El Senado de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, por un monto de 546,9 billones de pesos, consolidando el marco financiero con el que el Gobierno nacional ejecutará sus principales políticas públicas el próximo año. Con 50 votos a favor y 27 en contra, la plenaria acogió el texto avalado por la Cámara de Representantes, culminando el trámite legislativo que ahora pasa a sanción presidencial por parte de Gustavo Petro, quien deberá promulgarlo oficialmente en los próximos días.

Un presupuesto con enfoque en inversión y sostenibilidad fiscal

El nuevo presupuesto aprobado establece los recursos destinados a funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, los tres ejes sobre los que se sostiene la ejecución del gasto público nacional. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, una porción significativa del presupuesto se orientará a programas sociales, infraestructura y transición energética, prioridades estratégicas del actual gobierno.

Distribución de los recursos

De los 546,9 billones de pesos aprobados, se estima que una parte importante se destinará al financiamiento de políticas sociales en materia de educación, salud y vivienda. Además, el Ejecutivo ha manifestado su compromiso con fortalecer la inversión en proyectos de desarrollo regional, buscando equilibrar las brechas históricas entre territorios urbanos y rurales.

El presupuesto también contempla recursos para garantizar el servicio de la deuda pública, un componente esencial para mantener la estabilidad fiscal del país. Este equilibrio, según el Ministerio de Hacienda, es fundamental para preservar la confianza de los mercados internacionales y garantizar la sostenibilidad del gasto a largo plazo.

Debate político en el Congreso

La aprobación del presupuesto no estuvo exenta de controversias. Mientras la coalición de gobierno respaldó la iniciativa, varios sectores de la oposición expresaron preocupaciones sobre la viabilidad de algunas proyecciones económicas y el nivel de endeudamiento que podría implicar el plan financiero.

Posiciones encontradas en el Senado

Durante la plenaria, representantes de los partidos opositores cuestionaron la priorización del gasto público, argumentando que ciertos sectores estratégicos, como la seguridad y la justicia, recibirían incrementos limitados frente a otros rubros. En contraste, los defensores del proyecto resaltaron que el nuevo presupuesto fortalece la inversión social y promueve la equidad económica, pilares del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro.

A pesar de las diferencias, la aprobación final contó con una mayoría clara en el Senado, consolidando el respaldo político necesario para avanzar hacia la ejecución de las metas gubernamentales.

Implicaciones y próximos pasos

Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, el Gobierno nacional contará con la hoja de ruta financiera para el próximo año fiscal. La sanción presidencial, que se espera en los próximos días, formalizará su entrada en vigor.

Impacto en la política pública

La aprobación de este presupuesto permitirá al Ejecutivo impulsar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, transición energética y desarrollo rural. Asimismo, marca un paso clave en la consolidación de un modelo económico orientado a reducir la desigualdad y fortalecer el crecimiento sostenible.

El reto para el Gobierno será garantizar la correcta ejecución de los recursos y mantener la confianza de los organismos internacionales y del sector privado, en un contexto económico que exige responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa.

En suma, el Presupuesto General de la Nación 2026 no solo define la distribución de los recursos públicos, sino que traza el rumbo de las prioridades del Estado colombiano para los próximos años, consolidando la visión política y económica del actual gobierno.

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El reconocimiento, entregado por la Universidad de Columbia, destaca su liderazgo en la promoción de la ética, la formación y la excelencia periodística al frente de la Fundación que creó junto a Gabriel García Márquez hace 30 años

En una ceremonia celebrada  en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, el director general y cofundador de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, recibió una Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot por su aporte a la libertad de prensa y su liderazgo en la promoción de la ética, la formación y la excelencia periodística en Iberoamérica.

Este importante reconocimiento es recibido en un año significativo para la Fundación Gabo, que celebra sus 30años de existencia dedicados al fortalecimiento del periodismo en la región.  Fundada en 1994 por Gabriel García Márquez y Abello Banfi, la organización nació de la motivación del nobel colombiano por crear un espacio donde los periodistas pudieran perfeccionar su oficio, compartir experiencias y reafirmar su compromiso con la sociedad. 

Tras la invitación de García Márquez, Abello convirtió aquella visión en una institución viva que -desde su sede en Cartagena- hoy no solo trabaja para fortalecer y promover la labor de miles de periodistas en Iberoamérica, sino que también ha ampliado  su horizonte hacia la educación mediática, para estimular la creatividad entre niños y jóvenes como apuesta de presente y futuro, así como a la creación de espacios de conexión con audiencias más amplias a través de la cultura. 

Bajo el  liderazgo de Abello Banfi, la Fundación ha impulsado talleres, festivales, conferencias, premios, becas, publicaciones y programas de formación que promueven la ética, la excelencia periodística, la innovación narrativa y la apertura de espacios de debate sobre los retos actuales del oficio.

Durante el anuncio del conocimiento, la Escuela de Periodismo de Columbia destacó “las contribuciones de Abello al entendimiento interamericano y su papel en la creación de una comunidad periodística que ha sabido mantener la independencia y el rigor incluso en contextos adversos”. Además, el jurado subrayó que su trayectoria constituye una contribución extraordinaria al periodismo en América Latina y a los valores democráticos que lo sustentan.

“Es un honor para mí recibir esta Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot, no solo a título personal, sino en nombre de una comunidad vibrante de periodistas de habla hispana y portuguesa que, contra todo pronóstico, ya sea en sus países o en el exilio, continúan resistiendo en la primera línea, innovando desde los márgenes y creyendo en el poder transformador de las historias”, señaló Abello Banfi al recibir la distinción.

La Mención Especial no sólo reconoce su trayectoria personal, sino que reafirma la relevancia internacional de la Fundación Gabo como referente en la formación, la reflexión y la defensa del periodismo iberoamericano. En un contexto regional marcado por tensiones políticas, crisis de confianza y amenazas a la libertad de expresión, este reconocimiento destaca el papel de las instituciones que promueven un periodismo libre, plural y responsable.

Periodismo en las Américas

Creado en 1938 por Godfrey Lowell Cabot en memoria de su esposa, el Premio Maria Moors Cabot es el galardón internacional más antiguo en periodismo y distingue a quienes contribuyen al entendimiento entre las Américas. En su edición 2025, el premio otorgó Medallas de Oro a Natalia Viana (Brasil), miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo; a Omaya Sosa Pascual (Puerto Rico), quien este año fue jurado del 13 Premio Gabo en la categoría Texto; a Nora Gámez Torres (EE. UU.) e Isabella Cota (México), además de una segunda Mención Especial a Paola Margot Ugaz Cruz (Perú).

La distinción a Jaime Abello demuestra el interés del jurado en reconocer a figuras iberoamericanas que, desde sus contextos locales, han tenido impacto internacional. En el caso de Abello Banfi, su liderazgo al frente de la Fundación Gabo ha proyectado desde Colombia una visión de periodismo como bien público y como herramienta de transformación social, fiel al legado de su fundador. 

Durante su discurso de aceptación, Abello agregó que desde la institución que dirige, su compromiso hacia el futuro es precisamente “mantener al periodismo como un bastión de la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el humanismo, en un momento en que el autoritarismo vuelve a crecer, los liderazgos corruptos y criminales ganan terreno, y el avance descontrolado de la inteligencia artificial amenaza con imponer una hegemonía del conocimiento sin supervisión sobre sus enormes riesgos”.

Treinta años después de su creación, y gracias a reconocimientos como este, la Fundación Gabo continúa apoyando a contadores de historias de toda Iberoamérica para alcanzar una sociedad mejor informada, participativa y libre, y para mantener vivo el mejor oficio del mundo.

Sobre Jaime Abello Banfi

Jaime Abello Banfi (Barranquilla, Colombia, 1958) es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, periodista, gestor cultural y director general y cofundador de la Fundación Gabo, organización creada en 1994 en Cartagena por Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, con la misión de promover un mejor periodismo y estimular la creatividad narrativa. Bajo el liderazgo de Abello, la Fundación se ha convertido en una institución internacional influyente en Iberoamérica, enfocada en la formación, la ética y la innovación periodística.

A lo largo de su carrera, Jaime Abello ha sido reconocido con numerosas distinciones, entre ellas la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica (España, 2020), la Medalla al Mérito de las Comunicaciones Manuel Murillo Toro (Colombia, 2010), la Medalla Roble Amarillo (Universidad del Norte, 2024), y fue seleccionado por El País de Madrid como una de las 100 personalidades más influyentes de Iberoamérica en 2009. Antes de la Fundación Gabo, fue director-gerente de Telecaribe, y a lo largo de su carrera ha promovido diversos proyectos culturales, educativos y editoriales.

Abello también ha sido miembro y fundador de importantes iniciativas como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Proyecto Antonio Nariño para la promoción de la libertad de expresión, la Cinemateca del Caribe, y el Observatorio del Caribe Colombiano. Ha sido parte de foros internacionales como el GFMD y el Foro Económico Mundial (WEF) y ha formado parte de la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y del comité cultural del Carnaval de Barranquilla.

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 Catalina María cumple con todos los requisitos exigidos para el cargo, incluyendo formación académica, experiencia profesional, matrícula profesional vigente y ajuste al perfil definido. Su trayectoria de más de 26 años respalda su idoneidad y conocimiento para aportar, de manera significativa, al propósito de diseñar un nuevo modelo de negocio que centralice la función comercial y maximice el valor potencial del cliente dentro de EPM.

Con este nombramiento, EPM reafirma su compromiso con el logro de sus objetivos estratégicos, la sostenibilidad empresarial y, una excelencia operativa que le asegure a sus usuarios-clientes, una experiencia satisfactoria capaz de generar un vínculo emocional y funcional con la Empresa.

Formación y experiencia

Catalina María es administradora de negocios de la Universidad Eafit y especialista en Gerencia de Mercadeo del CEIPA.

Durante su trayectoria ha ocupado diversos cargos de liderazgo estratégico, dentro de los cuales se destaca la subsecretaria de Atención a la Ciudadanía en el Distrito de Medellín.

Este nombramiento hace parte de la nueva estructura organizacional que comenzó el pasado 12 de mayo, y responde al compromiso de EPM por fortalecer su modelo de gobernanza, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la sostenibilidad de la Empresa frente a los retos actuales y futuros del sector. (Información Institucional)

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En una cruzada contra el juego ilegal en Colombia, Coljuegos ha incautado 6.291 elementos ilegales y la destrucción de cerca de 9.774 máquinas tragamonedas, módulos de apuestas por internet, bingos y mesas de póker, que operaban por fuera del marco legal.

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral con la cual la entidad busca combatir la ilegalidad en la industria de los juegos de suerte y azar, garantizar la transparencia del sector y proteger el patrimonio público.

«Hemos asumido con total determinación la responsabilidad de proteger la legalidad y la integridad del sector. Hoy quiero destacar el compromiso de nuestra entidad en dos frentes fundamentales: la lucha contra el juego ilegal y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, aseguró Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Como parte de la estrategia, la entidad también ha solicitado el bloqueo de más de 27.000 sitios web de apuestas ilegales, lo que representa un avance significativo en la contención de plataformas que operan al margen de la ley y ponen en riesgo a los apostadores.

Además del componente operativo, Coljuegos ha fortalecido su capacidad institucional a través de sistemas de control como el SIPLAFT (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo), que ha evolucionado hacia un enfoque más robusto basado en riesgos, bajo el modelo SARLAFT.

«Ya no se trata solo de cumplir la norma, sino de anticiparse, prevenir y actuar con contundencia», indicó Hincapié.

La estrategia incluye también un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para el intercambio de información y la capacitación de funcionarios, así como el respaldo de las Naciones Unidas para implementar buenas prácticas internacionales en gestión de riesgos, anticorrupción y lucha contra la financiación de actividades delictivas.

“Esta lucha no es solo técnica, sino también cultural. Por ello, estamos promoviendo campañas de sensibilización para que los ciudadanos reconozcan los riesgos del juego ilegal y opten por operadores autorizados, cuyos recursos se destinan a financiar el sistema de salud en Colombia”, sostuvo el presidente de la entidad.

Y concluyó: «Nuestro mensaje es claro: en Colombia no hay espacio para el juego ilegal ni para el lavado de activos. Seguiremos trabajando, sin descanso, para proteger el patrimonio público, garantizar entornos seguros y promover la transparencia en cada rincón del país».

«Como parte de la estrategia, la entidad también ha solicitado el bloqueo de más de 27.000 sitios web de apuestas ilegales«

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La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $78.874 millones en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Los informes señalan obras inconclusas, fallas técnicas y pagos irregulares que afectan a sectores estratégicos como educación, vivienda, energía y transporte, con un impacto directo en comunidades vulnerables del país.

Hallazgos fiscales en sectores estratégicos

Tecnologías y educación en crisis

Uno de los casos más graves se registró en Putumayo, donde un proyecto de tecnologías digitales para la educación presentó un hallazgo con incidencia fiscal de $32.826 millones. Se evidenciaron alteraciones en actas de entrega, reducción injustificada de sistemas fotovoltaicos, entrega de equipos sin especificaciones técnicas y un servicio de internet satelital inoperante. Esta situación afecta directamente a poblaciones rurales priorizadas y a estudiantes en municipios PDET, profundizando las brechas digitales y limitando el acceso a una educación de calidad.

Vivienda y energía con serias deficiencias

Irregularidades en proyectos rurales

En Antioquia, la Contraloría detectó un hallazgo de $8.976 millones en proyectos de vivienda rural, debido a la falta de supervisión y la ejecución de obras con deficiencias de calidad. Asimismo, en Puerto Gaitán (Meta), se identificó un daño fiscal de $8.901 millones en sistemas fotovoltaicos, con incumplimientos técnicos y ausencia de planes de mantenimiento.

Riesgo de obras inconclusas

En Caquetá, un proyecto de sistemas solares en San José del Fragua presentó un hallazgo de $7.556 millones. La Contraloría advirtió que la falta de un contrato de operación podría convertir la obra en un proyecto inconcluso, dejando a las comunidades sin los beneficios prometidos en materia de energía limpia y sostenible.

Impacto social y regional

Consecuencias para las comunidades

La falta de planeación, supervisión y sostenibilidad en estos proyectos no solo genera un daño fiscal al Estado, sino que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades rurales, al impedir el acceso a servicios básicos como energía, vivienda digna y educación digital.

Llamado a fortalecer la vigilancia

La Contraloría subrayó que estos hallazgos demuestran la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión de los proyectos financiados con regalías, con el fin de garantizar que los recursos públicos cumplan con su objetivo de reducir brechas sociales y económicas en el país.

La investigación realizada por la Unidad de Regalías deja en evidencia que la corrupción, la falta de control y las deficiencias técnicas siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo regional en Colombia.

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​Esta convocatoria tiene como objetivo acercar el cine comprometido con los derechos humanos y la democracia a diversas comunidades educativas, fomentando procesos de reflexión colectiva dentro del entorno académico. Las personas interesadas en postular su aula deberán gestionar los permisos institucionales necesarios, garantizar la disponibilidad de recursos audiovisuales (videobeam, computador y sonido), convocar al público y apoyar en la logística del evento.

Primer lugar. Proyección en territorio no tradicional o de difícil acceso.

Para la iniciativa que logre llevar el Festival a comunidades con acceso limitado a espacios culturales o cinematográficos. Este reconocimiento busca estrechar el vínculo entre cultura, territorio y derechos humanos.

Segundo lugar. Mejor estrategia de divulgación.

Para la propuesta que desarrolle la estrategia más efectiva y creativa de convocatoria, capaz de movilizar activamente a la comunidad educativa y estimular el interés por la programación del Festival.

Tercer lugar. Mayor número de espectadores.

Para el aula que registre la mayor asistencia durante la proyección, demostrando capacidad de convocatoria, organización logística y compromiso con el carácter colectivo, inclusivo y participativo del evento.

“Este año con nuestra Convocatoria de Aulas 2025 tenemos el objetivo de llevar el Festival a las diferentes regiones del país, queremos salir de las principales ciudades y que las voces de las zonas más apartadas del país puedan resonar a través del cine” dijo la coordinadora del  Séptimo Festival Internacional de Cine por la Democracia, María Alejandra Urrego.

Premiación:

Primer lugar $150 USD

Segundo lugar $150 USD

Tercer lugar

$150 USD

*Solo se recibirán las postulaciones por medio del formulario, el cual aparece en las páginas web de la convocatoria:

Página Web: https://www.democinefestival.com

Instagram: https://www.instagram.com/festival.icd?igsh=M2NydzRwcG5jc3Vk

Correo: concurso.ficd@conenfoque.org

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Con 8 votos en contra y 6 a favor, la iniciativa quedó hundida en su primer debate. El proyecto buscaba modificar la Constitución para que los departamentos y el Distrito Capital administraran directamente los impuestos de renta y patrimonio recaudados en sus territorios, reduciendo la dependencia de las transferencias nacionales.

Aunque más de 4,1 millones de ciudadanos respaldaron la propuesta con sus firmas, el Congreso consideró que la medida podría generar riesgos para la estabilidad fiscal y profundizar la desigualdad entre regiones.

Uno de los principales cuestionamientos provino de economistas que advirtieron sobre el impacto negativo que la medida podría tener en las finanzas nacionales y en la capacidad del Estado para cumplir con el pago de la deuda.

Además, surgieron advertencias sobre la superposición del referendo con la reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la cual solo podrá implementarse tras la aprobación de la ley de competencias. Este cruce normativo generó inquietudes adicionales entre los legisladores, que derivaron en el archivo de la iniciativa.

La figura pretendía otorgar autonomía fiscal a las regiones de Colombia, propuesta impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y que había sido rechazada rotundamente por el presidente Gustavo Petro, quien acusó al mandatario antioqueño de querer dividir a Colombia en dos, una rica y una pobre.

Otro impuesto

Otro impuesto iniciativa del gobernador de Antioquia, el cobro de una sobretasa de seguridad, también podría caer en los próximos días, toda vez que ya en el departamento de Santander una figura similar fue declarada inconstitucional, basados en que la creación de impuestos es resorte exclusivo del Congreso de la República.

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Desde hace varios meses vienen promocionando lotes de terreno en Carepa, presumiblemente urbanizables y en distintos sectores, especialmente rurales de esta localidad, lo que ha generado una alerta temprana por parte del gobierno local.

El propósito es evitar que personas anhelando una vivienda propia, caigan en manos de estafadores como ya ha ocurrido en este municipio en diferentes ocasiones.

Mediante volantes y atractivas propuestas difundidas por medios de comunicación se promocionan estas urbanizaciones cuyos trámites no han pasado por la Oficina de Planeación Municipal, incluso ofertan pavimentos, escrituras y alcantarillado, cuando todos estos trámites deben llevar el visto bueno de la citada oficina, dijeron voceros de este gobierno.

“Cualquier actuación administrativa tendiente a la legalización urbanística de asentamientos humanos derivados de procesos de urbanización sin el cumplimiento de los requisitos legales, carecen de validez.

Por lo anterior invitamos a la comunidad a acercarse a la Alcaldía Municipal de Carepa con el fin de conocer de primera mano los requerimientos legales y técnicos que deben cumplirse antes de adelantar actividades de parcelación, urbanización o de construcción” dice el pronunciamiento oficial.

Aquí el comunicado completo:

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espacio fundamental para la promoción y defensa de los valores democráticos en América Latina.

Este evento transformador utiliza las aulas de diferentes ciudades del país como salas de cine,

convirtiendo a los estudiantes en protagonistas del cambio social a través del séptimo arte y

construyendo democracia desde las aulas.

En versiones anteriores, el FICD ha logrado ejecutar exitosamente su objetivo democrático en

ciudades como Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Duitama, entre otras, realizando

proyecciones en instituciones educativas universitarias, técnicas y tecnológicas. Esta metodología pedagógica utiliza el lenguaje universal del cine para generar conversaciones significativas entre estudiantes, docentes, activistas y directores, fortaleciendo la cultura democrática entre las nuevas generaciones y creando una red continental de reflexión y diálogo sobre temáticas fundamentales como derechos humanos, participación ciudadana, justicia social, entre otros.

El FICD se distingue por ser un entorno seguro para directores de toda América Latina, especialmente aquellos provenientes de contextos autoritarios donde se les prohíbe exponer sus películas por mostrar la realidad de sus países. Muchos de estos productores han sido exiliados precisamente por su compromiso con la verdad y la denuncia social a través del cine. El festival les brinda un espacio democrático para presentar sus obras, impulsando la cultura democrática con producciones inéditas que de otra manera permanecerían censuradas, convirtiéndose así en un espacio de resistencia cultural donde las voces silenciadas encuentran eco.

El FICD ha lanzado oficialmente su Convocatoria de Cortometrajes 2025, dirigida

específicamente a jóvenes entre los 14 y 28 años de toda América Latina. Los participantes solo

pueden utilizar sus teléfonos celulares para crear sus obras de máximo cuatro minutos, democratizando el acceso a la producción audiovisual y eliminando barreras técnicas y económicas.

Los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar su perspectiva sobre la democracia y las

problemáticas que atentan contra ella desde sus territorios, con la posibilidad de obtener

premios de hasta 300 dólares.

La Convocatoria de Cortometrajes permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2025. Previamente, el 13 de octubre de 2025 se publicará la programación oficial a través de los canales oficiales del festival, antecediendo a la sesión inaugural del 23 de octubre. Durante la semana del 27 al 31 de octubre de 2025 se desarrollarán las proyecciones principales del evento, para finalmente culminar con la ceremonia de clausura y premiación el 18 de noviembre de 2025.

Los organizadores extienden una cordial invitación a toda la comunidad educativa, directores,

activistas, periodistas, jóvenes creadores y defensores de la democracia y los derechos humanos a participar activamente en esta séptima edición. El Festival Internacional de Cine por la Democracia es un espacio de reflexión y resistencia que utiliza el arte cinematográfico para fortalecer los valores democráticos que tanto necesita nuestra región.

Para más información, consulte el sitio web oficial y siga las actualizaciones del festival a través

de sus redes sociales oficiales Instagram y Tiktok. El festival reafirma su compromiso con la

construcción de una América Latina más democrática, participativa y justa, utilizando el poder

transformador del cine como herramienta de cambio social y educación ciudadana.

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La pregunta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

Por novena vez en seis años, el Congreso de la República discute si Colombia debe regular el uso adulto del cannabis en Colombia. La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, vuelve a intentar abrir un camino que ha estado bloqueado durante años por prejuicios, desinformación, temores sociales y cálculos políticos. Pero la pregunta de fondo no es solo si se debe eliminar la prohibición constitucional y avanzar hacia un mercado regulado, sino si el país está listo para superar el estigma, reconocer que el consumo existe y, al mismo tiempo, convertir un mercado ilegal en una oportunidad de desarrollo, empleo y alternativas para las comunidades cultivadoras.

En Colombia, hablar de cannabis no es una novedad. Desde hace décadas, la Corte Constitucional ha reconocido el uso personal de drogas como un derecho y desde 2016 el país cuenta con una ley que regula los usos medicinales y científicos del cannabis. Sin embargo, el uso adulto sigue siendo un tema incómodo y de difícil avance en la arena política: mientras la sociedad global ha cambiado sus percepciones, el Congreso de la República ha hundido una y otra vez los intentos por abrir la puerta a la regulación. 

El noveno intento de Losada llega en una coyuntura particular. El gobierno nacional se ha declarado abiertamente a favor de una reforma profunda de la política de drogas; aunque esto no se haya materializado en grandes avances en el plano nacional, en la opinión pública hay un apoyo creciente a alternativas a la prohibición, y se acercan las elecciones presidenciales, por lo que las y los congresistas se alistan para hacer campaña en regiones a favor de sus candidatos, lo que hace que el Congreso de la República opere mucho más lentamente de lo que suele operar. Este panorama nos plantea las dificultades para que el proyecto de Losada avance y supere los ocho debates de ley necesarios en pleno año electoral.

¿Qué propone el nuevo proyecto?

El proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 49 de la Constitución, para exceptuar de la prohibición de porte y consumo de sustancias psicoactivas al cannabis y habilitar su producción, distribución, venta y comercialización con fines de uso adultos. En la práctica, no significa que desde el día de su aprobación cualquier persona mayor de edad pueda ir a comprar cannabis en un establecimiento comercial. Lo que haría es abrir la posibilidad para que, posteriormente, se diseñe un mercado legal, con reglas, controles y responsabilidades. 

Sin embargo, la propuesta establece límites claros. Prohíbe la publicidad y la promoción del cannabis —con la excepción de campañas educativas o de prevención— y restringe el consumo en espacios sensibles como colegios, parques, escenarios deportivos y centros de primera infancia. Además, obliga al Estado a implementar políticas de salud pública: prevención, tratamientos voluntarios, reducción de riesgos y daños, así como atención especial a niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el proyecto busca un equilibrio: abre la puerta a un mercado regulado, pero lo enmarca en un modelo que combina derechos y libertades individuales con deberes estatales de protección a la salud y de control de riesgos sociales. No se trata de una “legalización sin reglas”, sino de reconocer que el consumo existe y que regularlo bajo parámetros de salud pública y derechos humanos puede ser más efectivo que mantenerlo en la ilegalidad.

Aunque esta iniciativa conserva la misma esencia de los proyectos presentados en legislaturas anteriores —modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir la regulación del cannabis de uso adulto—, el texto más reciente muestra algunos ajustes que reflejan tanto aprendizajes políticos como una intención de blindarlo frente a críticas recurrentes.

Por un lado, mantiene la prohibición de la publicidad, pero abre la puerta a campañas educativas e informativas dirigidas exclusivamente a personas mayores de edad. Con ello busca responder a quienes advertían que la falta de información clara podía dejar a las y los consumidores en la desprotección. También refuerza las restricciones de consumo en espacios sensibles: además de colegios y centros de primera infancia, ahora incluye parques y escenarios deportivos, lo que envía un mensaje más firme de protección de entornos frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

El proyecto conserva el enfoque de salud pública y reducción de riesgos y daños, pero lo formula con mayor énfasis en derechos humanos y en la atención integral de la comunidad. A su vez, eleva a un parágrafo específico la participación de comunidades étnicas y campesinas, lo que subraya que la regulación no debería quedar exclusivamente en manos de grandes empresas, sino que debe garantizar acceso a quienes históricamente han estado vinculados al cultivo de cannabis.

En suma, aunque el proyecto sigue la misma ruta de reforma constitucional que los intentos previos, esta versión delimita más los espacios de consumo, refuerza el carácter preventivo de la política pública, reconoce a las comunidades campesinas y étnicas y organiza de manera más clara la dimensión tributaria. Todo esto orientado a superar las barreras políticas que han frenado la iniciativa en el pasado y a responder a los pedidos de quienes han querido apoyar el proyecto, con la solicitud de incluir algunos elementos adicionales que permitan fortalecer la protección a menores de edad.

¿La novena será la vencida?

La regulación del cannabis de uso adulto sigue dividiendo opiniones. Quienes apoyan el proyecto en el Congreso sostienen que abrir un mercado legal puede reducir el poder de las economías criminales, generar ingresos fiscales y crear oportunidades para las comunidades cultivadoras que hoy dependen de la economía ilícita. También insisten en que regular es más honesto y responsable que seguir negando un consumo que ya existe y que, bajo la ilegalidad, queda sin controles de calidad ni políticas de salud pública adecuadas. A esto se suma un argumento de derechos, pues en una democracia moderna, las personas adultas deberían poder decidir sobre su propio consumo, siempre que se establezcan reglas claras para prevenir el uso en menores de edad.

Los opositores, en cambio, advierten sobre los riesgos de “normalizar” la marihuana, sobre todo entre jóvenes, y cuestionan la capacidad del Estado colombiano para implementar una regulación estricta. Pero muchos de estos reparos se nutren de desinformación: se sobredimensiona el impacto del cannabis frente a otras sustancias legales como el alcohol, se asocian los mercados regulados con aumentos automáticos en el consumo juvenil (cuando la evidencia muestra lo contrario), y se reduce la discusión a una amenaza moral en lugar de un debate de salud pública. Este tipo de discursos tienden a calar en un ambiente político marcado por el temor y la polarización.

Mayor respaldo

En este contexto, la cuestión es si el proyecto tiene viabilidad política, sobre todo a meses de las elecciones presidenciales. Intentos anteriores se hundieron en el Senado, a pesar de haber logrado avances inéditos en la Cámara. Hoy, el panorama parece ligeramente distinto, ya que el tema cuenta con mayor respaldo en sectores del Gobierno, la opinión pública se ha vuelto más receptiva a salidas distintas al prohibicionismo, y la redacción más cuidadosa del articulado busca disipar temores. Sin embargo, las resistencias culturales siguen siendo fuertes y, en un escenario electoral, muchos congresistas pueden optar por el cálculo político y alinearse con discursos conservadores para no arriesgar votos, incluso si la evidencia favorece la regulación.

Así, el proyecto se mueve en un terreno incierto: con más apoyos que en el pasado, pero todavía con el riesgo de naufragar en la recta final. La pregunta que queda abierta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

En últimas, el debate sobre el cannabis de uso adulto no es solo jurídico o económico, es una conversación sobre qué país queremos ser. Colombia puede optar por mantener una prohibición que no resuelve nada, o por ensayar una regulación responsable que ponga la salud pública y los derechos en el centro. Lo que definirá el rumbo, más que los argumentos técnicos, será la voluntad política en medio de un año electoral. Y ahí está la paradoja, puede que tengamos más evidencia y consensos que nunca, pero quizás aún no la disposición de las y los congresistas para dar el salto.

*Abogada con más de diez años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional y política de drogas con enfoque de derechos. Directora de la oficina de Elementa DD. HH. en Colombia.

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