinas, lo que subraya que la regulación no debería quedar exclusivamente en manos de grandes empresas, sino que debe garantizar acceso a quienes históricamente han estado vinculados al cultivo de cannabis.

En suma, aunque el proyecto sigue la misma ruta de reforma constitucional que los intentos previos, esta versión delimita más los espacios de consumo, refuerza el carácter preventivo de la política pública, reconoce a las comunidades campesinas y étnicas y organiza de manera más clara la dimensión tributaria. Todo esto orientado a superar las barreras políticas que han frenado la iniciativa en el pasado y a responder a los pedidos de quienes han querido apoyar el proyecto, con la solicitud de incluir algunos elementos adicionales que permitan fortalecer la protección a menores de edad.

¿La novena será la vencida?

La regulación del cannabis de uso adulto sigue dividiendo opiniones. Quienes apoyan el proyecto en el Congreso sostienen que abrir un mercado legal puede reducir el poder de las economías criminales, generar ingresos fiscales y crear oportunidades para las comunidades cultivadoras que hoy dependen de la economía ilícita. También insisten en que regular es más honesto y responsable que seguir negando un consumo que ya existe y que, bajo la ilegalidad, queda sin controles de calidad ni políticas de salud pública adecuadas. A esto se suma un argumento de derechos, pues en una democracia moderna, las personas adultas deberían poder decidir sobre su propio consumo, siempre que se establezcan reglas claras para prevenir el uso en menores de edad.

Los opositores, en cambio, advierten sobre los riesgos de “normalizar” la marihuana, sobre todo entre jóvenes, y cuestionan la capacidad del Estado colombiano para implementar una regulación estricta. Pero muchos de estos reparos se nutren de desinformación: se sobredimensiona el impacto del cannabis frente a otras sustancias legales como el alcohol, se asocian los mercados regulados con aumentos automáticos en el consumo juvenil (cuando la evidencia muestra lo contrario), y se reduce la discusión a una amenaza moral en lugar de un debate de salud pública. Este tipo de discursos tienden a calar en un ambiente político marcado por el temor y la polarización.

Mayor respaldo

En este contexto, la cuestión es si el proyecto tiene viabilidad política, sobre todo a meses de las elecciones presidenciales. Intentos anteriores se hundieron en el Senado, a pesar de haber logrado avances inéditos en la Cámara. Hoy, el panorama parece ligeramente distinto, ya que el tema cuenta con mayor respaldo en sectores del Gobierno, la opinión pública se ha vuelto más receptiva a salidas distintas al prohibicionismo, y la redacción más cuidadosa del articulado busca disipar temores. Sin embargo, las resistencias culturales siguen siendo fuertes y, en un escenario electoral, muchos congresistas pueden optar por el cálculo político y alinearse con discursos conservadores para no arriesgar votos, incluso si la evidencia favorece la regulación.

Así, el proyecto se mueve en un terreno incierto: con más apoyos que en el pasado, pero todavía con el riesgo de naufragar en la recta final. La pregunta que queda abierta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

En últimas, el debate sobre el cannabis de uso adulto no es solo jurídico o económico, es una conversación sobre qué país queremos ser. Colombia puede optar por mantener una prohibición que no resuelve nada, o por ensayar una regulación responsable que ponga la salud pública y los derechos en el centro. Lo que definirá el rumbo, más que los argumentos técnicos, será la voluntad política en medio de un año electoral. Y ahí está la paradoja, puede que tengamos más evidencia y consensos que nunca, pero quizás aún no la disposición de las y los congresistas para dar el salto.

*Abogada con más de diez años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional y política de drogas con enfoque de derechos. Directora de la oficina de Elementa DD. HH. en Colombia.

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Esta iniciativa se desarrolla a través del proyecto ‘Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios en América Latina’ (CEELA, por sus siglas en inglés).

La realización de la guía fue financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE, en español) y se logró gracias al apoyo de promotores del sector residencial que abrieron sus experiencias al país, para recopilar prácticas reales de proyectos VIS y VIP sostenibles y resilientes en clima frío, templado, cálido seco y cálido húmedo.

La guía y sus 15 fichas técnicas (representación de casos modelo), son herramientas que se construyeron mediante convocatoria, estudio y caracterización de viviendas de interés social y prioritario reales que integran estrategias sostenibles desde la eficiencia energética hasta la inclusión social.

“Desde la política integral ‘Nuestro Hábitat Biodiverso’ entendemos que los proyectos urbanos deben concebirse desde una mirada sistémica, en la que el bienestar social y económico de las comunidades se entrelace con el respeto al entorno natural. Con el respaldo de esta Guía honramos Nuestro Hábitat Biodiverso”, afirmó Helga María Rivas Ardila, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el prólogo de la guía.

El trabajo adelantado por la firma Circular Lab. está dirigido a desarrolladores, constructoras, profesionales del sector, entidades públicas usuarios y demás interesados.

Además, busca fortalecer la implementación de la Resolución 0194 de 2025​, que establece metas obligatorias de ahorro de agua y energía en edificaciones nuevas en el país.

Cinco componentes

Cada ficha técnica —agrupada por clima: frío, templado, cálido seco y cálido húmedo— presenta en detalle cinco componentes fundamentales:

Agua: estrategias para optimizar su uso e implementar soluciones basadas en la naturaleza.

Energía: diseño pasivo, eficiencia energética y confort térmico.

Economía circular: uso de materiales sostenibles y gestión de residuos.

Sociocultural: participación comunitaria, equidad de género y cohesión social.

Gerencia del proyecto: alianzas estratégicas, opciones de financiación y acompañamiento al hogar.

Para Eric Mayoraz, embajador de Suiza en Colombia, esta guía “demuestra que es factible construir viviendas sociales que sean asequibles, sostenibles y adaptadas a la diversidad climática de Colombia. Invitamos a todos los actores del sector a apropiarse de esta herramienta y a integrar los criterios de sostenibilidad en sus proyectos”.​

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En el acto de entrega del proyecto de modernización del aeródromo del municipio de Bahía Solano, el mandatario advirtió que “cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón, es realmente quien está matando a la gente en Colombia”.

Manifestó que, “aunque hay dificultades, problemas, siempre los habrá, nunca tendremos un camino fácil. Problemas como los que ya estamos viendo. No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que los asesinos quisieran que salieran”.

Pidió a los colombianos reflexionar, “porque los asesinos, pareciera que quisieran que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas –yo diría siglos– lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos”.

También advirtió que otra forma de violencia es la práctica ilegal de la compra de votos: “Y entonces llevan a una persona a votar por quien no sabe, ni siquiera quién es, y a veces termina siendo su propio verdugo, solo porque ofrecen un primer dinero muy pequeñito en el día de votación”.

Con esa práctica, añadió “caemos en una especie de abismo que se va llenando de sangre y de violencia, porque la juventud busca qué hacer. Y no siempre encuentra ese qué hacer de manera digna, no encuentra el colegio, no encuentra la universidad, no encuentra la salida para su propio vivir, ni siquiera el amor a veces se encuentra”.

Lo que lleva a que terminemos “en lo que en muchas regiones está Colombia, matándonos entre nosotros mismos. La salida de eso se llama transformar el territorio. Aquí lo dijimos: no se puede hacer solo con la comunidad, tiene que estar el Estado, pero el Estado tampoco lo puede hacer solo, tiene que estar la comunidad, es una especie de alianza”.

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La agenda conmemorativa incluye el lanzamiento de la colección “El País de Guillermo Cano», compuesta por tres volúmenes que estarán disponibles para descarga gratuita y serán distribuidos en las bibliotecas públicas del país a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas:
Don Guillermo: biografía ilustrada en formato de cómic, desarrollada bajo la dirección de Pablo Guerra y Laura Valentina Álvarez, que recorre momentos clave de su vida y carrera, desde sus inicios en el periódico El Espectador hasta los hechos que rodearon su asesinato.
El periodista: selección curada por Jorge Cardona, de crónicas, columnas y editoriales escritos entre 1949 y 1986, que permiten recorrer la historia reciente de Colombia a través de su pluma aguda y comprometida.
El maestro: libro de la periodista Maryluz Vallejo que presenta perfiles que muestran las distintas facetas de Cano, desde su exigencia como editor hasta su defensa inquebrantable de la libertad de prensa.
Hoy 12 de agosto, fecha exacta del centenario de su nacimiento, la revista GACETA lanzó un especial web dedicado al periodista. Este incluirá cinco columnas representativas de su obra, una por cada década de su trayectoria, artículos de Maryluz Vallejo y María José Medellín Cano, fragmentos de la novela gráfica Don Guillermo y el registro audiovisual del estreno del Réquiem del silencio, obra del compositor Blas Emilio Atehortúa Amaya, creada en 1987, como homenaje póstumo a Cano.
Adicionalmente, en septiembre, la revista Gaceta dedicará su próximo número impreso al tema “Información», en homenaje a la visión de Cano sobre el derecho ciudadano a estar informado, como pilar de una sociedad democrática.
“Guillermo Cano fue asesinado por decir la verdad. Este homenaje honra lo imprescindible: la vida de un periodista que no cedió ante la intimidación ni el poder, y que creyó que el periodismo debía ser incómodo, crítico y valiente. Su legado nos obliga a seguir defendiendo la libertad de expresión», afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.
Estas iniciativas forman parte del “Año Cano», una estrategia del Ministerio para preservar la memoria y promover el ejercicio periodístico ético y valiente, así como para fortalecer el derecho de todos los colombianos a estar informados y a participar activamente en la vida democrática del país.

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En este contexto, el Gobierno nacional publicó en la plataforma de Secop el convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal para la expedición de pasaportes.

Este acuerdo se firma en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre la República de Colombia y la República de Portugal, según el cual las condiciones de cooperación establecidas se materializarán a través de la Imprenta Nacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este instrumento jurídico contó con la aprobación del Consejo de Ministros de Portugal, que avaló y delegó en la Casa de la Moneda de ese país la realización del acuerdo.

El 1 de abril de 2026 iniciará la implementación del nuevo modelo de pasaportes, en el que participarán la Casa de la Moneda de Portugal, la Imprenta Nacional y la Cancillería, bajo un esquema orientado a la protección de la soberanía de los datos personales de los ciudadanos colombianos.

A partir de esa fecha, la Imprenta Nacional asumirá la personalización de los pasaportes colombianos, recibiendo para ello la transferencia tecnológica necesaria en materia de capacitación, procesos, procedimientos, protocolos y equipos.

La Imprenta Nacional de Colombia es una empresa pública y será la única con acceso exclusivo a los datos de personalización, garantizando así la soberanía y el control estatal sobre dicha información.

El Gobierno de Colombia escogió la propuesta de Portugal teniendo en cuenta que esta fue la opción con mayor rapidez para la transferencia de conocimientos y la que mayores donaciones le deja a Colombia para que, luego de diez años, el país produzca sus propios pasaportes de manera plena, autónoma y soberana.

En la etapa inicial, la Casa de la Moneda de Portugal elaborará las libretas de pasaportes bajo los más altos estándares internacionales de seguridad, incorporando dispositivos de última tecnología y cumpliendo con los lineamientos técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esto permitirá posicionar al pasaporte colombiano como uno de los más seguros del mundo.

Actualmente, los pasaportes colombianos son producidos por una empresa privada que tiene la custodia de los datos personales de los connacionales que solicitan la libreta de viaje.

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La estrategia de la aerolínea de los colombianos busca facilitar la llegada a Medellín de miles de turistas a la Feria de las Flores, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Colombia, contribuyendo al turismo y a la dinamización económica de la capital antioqueña.

Satena anunció que este plan aplicará desde 18 ciudades del país, con descuento del 10% en el valor del tiquete en todas sus rutas hacia la capital paisa.

Las ciudades de origen que contarán con ese descuento incluyen Acandí, Apartadó, Barranquilla, Bogotá, Bahía Solano, Caucasia, Condoto, Corozal, El Bagre, Yopal, San Gil, Mompox, Montelíbano, Nuquí, Ocaña, Tolú, Quibdó y Paipa, además de otras conexiones que enlazan con el aeropuerto Olaya Herrera.

El beneficio estará disponible para compras realizadas entre el 1 y el 10 de agosto, aplicando el código promocional ‘VUELAAMEDALLO’, y los viajeros podrán volar del 1 al 30 de septiembre de 2025.

“Conectar a Medellín durante la Feria de las Flores significa ser parte activa de una tradición que exalta la cultura y la diversidad del país. Desde Satena queremos que más colombianos puedan vivir esta celebración, ofreciendo tarifas accesibles y la posibilidad de viajar desde distintas regiones hacia la capital paisa», señaló el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

La Feria de las Flores, símbolo de la cultura paisa y patrimonio del país, contará este año con desfiles, conciertos y actividades para miles de visitantes nacionales e internacionales.

Satena se suma a esta celebración llevando a los viajeros de forma cómoda y segura, reforzando su rol como motor de conectividad y desarrollo regional.

“Estas iniciativas reafirman nuestro compromiso de unir regiones, impulsar el turismo y brindar un servicio seguro, eficiente y cercano a los colombianos, especialmente en fechas tan representativas para la identidad nacional», agregó el presidente de la aerolínea.

Los tiquetes ya están disponibles en www.satena.com, el contacto center nacional y los puntos de venta autorizados.

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La nueva etapa marca un giro histórico: por primera vez, la Bienestarina será producida con insumos 100 % nacionales, cultivados por campesinas y campesinos colombianos. Con esta transformación, el Icbf avanza hacia una soberanía alimentaria con rostro humano, que reconoce el trabajo del campo y fortalece los sistemas locales de producción sostenible.

La planta se construirá en una zona estratégica para el cultivo de mango, lo que permitirá integrar cadenas productivas del Caribe colombiano en beneficio de la nutrición de miles de niñas y niños. Además de garantizar frescura y trazabilidad de los insumos, esta apuesta impulsará la economía campesina, generará empleo rural y fomentará procesos de transformación agroindustrial con enfoque territorial.

La Bienestarina Líquida de mango forma parte de una transición hacia modelos de alimentación real, sin aditivos ni ultraprocesados, orientados al cuidado integral de la primera infancia. Esta política responde a un enfoque de salud pública que privilegia la prevención y pone en el centro la vida y el bienestar de las nuevas generaciones.

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Paola Andrea Salazar Gómez fue designada como titular del cargo directora regional de Migración Colombia para Antioquia y Chocó. Salazar se había desempeñado en otra oportunidad como directora regional en Antioquia del Departamento para la Prosperidad Social.

Según reveló la entidad, Paula Andrea Salazar “asume esta responsabilidad con el firme compromiso de fortalecer la gestión migratoria en la región, impulsar la articulación interinstitucional y garantizar el cumplimiento de las políticas trazadas por la Dirección General en el marco de la normativa vigente”.

De acuerdo con Migración Colombia, la nueva directora tendrá la responsabilidad de liderar los procesos migratorios en una región clave, marcada por flujos de tránsito, asentamiento y retorno, especialmente en contextos fronterizos y humanitarios.

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Durante su intervención en el foro ‘Más canas, menos cunas: retos de la nueva longevidad’, organizado por Corficolombiana en Bogotá, Urdinola explicó que, aunque países como Chile, Uruguay y Cuba ya se encuentran en una etapa avanzada de envejecimiento, Colombia sigue atravesando su bono demográfico. Sin embargo, este ciclo está cerca de terminar.

El bono demográfico, según el Dane, es el periodo durante la transición poblacional en que la proporción de personas en edad de trabajar supera a la de personas potencialmente dependientes. “La caída de la natalidad está acelerando esa etapa de envejecimiento. Países como Argentina, Brasil, México, Colombia e incluso Panamá están aún en una etapa media», agregó la funcionaria.

Actualmente, la edad promedio en Colombia es de 32 años y solo el 10% de la población supera los 65. Pero las proyecciones del Dane advierten que para 2050 esa proporción aumentará a uno de cada cinco colombianos, y en 2070 será uno de cada tres. La esperanza de vida también crecerá: en 50 años, se estima que alcanzará los 85 años, siete más que la actual.

Uno de los datos más reveladores del informe es que para 2036, la población de 60 años y más superará a la de menores de 15 años, reflejo del rápido envejecimiento demográfico del país. Solo en 2024, los nacimientos cayeron a 445.011 registros.

“Tenemos un exceso de mortalidad masculina a edades muy jóvenes debido al conflicto; los nacimientos están cayendo muy rápido y, además, tuvimos el influjo de la migración venezolana. Eso nos está marcando un panorama demográfico muy particular», señaló Urdinola.

El análisis también mostró grandes contrastes regionales: mientras en zonas como Amazonía, Orinoquía, Vaupés, Vichada, Guaviare y La Guajira la población adulta mayor es apenas del 6%, regiones como Bogotá, el Eje Cafetero y el centro del país muestran signos claros de envejecimiento acelerado.

Entre 2015 y 2019, la tasa de mortalidad se mantuvo estable entre 4,7 y 4,9 por mil habitantes. En 2021, por efecto de la pandemia, aumentó a 7,1 por mil, pero en 2024 descendió a 5,2. En adultos mayores de 60 años, la tasa fue de 36,1 por mil en 2021 y bajó a 25,4 en 2024.

“El envejecimiento es el premio a las grandes inversiones sociales que se han hecho en infraestructura, educación y salud, pero el problema es que ese premio no es homogéneo», advirtió Urdinola, al referirse a las desigualdades entre territorios.

La transición demográfica plantea retos fiscales, especialmente en salud y pensiones. Según la directora del Dane, el 25% de las personas mayores no recibe ingresos en su vejez, lo que compromete su bienestar.

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En la ceremonia estuvieron presentes el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; el gerente general de EPM, John Maya Salazar, acompañados de autoridades del orden nacional, regional y local, académicos, empresarios, líderes sociales, colaboradores de la Empresa y representantes de las comunidades que han sido protagonistas esenciales en la construcción y desarrollo de proyectos emblemáticos que han marcado la historia de la región y del país.

 Este encuentro fue un espacio para reconocer el compromiso constante y la colaboración estrecha entre la Empresa y la sociedad, una alianza que le ha permitido a EPM transformar vidas, promover el desarrollo integral y posicionarse como un referente en sostenibilidad y bienestar.

Desde su creación, el 6 de agosto de 1955, EPM ha evolucionado más allá de la prestación de servicios públicos para convertirse en un aliado estratégico, impulsando el desarrollo social, económico y ambiental en los territorios donde opera.

En los territorios

“Son siete décadas de ingeniería dedicada a transformar vidas, superando desafíos que requieren esfuerzo y soluciones innovadoras, y que han dado lugar a momentos de profunda satisfacción”, dijo el gerente Maya Salazar, mientras destacaba algunos de los hitos más importantes de EPM hasta ahora:

 La puesta en marcha de la planta de potabilización La Ayurá en 1968, la primera gran infraestructura de tratamiento de agua potable en Medellín incrementó la capacidad de suministro de agua segura para el consumo humano a más de un millón de habitantes. Este avance no solo garantizó una mejor calidad de vida, sino que sentó las bases para el crecimiento urbano y el desarrollo sostenible de la región. En la actualidad, esta planta aporta hasta el 60 % de lo que requiere el sistema interconectado de acueducto, abasteciendo a más de tres millones de usuarios.

 Antes de la creación de EPM, en 1932, la central Guadalupe I, fue fundamental en el proceso de industrialización de la región y punto de partida de la cadena de aprovechamiento hidroeléctrico Guadalupe-Troneras (Guatron), conformada por las centrales Troneras, Guadalupe 3 y Guadalupe 4. En 1979, la culminación total del proyecto hidroeléctrico El Peñol-Guatapé marcó un hito clave para Colombia y Antioquia. Este embalse, el de mayor regulación multianual del país, tiene un volumen útil de 1.120 millones de metros cúbicos en un área de 6.385 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los cuerpos lacustres más grandes del país. Más allá de su función hidroeléctrica, el embalse ha impulsado la economía local a través del desarrollo del turismo.

 Desde hace 70 años, EPM trabaja en el saneamiento del Valle de Aburrá a través de la construcción de una extensa red de alcantarillado que hoy alcanza los 4.900 kilómetros y que conecta hogares, comercios e industrias al sistema de tratamiento. En 1982, Medellín asumió el reto de recuperar el río Aburrá-Medellín mediante un plan estructurado de saneamiento liderado por EPM. Gracias a las plantas San Fernando y Aguas Claras, en Itagüí y Bello, respectivamente, hoy se trata cerca del 92 % de las aguas residuales, transformando el río de un foco de contaminación en un eje vital para la ciudad. Este proceso, que implicó superar retos técnicos, sociales y ambientales, ha generado un cambio cultural y ambiental profundo, devolviendo dignidad al río y mejorando la calidad de vida de millones de personas.

 En 1993, las centrales hidroeléctricas Niquía (Bello) y La Tasajera (Barbosa), fortalecieron el suministro energético regional (con capacidades que alcanzan hasta 19 MW y 306 MW, respectivamente) integrándose en el complejo hidroeléctrico Riogrande II para garantizar tanto la generación eléctrica como el aporte de agua para potabilización. Estas obras conjuntas impulsaron el desarrollo sostenible de Antioquia, asegurando un suministro confiable de agua potable y energía para su creciente población.

Otros avances

Durante el período 2005-2015, EPM llevó los servicios de agua potable y saneamiento básico a otras zonas rurales y urbanas de Antioquia, mediante la operación de sus filiales Aguas de Urabá y Regional de Occidente, que ampliaron el acceso a servicios básicos en regiones históricamente rezagadas como Urabá y Occidente. Ambas empresas, que luego se fusionaron en 2016 para formar Aguas Regionales EPM, atendieron a municipios con alta población rural y urbana, y con necesidades críticas de infraestructura. Gracias a su gestión, la cobertura en Antioquia estuvo cerca del 88 % en 2013, superando el promedio nacional. Este logro representó un avance significativo en la reducción de las brechas en el acceso a servicios básicos, especialmente en zonas rurales y periféricas del departamento.

 Hidroituango se ha convertido en un símbolo de resiliencia y superación para Colombia. Tras la contingencia de 2018, EPM emprendió un arduo camino para proteger a las comunidades aguas abajo de la presa y estabilizar la obra. Fueron años de trabajo técnico riguroso, decisiones estratégicas y un compromiso constante con la protección de la vida y el ambiente. 

 En 2025, las cuatro primeras unidades de generación, actualmente, en operación aportan cerca del 8 % de la energía consumida en Colombia. La segunda etapa del proyecto, con otras cuatro unidades de generación, se encuentra en construcción. Cuando la central esté terminada generará 2.400 megavatios de energía, alrededor del 17 % de la energía del país, que aportará a su desarrollo y a la calidad de vida de millones de colombianos.

 Hidroituango es mucho más que una central hidroeléctrica: es un verdadero motor de desarrollo y esperanza para la región, que protege el entorno y brinda energía limpia y renovable para millones de colombianos. Con una inversión social y ambiental de más de 2,6 billones de pesos, ha impulsado proyectos que transforman la vida de más de 6.000 familias en 16 municipios, apoyando su crecimiento con iniciativas productivas y fortaleciendo el tejido social a través de la contratación social y la organización comunitaria. Entre ellas se destacan: 1.500 kilómetros de vías nuevas y recuperadas, 121 instituciones educativas, entre nuevas y mejoradas, 739 familias con vivienda nueva o mejorada, 800 viviendas nuevas, construidas en madera dentro del programa Aldeas y fortalecimiento de 527 proyectos productivos.

 En lo ambiental, Hidroituango protege más de 24 mil hectáreas de bosques tropicales, cuidando la biodiversidad y conectando ecosistemas vitales, mientras trabaja de la mano con las comunidades para restaurar y conservar su entorno.

 Un futuro con visión y liderazgo

Con operaciones en Antioquia, el Eje Cafetero, Santander, la Región Caribe y presencia en mercados internacionales, en México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Chile, EPM conecta comunidades e impulsa el progreso.

 La Empresa sigue siendo pionera en integrar tecnología y sostenibilidad en sus operaciones. Desde el primer parque eólico en Colombia (Jepírachi en La Guajira – 2004), la construcción de minicentrales hidroeléctricas hasta la inauguración reciente de la planta de biometano (2023) y el parque solar fotovoltaico Tepuy (2024), EPM lidera la transición hacia energías limpias y renovables en Colombia.

 Hoy, 70 años después de su fundación, EPM sigue siendo 100 % pública. Su visión está puesta en el futuro, con proyectos emblemáticos como la producción de hidrógeno, la expansión de energías renovables y la transformación digital, que consolidan su papel como referente en el sector. (Información institucional)

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